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Vecinos denuncian que diputado del Pays protege a usurpadores

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OBERA. Vecinos muestran su malestar con la toma de tierras en Villa Stemberg. Se tratan de los habitantes del barrio 180 viviendas, que viven frente al predio privado usurpado por un grupo de tareferos encabezados y convocados por el referente y presidente de la comisión del barrio adyacente, Hugo Silva, lo que no solo constituye en delito y apología del delito si no además en pésimo ejemplo como presidente de la comisión barrial.

En ese sentido, Esteban G. manifestó su preocupación y denunció públicamente que un diputado provincial del Pays le dio el apoyo a Silva en las tierras tomadas ilegalmente y bajaron mercaderías en las viviendas precarias que levantaron. Además consideró que nadie toma medidas y se sienten desprotegidos por el Estado como ciudadanos.

“Llamé a “Cachó” Bárbaro (ex diputado provincial), obvio lo negó y qué no sabía, él otro diputado que también sé escuchó que les ayudará es facundo López Sartori. Escribimos nuestro malestar en el Facebook dé Martin Serenó y le mandamos fotos, por arte de magia nuestros comentarios nunca quedaron” indicó a este medio.

“Espero que la justicia actúe a favor de los cuidados que pagamos impuestos y servicios y los que no cometemos delitos, ya qué la usurpación es ilegal así cómo también esté señor Hugo Silva y él diputado, paguen penalmente.
En otros casos tendremos que buscar algún político que defiende a todo aquel que tiene todo al día, que no hace ningún acto ilegal, para qué defienda nuestros derechos” fustigó.

Ayer, Fernando Amaro, Asesor legal de la Secretaria de Desarrollo Humano de la municipalidad habló sobre la usurpación de terrenos en Villa Stemberg ocurrida el sábado. Se tratan de dos espacios tomados. Uno ubicado sobre calle Cuña Pirú y Balcarce que fue intrusado durante la tarde del sábado por un grupo de 35 familias convocadas en un audio por Whatsapp (que fue viralizado). Personal policial de la comisaría Quinta se presentó en el predio y alertó a las autoridades municipales para tomar intervención ya que Silva aseguró ser un espacio verde abandonado.

En ese sentido, Amaro confirmó que el municipio radicó una denuncia preventiva ya que, al ser día no hábil, estaban impedidos de consultar a la Dirección de Catastro y corroborar la pertenencia del predio. Además, la presentación en el ámbito judicial apunta “a poner en conocimiento a las partes para que tomen intervención de la situación de vulnerabilidad de los menores en el espacio usurpado” entre ellos el Juzgado de Familia, de Instrucción, dependencias provinciales, etc.

“En estos casos, la gente suele llevar a sus hijos, hay mujeres embarazadas, personas enfermas, adultos mayores porque piensan que así ejercen más presión” describió Amaro mencionando que la dirección de Minoridad, Mujer y Familia a cargo de Alejandra Montero llevó adelante un relevamiento de las personas asentadas y su situación de vulnerabilidad para conocer donde vivían anteriormente y que solución se les puede dar, datos que luego son elevados a las otras partes intervinientes.

El día lunes, mediante el cotejamiento de datos, el municipio puso en conocimiento de la justicia que el predio usurpado pertenece a privados, por lo que aunque la Municipalidad deje de figurar como denunciante en la causa, esta va a continuar según el accionar de la fiscalía y a la espera de que aparezcan los propietarios para hacer la denuncia.

“La policía nos pidió que le acercáramos documentación a las familias demostrando que no son espacios verdes y con el nombre de los propietarios, pero eso no nos corresponde, de todos modos le acercamos pero no sabemos si tomaron contacto con alguno de los dueños” dijo. No obstante, el Juzgado que interviene a cargo de Alba Kuzman de Gauchat, podría actuar de oficio liberando una orden de desalojo, cosa que no ocurrió.

Pero hubo además otras tomas en la zona, y entre los propietarios de las tierras “se fueron avisando y acercando a la policía para denunciar” explicó. Detrás del nuevo edificio de la comisaría Quinta (aún no inaugurado), también hubo usurpación del predio sobre calle Balcarce y avenida Yerbal Viejo, que fue donado para la construcción de la escuela secundaria que hoy funciona precariamente en San Miguel. En ese punto, Amaro aclaró que debe el Consejo General de Educación hacer la denuncia.

La construcción del nuevo edificio escolar ya fue licitado pero no se puso un ladrillo todavía. Padres de los alumnos manifestaron su preocupación como así también la directora de la escuela 927, Mirta Abreu, lindante al predio. Por otro lado Amaro aclaró que, la comuna no radicó ninguna denuncia contra el referente tarefero y presidente de la Comisión Barrial de San Miguel, Hugo Silva, por la incitación a usurpar estos predios tal como se escucha en el audio viralizado, pese a que en el mismo cita específicamente la toma de “espacios verdes” lo que constituye en apología del delito. El asesor legal aseguró que se priorizó la cuestión social en principio. “Sabíamos que los vecinos querían denunciarlo, no sé si lo hicieron pero el audio se mediatizó, cualquier vecino puede denunciar a personas que incitan a cometer un delito” e indicó que si la justicia no actúa de oficio dado que el audio ya es de público conocimiento, la municipalidad haría la denuncia correspondiente. (Infober)


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Oficializaron la designación de Alfonso Peña como director de la EBY

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Peña EBY

A través del decreto 180/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial, se oficializó la designación del ingeniero civil Alfonso Peña como nuevo director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

En el documento se acepta la renuncia presentada el 9 de diciembre pasado por el ahora ex director ejecutivo de la entidad Fernando Antonio De Vido y se designa a Peña como su sucesor a partir del 21 de diciembre.

Peña realizó sus estudios primarios y secundarios en el tradicional Colegio Cardenal Newman, donde también se formaron el ex presidente Mauricio Macri y Nicolás Caputo, primo-hermano de Luis “Toto” Caputo, actual ministro de Economía.

En 1979, en tanto, inició sus estudios en la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica Argentina, donde se graduó como ingeniero civil en 1984.

Profesionalmente, se desempeñó en la empresa Decavial desde 1987 hasta 2016. “En esta empresa, estuvo a cargo de varias obras viales e hidráulicas, gestionando las mismas según los lineamientos presupuestarios y manejando la relación con clientes y proveedores”, consignaron oficialmente.

Desde 2016 hasta 2020, ocupó la gerencia general de la empresa Cunumi S.A., especializada en proyectos de obras y servicios en las áreas de saneamiento, higiene urbana, captación, conducción y tratamiento de fluidos, redes viales urbanas y rurales, así como obras civiles y de arquitectura.

Desde 2020, se desempeña como profesional independiente.

Alfonso Peña se graduó como ingeniero Civil en 1984.

 

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Delegado del Inadi en Misiones: “El Instituto necesita ser mejorado, no eliminado”

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Inadi

El delegado en Misiones del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Jorge Ríos, se distanció de las afirmaciones del vocero presidencial Manuel Adorni, de que el organismo “no sirve absolutamente para nada”, y opinó que “necesita ser mejorado, no eliminado”.

Ríos señaló que, si bien, desde el Ministerio de Justicia le pidieron que ponga el cargo a disposición y que, más allá del anuncio de Adorni y del comunicado de la cartera de Mariano Cúneo Libarona, todavía no recibió una notificación oficial.

“Por el momento no tenemos notificaciones internas oficiales”, señaló Ríos a La Voz de Misiones e indicó: “Oficialmente, seguimos trabajando con normalidad”.

“Por lo pronto, entiendo que de trata de anuncios de intenciones del Ejecutivo, pero aún no hubo comunicaciones internas en ese sentido”, afirmó el delegado del Inadi en la tierra colorada.

Ríos, indicó que “lo que nos pidieron fue poner a disposición las renuncias como delegados”, aunque aclaró que “formalmente estamos nombrados como analistas de planificación e implementación de políticas públicas y no nos pidieron la renuncia a ese rol, y tampoco nos notificaron formalmente una desvinculación”.

“El Inadi funciona en la órbita del Ministerio de Justicia, con lo cual puede haber reestructuraciones, pero fue creado a través de una ley, así que más allá del anuncio de la intención de cerrarlo tiene su procedimiento institucional”, analizó Ríos.

Ríos, citó como “un dato importante” el nombramiento, hace unos días, de una nueva interventora del organismo, María de los Ángeles Quiroga, por el lapso de 180 días, publicado en el Boletín Oficial.

Política de Estado

Por otra parte, Ríos, rechazó las afirmaciones del vocero Adorni y las críticas al organismo del que es delegado desde abril de 2023.

“No estoy de acuerdo con su apreciación”, sostuvo el delegado misionero y argumentó: “El Inadi sirve para promover y proteger derechos de toda la ciudadanía; una parte de nuestro trabajo quedó plasmado en nuestras redes sociales y medios de comunicación y otra parte quedó registrada en el informe de gestión, que todas las delegaciones enviamos”.

“El año pasado atendimos de abril a diciembre en promedio 1 consulta diaria y recibimos 1 denuncia por semana. Hicimos tres operativos en el espacio público y 7 gestiones de buenos oficios”, reseñó.

“También, desde que estoy al frente de la delegación, abril de 2023, llegamos a más de 2.200 personas con nuestros talleres de sensibilización y capacitación a docentes y equipos directivos”, agregó y precisó: “Buena parte de ese trabajo lo hicimos en articulación con ministerios del gobierno provincial, como Educación y Derechos Humanos”.

“Somos cuatro personas trabajando en la delegación para toda la provincia, y ese es el promedio de personas que trabajan en las delegaciones”, agregó y afirmó: “El Inadi necesita ser mejorado, no eliminado”.

“Es una política de Estado que trascendió todos los gobiernos desde hace 29 años, y es un símbolo de convivencia democrática”, acotó, recordando que “se creó, justamente, luego del atentado a la embajada de Israel en Argentina y a la Amia”.

 


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Ministerio de Justicia absorberá funciones y personal del Inadi

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Inadi

Luego de que el gobierno comunicara a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, la decisión de eliminar “definitivamente” el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, informó que su cartera asumirá las funciones del organismo y que el personal será transferido a su ministerio.

“Es una prioridad de este Ministerio cuidar de manera muy eficiente a toda persona que sufra cualquier tipo de discriminación, xenofobia y/o racismo”, argumentó Cúneo Libarona.

En el comunicado de su cartera, que se hizo público después que Adorni dio la noticia en su rueda de prensa diaria en la Casa Rosada, el ministro aseguró que “respetaremos y ordenaremos todo lo concerniente a un derecho tan importante como es la no discriminación” e informó: “Ya elaboramos un protocolo de actuación e investigación y el régimen de educación general y capacitación que establecen las normas”.

“El Inadi contaba con una superestructura que no aseguraba que su trabajo fuera eficiente”, señala el comunicado y precisa: “Por ejemplo, tenía 7.000 expedientes sin trámite ni resolución, en los últimos dos meses ya se resolvieron 2.000 de ellos”.

“Las funciones que cumplía el Inadi se llevarán a cabo a través del Ministerio de Justicia, que cuenta con personal preparado para realizar eficazmente la tarea”, informó el Ministerio.

“El personal idóneo que trabaja en el Inadi y que realiza con responsabilidad y compromiso su trabajo, será transferido al Ministerio donde trabajarán con orden, seriedad e idoneidad”, agregó.

“EI Inadi fue creado por ley y conforme convenciones internacionales, por lo tanto, su supresión se hará de la manera que corresponda de acuerdo a la legislación vigente”, aseguró.

En relación con el recorte de gastos en el organismo, el comunicado detalló que “la cartera de Justicia ya redujo el personal (de 430 a 355) y los sueldos ($202.499.512 en enero 2024)”, y que, además, “se pidió la renuncia a todos los delegados”.

“También se redujo la cantidad de alquileres ($8.000.000+ gastos por mes) inútiles, concebidos con fines políticos, ajenos a la tarea del organismo, y rescindimos distintas contrataciones”, puntualizó la cartera de Cúneo Libarona y sentenció: “Todo esto redundará en un ahorro para el Estado y la sociedad”.

Judíos rechazan

A la par de conocida la noticia, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia), de mucha afinidad con el gobierno, se manifestó en su cuenta en la red social X en defensa del Inadi.

“La discriminación en la Argentina es un problema que sufren diversos colectivos”, afirmó la organización y argumentó: “Por eso, la Daia, junto a otras organizaciones, impulsó hace casi tres décadas la creación del Inadi”.

“La decisión de cerrarlo atenta contra la protección del derecho a la igualdad y la convivencia pacífica de nuestra sociedad, que es ejemplo a nivel mundial”, postuló la institución, que lleva la representación de las instituciones judías argentinas, lucha contra el antisemitismo y la discriminación y promueve la vigencia de los derechos humanos, el diálogo y la convivencia interreligiosa.


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