Política
Spinelli y vicegobernadores a Milei: “Deje de tener de rehenes a los argentinos”
En un comunicado de cuatro páginas, titulado “En la sociedad se invierte, no se gasta”, dado a conocer este lunes, diez vicegobernadores de varias provincias argentinas, entre los que se cuenta al vicemandatario misionero Lucas Romero Spinelli, reclamaron al presidente Javier Milei por los recortes en las transferencias al interior, como los fondos que complementan los salarios docentes y los subsidios para el transporte público de pasajeros.
En el pronunciamiento, los vicegobernadores no se ahorran cuestionamientos al gobierno, acusan al presidente de actuar por “venganza política” contra gobernadores e intendentes, por “no estar de acuerdo con otorgarle a nadie la suma del poder público”.
“Le pedimos al presidente Javier Milei que deje de tener de rehenes a las y los argentinos”, señala el documento en uno de sus tramos más críticos a la gestión del mandatario que por estas horas continúa su visita oficial a Italia.
Romero Spinelli suscribió el comunicado junto a sus pares de Buenos Aires, Verónica Magario; Catamarca, Rubén Dusso; La Rioja, Teresita Madera; La Pampa, Alicia Mayoral; Santiago del Estero, Carlos Silva Neder; Salta, Antonio Marocco; Río Negro, Pedro Pesatti; Formosa, Eber Solis; y de Jujuy, Alberto Bernis.
El comunicado aparece en medio del conflicto del presidente con los gobernadores por la caída de la Ley Ómnibus, la semana pasada en la Cámara de Diputados, tras lo cual Milei acusó de “delincuentes” y “traidores” a los mandatarios provinciales y los parlamentarios que votaron contra el proyecto en el recinto.
COMUNICADO DE VICEGOBERNADORES Y VICEGOBERNADORAS
Repudiamos el avance sin precedentes del Gobierno nacional contra trabajadores, pymes, jóvenes, niños/as, docentes y jubilados, y alertamos por la carga contra nuestra institucionalidad y el desprecio a nuestro sistema federal. pic.twitter.com/PMNX5qz4ow
— Verónica Magario (@magariovero) February 11, 2024
“Avanzada despiadada”
“Vicegobernadoras y Vicegobernadores de la República Argentina abajo firmantes manifestamos nuestra enorme preocupación ante la despiadada avanzada del Gobierno nacional, sin precedentes en nuestra historia democrática, en contra de las y los trabajadores de todas las áreas, empresarios pymes, productores, profesionales, docentes, emprendedores, jóvenes, comerciantes, niñas y niños, jubiladas y jubilados, al tiempo que alertamos por la feroz carga sobre la institucionalidad de nuestro país y el desprecio por el sistema federal que nos rige”, reza el documento en su primer párrafo.
“Desde el gobierno central se siguen promoviendo políticas e instrumentando medidas que en dos meses han empeorado inmensamente una situación que era muy complicada y que precisaba mesura, conocimientos, experiencia, gran responsabilidad y una extrema empatía por las y los argentinos, en particular en los sectores más vulnerados por las dificultades no superadas en los últimos años”, continúa.
“En cambio –señala–, el método elegido ha sido aumentar las dificultades, privar de derechos, alimentar la inflación, desproteger a quienes el Estado debe proteger y tomar “venganzas políticas”, como la decisión de no girar a las provincias los fondos para complementar los salarios docentes y los subsidios para el transporte público de pasajeros, medidas que sufren las vecinas y los vecinos y que no tiene lógica ni sentido, más que esa ya enunciada e irracional “venganza política” en contra de gobernadores e intendentes responsabilizados por no estar de acuerdo con otorgarle a nadie la suma del poder público”.
El comunicado de los vicegobernadores considera que la decisión del presidente de suspender la transferencia del Fonid, el Fondo de Incentivo Docentes, constituye un “ataque hacia las familias de nuestras provincias”.
“EI Fonid durante enero fue prácticamente el único rubro de las transferencias discrecionales a las provincias que siguió devengando importes (por el pago de salarios, etc.), pero el Ejecutivo solo transfirió a nuestras provincias menos del 1% del importe para el concepto de Educación”, expone el documento.
“Cuando se liquidaron los salarios de enero, los docentes hubieran visto en sus recibos de sueldo una disminución de sus ingresos, lo que no sucedió porque que los gobiernos provinciales compensaron ese adicional”, aclara.
“Esta es una situación extremadamente grave responsabilidad única del presidente de la Nación”, denuncia.
“EI Fonid tiene 26 años en Argentina. Es un componente del salario en un país donde muchas provincias tienen un alto componente de sus presupuestos destinados a salarios”, explican los vicemandatarios.
“Es necesaria la presencia del Estado reintegrando por esa vía parte de lo que producen las provincias”, reclaman.
Según se precisa, se trata de un fondo de más de $14.500 millones mensuales. “Es una suma imposible de compensar mantenida en el tiempo, como claramente se advierte, ya que es claro que con nuestros ingresos recortados y con la enorme caída de la actividad económica este aporte de las provincias no podrá sostenerse en el mediano plazo”, alertan.
“Lo que hay que hacer”
En otro tramo del pronunciamiento, los vicegobernadores apuntan al anuncio de suspensión del Fondo Compensador para el Transporte del Interior, que aporta al subsidio del boleto de colectivos en las provincias, y acusan al gobierno de desfinanciar el sistema a contramano de los que sucede en los principales países del mundo.
“Es imprescindible señalar que los gobiernos apoyan los servicios de transporte público en todo el mundo con el objetivo de ayudar a la población y mejorar el medio ambiente”, afirman los vicegobernadores.
“El impacto social es relevante en los países en desarrollo donde la movilidad es sensible a los precios”, argumentan y explican: “Los sistemas de transporte muy raramente funcionan sin ser subsidiados en un porcentaje significativo por el Estado”.
“Es importante definir modalidades de asignación de subsidios que combinen la eficiencia fiscal con la equidad social y generen, al mismo tiempo, los incentivos necesarios para que los operadores provean un servicio adecuado”, sostiene el documento.
“Brasil, Canadá, Chile, Alemania, España, Reino Unido, Uruguay y Estados Unidos, por citar sólo algunos ejemplos, subsidian la actividad haciéndose cargo los estados nacionales de más del 50% de la tarifa”, expone y comenta: “En muchos países, como Brasil y Estados Unidos entre los arriba citados, hay muchas ciudades en las cuales el transporte público es totalmente gratuito”.
“En el Reino Unido se han congelado las tarifas hasta 2025 por el alza del costo de vida”, apunta.
“El respaldo financiero estatal no solo fortalece la infraestructura del transporte, sino que también ofrece un apoyo vital a los trabajadores”, sostiene el comunicado y señala: “Este subsidio marca una diferencia significativa en la vida laboral de miles de personas”.
“La reducción de costos en los desplazamientos diarios al trabajo libera recursos económicos para los trabajadores, lo que a su vez mejora su calidad de vida”, afirman los vicegobernadores y argumentan: “Además, la confiabilidad y eficiencia del transporte público respaldado por subsidios contribuyen a la puntualidad y la productividad laboral”.
“Pero aquí, en nuestro país, con argumentaciones difíciles de sostener con un mínimo de seriedad, se decide no hacer lo que en el mundo hacen países desarrollados o países en desarrollo”, reclaman y sostienen: “Lo que hacen nuestros vecinos, lo que nadie duda que hay que hacer, subsidiar al transporte público”.
Los vicegobernadores argumentan que diversos especialistas del mundo en la materia han concluido que el transporte público “no es rentable si se observa toda la ecuación, que incluye mayor cantidad de vehículos, que otorgan frecuencias más cortas, y que significan inversión en unidades y renovación periódica”.
“El costo del pasaje que pagan los usuarios jamás hará rentable a ese ‘negocio’. Valga lo que valga”, señala el comunicado y concluye: “Por eso, como en todo el mundo se entiende, debe estar presente el Estado”.
En otro tramo del texto, los vicegobernadores preguntan al presidente que destino dará “a los $104.000 millones que está recortando” y responden: “No a la asistencia alimentaria, como estamos viendo que sucede con los comedores comunitarios; no a la salud pública, no a la educación pública, no a la generación de puestos de trabajo, no a la concreción de obra pública de infraestructura. ¿Entonces?”.
“Ya hemos visto los resultados de las privatizaciones encaradas en los años ‘90. Ya hemos visto la falta de inversión de las grandes empresas eléctricas en períodos en los que tuvieron enormes ganancias y esos dólares salieron del país y no se transformaron en inversiones que evitaran que hoy aún haya cortes de suministro”, reseñaron.
“Hasta aquí, de una u otra manera, los gobiernos nacionales no sólo evitaron que la gente pagara tarifas desmesuradas, sino que se aportaron fondos para inversiones que los privados no estaban dispuestos a hacer y que si no se realizaban significaban una crisis terminal del sistema”, afirman.
“Con respeto y con firmeza, le pedimos al presidente Milei que deje de tener de rehenes a las y los argentinos en sus batallas políticas y que no atente contra su calidad de vida como lo está haciendo”, exigen los vicemandatarios.
“La Argentina es la suma de las provincias que la componen”, afirman en el final y cierran: “Reiteramos este concepto que es clave para entender cómo es un país para todos y todas, sin centralismos, sin caprichos y con sensibilidad social y responsabilidad total”.
Política
Passalacqua presentó el Presupuesto 2027: 63% destinado a inversión social
El gobernador Hugo Passalacqua envió este viernes a la Cámara de Representantes de Misiones el Proyecto de Ley General de Presupuesto de la Administración Pública Provincial para el ejercicio financiero 2027, tal como establece el artículo 116, inciso 4, de la Constitución de Misiones.
Passalacqua hizo pública la noticia en su cuenta de X, donde posteó la nota que remitió a la Legislatura e informó que el proyecto presupuestario suma un total de $5.206.134.722.000 y destina el 63% a la inversión social, y el 14% para el desarrollo de la economía a través de la reactivación de la obra pública.
“El proyecto que hoy elevamos ratifica un fuerte compromiso con la inversión social, asegurando que la educación pública llegue a cada aula de nuestro territorio, que los misioneros cuenten con la tranquilidad de una salud pública accesible en cada rincón de la provincia, y consolidando las redes de contención para los sectores de mayor vulnerabilidad”, señala el gobernador en la nota a los diputados y precisa que, “en su conjunto, estas áreas prioritarias concentran el 62,95% de las asignaciones totales de este cálculo de gastos y recursos”.
“Este presupuesto se diseña en un marco marcado por la sostenida ausencia del Estado Nacional, profundizando un sendero de retiros de partidas y fondos que comenzó en 2024 y se extendió durante los ejercicios subsiguientes”, explica Passalacqua.
Asimismo, el mandatario misionero enumera recortes del gobierno nacional, como “la interrupción del Fondo Nacional de Incentivo Docente, la desarticulación de programas sanitarios esenciales, en las que para este ejercicio que viene se desarticula el ‘Programa Remediar’ que quedó sin financiamiento, la eliminación del fondo compensador del transporte y el abandono del financiamiento de la infraestructura vial federal, debilitando a la Dirección Nacional de Vialidad, y la reducción en el envío de los fondos por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSes) para sostener las cajas previsionales provinciales”.
“Este desfinanciamiento sistemático traslada una pesada carga operativa y financiera a las arcas provinciales, que debemos absorber con recursos propios para no desatender las demandas básicas de la comunidad”, argumenta.
“A este persistente cuadro de asfixia fiscal se acopla una coyuntura macroeconómica sumamente adversa para las economías regionales”, apunta Passalacqua y alega que “la profunda desregulación de mercados, la apertura indiscriminada de importaciones y el marcado retraso cambiario configuran un escenario crítico que vulnera severamente a nuestro entramado productivo, a las empresas exportadoras -pilares de nuestra economía- y al comercio fronterizo”.
“Esto repercute de forma directa sobre el nivel de actividad, la estabilidad del empleo local y la recaudación fiscal”, sostiene el gobernador y señala que “frente a este panorama, nuestro Gobierno, bajo la premisa de un Estado eficiente y en constante colaboración con el sector privado, despliega herramientas paliativas para amortiguar el impacto de estas asimetrías”.
Cumpliendo con el mandato del artículo 116 inciso 4) de nuestra Constitución Provincial he presentado a la Legislatura Provincial el proyecto de Presupuesto 2027, por un monto de $5.206.134.722.000. Para seguir cuidando la educación, la salud y la contención social de los… pic.twitter.com/rrSq7SFbyu
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) July 31, 2026
Política
Jair Dib creó su bloque unipersonal Acuerdo Urbano en el Concejo de Posadas
El concejal y ex presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Posadas, Jair Dib, anunció este viernes su salida de Encuentro Misionero para conformar el bloque unipersonal “Acuerdo Urbano”.
El movimiento representa el primer reordenamiento político dentro del cuerpo deliberativo desde que el oficialismo comenzó a reconfigurarse con la conformación de Encuentro Misionero, el espacio político referenciado en Carlos Rovira y Movimiento por lo que Viene, impulsado por un sector alineado al gobernador Hugo Passalacqua.
A través de un video difundido en sus redes sociales, Dib inició su anuncio con una pregunta dirigida a la comunidad: “Si yo te preguntara cuáles son los problemas que más te preocupan de Posadas, seguramente lo tendrías claro”.
Seguidamente, el concejal aseguró que comparte esas preocupaciones y sostuvo: “Yo también. Porque una Posadas moderna es aquella en la que sus representantes conocen y se ocupan de las demandas de su comunidad”.
“Es por eso que, con el eje puesto en trabajar sobre esos problemas que a vos te preocupan, decidí junto al equipo de Acuerdo Urbano conformar un bloque dentro del Concejo Deliberante de la ciudad de Posadas”, comunicó Dib, quien presidió el HCD durante los períodos 2024 y 2025.
Hasta la conformación de su bloque unipersonal, Dib se encontraba alineado políticamente con el espacio referenciado en el ex gobernador Carlos Rovira. Ahora, resta conocer si el concejal se incorporará a las filas del gobernador Hugo Passalacqua o si buscará transitar un camino propio dentro del escenario político local.
La novedad se da además en la previa del inicio del segundo período de sesiones del año en el Concejo capitalino, que retomará su actividad el próximo 6 de agosto y abrirá un nuevo escenario de negociaciones y reacomodamientos dentro del cuerpo deliberativo.
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Política
Amarilla denunció que no lo dejaron ingresar a la cárcel de Loreto para un acto
El diputado provincial Ramón Amarilla denunció este martes que fue impedido de ingresar a la cárcel de Loreto, para participar del acto de entrega de certificados a los reclusos que concluyeron los talleres que dicta la Organización de Familias Unidas de Argentina por la Inclusión y los Derechos (OFUAID), una asociación civil de apoyo a familiares de personas privadas de la libertad, que lo había invitado.
Amarilla grabó un video en el playón de acceso a la Unidad Penal I, que subió a sus redes sociales, donde afirma que al intentar ingresar al establecimiento carcelario le comunicaron que tenía “la entrada prohibida por orden de la directora general del Servicio Penitenciario Provincial, alcaide Valeria Mereles, y por orden del ministro de Gobierno, Marcelo Pérez”.
El ex policía, que integra el bloque “Algo Nuevo por la Dignidad de los Trabajadores” junto al legislador ex PRO Miguel Núñez, muestra en el video las notas que envió a Mereles, Pérez, y al alcaide Arturo Sebastián Stij, director de la Unidad Penal de Loreto.
“Hasta el momento no me han dado los fundamentos”, se queja Amarilla. En las notas, el ex policía detalla que la agenda no solamente incluye al penal de Loreto, donde no pudo ingresar; sino también a las cárceles de Miguel Lanús, Oberá y Cerro Azul, donde él estuvo detenido hasta que fue electo diputado, el año pasado.
“Esta es la provincia de Misiones, así nos tratan; y si tratan así a un diputado provincial, imagínense cómo le van a tratar al ciudadano común, al trabajador”, lanza Amarilla en el video.
En el final del spot, el ex policía cambia a tono de arenga y lanza: “Creo que esto es suficiente ejemplo para que sepamos qué hacer en el 2027, que sepamos elegir las autoridades para que podamos vivir, verdaderamente, en democracia, y que podamos vivir en la libertad que nos da la democracia; que nos respeten nuestros derechos constitucionales y nuestros derechos humanos”.
Sin competencia
Si bien, desde el Ministerio de Gobierno no hubo comentario oficial respecto de la situación denunciada por Amarilla, La Voz de Misiones pudo saber que este mediodía el ministro Pérez preparaba una nota de respuesta para el diputado provincial.
En el escrito, al que tuvo acceso LVM, Pérez deslinda responsabilidades y le informa al legislador que, si bien el Servicio Penitenciario está bajo la órbita de su cartera, la organización, administración, dirección y funcionamiento de las unidades penales son atribución exclusiva de este, por lo que su Ministerio “no posee competencia para autorizar o denegar ingresos” a los establecimientos penales de la provincia.
“El principio de legalidad que rige la actuación de la Administración Pública impone a cada funcionario ejercer únicamente las atribuciones que el ordenamiento jurídico le confiere. Por ello, emitir una autorización sobre una materia ajena a mi competencia implicaría exceder las facultades legalmente asignadas al cargo que desempeño”, explica el ministro.
Asimismo, reitera que “toda solicitud de acceso a una unidad penitenciaria debe ser evaluada por la autoridad competente con arreglo a criterios objetivos, generales e impersonales, compatibles con la seguridad institucional y con el principio de igualdad ante la ley”, y aclara que “la sola investidura pública del solicitante no constituye, por sí misma, fundamento suficiente para conferir un tratamiento diferenciado respecto de cualquier otro ciudadano que pretendiera acceder a actividades internas sin acreditar una causa legal o un interés institucional específico”.
Finalmente, Pérez pide a Amarilla que canalice su solicitud a través de la directora Penitenciaria Mereles.
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