Política
Spinelli y vicegobernadores a Milei: “Deje de tener de rehenes a los argentinos”
En un comunicado de cuatro páginas, titulado “En la sociedad se invierte, no se gasta”, dado a conocer este lunes, diez vicegobernadores de varias provincias argentinas, entre los que se cuenta al vicemandatario misionero Lucas Romero Spinelli, reclamaron al presidente Javier Milei por los recortes en las transferencias al interior, como los fondos que complementan los salarios docentes y los subsidios para el transporte público de pasajeros.
En el pronunciamiento, los vicegobernadores no se ahorran cuestionamientos al gobierno, acusan al presidente de actuar por “venganza política” contra gobernadores e intendentes, por “no estar de acuerdo con otorgarle a nadie la suma del poder público”.
“Le pedimos al presidente Javier Milei que deje de tener de rehenes a las y los argentinos”, señala el documento en uno de sus tramos más críticos a la gestión del mandatario que por estas horas continúa su visita oficial a Italia.
Romero Spinelli suscribió el comunicado junto a sus pares de Buenos Aires, Verónica Magario; Catamarca, Rubén Dusso; La Rioja, Teresita Madera; La Pampa, Alicia Mayoral; Santiago del Estero, Carlos Silva Neder; Salta, Antonio Marocco; Río Negro, Pedro Pesatti; Formosa, Eber Solis; y de Jujuy, Alberto Bernis.
El comunicado aparece en medio del conflicto del presidente con los gobernadores por la caída de la Ley Ómnibus, la semana pasada en la Cámara de Diputados, tras lo cual Milei acusó de “delincuentes” y “traidores” a los mandatarios provinciales y los parlamentarios que votaron contra el proyecto en el recinto.
COMUNICADO DE VICEGOBERNADORES Y VICEGOBERNADORAS
Repudiamos el avance sin precedentes del Gobierno nacional contra trabajadores, pymes, jóvenes, niños/as, docentes y jubilados, y alertamos por la carga contra nuestra institucionalidad y el desprecio a nuestro sistema federal. pic.twitter.com/PMNX5qz4ow
— Verónica Magario (@magariovero) February 11, 2024
“Avanzada despiadada”
“Vicegobernadoras y Vicegobernadores de la República Argentina abajo firmantes manifestamos nuestra enorme preocupación ante la despiadada avanzada del Gobierno nacional, sin precedentes en nuestra historia democrática, en contra de las y los trabajadores de todas las áreas, empresarios pymes, productores, profesionales, docentes, emprendedores, jóvenes, comerciantes, niñas y niños, jubiladas y jubilados, al tiempo que alertamos por la feroz carga sobre la institucionalidad de nuestro país y el desprecio por el sistema federal que nos rige”, reza el documento en su primer párrafo.
“Desde el gobierno central se siguen promoviendo políticas e instrumentando medidas que en dos meses han empeorado inmensamente una situación que era muy complicada y que precisaba mesura, conocimientos, experiencia, gran responsabilidad y una extrema empatía por las y los argentinos, en particular en los sectores más vulnerados por las dificultades no superadas en los últimos años”, continúa.
“En cambio –señala–, el método elegido ha sido aumentar las dificultades, privar de derechos, alimentar la inflación, desproteger a quienes el Estado debe proteger y tomar “venganzas políticas”, como la decisión de no girar a las provincias los fondos para complementar los salarios docentes y los subsidios para el transporte público de pasajeros, medidas que sufren las vecinas y los vecinos y que no tiene lógica ni sentido, más que esa ya enunciada e irracional “venganza política” en contra de gobernadores e intendentes responsabilizados por no estar de acuerdo con otorgarle a nadie la suma del poder público”.
El comunicado de los vicegobernadores considera que la decisión del presidente de suspender la transferencia del Fonid, el Fondo de Incentivo Docentes, constituye un “ataque hacia las familias de nuestras provincias”.
“EI Fonid durante enero fue prácticamente el único rubro de las transferencias discrecionales a las provincias que siguió devengando importes (por el pago de salarios, etc.), pero el Ejecutivo solo transfirió a nuestras provincias menos del 1% del importe para el concepto de Educación”, expone el documento.
“Cuando se liquidaron los salarios de enero, los docentes hubieran visto en sus recibos de sueldo una disminución de sus ingresos, lo que no sucedió porque que los gobiernos provinciales compensaron ese adicional”, aclara.
“Esta es una situación extremadamente grave responsabilidad única del presidente de la Nación”, denuncia.
“EI Fonid tiene 26 años en Argentina. Es un componente del salario en un país donde muchas provincias tienen un alto componente de sus presupuestos destinados a salarios”, explican los vicemandatarios.
“Es necesaria la presencia del Estado reintegrando por esa vía parte de lo que producen las provincias”, reclaman.
Según se precisa, se trata de un fondo de más de $14.500 millones mensuales. “Es una suma imposible de compensar mantenida en el tiempo, como claramente se advierte, ya que es claro que con nuestros ingresos recortados y con la enorme caída de la actividad económica este aporte de las provincias no podrá sostenerse en el mediano plazo”, alertan.
“Lo que hay que hacer”
En otro tramo del pronunciamiento, los vicegobernadores apuntan al anuncio de suspensión del Fondo Compensador para el Transporte del Interior, que aporta al subsidio del boleto de colectivos en las provincias, y acusan al gobierno de desfinanciar el sistema a contramano de los que sucede en los principales países del mundo.
“Es imprescindible señalar que los gobiernos apoyan los servicios de transporte público en todo el mundo con el objetivo de ayudar a la población y mejorar el medio ambiente”, afirman los vicegobernadores.
“El impacto social es relevante en los países en desarrollo donde la movilidad es sensible a los precios”, argumentan y explican: “Los sistemas de transporte muy raramente funcionan sin ser subsidiados en un porcentaje significativo por el Estado”.
“Es importante definir modalidades de asignación de subsidios que combinen la eficiencia fiscal con la equidad social y generen, al mismo tiempo, los incentivos necesarios para que los operadores provean un servicio adecuado”, sostiene el documento.
“Brasil, Canadá, Chile, Alemania, España, Reino Unido, Uruguay y Estados Unidos, por citar sólo algunos ejemplos, subsidian la actividad haciéndose cargo los estados nacionales de más del 50% de la tarifa”, expone y comenta: “En muchos países, como Brasil y Estados Unidos entre los arriba citados, hay muchas ciudades en las cuales el transporte público es totalmente gratuito”.
“En el Reino Unido se han congelado las tarifas hasta 2025 por el alza del costo de vida”, apunta.
“El respaldo financiero estatal no solo fortalece la infraestructura del transporte, sino que también ofrece un apoyo vital a los trabajadores”, sostiene el comunicado y señala: “Este subsidio marca una diferencia significativa en la vida laboral de miles de personas”.
“La reducción de costos en los desplazamientos diarios al trabajo libera recursos económicos para los trabajadores, lo que a su vez mejora su calidad de vida”, afirman los vicegobernadores y argumentan: “Además, la confiabilidad y eficiencia del transporte público respaldado por subsidios contribuyen a la puntualidad y la productividad laboral”.
“Pero aquí, en nuestro país, con argumentaciones difíciles de sostener con un mínimo de seriedad, se decide no hacer lo que en el mundo hacen países desarrollados o países en desarrollo”, reclaman y sostienen: “Lo que hacen nuestros vecinos, lo que nadie duda que hay que hacer, subsidiar al transporte público”.
Los vicegobernadores argumentan que diversos especialistas del mundo en la materia han concluido que el transporte público “no es rentable si se observa toda la ecuación, que incluye mayor cantidad de vehículos, que otorgan frecuencias más cortas, y que significan inversión en unidades y renovación periódica”.
“El costo del pasaje que pagan los usuarios jamás hará rentable a ese ‘negocio’. Valga lo que valga”, señala el comunicado y concluye: “Por eso, como en todo el mundo se entiende, debe estar presente el Estado”.
En otro tramo del texto, los vicegobernadores preguntan al presidente que destino dará “a los $104.000 millones que está recortando” y responden: “No a la asistencia alimentaria, como estamos viendo que sucede con los comedores comunitarios; no a la salud pública, no a la educación pública, no a la generación de puestos de trabajo, no a la concreción de obra pública de infraestructura. ¿Entonces?”.
“Ya hemos visto los resultados de las privatizaciones encaradas en los años ‘90. Ya hemos visto la falta de inversión de las grandes empresas eléctricas en períodos en los que tuvieron enormes ganancias y esos dólares salieron del país y no se transformaron en inversiones que evitaran que hoy aún haya cortes de suministro”, reseñaron.
“Hasta aquí, de una u otra manera, los gobiernos nacionales no sólo evitaron que la gente pagara tarifas desmesuradas, sino que se aportaron fondos para inversiones que los privados no estaban dispuestos a hacer y que si no se realizaban significaban una crisis terminal del sistema”, afirman.
“Con respeto y con firmeza, le pedimos al presidente Milei que deje de tener de rehenes a las y los argentinos en sus batallas políticas y que no atente contra su calidad de vida como lo está haciendo”, exigen los vicemandatarios.
“La Argentina es la suma de las provincias que la componen”, afirman en el final y cierran: “Reiteramos este concepto que es clave para entender cómo es un país para todos y todas, sin centralismos, sin caprichos y con sensibilidad social y responsabilidad total”.
El gobierno consiguió este viernes al mediodía en el Senado el dictamen de la Ley de Presupuesto 2026, que obtuvo media sanción el miércoles en Diputados, aunque no pudo volver a incluir el capítulo 11 que derogaba las leyes de Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario, rechazado en la cámara baja en la votación en particular.
El despacho cosechó 11 firmas en la Comisión de Presupuesto del Senado, que preside el jujeño Ezequiel Atauche, y se espera que el proyecto baje al recinto el próximo viernes 26, donde se descuenta que el oficialismo intentará forzar la incorporación al texto del capítulo eliminado por la Cámara de Diputados.
Si bien, la espada del gobierno en el Senado, Patricia Bullrich, declaró a los periodistas que la esperaban a la salida del edificio que el Presupuesto “se votará tal cual vino de Diputados”, son varios los medios porteños que hablan de una ofensiva navideña de La Libertad Avanza (LLA) sobre los gobernadores para restituir al proyecto, por lo menos parcialmente, lo establecido en el capítulo eliminado, en especial la derogación de las leyes sobre discapacidad y universidades, que la Casa Rosada considera “deficitarias”.
La prensa porteña atribuye la “cautela” de Bullrich al hecho de que “muy pocos de los aliados del gobierno quieren volver a discutir los artículos perdidos” y porque, además, si se reabriera el texto se correría el riesgo de que la oposición pidiera otras modificaciones, como la eliminación del artículo 30, que elimina el piso del 6% obligatorio para inversión en Educación.
Sin embargo, horas antes, el ministro del Interior, Diego Santilli, adelantó que el gobierno iba a insistir con modificar el texto en el recinto. “Hay que corregirlo en el Senado”, afirmó y apunto, directamente, contra la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario: “La discusión está en dos leyes que tienen que ver con el exceso por arriba de la norma y que puede generarte el desequilibrio hacia adelante, entonces hay que corregirlo en el Senado”, explicó en declaraciones radiales.
Inocencia
Durante la reunión de la Comisión que preside Atauche, los senadores recibieron al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien expuso los principales lineamientos técnicos del proyecto y respondió las consultas de los parlamentarios.
Guberman señaló que la presentación del Presupuesto representa “un paso importante” y afirmó que el proyecto se apoya en tres ejes centrales: el acompañamiento social sin intermediación; la recuperación y modernización de las capacidades en defensa y seguridad; y un proceso de transformación del Estado orientado a acompañar el crecimiento del sector privado.
El secretario de Hacienda del gobierno de Javier Milei detalló, además, la distribución del gasto prevista para 2026: el 45% se destinará a previsión social, pensiones y jubilaciones; el 16 % a asistencia social; el 11% a salarios del sector público; y el 9 % al pago de intereses de la deuda, lo que concentra el 82% del Presupuesto. “El 18% restante corresponde, entre otros rubros, a subsidios al transporte y la energía y al gasto universitario”, explicó.
Un rato antes, junto a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, se firmó el dictamen de la Ley de Inocencia fiscal, que también tuvo media sanción en Diputados el miércoles y se tratará el 26 próximo en el recinto. Después, el Senado cerrará hasta febrero, cuando retomará la discusión de la reforma laboral y la ley de glaciares.
Los siete diputados misioneros acompañaron la derogación de las leyes de emergencia por discapacidad y financiamiento universitario, al votar esta madrugada por el Capítulo 11, del proyecto de Ley de Presupuesto 2026, que contenía el artículo 75, que dejaba sin efecto ambas normativas, vetadas por Javier Milei, pero insistidas por el Congreso con mayoría calificada y, por lo tanto, vigentes.
El Capítulo 11 no pasó, sin embargo, el filtro legislativo y fue rechazado en la votación en particular, por 123 votos negativos, 117 positivos y 2 abstenciones. Entre los votos afirmativos, se anotaron Diego Hartfield y Maura Gruber, de La Libertad Avanza (LLA); Oscar Herrera Ahuad, Yamila Ruiz, Daniel Colo Vancsik y Alberto Arrúa, del Frente Renovador Neo; y Emmanuel Bianchetti, del PRO Misiones.
Es cierto que el interbloque de Innovación Federal, que integran los Neo con tres diputados salteños y preside Arrúa, revalidó en el recinto la disidencia expresada en Comisión con respecto al artículo 75, un gesto que se diluyó, minutos después, en el momento de la votación.
La Renovación Neo había acompañado la sanción de ambas leyes en el Congreso. Desde el trabajo en las comisiones, el tratamiento en Diputados y el Senado; e, incluso, sumó a los dos tercios que tumbaron los vetos de Milei, que no tuvo más opción que promulgarlas, aunque nunca las aplicó.
En un comunicado, subido este jueves en sus redes sociales, el Frente Renovador Neo justificó el acompañamiento al proyecto de Presupuesto del gobierno y volvió a dejar constancia de la disidencia expresada por Innovación Federal en el recinto. ,
“Entendemos que un país necesita un presupuesto aprobado para garantizar previsibilidad, orden institucional y reglas claras en el uso de los recursos públicos”, reza el pronunciamiento y afirma: “Un Estado sin presupuesto es un Estado sin rumbo”.
“Al mismo tiempo, marcamos con claridad nuestros límites: las universidades públicas y las personas con discapacidad no pueden quedar sin respaldo ni financiamiento. Por eso, sostuvimos una disidencia responsable, que combine estabilidad institucional con la defensa de derechos sensibles”, señala en otro párrafo.
“Esa es nuestra manera de construir: responsabilidad para gobernar, compromiso para cuidar lo esencial”, finaliza.
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Recortes aprobados
Con la aprobación en general del Presupuesto 2026, los diputados nacionales de Misiones convalidaron un amplio paquete de recortes en educación y salud que, a diferencia del rechazado artículo 75, forman parte de la propuesta que pasó al Senado.
El Capítulo 2, aprobado por 130 votos afirmativos, 101 negativos y 13 abstenciones, es motosierra en estado puro: elimina el piso del 6% del PBI para educación, establecido en la Ley 26.206 de Educación Nacional; los artículos 5°, 6° y 7° de la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; y el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, creado por la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional, para el sostenimiento de unas 1.500 escuelas técnicas de todo el país.
Se trata de un fondo destinado específicamente a mejorar la infraestructura y equipamiento de las escuelas técnicas, capacitar docentes y actualizar currículas, adquirir insumos y maquinaria para talleres y laboratorios, y promover la articulación entre educación y demandas productivas regionales.
Fueron varios los diputados que advirtieron en el recinto que, sin este fondo, las escuelas técnicas corren riesgos para su funcionamiento, como obsolescencia de equipos, falta de insumos básicos y dificultades en mantenimiento.
Fuentes sindicales docentes, como Amet y Ctera, señalaron que, si bien, el proyecto de Presupuesto de Milei enuncia un aumento nominal del 8% real en educación general, la inversión educativa total equivale el 0,75% del PBI, el más bajo en décadas.
En lo referente a salud, la ley sancionada en Diputados, dispone recortes a los programas de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual (ITS), cuya atención en Misiones se concentra en el Hospital Baliña, de Posadas.
En materia de financiamiento, establece un recorte aproximado del 38% respecto a años previos, según análisis de la Fundación Huésped; reduce el número de personas atendidas con tratamientos antirretrovirales, de 79.000 en 2024 a 71.500 proyectadas para 2026; dispone menos tratamientos para tuberculosis y hepatitis C; elimina a cero la asignación para compras de PrEP (profilaxis preexposición) y PEP (postexposición), materiales educativos, preservativos, test rápidos y reactivos para diagnóstico.
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La senadora oficialista Patricia Bullrich, presidenta de la Comisión de Legislación General del Trabajo y Previsión Social del Senado, anunció este jueves que el debate en el recinto del proyecto de reforma laboral se trasladará al mes de febrero de 2026.
Durante el plenario de comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Presupuesto y Hacienda, Bullrich informó que se firmará el dictamen en las próximas horas o días, pero el tratamiento final en el piso de la Cámara alta se postergará para el próximo 10 de febrero.
El proyecto, enviado por el presidente libertario Javier Milei, modifica aspectos de la Ley de Contrato de Trabajo, como el régimen de indemnizaciones, la ultraactividad de los convenios colectivos, el cálculo de horas extras y regulaciones sindicales.
El debate en comisiones comenzó ayer con la exposición del secretario de Trabajo, Julio Cordero, y continuó este jueves con intervenciones de representantes sindicales, empresarios, abogados laboralistas y otros expositores.
En paralelo, la CGT realizó una movilización masiva a Plaza de Mayo en rechazo al proyecto, que los gremios califican como regresivo para los derechos de los trabajadores.
Las movilizaciones se replicaron también en Posadas, donde sindicatos y organizaciones sociales marcharon desde El Mástil de la avenida Uruguay hasta la plaza 9 de Julio.
El oficialismo de La Libertad Avanza buscaba inicialmente sancionar la iniciativa antes del 30 de diciembre, fin del período de sesiones extraordinarias. Sin embargo, se decidió priorizar otros proyectos, como el Presupuesto 2026, y postergar el debate final de la reforma laboral.
La oposición peronista, en tanto, mantiene su rechazo al proyecto y presentó críticas durante las exposiciones en comisión.
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