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Spinelli y vicegobernadores a Milei: “Deje de tener de rehenes a los argentinos”

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Spinelli Milei

En un comunicado de cuatro páginas, titulado “En la sociedad se invierte, no se gasta”, dado a conocer este lunes, diez vicegobernadores de varias provincias argentinas, entre los que se cuenta al vicemandatario misionero Lucas Romero Spinelli, reclamaron al presidente Javier Milei por los recortes en las transferencias al interior, como los fondos que complementan los salarios docentes y los subsidios para el transporte público de pasajeros.

En el pronunciamiento, los vicegobernadores no se ahorran cuestionamientos al gobierno, acusan al presidente de actuar por “venganza política” contra gobernadores e intendentes, por “no estar de acuerdo con otorgarle a nadie la suma del poder público”.

“Le pedimos al presidente Javier Milei que deje de tener de rehenes a las y los argentinos”, señala el documento en uno de sus tramos más críticos a la gestión del mandatario que por estas horas continúa su visita oficial a Italia.

Romero Spinelli suscribió el comunicado junto a sus pares de Buenos Aires, Verónica Magario; Catamarca, Rubén Dusso; La Rioja, Teresita Madera; La Pampa, Alicia Mayoral; Santiago del Estero, Carlos Silva Neder; Salta, Antonio Marocco; Río Negro, Pedro Pesatti; Formosa, Eber Solis; y de Jujuy, Alberto Bernis.

El comunicado aparece en medio del conflicto del presidente con los gobernadores por la caída de la Ley Ómnibus, la semana pasada en la Cámara de Diputados, tras lo cual Milei acusó de “delincuentes” y “traidores” a los mandatarios provinciales y los parlamentarios que votaron contra el proyecto en el recinto.

“Avanzada despiadada”

“Vicegobernadoras y Vicegobernadores de la República Argentina abajo firmantes manifestamos nuestra enorme preocupación ante la despiadada avanzada del Gobierno nacional, sin precedentes en nuestra historia democrática, en contra de las y los trabajadores de todas las áreas, empresarios pymes, productores, profesionales, docentes, emprendedores, jóvenes, comerciantes, niñas y niños, jubiladas y jubilados, al tiempo que alertamos por la feroz carga sobre la institucionalidad de nuestro país y el desprecio por el sistema federal que nos rige”, reza el documento en su primer párrafo.

“Desde el gobierno central se siguen promoviendo políticas e instrumentando medidas que en dos meses han empeorado inmensamente una situación que era muy complicada y que precisaba mesura, conocimientos, experiencia, gran responsabilidad y una extrema empatía por las y los argentinos, en particular en los sectores más vulnerados por las dificultades no superadas en los últimos años”, continúa.

“En cambio –señala–, el método elegido ha sido aumentar las dificultades, privar de derechos, alimentar la inflación, desproteger a quienes el Estado debe proteger y tomar “venganzas políticas”, como la decisión de no girar a las provincias los fondos para complementar los salarios docentes y los subsidios para el transporte público de pasajeros, medidas que sufren las vecinas y los vecinos y que no tiene lógica ni sentido, más que esa ya enunciada e irracional “venganza política” en contra de gobernadores e intendentes responsabilizados por no estar de acuerdo con otorgarle a nadie la suma del poder público”.

El comunicado de los vicegobernadores considera que la decisión del presidente de suspender la transferencia del Fonid, el Fondo de Incentivo Docentes, constituye un “ataque hacia las familias de nuestras provincias”.

“EI Fonid durante enero fue prácticamente el único rubro de las transferencias discrecionales a las provincias que siguió devengando importes (por el pago de salarios, etc.), pero el Ejecutivo solo transfirió a nuestras provincias menos del 1% del importe para el concepto de Educación”, expone el documento.

“Cuando se liquidaron los salarios de enero, los docentes hubieran visto en sus recibos de sueldo una disminución de sus ingresos, lo que no sucedió porque que los gobiernos provinciales compensaron ese adicional”, aclara.

“Esta es una situación extremadamente grave responsabilidad única del presidente de la Nación”, denuncia.

“EI Fonid tiene 26 años en Argentina. Es un componente del salario en un país donde muchas provincias tienen un alto componente de sus presupuestos destinados a salarios”, explican los vicemandatarios.

“Es necesaria la presencia del Estado reintegrando por esa vía parte de lo que producen las provincias”, reclaman.

Según se precisa, se trata de un fondo de más de $14.500 millones mensuales. “Es una suma imposible de compensar mantenida en el tiempo, como claramente se advierte, ya que es claro que con nuestros ingresos recortados y con la enorme caída de la actividad económica este aporte de las provincias no podrá sostenerse en el mediano plazo”, alertan.

“Lo que hay que hacer”

En otro tramo del pronunciamiento, los vicegobernadores apuntan al anuncio de suspensión del Fondo Compensador para el Transporte del Interior, que aporta al subsidio del boleto de colectivos en las provincias, y acusan al gobierno de desfinanciar el sistema a contramano de los que sucede en los principales países del mundo.

“Es imprescindible señalar que los gobiernos apoyan los servicios de transporte público en todo el mundo con el objetivo de ayudar a la población y mejorar el medio ambiente”, afirman los vicegobernadores.

“El impacto social es relevante en los países en desarrollo donde la movilidad es sensible a los precios”, argumentan y explican: “Los sistemas de transporte muy raramente funcionan sin ser subsidiados en un porcentaje significativo por el Estado”.

“Es importante definir modalidades de asignación de subsidios que combinen la eficiencia fiscal con la equidad social y generen, al mismo tiempo, los incentivos necesarios para que los operadores provean un servicio adecuado”, sostiene el documento.

“Brasil, Canadá, Chile, Alemania, España, Reino Unido, Uruguay y Estados Unidos, por citar sólo algunos ejemplos, subsidian la actividad haciéndose cargo los estados nacionales de más del 50% de la tarifa”, expone y comenta: “En muchos países, como Brasil y Estados Unidos entre los arriba citados, hay muchas ciudades en las cuales el transporte público es totalmente gratuito”.

“En el Reino Unido se han congelado las tarifas hasta 2025 por el alza del costo de vida”, apunta.

“El respaldo financiero estatal no solo fortalece la infraestructura del transporte, sino que también ofrece un apoyo vital a los trabajadores”, sostiene el comunicado y señala: “Este subsidio marca una diferencia significativa en la vida laboral de miles de personas”.

“La reducción de costos en los desplazamientos diarios al trabajo libera recursos económicos para los trabajadores, lo que a su vez mejora su calidad de vida”, afirman los vicegobernadores y argumentan: “Además, la confiabilidad y eficiencia del transporte público respaldado por subsidios contribuyen a la puntualidad y la productividad laboral”.

“Pero aquí, en nuestro país, con argumentaciones difíciles de sostener con un mínimo de seriedad, se decide no hacer lo que en el mundo hacen países desarrollados o países en desarrollo”, reclaman y sostienen: “Lo que hacen nuestros vecinos, lo que nadie duda que hay que hacer, subsidiar al transporte público”.

Los vicegobernadores argumentan que diversos especialistas del mundo en la materia han concluido que el transporte público “no es rentable si se observa toda la ecuación, que incluye mayor cantidad de vehículos, que otorgan frecuencias más cortas, y que significan inversión en unidades y renovación periódica”.

“El costo del pasaje que pagan los usuarios jamás hará rentable a ese ‘negocio’. Valga lo que valga”, señala el comunicado y concluye: “Por eso, como en todo el mundo se entiende, debe estar presente el Estado”.

En otro tramo del texto, los vicegobernadores preguntan al presidente que destino dará “a los $104.000 millones que está recortando” y responden: “No a la asistencia alimentaria, como estamos viendo que sucede con los comedores comunitarios; no a la salud pública, no a la educación pública, no a la generación de puestos de trabajo, no a la concreción de obra pública de infraestructura. ¿Entonces?”.

“Ya hemos visto los resultados de las privatizaciones encaradas en los años ‘90. Ya hemos visto la falta de inversión de las grandes empresas eléctricas en períodos en los que tuvieron enormes ganancias y esos dólares salieron del país y no se transformaron en inversiones que evitaran que hoy aún haya cortes de suministro”, reseñaron.

“Hasta aquí, de una u otra manera, los gobiernos nacionales no sólo evitaron que la gente pagara tarifas desmesuradas, sino que se aportaron fondos para inversiones que los privados no estaban dispuestos a hacer y que si no se realizaban significaban una crisis terminal del sistema”, afirman.

“Con respeto y con firmeza, le pedimos al presidente Milei que deje de tener de rehenes a las y los argentinos en sus batallas políticas y que no atente contra su calidad de vida como lo está haciendo”, exigen los vicemandatarios.

“La Argentina es la suma de las provincias que la componen”, afirman en el final y cierran: “Reiteramos este concepto que es clave para entender cómo es un país para todos y todas, sin centralismos, sin caprichos y con sensibilidad social y responsabilidad total”.

 

Política

Encuentro Misionero apunta al alivio fiscal y reclama a Nación bajar el IVA

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La suspensión del pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en controles fiscales en ruta quedó formalmente reglamentada este martes a partir de su publicación en el Boletín Oficial. La medida fue una de las primeras discusiones que se dieron tras el surgimiento del espacio político Encuentro Misionero, junto con el planteo de avanzar en un esquema de alivio impositivo más amplio que también incluye reclamos a la Nación para reducir el IVA, Ganancias y otros tributos nacionales.

La iniciativa tuvo un proceso de análisis y consideración entre los distintos sectores que integran el nuevo espacio político misionero, donde se consensuó la necesidad de reducir la carga tributaria sobre la actividad económica, tanto a nivel provincial como nacional. Se trató de uno de los primeros ejes de trabajo en la búsqueda de respuestas a un contexto macroeconómico marcado por la recesión y la pérdida de poder adquisitivo.

La propuesta fue anunciada por el Poder Ejecutivo el viernes 1 de mayo, en la apertura de sesiones ordinarias, y ahora se prevé que el instrumento sea girado a la Legislatura para su tratamiento y validación, en línea con el esquema institucional que rige este tipo de reformas.

En ese marco, la Cámara de Representantes de Misiones se consolidó en los últimos años como un ámbito central de articulación política e institucional. Bajo las presidencias de Carlos Rovira, Oscar Herrera Ahuad y actualmente Sebastián Macías, el cuerpo legislativo mantuvo un rol clave en la construcción de consensos y en la generación de herramientas de gestión para el Poder Ejecutivo. Entre ellas, se destaca la temprana aprobación anual del presupuesto, considerada una pieza central para garantizar previsibilidad en la administración.

En ese esquema institucional, Encuentro Misionero —espacio político con origen en la Legislatura— se consolidó como un ámbito de articulación que no solo canaliza debates internos, sino que también aporta cohesión política al misionerismo y respaldo al Ejecutivo en la definición de medidas económicas. Su dinámica interna permitió que propuestas como la suspensión del pago a cuenta de Ingresos Brutos encuentren consenso político previo y viabilidad institucional, integrando discusión legislativa, acuerdo político y posterior implementación administrativa.

Rige desde el 1 de julio

En ese contexto, el Ministerio de Hacienda de Misiones publicó este martes en el Boletín Oficial la Resolución 329 que reglamenta la suspensión del pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en controles fiscales en ruta. La medida, que entrará en vigencia el 1 de julio de 2026, define el alcance del régimen especial. Además, establece qué contribuyentes quedarán excluidos y detalla los nuevos procedimientos administrativos.

La resolución se enmarca en el Decreto N° 713/2026 y en las facultades otorgadas por la Ley VII – N° 107. En ese sentido, la Provincia avanzó en la implementación de un régimen excepcional y temporal, que apunta a reducir la carga operativa tanto para los contribuyentes como para la Agencia Tributaria Misiones (ATM), en un contexto de inestabilidad económica.

En concreto, se dispuso la suspensión parcial de varios artículos de la Resolución General N° 056/2007, vinculada al pago a cuenta en controles de mercadería, mientras que la Resolución General N° 044/2021 continuará vigente, salvo en los aspectos específicamente modificados. La medida tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con prórroga automática durante el primer semestre de 2027.

El 95% de contribuyentes excluidos 

Uno de los puntos centrales es la exclusión automática de contribuyentes que, durante el ejercicio fiscal anterior, hayan registrado pagos a cuenta por un monto igual o inferior a 10 millones de pesos. Este universo que alcanza al 95% del total quedará exceptuado del régimen y no deberá abonar anticipos, aunque sí tendrá que cumplir con obligaciones informativas mínimas en los puestos de control.

Además, estos contribuyentes estarán liberados de presentar la declaración jurada informativa mensual (SR-343), pero deberán exhibir el formulario SR-341 con carácter informativo junto con la documentación respaldatoria de las operaciones.

Por otro lado, quienes superen el umbral de los 10 millones de pesos continuarán dentro del régimen, aunque con modificaciones. En estos casos, el pago a cuenta se realizará bajo un sistema global equivalente al 75% del impuesto determinado en el anteúltimo mes, con vencimiento el día 25 del mes correspondiente.

La resolución también contempla situaciones particulares. Por ejemplo, los nuevos contribuyentes quedarán excluidos del régimen durante los primeros tres meses desde su inscripción. Luego, la ATM evaluará su comportamiento fiscal para determinar si continúan fuera del sistema o deben incorporarse.

En paralelo, se estableció un mecanismo de regularización para contribuyentes no inscriptos detectados en controles en ruta. Si regularizan su situación, serán considerados como nuevos contribuyentes y podrán acceder a los beneficios del régimen.

Otro aspecto relevante es la creación de padrones actualizados mensualmente, donde se clasificará a los contribuyentes como incluidos, excluidos o nuevos. Esta segmentación será clave para definir las obligaciones en cada caso.

En cuanto a los controles, el transportista deberá presentar la documentación correspondiente según la categoría del contribuyente. Esto incluye comprobantes de pago, formularios informativos y respaldos de las operaciones. La responsabilidad de proveer esta documentación recaerá en quien contrate el servicio de transporte.

Asimismo, la normativa endurece las sanciones por incumplimiento. La falta de presentación o la adulteración de formularios podrá derivar en multas e incluso en la reincorporación automática al régimen general, perdiendo los beneficios de simplificación.

Finalmente, desde el Ministerio de Hacienda remarcaron que la medida no elimina los regímenes vigentes, sino que los flexibiliza de manera temporal. El objetivo, indicaron, es aliviar costos, reducir burocracia y fomentar la actividad económica sin modificar la estructura tributaria de fondo.

Encuentro Misionero tuvo su lanzamiento oficial: “Es un equipo fuerte”

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UCR sobre ordenanza por SAMSA: “Jair Dib miente, ni los suyos lo respaldaron”

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UCR sobre ordenanza por SAMSA: “Jair Dib miente, ni los suyos lo respaldaron”

Luego de que el concejal Jair Dib (Encuentro Misionero) responsabilizara a Judith Salom (Unión Cívica Radical) y a Pablo Argañaraz (La Libertad Avanza) por el fracaso de su proyecto de ordenanza, tratado en la sesión ordinaria del último jueves, que tenía como objetivo exigir a la empresa Servicios de Aguas de Misiones Sociedad Anónima (SAMSA) la instalación de bloqueadores de aire en todas las conexiones domiciliarias, el Comité Posadas del partido centenario salió al cruce y lo calificó de “irresponsable” y “cobarde”.

“El concejal posadeño Jair Dib miente y busca culpables donde no los hay”, expresó el Comité de la UCR en el comunicado publicado este martes en sus redes oficiales, donde además señaló que el edil oficialista acusó a la concejal Salom por una ordenanza “que ni su propio bloque acompañó”.

En otra línea, el radicalismo posadeño remarcó que “ni los suyos lo respaldaron” y agregó que “lo cierto es que el propio concejal Dib no contó con el acompañamiento de su bloque, ya que los concejales –Héctor- Cardozo, –Samira- Almirón, –Laura- Traid, –Luciana- Scromeda, –Malena-Mazal y -Daniel- Vigo no apoyaron la iniciativa”.

De esta manera, el Comité afirmó que la acusación del ex presidente del Concejo Deliberante capitalino “no solo es falsa”, sino que además “busca desviar la atención de un problema estructural que venimos señalando desde hace años”.

Tras respaldar a la concejal Salom, que estuvo presente en el recinto el último jueves, aunque se ausento de su banca al momento de la votación del proyecto sobre SAMSA, la UCR sostuvo que el partido “ha denunciado” de manera “sostenida” los “abusos” en las prestaciones de servicios públicos “desde el inicio del actual modelo de gestión renovador”.

Por último, el Comité exigió “dejar de lado las acciones con claros fines electoralistas” para trabajar con “seriedad, responsabilidad y compromiso en los problemas de la gente”.

La iniciativa de Jair Dib fue rechazada en la última sesión ordinaria, tras cosechar seis abstenciones del bloque oficialista y cinco votos afirmativos de la oposición. El concejal de Encuentro Misionero responsabilizó a Salom y Argañaraz por el resultado y pidió sanciones en sus dietas, ya que ninguno de los dos estuvo presente al momento de la votación.

En cuanto a Argañaraz, se retiró del recinto minutos antes de que se tratara el proyecto sobre SAMSA, luego de un cruce con la concejal Luciana Scromeda en torno a la aprobación del Balance Municipal 2025.

 

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Martín Goerling: “Nosotros estamos en contra de la eliminación de las PASO”

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Goerling

El senador nacional del PRO Misiones Martín Goerling confirmó que votará en contra del proyecto del Poder Ejecutivo que busca eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en el marco de la reforma electoral que será debatida en el Congreso.

“Nosotros estamos en contra de la eliminación de las PASO”, afirmó el legislador en declaraciones a AM Radio Del Plata. Al mismo tiempo, el jefe del bloque del PRO en el Senado planteó que su espacio está dispuesto a discutir cambios en el sistema: “Creemos que hay que hacer algunos cambios, modernizarlo y mejorar la herramienta, pero no eliminarla”.

En la entrevista, Goerling sostuvo que sin las PASO “el que tiene más recursos gana automáticamente” y advirtió que los partidos pequeños y los candidatos alternativos quedarían fuera de competencia antes de ser conocidos por el electorado.

En ese sentido, el senador señaló que las primarias permiten ordenar la competencia interna: “Las PASO fuerzan una competencia real dentro de cada espacio político. Todos en iguales condiciones. Todos con chance de que la gente los vea y elija”.

El legislador también planteó la necesidad de introducir cambios en el sistema electoral. Entre sus propuestas mencionó elevar los pisos de participación para los partidos, reducir la cantidad de estructuras políticas, revisar el financiamiento, discutir los espacios publicitarios gratuitos y analizar la obligatoriedad del sistema.

“Hay que terminar con la cantidad de sellos. Hay que discutir el financiamiento, los espacios publicitarios gratuitos y la obligatoriedad, pero hay que dejar la herramienta para poder dirimir en los espacios políticos las ofertas electorales”, sostuvo.

Reforma Electoral

Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) fueron creadas en 2009 durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y se implementaron por primera vez en 2011. Permiten definir las candidaturas dentro de cada fuerza política antes de las elecciones generales y se caracterizan por ser abiertas, simultáneas y obligatorias.

El proyecto del oficialismo denominado Ley de Reforma para el Fortalecimiento Electoral incluye, además de la eliminación de las PASO, una reforma de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y cambios en el financiamiento electoral, con el objetivo de modificar el esquema de participación y organización de los partidos.

Para avanzar con la iniciativa, el gobierno necesita mayoría absoluta en ambas Cámaras: 37 senadores y 129 diputados. En ese escenario, distintos bloques ya expresaron posiciones contrarias.

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