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Spinelli y vicegobernadores a Milei: “Deje de tener de rehenes a los argentinos”

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Spinelli Milei

En un comunicado de cuatro páginas, titulado “En la sociedad se invierte, no se gasta”, dado a conocer este lunes, diez vicegobernadores de varias provincias argentinas, entre los que se cuenta al vicemandatario misionero Lucas Romero Spinelli, reclamaron al presidente Javier Milei por los recortes en las transferencias al interior, como los fondos que complementan los salarios docentes y los subsidios para el transporte público de pasajeros.

En el pronunciamiento, los vicegobernadores no se ahorran cuestionamientos al gobierno, acusan al presidente de actuar por “venganza política” contra gobernadores e intendentes, por “no estar de acuerdo con otorgarle a nadie la suma del poder público”.

“Le pedimos al presidente Javier Milei que deje de tener de rehenes a las y los argentinos”, señala el documento en uno de sus tramos más críticos a la gestión del mandatario que por estas horas continúa su visita oficial a Italia.

Romero Spinelli suscribió el comunicado junto a sus pares de Buenos Aires, Verónica Magario; Catamarca, Rubén Dusso; La Rioja, Teresita Madera; La Pampa, Alicia Mayoral; Santiago del Estero, Carlos Silva Neder; Salta, Antonio Marocco; Río Negro, Pedro Pesatti; Formosa, Eber Solis; y de Jujuy, Alberto Bernis.

El comunicado aparece en medio del conflicto del presidente con los gobernadores por la caída de la Ley Ómnibus, la semana pasada en la Cámara de Diputados, tras lo cual Milei acusó de “delincuentes” y “traidores” a los mandatarios provinciales y los parlamentarios que votaron contra el proyecto en el recinto.

“Avanzada despiadada”

“Vicegobernadoras y Vicegobernadores de la República Argentina abajo firmantes manifestamos nuestra enorme preocupación ante la despiadada avanzada del Gobierno nacional, sin precedentes en nuestra historia democrática, en contra de las y los trabajadores de todas las áreas, empresarios pymes, productores, profesionales, docentes, emprendedores, jóvenes, comerciantes, niñas y niños, jubiladas y jubilados, al tiempo que alertamos por la feroz carga sobre la institucionalidad de nuestro país y el desprecio por el sistema federal que nos rige”, reza el documento en su primer párrafo.

“Desde el gobierno central se siguen promoviendo políticas e instrumentando medidas que en dos meses han empeorado inmensamente una situación que era muy complicada y que precisaba mesura, conocimientos, experiencia, gran responsabilidad y una extrema empatía por las y los argentinos, en particular en los sectores más vulnerados por las dificultades no superadas en los últimos años”, continúa.

“En cambio –señala–, el método elegido ha sido aumentar las dificultades, privar de derechos, alimentar la inflación, desproteger a quienes el Estado debe proteger y tomar “venganzas políticas”, como la decisión de no girar a las provincias los fondos para complementar los salarios docentes y los subsidios para el transporte público de pasajeros, medidas que sufren las vecinas y los vecinos y que no tiene lógica ni sentido, más que esa ya enunciada e irracional “venganza política” en contra de gobernadores e intendentes responsabilizados por no estar de acuerdo con otorgarle a nadie la suma del poder público”.

El comunicado de los vicegobernadores considera que la decisión del presidente de suspender la transferencia del Fonid, el Fondo de Incentivo Docentes, constituye un “ataque hacia las familias de nuestras provincias”.

“EI Fonid durante enero fue prácticamente el único rubro de las transferencias discrecionales a las provincias que siguió devengando importes (por el pago de salarios, etc.), pero el Ejecutivo solo transfirió a nuestras provincias menos del 1% del importe para el concepto de Educación”, expone el documento.

“Cuando se liquidaron los salarios de enero, los docentes hubieran visto en sus recibos de sueldo una disminución de sus ingresos, lo que no sucedió porque que los gobiernos provinciales compensaron ese adicional”, aclara.

“Esta es una situación extremadamente grave responsabilidad única del presidente de la Nación”, denuncia.

“EI Fonid tiene 26 años en Argentina. Es un componente del salario en un país donde muchas provincias tienen un alto componente de sus presupuestos destinados a salarios”, explican los vicemandatarios.

“Es necesaria la presencia del Estado reintegrando por esa vía parte de lo que producen las provincias”, reclaman.

Según se precisa, se trata de un fondo de más de $14.500 millones mensuales. “Es una suma imposible de compensar mantenida en el tiempo, como claramente se advierte, ya que es claro que con nuestros ingresos recortados y con la enorme caída de la actividad económica este aporte de las provincias no podrá sostenerse en el mediano plazo”, alertan.

“Lo que hay que hacer”

En otro tramo del pronunciamiento, los vicegobernadores apuntan al anuncio de suspensión del Fondo Compensador para el Transporte del Interior, que aporta al subsidio del boleto de colectivos en las provincias, y acusan al gobierno de desfinanciar el sistema a contramano de los que sucede en los principales países del mundo.

“Es imprescindible señalar que los gobiernos apoyan los servicios de transporte público en todo el mundo con el objetivo de ayudar a la población y mejorar el medio ambiente”, afirman los vicegobernadores.

“El impacto social es relevante en los países en desarrollo donde la movilidad es sensible a los precios”, argumentan y explican: “Los sistemas de transporte muy raramente funcionan sin ser subsidiados en un porcentaje significativo por el Estado”.

“Es importante definir modalidades de asignación de subsidios que combinen la eficiencia fiscal con la equidad social y generen, al mismo tiempo, los incentivos necesarios para que los operadores provean un servicio adecuado”, sostiene el documento.

“Brasil, Canadá, Chile, Alemania, España, Reino Unido, Uruguay y Estados Unidos, por citar sólo algunos ejemplos, subsidian la actividad haciéndose cargo los estados nacionales de más del 50% de la tarifa”, expone y comenta: “En muchos países, como Brasil y Estados Unidos entre los arriba citados, hay muchas ciudades en las cuales el transporte público es totalmente gratuito”.

“En el Reino Unido se han congelado las tarifas hasta 2025 por el alza del costo de vida”, apunta.

“El respaldo financiero estatal no solo fortalece la infraestructura del transporte, sino que también ofrece un apoyo vital a los trabajadores”, sostiene el comunicado y señala: “Este subsidio marca una diferencia significativa en la vida laboral de miles de personas”.

“La reducción de costos en los desplazamientos diarios al trabajo libera recursos económicos para los trabajadores, lo que a su vez mejora su calidad de vida”, afirman los vicegobernadores y argumentan: “Además, la confiabilidad y eficiencia del transporte público respaldado por subsidios contribuyen a la puntualidad y la productividad laboral”.

“Pero aquí, en nuestro país, con argumentaciones difíciles de sostener con un mínimo de seriedad, se decide no hacer lo que en el mundo hacen países desarrollados o países en desarrollo”, reclaman y sostienen: “Lo que hacen nuestros vecinos, lo que nadie duda que hay que hacer, subsidiar al transporte público”.

Los vicegobernadores argumentan que diversos especialistas del mundo en la materia han concluido que el transporte público “no es rentable si se observa toda la ecuación, que incluye mayor cantidad de vehículos, que otorgan frecuencias más cortas, y que significan inversión en unidades y renovación periódica”.

“El costo del pasaje que pagan los usuarios jamás hará rentable a ese ‘negocio’. Valga lo que valga”, señala el comunicado y concluye: “Por eso, como en todo el mundo se entiende, debe estar presente el Estado”.

En otro tramo del texto, los vicegobernadores preguntan al presidente que destino dará “a los $104.000 millones que está recortando” y responden: “No a la asistencia alimentaria, como estamos viendo que sucede con los comedores comunitarios; no a la salud pública, no a la educación pública, no a la generación de puestos de trabajo, no a la concreción de obra pública de infraestructura. ¿Entonces?”.

“Ya hemos visto los resultados de las privatizaciones encaradas en los años ‘90. Ya hemos visto la falta de inversión de las grandes empresas eléctricas en períodos en los que tuvieron enormes ganancias y esos dólares salieron del país y no se transformaron en inversiones que evitaran que hoy aún haya cortes de suministro”, reseñaron.

“Hasta aquí, de una u otra manera, los gobiernos nacionales no sólo evitaron que la gente pagara tarifas desmesuradas, sino que se aportaron fondos para inversiones que los privados no estaban dispuestos a hacer y que si no se realizaban significaban una crisis terminal del sistema”, afirman.

“Con respeto y con firmeza, le pedimos al presidente Milei que deje de tener de rehenes a las y los argentinos en sus batallas políticas y que no atente contra su calidad de vida como lo está haciendo”, exigen los vicemandatarios.

“La Argentina es la suma de las provincias que la componen”, afirman en el final y cierran: “Reiteramos este concepto que es clave para entender cómo es un país para todos y todas, sin centralismos, sin caprichos y con sensibilidad social y responsabilidad total”.

 

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Rechazan proyecto de bloqueadores de aire en cañerías de SAMSA

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Rechazan proyecto de bloqueadores de aire en cañerías de SAMSA

Con seis abstenciones y cinco votos afirmativos, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Posadas rechazó el proyecto de ordenanza del concejal Jair Dib, para que la Municipalidad obligue a la empresa Servicios de Aguas de Misiones Sociedad Anónima (SAMSA) a instalar bloqueadores de aire en todas las conexiones domiciliarias.

La iniciativa había obtenido dictamen favorable de la Comisión de Obras Públicas y Urbanismo, presidida por el edil Héctor Cardozo, y en la sesión ordinaria de este jueves ingresó al Orden del Día para ser sometida a votación, junto con un proyecto de la concejal Valeria Gómez de Oliveira, que abordaba otras problemáticas vinculadas a la prestadora del servicio de agua potable en la ciudad.

Al momento de la votación, en el recinto reinaba la tensión por los cruces entre oficialistas y opositores por la aprobación del Balance Municipal 2025. Un último intercambio entrre Luciana Scromeda, presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y el libertario Pablo Argañaraz, hizo que este se retirara del recinto antes de que se votara el proyecto sobre Samsa.

Así las cosas, el resultado contabilizó los votos afirmativos de los concejales Santiago Horianski y María Elena Fernández (LLA); Ángel Mario Martínez (Por la Vida y los Valores); Fernando Zarza (Hacemos); y Jair Dib (Encuentro Misionero), y la abstención de los oficialistas Héctor Cardozo; Samira Almirón; Laura Traid; Luciana Scromeda; Malena Mazal y el presidente del cuerpo, Daniel Vigo.

A la ausencia de Argañaraz, se sumó la de la concejal radical Judith Salom, que se había retirado del recinto segundos antes de la votación y regresó momentos después de que la iniciativa fuera rechazada.

Otra ausente fue la libertaria Valeria Gómez de Oliveira, que tiene licencia por maternidad.

El proyecto para hacer que Samsa coloque bloqueadores de aire en sus cañerías, surgido luego de los múltiples reclamos de los usuarios por sobrefacturaciones, hubiera sido aprobado por una mayoría ajustada si Argañaraz y Salom hubieran estado presentes. El tablero electrónico registró la ausencia del veterinario y anotó, erróneamente, a la edil de la UCR como “abstencion”.

Con todo, Dib responsabilizó del fracaso de su iniciativa a su colega Argañaraz y pidió a los vecinos de Posadas que recuerden que el concejal de LLA “tuvo la oportunidad en sus manos de resolver la situación del aire en las cañerías”.

“El mes que viene, los vecinos de Posadas van a tener que seguir pagando sumas extraordinarias en las facturas y saben de quién va a ser la culpa: del concejal Pablo Argañaraz y, por supuesto, también de la concejal Salom, que se ausentó al momento de la votación”, disparó y solicitó sanciones del cuerpo para ambos.

Sin video

Las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Posadas son transmitidas en vivo por el canal oficial del paralamento capitalino en su cuenta de YouTube.

Las reuniones se graban completas y, una vez finalizada la transmisión, el material queda disponible de manera automática.

Sin embargo, el audiovisual de la reunión general de este jueves quedó poco tiempo disponible hasta ser borrado del sitio.

Al finalizar esta nota, el video de la sesión no fue publicado. De las consultas realizadas por LVM se supo que “están procesando el material para subirlo”, según confió un asesor del área.

Quedará saber si la sesión se publica completa, o no.

 

Cruces en el Concejo por dos proyectos para exigir mejoras a Samsa

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Carlos Arce reclamó a Caputo por deudas y obras inconclusas en Misiones

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Caputo

El senador Carlos Arce participó de la reunión de este jueves con el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, quien convocó a un grupo de parlamentarios en el Palacio de Hacienda para discutir consensos que apuntalen el programa económico del gobierno.

Según informó el oficialismo en el sitio web de Encuentro Misionero, “la reunión también fue una oportunidad para poner sobre la mesa las urgencias que estamos atravesando en las provincias”.

En tal sentido, el parlamentario reclamó al ministro de Javier Milei las deudas pendientes del Estado nacional con la provincia, que -según se aseguró- en lo que va del año “ascienden a casi $12.000 millones”, más lo acumulado desde 2019, vinculado al convenio con Anses.

Asimismo, reclamó por la paralización de obras públicas nacionales en la provincia y le recordó a Caputo el convenio de junio de 2024, mencionado ayer por la diputada Yamila Ruiz en la sesión del Congreso con el jefe de Gabinete Manuel Adorni, en que el gobierno se comprometió a reactivar una veintena de proyectos estratégicos que siguen sin concretarse.

“Entre ellos, la Autopista de la Ruta Nacional 12 en el tramo Posadas–San Ignacio, la ampliación del sistema de toma de agua sobre el río Iguazú para garantizar el abastecimiento en Puerto Iguazú y el mantenimiento de la Ruta Nacional 12 en el tramo Corrientes–Misiones”, explicitaron.

Además, le manifestó la preocupación misionera por el cierre del Tesoro Regional del Banco Central en Posadas y le solicitaron “revisar esta decisión, porque no representa un costo significativo para el Estado nacional y su funcionamiento es clave para evitar problemas de disponibilidad de efectivo” en Misiones.

Según informó el oficialismo provincial, Caputo “ratificó la necesidad de sostener el equilibrio fiscal como eje del programa económico”, pero como contrapartida Arce le insistió en que “las decisiones nacionales tienen impacto directo en las economías regionales y la falta de respuestas concretas está agravando la situación productiva y financiera en el interior”.

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Ficha Limpia en Misiones: no admitirán a morosos, infractores y condenados

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Ficha Limpia

La provincia de Misiones avanza en su propio proyecto de Ficha Limpia y establece condiciones más amplias que las discutidas a nivel nacional. Días atrás la iniciativa fue anticipada por el diputado renovador Carlos Eduardo Rovira y propone fuertes restricciones para el acceso a cargos públicos electivos.

En ese sentido, presenta bloqueos automáticos a candidaturas provinciales y municipales por múltiples causales que abarcan no solo delitos de corrupción, sino también faltas penales, fiscales y administrativas.

El proyecto determina que no podrán ser candidatos quienes tengan condenas a pena privativa de libertad -aunque la sentencia no esté firme o sea de cumplimiento en suspenso- por delitos contra la administración pública, el orden económico y financiero, democrático, la seguridad pública, delitos contra las personas, la propiedad, la fe pública, el ambiente y también por crueldad o maltrato animal.

Entre los delitos comprendidos se incluyen cohecho, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito, además de delitos económicos, corrupción institucional y ataques al sistema democrático.

También fija una cláusula electoral clave: la condena deberá haber sido dictada antes del 31 de diciembre del año previo a los comicios para impedir la candidatura en ese turno. Si la condena ocurre después del 1° de enero del año electoral, la inhabilitación se aplicará para procesos posteriores. La inelegibilidad inicia desde la fecha de la condena y se mantiene hasta su revocación o cumplimiento de la pena.

A su vez, las restricciones alcanzarán a quienes figuren como deudores alimentarios, mantengan deudas exigibles con el fisco provincial o municipal, o registren tres o más infracciones graves de tránsito en los dos años previos a la oficialización de candidaturas.

Asimismo, incluye a los ciberdelitos como causal de inelegibilidad. Quedarán inhabilitadas las personas con requerimiento de elevación a juicio o prisión preventiva por delitos como grooming, distribución de material de abuso sexual infantil, acceso ilegítimo a sistemas informáticos o fraudes digitales.

Otro de los puntos del proyecto es la obligatoriedad de presentar un certificado de aptitud toxicológica al momento de oficializar las listas. El estudio deberá incluir análisis sobre distintas matrices biológicas. En caso de antecedentes de consumo problemático, se requerirá acreditar alta terapéutica.

La autoridad de aplicación será el Tribunal Electoral de Misiones, que tendrá facultades para verificar antecedentes, rechazar candidaturas y establecer mecanismos de control mediante el cruce de información con otros organismos. Antes de adoptar una decisión, deberá garantizar al postulante un plazo para realizar descargos.

Los ciudadanos podrán sancionar a los partidos

El documento prevé un mecanismo de impugnación ciudadana, con el que cualquier ciudadano inscripto en el padrón podrá impugnar candidaturas si detecta incumplimientos.

En paralelo, establece responsabilidades para los partidos políticos, que deberán verificar previamente que sus candidatos no se encuentren alcanzados por las causales de inhabilitación, ya que el incumplimiento de las mismas podrá derivar en sanciones que incluyen multas, exclusión del proceso electoral o la pérdida de la personería jurídica.

En sus fundamentos, el proyecto señala que la intención es “fortalecer el marco institucional de la Provincia de Misiones” y garantizar que quienes aspiren a representar a la ciudadanía reúnan “condiciones acordes a la responsabilidad pública que pretenden ejercer”. 

El proyecto se inscribe en el contexto de un año electoral en el que la discusión sobre transparencia institucional y elevar el estándar de acceso a la función pública vuelven a ocupar un lugar central en la agenda pública.

ficha limpia
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