Política
Spinelli y vicegobernadores a Milei: “Deje de tener de rehenes a los argentinos”
En un comunicado de cuatro páginas, titulado “En la sociedad se invierte, no se gasta”, dado a conocer este lunes, diez vicegobernadores de varias provincias argentinas, entre los que se cuenta al vicemandatario misionero Lucas Romero Spinelli, reclamaron al presidente Javier Milei por los recortes en las transferencias al interior, como los fondos que complementan los salarios docentes y los subsidios para el transporte público de pasajeros.
En el pronunciamiento, los vicegobernadores no se ahorran cuestionamientos al gobierno, acusan al presidente de actuar por “venganza política” contra gobernadores e intendentes, por “no estar de acuerdo con otorgarle a nadie la suma del poder público”.
“Le pedimos al presidente Javier Milei que deje de tener de rehenes a las y los argentinos”, señala el documento en uno de sus tramos más críticos a la gestión del mandatario que por estas horas continúa su visita oficial a Italia.
Romero Spinelli suscribió el comunicado junto a sus pares de Buenos Aires, Verónica Magario; Catamarca, Rubén Dusso; La Rioja, Teresita Madera; La Pampa, Alicia Mayoral; Santiago del Estero, Carlos Silva Neder; Salta, Antonio Marocco; Río Negro, Pedro Pesatti; Formosa, Eber Solis; y de Jujuy, Alberto Bernis.
El comunicado aparece en medio del conflicto del presidente con los gobernadores por la caída de la Ley Ómnibus, la semana pasada en la Cámara de Diputados, tras lo cual Milei acusó de “delincuentes” y “traidores” a los mandatarios provinciales y los parlamentarios que votaron contra el proyecto en el recinto.
COMUNICADO DE VICEGOBERNADORES Y VICEGOBERNADORAS
Repudiamos el avance sin precedentes del Gobierno nacional contra trabajadores, pymes, jóvenes, niños/as, docentes y jubilados, y alertamos por la carga contra nuestra institucionalidad y el desprecio a nuestro sistema federal. pic.twitter.com/PMNX5qz4ow
— Verónica Magario (@magariovero) February 11, 2024
“Avanzada despiadada”
“Vicegobernadoras y Vicegobernadores de la República Argentina abajo firmantes manifestamos nuestra enorme preocupación ante la despiadada avanzada del Gobierno nacional, sin precedentes en nuestra historia democrática, en contra de las y los trabajadores de todas las áreas, empresarios pymes, productores, profesionales, docentes, emprendedores, jóvenes, comerciantes, niñas y niños, jubiladas y jubilados, al tiempo que alertamos por la feroz carga sobre la institucionalidad de nuestro país y el desprecio por el sistema federal que nos rige”, reza el documento en su primer párrafo.
“Desde el gobierno central se siguen promoviendo políticas e instrumentando medidas que en dos meses han empeorado inmensamente una situación que era muy complicada y que precisaba mesura, conocimientos, experiencia, gran responsabilidad y una extrema empatía por las y los argentinos, en particular en los sectores más vulnerados por las dificultades no superadas en los últimos años”, continúa.
“En cambio –señala–, el método elegido ha sido aumentar las dificultades, privar de derechos, alimentar la inflación, desproteger a quienes el Estado debe proteger y tomar “venganzas políticas”, como la decisión de no girar a las provincias los fondos para complementar los salarios docentes y los subsidios para el transporte público de pasajeros, medidas que sufren las vecinas y los vecinos y que no tiene lógica ni sentido, más que esa ya enunciada e irracional “venganza política” en contra de gobernadores e intendentes responsabilizados por no estar de acuerdo con otorgarle a nadie la suma del poder público”.
El comunicado de los vicegobernadores considera que la decisión del presidente de suspender la transferencia del Fonid, el Fondo de Incentivo Docentes, constituye un “ataque hacia las familias de nuestras provincias”.
“EI Fonid durante enero fue prácticamente el único rubro de las transferencias discrecionales a las provincias que siguió devengando importes (por el pago de salarios, etc.), pero el Ejecutivo solo transfirió a nuestras provincias menos del 1% del importe para el concepto de Educación”, expone el documento.
“Cuando se liquidaron los salarios de enero, los docentes hubieran visto en sus recibos de sueldo una disminución de sus ingresos, lo que no sucedió porque que los gobiernos provinciales compensaron ese adicional”, aclara.
“Esta es una situación extremadamente grave responsabilidad única del presidente de la Nación”, denuncia.
“EI Fonid tiene 26 años en Argentina. Es un componente del salario en un país donde muchas provincias tienen un alto componente de sus presupuestos destinados a salarios”, explican los vicemandatarios.
“Es necesaria la presencia del Estado reintegrando por esa vía parte de lo que producen las provincias”, reclaman.
Según se precisa, se trata de un fondo de más de $14.500 millones mensuales. “Es una suma imposible de compensar mantenida en el tiempo, como claramente se advierte, ya que es claro que con nuestros ingresos recortados y con la enorme caída de la actividad económica este aporte de las provincias no podrá sostenerse en el mediano plazo”, alertan.
“Lo que hay que hacer”
En otro tramo del pronunciamiento, los vicegobernadores apuntan al anuncio de suspensión del Fondo Compensador para el Transporte del Interior, que aporta al subsidio del boleto de colectivos en las provincias, y acusan al gobierno de desfinanciar el sistema a contramano de los que sucede en los principales países del mundo.
“Es imprescindible señalar que los gobiernos apoyan los servicios de transporte público en todo el mundo con el objetivo de ayudar a la población y mejorar el medio ambiente”, afirman los vicegobernadores.
“El impacto social es relevante en los países en desarrollo donde la movilidad es sensible a los precios”, argumentan y explican: “Los sistemas de transporte muy raramente funcionan sin ser subsidiados en un porcentaje significativo por el Estado”.
“Es importante definir modalidades de asignación de subsidios que combinen la eficiencia fiscal con la equidad social y generen, al mismo tiempo, los incentivos necesarios para que los operadores provean un servicio adecuado”, sostiene el documento.
“Brasil, Canadá, Chile, Alemania, España, Reino Unido, Uruguay y Estados Unidos, por citar sólo algunos ejemplos, subsidian la actividad haciéndose cargo los estados nacionales de más del 50% de la tarifa”, expone y comenta: “En muchos países, como Brasil y Estados Unidos entre los arriba citados, hay muchas ciudades en las cuales el transporte público es totalmente gratuito”.
“En el Reino Unido se han congelado las tarifas hasta 2025 por el alza del costo de vida”, apunta.
“El respaldo financiero estatal no solo fortalece la infraestructura del transporte, sino que también ofrece un apoyo vital a los trabajadores”, sostiene el comunicado y señala: “Este subsidio marca una diferencia significativa en la vida laboral de miles de personas”.
“La reducción de costos en los desplazamientos diarios al trabajo libera recursos económicos para los trabajadores, lo que a su vez mejora su calidad de vida”, afirman los vicegobernadores y argumentan: “Además, la confiabilidad y eficiencia del transporte público respaldado por subsidios contribuyen a la puntualidad y la productividad laboral”.
“Pero aquí, en nuestro país, con argumentaciones difíciles de sostener con un mínimo de seriedad, se decide no hacer lo que en el mundo hacen países desarrollados o países en desarrollo”, reclaman y sostienen: “Lo que hacen nuestros vecinos, lo que nadie duda que hay que hacer, subsidiar al transporte público”.
Los vicegobernadores argumentan que diversos especialistas del mundo en la materia han concluido que el transporte público “no es rentable si se observa toda la ecuación, que incluye mayor cantidad de vehículos, que otorgan frecuencias más cortas, y que significan inversión en unidades y renovación periódica”.
“El costo del pasaje que pagan los usuarios jamás hará rentable a ese ‘negocio’. Valga lo que valga”, señala el comunicado y concluye: “Por eso, como en todo el mundo se entiende, debe estar presente el Estado”.
En otro tramo del texto, los vicegobernadores preguntan al presidente que destino dará “a los $104.000 millones que está recortando” y responden: “No a la asistencia alimentaria, como estamos viendo que sucede con los comedores comunitarios; no a la salud pública, no a la educación pública, no a la generación de puestos de trabajo, no a la concreción de obra pública de infraestructura. ¿Entonces?”.
“Ya hemos visto los resultados de las privatizaciones encaradas en los años ‘90. Ya hemos visto la falta de inversión de las grandes empresas eléctricas en períodos en los que tuvieron enormes ganancias y esos dólares salieron del país y no se transformaron en inversiones que evitaran que hoy aún haya cortes de suministro”, reseñaron.
“Hasta aquí, de una u otra manera, los gobiernos nacionales no sólo evitaron que la gente pagara tarifas desmesuradas, sino que se aportaron fondos para inversiones que los privados no estaban dispuestos a hacer y que si no se realizaban significaban una crisis terminal del sistema”, afirman.
“Con respeto y con firmeza, le pedimos al presidente Milei que deje de tener de rehenes a las y los argentinos en sus batallas políticas y que no atente contra su calidad de vida como lo está haciendo”, exigen los vicemandatarios.
“La Argentina es la suma de las provincias que la componen”, afirman en el final y cierran: “Reiteramos este concepto que es clave para entender cómo es un país para todos y todas, sin centralismos, sin caprichos y con sensibilidad social y responsabilidad total”.
Política
Proponen asistencia económica a pacientes con patologías graves sin ingresos
El diputado provincial del Partido Agrario y Social (PAyS), Héctor Cacho Bárbaro, propuso esta tarde en la sesión de la Legislatura la creación, a través de una ley, de un régimen de asistencia económica a pacientes oncológicos y de otras patologías graves que no cuenten con ingresos.
La iniciativa busca la creación del Régimen Provincial de Asistencia Económica para Personas con Enfermedades Oncológicas y Otras Enfermedades Graves de Alto Costo, destinado a garantizar un ingreso mínimo a aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social, a fin de asegurar la continuidad y dignidad de los tratamientos.
“Yo sé que a los libertarios esto no les gusta, no les cae bien”, dijo Bárbaro en su alocución de esta tarde en la Cámara.
“Me acuerdo en un acto de (Javier) Milei, donde dijo ‘venimos a terminar con el verso de que donde hay una necesidad nace un derecho, porque aumenta el gasto público”, agregó el legislador del PAyS y preguntó: “¿Qué hacemos con esa gente humilde? ¿El Estado tiene que estar ausente?”.
Bárbaro ponderó la “profesionalidad” y la “calidad de la atención del Parque de la Salud” de Misiones, y sostuvo que la demora en los turnos obedece al deterioro social provocado por “el modelo económico” que “destruyó el tejido social”.
“No hay que quejarse de las autoridades del Parque de la Salud, de los médicos, de las enfermeras; hay que quejarse del gobierno de Milei; del gobierno de Karina 3%; del gobierno de Adorni y su cascada”, disparó.
“Misiones hoy tiene 10 mil trabajadores que quedaron sin trabajo desde que asumió Milei. Familias que quedaron sin obra social, que absorbe el hospital público; los gendarmes, el Ejército; el empleado púbico que no tiene para pagar el plus y va al Parque de la Salud; ni hablar de los jubilados, que antes se operaban en clínicas privadas”, afirmó.
“Hay tantos casos de gente muy humilde, pobre, de Pozo Azul, San Pedro, que tienen que venir un día antes, y no tienen un mango en el bolsillo para sostenerse, ni para comer”, describió Bárbaro y planteó: “Mi proyecto apunta a crear una herramienta del Estado provincial para que podamos ayudar a esa gente humilde”.
El diputado del PAyS reconoció que su proyecto, que propone otorgar a los beneficiarios una asistencia económica equivalente a un salario mínimo vital y móvil, “genera erogaciones al Estado provincial” y estimó en “unas 500 familias” el universo de destinatarios.
“Sabemos que la provincia atraviesa una crisis de recursos de la Nación, recortes de coparticipación”, dijo Bárbaro y pidió: “Espero que busquemos la forma de concretarlo”.
“Vos le escuchas al gobierno diciendo que no hay plata, pero vemos cómo le sacan impuestos a los bienes de lujo y a los pobres no le dan para tratar su enfermedad”, se quejó.
LEY AYUDA ECONOMICA A PACIENTES ONCOLOGICOS
Política
Proponen disolver el EPRAC y crear una Defensoría del Agua
El diputado provincial Santiago Koch (Unión Cívica Radical) presentó un proyecto de ley que propone la disolución del Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas (EPRAC) y la creación de una nueva Defensoría del Usuario del Agua (DUA), dependiente del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos.
“Con este proyecto vamos a ser claros: le decimos chau al EPRAC, y no solamente porque es una cuestión administrativa, sino porque consideramos que Misiones tiene un ente que cobra una tasa, que tiene un directorio y vocalías, pero cuando un usuario abre la canilla y no sale agua, ese ente no está o actúa demasiado tarde”, apuntó Koch en su primera alocución como diputado este jueves en la Legislatura misionera.
En esa línea, el legislador radical cuestionó el presupuesto asignado al organismo, presidido por Soledad Balán, y señaló que, tras una ampliación presupuestaria otorgada meses atrás, el EPRAC contará este año con casi 700 millones de pesos para su funcionamiento. Sin embargo, sostuvo que esos recursos “realmente no se verifican en el accionar de este ente”.
Asimismo, Koch planteó que la iniciativa no solo propone la eliminación del EPRAC y la supresión de su directorio y estructura política, sino también quitar la tasa que actualmente pagan los usuarios para financiar el organismo. “El ciudadano debe dejar de pagar por un organismo que no lo defiende”, expresó durante su exposición en la Cámara de Representantes.
En paralelo, afirmó que el proyecto prevé que los recursos liberados sean destinados a la reparación de redes de agua y cloacas, además de atender eventuales emergencias hídricas.
En ese marco, propuso la creación de una Defensoría del Usuario del Agua, con una “estructura mínima y técnica” dependiente de un ministerio, que tenga entre sus funciones recibir reclamos, intervenir y sancionar a empresas prestatarias que incumplan con el servicio.
Sometido a votación, el proyecto de ley del diputado radical obtuvo 38 votos afirmativos y fue girado a la comisión correspondiente para continuar con su tratamiento legislativo.
Problemática del agua
El proyecto impulsado por Koch se da luego de una serie de reclamos vecinales por presuntas irregularidades en la facturación del servicio de agua potable por parte de la empresa Servicios de Aguas de Misiones S. A. (SAMSA).
En marzo pasado, durante una reunión en el Concejo Deliberante de Posadas, la titular del EPRAC, Soledad Balán, reconoció que en algunos casos “hubo aire en las cañerías” y que eso derivó en un aumento del consumo registrado en las boletas, lo que motivó pedidos de refacturación para usuarios afectados.
En paralelo, el Concejo capitalino debatió un proyecto para obligar a la prestataria a instalar válvulas o bloqueadores de aire en los medidores domiciliarios, con el objetivo de evitar que los usuarios paguen por aire acumulado en las cañerías tras cortes del servicio. La iniciativa, presentada por el concejal Jair Dib, finalmente fue rechazada en el recinto a fines de abril, pese a que había obtenido dictamen favorable en comisión.
PROYECTO DE LEY ELIMINACION DEL EPRACPolítica
LLA impulsa enmienda para extender período de sesiones de la Legislatura
El bloque de La Libertad Avanza (LLA) Misiones presentó un proyecto de enmienda constitucional para modificar el artículo 96 de la Carta Magna misionera, referente al período de sesiones de la Legislatura provincial.
El partido que encabeza el diputado Adrián Nuñez, vicepresidente primero de la Cámara, hizo pública la iniciativa en sus redes sociales, mediante un video de la legisladora Samantha Stekler.
“Actualmente, la legislatura sesiona de mayo a octubre; seis meses de actividad ordinaria”, comenta Stekler en el spot, grabado en el frente a la sede legislativa de Villa Sarita.
“A nivel nacional, el Congreso trabaja de marzo a noviembre; y varias provincias adoptaron calendarios similares o más amplios, con mayor continuidad institucional”, agrega.
De hecho, solo Misiones, Santa Fe, Catamarca y Mendoza comienzan sus periodos legislativos el 1º de mayo de cada año. De las cuatro, la tierra colorada es la única que tiene un sistema unicameral; y junto a Santa Fe comparte el mismo calendario legislativo. En Mendoza, el período concluye el 30 de septiembre, y en Catamarca el 30 de noviembre.
“Esto no se trata solo de dictar leyes, el Poder Legislativo cumple funciones de control, seguimiento de políticas públicas y análisis del gasto público”, señala Stekler.
La legisladora argumenta que un periodo de sesiones “acotado” como el misionero, “limita” al Poder Legislativo “para pedir informes, supervisar la ejecución del presupuesto; y en materia de justicia, retrasa los acuerdos para que los nuevos jueces, fiscales y defensores, puedan asumir el cargo”.
“Por ello, desde el bloque de LLA presentamos un proyecto de enmienda constitucional para ampliar el período de sesiones legislativas desde el 1º de marzo al 30 de noviembre, en línea con el esquema nacional”, informa Stekler.
“El objetivo es fortalecer el funcionamiento institucional y mejorar las capacidades de control del Estado”, finaliza.
Mayoría calificada
La figura de la enmienda constitucional está reglamentada en el artículo 178 de la Carta Magna misionera, que establece como requisito el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Cámara de Representantes y la aprobación popular en un referéndum.
El artículo 179, establece que para que “el referéndum se considere válido, se requiere que los votos emitidos hayan sobrepasado el 50% de los electores inscriptos en el Registro Cívico de la Provincia”.
La Constitución misionera también establece que las reformas o enmiendas “no podrán llevarse a cabo, sino con intervalo de dos años”.
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