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Spinelli y vicegobernadores a Milei: “Deje de tener de rehenes a los argentinos”

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Spinelli Milei

En un comunicado de cuatro páginas, titulado “En la sociedad se invierte, no se gasta”, dado a conocer este lunes, diez vicegobernadores de varias provincias argentinas, entre los que se cuenta al vicemandatario misionero Lucas Romero Spinelli, reclamaron al presidente Javier Milei por los recortes en las transferencias al interior, como los fondos que complementan los salarios docentes y los subsidios para el transporte público de pasajeros.

En el pronunciamiento, los vicegobernadores no se ahorran cuestionamientos al gobierno, acusan al presidente de actuar por “venganza política” contra gobernadores e intendentes, por “no estar de acuerdo con otorgarle a nadie la suma del poder público”.

“Le pedimos al presidente Javier Milei que deje de tener de rehenes a las y los argentinos”, señala el documento en uno de sus tramos más críticos a la gestión del mandatario que por estas horas continúa su visita oficial a Italia.

Romero Spinelli suscribió el comunicado junto a sus pares de Buenos Aires, Verónica Magario; Catamarca, Rubén Dusso; La Rioja, Teresita Madera; La Pampa, Alicia Mayoral; Santiago del Estero, Carlos Silva Neder; Salta, Antonio Marocco; Río Negro, Pedro Pesatti; Formosa, Eber Solis; y de Jujuy, Alberto Bernis.

El comunicado aparece en medio del conflicto del presidente con los gobernadores por la caída de la Ley Ómnibus, la semana pasada en la Cámara de Diputados, tras lo cual Milei acusó de “delincuentes” y “traidores” a los mandatarios provinciales y los parlamentarios que votaron contra el proyecto en el recinto.

“Avanzada despiadada”

“Vicegobernadoras y Vicegobernadores de la República Argentina abajo firmantes manifestamos nuestra enorme preocupación ante la despiadada avanzada del Gobierno nacional, sin precedentes en nuestra historia democrática, en contra de las y los trabajadores de todas las áreas, empresarios pymes, productores, profesionales, docentes, emprendedores, jóvenes, comerciantes, niñas y niños, jubiladas y jubilados, al tiempo que alertamos por la feroz carga sobre la institucionalidad de nuestro país y el desprecio por el sistema federal que nos rige”, reza el documento en su primer párrafo.

“Desde el gobierno central se siguen promoviendo políticas e instrumentando medidas que en dos meses han empeorado inmensamente una situación que era muy complicada y que precisaba mesura, conocimientos, experiencia, gran responsabilidad y una extrema empatía por las y los argentinos, en particular en los sectores más vulnerados por las dificultades no superadas en los últimos años”, continúa.

“En cambio –señala–, el método elegido ha sido aumentar las dificultades, privar de derechos, alimentar la inflación, desproteger a quienes el Estado debe proteger y tomar “venganzas políticas”, como la decisión de no girar a las provincias los fondos para complementar los salarios docentes y los subsidios para el transporte público de pasajeros, medidas que sufren las vecinas y los vecinos y que no tiene lógica ni sentido, más que esa ya enunciada e irracional “venganza política” en contra de gobernadores e intendentes responsabilizados por no estar de acuerdo con otorgarle a nadie la suma del poder público”.

El comunicado de los vicegobernadores considera que la decisión del presidente de suspender la transferencia del Fonid, el Fondo de Incentivo Docentes, constituye un “ataque hacia las familias de nuestras provincias”.

“EI Fonid durante enero fue prácticamente el único rubro de las transferencias discrecionales a las provincias que siguió devengando importes (por el pago de salarios, etc.), pero el Ejecutivo solo transfirió a nuestras provincias menos del 1% del importe para el concepto de Educación”, expone el documento.

“Cuando se liquidaron los salarios de enero, los docentes hubieran visto en sus recibos de sueldo una disminución de sus ingresos, lo que no sucedió porque que los gobiernos provinciales compensaron ese adicional”, aclara.

“Esta es una situación extremadamente grave responsabilidad única del presidente de la Nación”, denuncia.

“EI Fonid tiene 26 años en Argentina. Es un componente del salario en un país donde muchas provincias tienen un alto componente de sus presupuestos destinados a salarios”, explican los vicemandatarios.

“Es necesaria la presencia del Estado reintegrando por esa vía parte de lo que producen las provincias”, reclaman.

Según se precisa, se trata de un fondo de más de $14.500 millones mensuales. “Es una suma imposible de compensar mantenida en el tiempo, como claramente se advierte, ya que es claro que con nuestros ingresos recortados y con la enorme caída de la actividad económica este aporte de las provincias no podrá sostenerse en el mediano plazo”, alertan.

“Lo que hay que hacer”

En otro tramo del pronunciamiento, los vicegobernadores apuntan al anuncio de suspensión del Fondo Compensador para el Transporte del Interior, que aporta al subsidio del boleto de colectivos en las provincias, y acusan al gobierno de desfinanciar el sistema a contramano de los que sucede en los principales países del mundo.

“Es imprescindible señalar que los gobiernos apoyan los servicios de transporte público en todo el mundo con el objetivo de ayudar a la población y mejorar el medio ambiente”, afirman los vicegobernadores.

“El impacto social es relevante en los países en desarrollo donde la movilidad es sensible a los precios”, argumentan y explican: “Los sistemas de transporte muy raramente funcionan sin ser subsidiados en un porcentaje significativo por el Estado”.

“Es importante definir modalidades de asignación de subsidios que combinen la eficiencia fiscal con la equidad social y generen, al mismo tiempo, los incentivos necesarios para que los operadores provean un servicio adecuado”, sostiene el documento.

“Brasil, Canadá, Chile, Alemania, España, Reino Unido, Uruguay y Estados Unidos, por citar sólo algunos ejemplos, subsidian la actividad haciéndose cargo los estados nacionales de más del 50% de la tarifa”, expone y comenta: “En muchos países, como Brasil y Estados Unidos entre los arriba citados, hay muchas ciudades en las cuales el transporte público es totalmente gratuito”.

“En el Reino Unido se han congelado las tarifas hasta 2025 por el alza del costo de vida”, apunta.

“El respaldo financiero estatal no solo fortalece la infraestructura del transporte, sino que también ofrece un apoyo vital a los trabajadores”, sostiene el comunicado y señala: “Este subsidio marca una diferencia significativa en la vida laboral de miles de personas”.

“La reducción de costos en los desplazamientos diarios al trabajo libera recursos económicos para los trabajadores, lo que a su vez mejora su calidad de vida”, afirman los vicegobernadores y argumentan: “Además, la confiabilidad y eficiencia del transporte público respaldado por subsidios contribuyen a la puntualidad y la productividad laboral”.

“Pero aquí, en nuestro país, con argumentaciones difíciles de sostener con un mínimo de seriedad, se decide no hacer lo que en el mundo hacen países desarrollados o países en desarrollo”, reclaman y sostienen: “Lo que hacen nuestros vecinos, lo que nadie duda que hay que hacer, subsidiar al transporte público”.

Los vicegobernadores argumentan que diversos especialistas del mundo en la materia han concluido que el transporte público “no es rentable si se observa toda la ecuación, que incluye mayor cantidad de vehículos, que otorgan frecuencias más cortas, y que significan inversión en unidades y renovación periódica”.

“El costo del pasaje que pagan los usuarios jamás hará rentable a ese ‘negocio’. Valga lo que valga”, señala el comunicado y concluye: “Por eso, como en todo el mundo se entiende, debe estar presente el Estado”.

En otro tramo del texto, los vicegobernadores preguntan al presidente que destino dará “a los $104.000 millones que está recortando” y responden: “No a la asistencia alimentaria, como estamos viendo que sucede con los comedores comunitarios; no a la salud pública, no a la educación pública, no a la generación de puestos de trabajo, no a la concreción de obra pública de infraestructura. ¿Entonces?”.

“Ya hemos visto los resultados de las privatizaciones encaradas en los años ‘90. Ya hemos visto la falta de inversión de las grandes empresas eléctricas en períodos en los que tuvieron enormes ganancias y esos dólares salieron del país y no se transformaron en inversiones que evitaran que hoy aún haya cortes de suministro”, reseñaron.

“Hasta aquí, de una u otra manera, los gobiernos nacionales no sólo evitaron que la gente pagara tarifas desmesuradas, sino que se aportaron fondos para inversiones que los privados no estaban dispuestos a hacer y que si no se realizaban significaban una crisis terminal del sistema”, afirman.

“Con respeto y con firmeza, le pedimos al presidente Milei que deje de tener de rehenes a las y los argentinos en sus batallas políticas y que no atente contra su calidad de vida como lo está haciendo”, exigen los vicemandatarios.

“La Argentina es la suma de las provincias que la componen”, afirman en el final y cierran: “Reiteramos este concepto que es clave para entender cómo es un país para todos y todas, sin centralismos, sin caprichos y con sensibilidad social y responsabilidad total”.

 

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LLA sigue sumando concejales del PRO y la UCR en el interior misionero

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Otros cuatro concejales del PRO y la UCR se pasaron a La Libertad Avanza (LLA) Misiones en Garupá, Puerto Rico, Ruiz de Montoya y Capioví, según informó el partido que conduce en la tierra colorada el abogado y legislador provincial electo, Adrián Nuñez.

“Garupá se pinta de violeta”, publicitó LLA en su cuenta de Instagram y subió la foto del concejal Rodolfo Pinino Kuczak, que llegó a la banca en las elecciones de 2023 por la alianza Juntos por el Cambio (JxC), y en la imagen aparece sonriente, mostrando la remera partidaria que recibió con su pase.

“Puerto Rico se pinta de violeta”, reza el posteo con la foto del ingeniero electromecánico Walter Silvano Heck, también del PRO y llegado a la banca en la lista de JxC en 2023, firmando su incorporación a las fuerzas del cielo.

Las frases con la localidad y el color partidario se repiten en otros dos posteos, que dan cuenta de los pases a LLA Misiones, del radical Alejandro Mûller, concejal de Ruíz de Montoya; y Rosmary Nacha Mûller, también de la UCR, edil de Capioví; ambos, electos en 2023 y con mandato hasta 2027.

Más bancas

Con estas últimas incorporaciones, el partido de Nuñez sumó 12 bancas de concejales en distintos distritos de la provincia, más del doble de las ocho que cosechó en las elecciones del 8 de junio pasado, e incluso en municipios que no concurrieron a las urnas.

Así, en Posadas, donde LLA obtuvo dos de las siete bancas en juego, sumó una tercera con la incorporación, esta semana, del radical peluca Pablo Argañaraz, electo para otro período por el Partido Libertario.

Con Argañaraz también se pasó a las fuerzas del cielo la concejal posadeña Valeria Gómez de Oliveira, que deja en diciembre la banca que ganó con la UCR, y que, junto al veterinario, encarnan hoy el mileísmo en el HCD de Posadas.

La ecuación se repite en Eldorado, donde el partido de Nuñez ganó la banca de Esteban Manuel Noller, que asume en diciembre, y sumó, esta semana, al edil macrista Edgard Fernando Montiel, que firmó su ficha de afiliación el lunes; y en Puerto Rico, donde LLA eligió en junio a Fabio Bernardo Graef, y ahora, con la incorporación del ingeniero Heck, que tiene mandato hasta 2027, consiguió una banca más.

La campaña de reclutamiento de Nuñez, le granjeó al partido de los hermanos Milei, concejales en localidades que no renovaron autoridades en junio, como Oberá, donde sumó a la edil del PRO Mara Frontini; Puerto Piray, donde incorporó al ex JxC Javier Melgarejo; San Javier, sumando a las opositoras Mirta Barrios y Carmen Mottard; y Apóstoles, donde afilió a Luciano Rodríguez, hombre del partido Activar, de Pedro Puerta.

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Hartfield cruzó a Safrán por críticas al decreto de Milei sobre el Inym

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El diputado nacional electo de La Libertad Avanza (LLA) Misiones, Diego Hartfield, cruzó al ministro de Hacienda de la provincia, Adolfo Safrán, por su posteo contra el último decreto de Javier Milei sobre el Inym, que se conoció esta semana.

El bróker financiero obereño, que asume su banca en el Congreso el 10 de diciembre, se colgó de una frase del escrito de Safrán, de este jueves en su cuenta de X, donde el ministro reconoció que “incluso frente a la difícil coyuntura que atraviesa el sector, tras la pérdida de capacidades regulatorias del INYM, es interesante oír que todavía haya productores misioneros que cuestionan la eficacia del rol del Instituto para proteger la rentabilidad de los diferentes actores involucrados en la cadena productiva”.

“Usted mismo lo dice: ‘Es interesante oír que todavía haya productores misioneros que cuestionen el Inym’”, se despachó el ex tenista obereño.

“Es mucho más interesante que haya sectores políticos que no escuchen esos cuestionamientos. Saludos, ministro”, chicaneó Hartfield, sin opinar sobre ninguno de los argumentos expuestos por Safrán para desarmar la narrativa libertaria sobre los beneficios de la desregulación del mercado yerbatero.

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Safrán y el Inym: “Desde 2023, el precio de la hoja verde cayó más del 77%”

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El ministro de Hacienda de la provincia, Adolfo Safrán, salió al paso del nuevo decreto presidencial sobre el Inym, que se conoció esta semana, y alertó sobre las consecuencias de la medida en la cadena yerbatera.

“Entender el mercado yerbatero significa que desregularlo perjudicará a la mayoría del sector”, tituló Safrán el análisis que subió esta mañana en su cuenta de X.

“Quien no conoce cómo funciona el mercado yerbatero arriba a conclusiones equivocadas y, en definitiva, impulsa medidas desregulatorias que están perjudicando seriamente a la mayoría del sector”, advierte el ministro en su posteo sobre el Decreto 812/2025, firmado por Milei, el ministro de Economía Luis Toto Caputo y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y publicado en el Boletín Oficial el martes pasado.

“Como observó el gobernador Hugo Passalacqua al respecto, llamando la atención sobre los riesgos de mayor concentración en el sector, únicamente un mercado equilibrado garantiza que todos los actores involucrados en el proceso productivo de la yerba mate puedan vivir de su trabajo”, argumentó Safrán.

“El productor primario de yerba mate no fija el precio de la hoja verde. El valor lo establecen los compradores (secaderos) a partir del precio que reciban de la yerba mate canchada. Estos, a su vez, tampoco fijan el precio, sino que son los acopiadores y molinos quienes lo fijan al momento de la compra de la materia prima”, explicó.

Safrán argumentó que “esto ocurre porque en el mercado yerbatero, históricamente, hay mayor atomización en la oferta (con más de 13.000 productores) frente a la alta concentración de la demanda (con cerca de 130 molinos y muchos menos supermercados)”.

Por otra parte, el ministro remarcó que, a diferencia de cultivos como la soja, posibles de almacenar, el productor yerbatero “no tiene la posibilidad de acopiar la yerba cosechada: o cosecha la hoja verde y la entrega al precio que le paguen, o no la cosecha y las hojas luego de la temporada se caen y es una temporada no realizada”.

“Esta política de desregulación del gobierno nacional, que se inició con el primer Decreto de Necesidad y Urgencia de diciembre de 2023 que no fue acompañado por los legisladores de Innovación Federal, y que incluso generó una presentación judicial del Gobierno provincial para restituir las facultades regulatorias del INYM, provocó desde entonces hasta el presente una caída de más del 77% en términos reales en el precio de la hoja verde”, lanzó Safrán.

El ministro argumentó que tal desplome del precio “no puede explicarse”, ni siquiera por “la mayor producción de hoja verde durante los años 2024 y 2025”.

Remarcó, asimismo, “la necesidad de una política activa para el sector que incentive la apertura de nuevos mercados y nuevos usos de la yerba mate, factores que permitirían estimular la demanda y de esa manera ayudar a sostener el precio que reciben los productores”.

“Las funciones regulatorias que, históricamente, tuvo el INYM no consisten únicamente en fijar precios mínimos que se cumplirían sin tensiones en el mercado”, señaló Safrán y, a modo de ejemplo, recordó atribuciones que le fueron retiradas al organismo yerbatero “para controlar la calidad del producto; sobre todo, el porcentaje de palo, que afecta a la demanda de yerba y también su calidad”.

En un segundo posteo, el ministro opinó que “incluso frente a la difícil coyuntura que atraviesa el sector tras la pérdida de capacidades regulatorias del INYM, es interesante oír que todavía haya productores misioneros que cuestionan la eficacia del rol del Instituto para proteger la rentabilidad de los diferentes actores involucrados en la cadena productiva, sobre todo pequeños productores y tareferos”.

Sin embargo, en el párrafo siguiente, Safrán insistió en que “desregular el mercado yerbatero, sin un Estado que busque un equilibrio entre todos los sectores, provocará una creciente concentración en la actividad, con menos productores yerbateros, beneficiando a pocos y perjudicando a la gran mayoría, incluyendo también a los consumidores”, y que por eso “es importante que la cadena productiva, al menos en su gran mayoría, busque generar los consensos necesarios para acordar medidas que vuelvan a dar rentabilidad a todo el sector, en especial al productor y al trabajador de la cosecha”.

 

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