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San Ignacio declaró la emergencia y el intendente tendrá superpoderes

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A través de una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante, el municipio de San Ignacio se declaró en estado de emergencia económica, financiera y administrativa, con lo cual le otorgó mayores facultades al intendente Esteban Romero.

De acuerdo a los ediles, la medida está destinada a “asegurar la plena prestación de los servicios esenciales del municipio, en resguardo de su continuidad y en pos de proteger los intereses generales de la comunidad y calidad de vida de los habitantes”.

Frente a la crisis que se vive a nivel nacional, y teniendo en cuenta las medidas de austeridad adoptadas por el gobierno provincial, el cuerpo legislativo consideró que “es necesario que se otorgue al Departamento Ejecutivo Municipal las herramientas que permitan sobrellevar y aún superar el estado de emergencia”.

La nueva normativa declara que la emergencia tendrá una vigencia de un año, período que será prorrogado automáticamente, a menos que el intendente disponga el cese anticipado.

De esta manera, se faculta al jefe comunal a disponer la racionalización del gasto público, lo cual incluye los recursos humanos, “procediéndose a la suspensión de las designaciones de personal municipal y la revisión de las existentes”.

El alcalde también podrá “revisar las condiciones de la totalidad de los contratos, convenios y/o acuerdos de cualquier naturaleza”, incluso aquellos celebrados con anterioridad a la sanción de la ordenanza “y que se encuentren en curso de ejecución”.

Además, el Ejecutivo tendrá la posibilidad de “renegociar, suspender, modificar, anular rescindir y/o resolver las contrataciones en cuestión, en virtud de razones de oportunidad, mérito o conveniencia, previo dictamen de la asesoría letrada”.

Organización administrativa

Con el instrumento legal, los concejales autorizaron al intendente Esteban Romero “a establecer un régimen de retiro voluntario para los empleados de la Municipalidad de San Ignacio, limitado a quienes les falten menos de diez años para acceder a un beneficio jubilatorio”.

En tanto, se lo facultó a realizar “una restructuración del personal del gabinete”, suprimiendo o congelando cargos “conforme a las necesidades de servicio”.

En cuanto al ordenamiento económico, se dispuso “la verificación de los créditos originados de causa o título anterior al 10 de diciembre de 2023, vencidos o no, en contra de la Municipalidad de San Ignacio”.

En ese sentido, a partir de la sanción de la ordenanza -que ya fue promulgada por el jefe comunal-, las resoluciones y procedimientos judiciales contra la Municipalidad que impliquen el pago de una suma de dinero, “serán satisfechas dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidos en las previsiones anuales del presupuesto”.

Como disposición complementaria, la normativa, calificada como “de orden público”, sostiene que “ninguna persona humana o jurídica puede alegar en su contra derechos irrevocablemente adquiridos”.

Asimismo, de presentarse una colisión o conflicto normativo con la aplicación de la flamante ley, “deberá interpretarse y resolverse en beneficio de las previsiones de la presente ordenanza”.

Por ello, además, se dejó sin efecto toda ordenanza o decreto municipal “que se oponga a la presente”.

Superpoderes

Una ordenanza de emergencia casi calcada fue aprobada por el Concejo Deliberante de Bernardo de Irigoyen, que entre otras funciones, autorizó al intendente Edgardo Aquino a disponer de reestructuraciones del personal municipal.

La sanción se dio luego del despido de unos 20 empleados contratados y de planta permanente, quienes terminaron radicando una denuncia policial. En ese contexto, el concejal renovador Hugo Gauna, que votó en contra, la calificó como “una ordenanza de superpoderes”.

“Somos todos del Frente Renovador, incluso los que fueron despedidos; el gobernador se pronunció en contra del DNU del presidente, está en contra de los despidos, por eso estamos defendiendo también las fuentes laborales”, señaló al diario Primera Edición.

El articulado aprobado en la localidad más oriental de la Argentina faculta al alcalde a efectuar contrataciones directas de bienes y servicios esenciales “para la prestación de los servicios públicos y cumplimiento de las funciones básicas a cargo del municipio”.

En línea con la provincia, que congeló contrataciones y las condicionó a la aprobación del Poder Ejecutivo, Irigoyen y San Ignacio no son las únicas localidades que iniciaron el 2024 ajustando las cuentas.

Días pasados, también en Puerto Esperanza se decidió el despido de los trabajadores contratados por el municipio durante los últimos nueve meses del año pasado, así como la vuelta atrás de las recategorizaciones otorgadas en el mismo período, las cuales el nuevo intendente, Horacio Zarza, calificó como “decisiones ejecutivas teñidas de propósitos políticos”.


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Ninfa Alvarenga sobre el paro de docentes: “Hay que meterlos en cana”

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La dirigente libertaria Ninfa Alvarenga, referente de La Libertad Avanza (LLA) en Misiones, se manifestó contra el paro nacional convocado por la CTERA para el próximo lunes 26, al que adhieren los gremios docentes de la provincia, y pidió “meter presos” a los maestros.

“Basta de hacer política sucia con las escuelas”, escribió la dirigente libertaria este viernes en su cuenta de la red social X, ni bien se conoció la decisión de los sindicatos de docentes de la provincia de plegarse a la medida de fuerza nacional.

“En 4 años no salieron a defender a los docentes, y a 70 días del nuevo gobierno salieron de sus criptas para tomar de rehenes a los niños argentinos”, sentenció Alvarenga, que hace poco enfrentó una denuncia por usurpación de propiedad privada de los dueños de la casa que ocupaba en el microcentro de Posadas.

“Nefastos”, calificó la libertaria y disparó: “Hay que meterlos en cana”.


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Misiones acudió a la Corte para exigir el pago de fondos docentes de Nación

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El gobernador Hugo Passalacqua anunció que la provincia de Misiones presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) una demanda contra el Estado Nacional, con pedido de medida cautelar, para exigir el cobro de los fondos docentes adeudados por el gobierno nacional liderado por el presidente Javier Milei.

Como ya es habitual, el mandatario provincial eligió su cuenta en la red social X para efectuar el anuncio y en un posteo publicado hace instantes indicó que: “En el día de la fecha se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una demanda contra el Estado Nacional, con pedido de medida cautelar, exigiendo el cobro inmediato de los fondos adeudados que le corresponden a Misiones”.

Passalacqua precisó que el reclamo consiste en los pagos del Fonid y de Conectividad y Garantía Salarial, previstos por las leyes 25.053 y 26.075, respectivamente.

Además, argumentó que la presentación también apunta a “asegurar la continuidad del pago de los mismos de aquí en adelante, tal como lo contemplan las leyes citadas”.

Dichos fondos docentes provenientes del Estado nacional fueron objeto de discusión durante las últimas semanas, tras la decisión del presidente de Milei de frenar el giro de dinero a las provincias, lo cual repercutió en el bolsillo de los docentes misioneros.

En ese marco, el último lunes el gobernador Passalacqua garantizó el pago de las compensaciones salariales de diciembre y enero con fondos propios, aunque ahora acudió a la Corte para reclamar los fondos adeudados


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Oficializaron la designación de Alfonso Peña como director de la EBY

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Peña EBY

A través del decreto 180/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial, se oficializó la designación del ingeniero civil Alfonso Peña como nuevo director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

En el documento se acepta la renuncia presentada el 9 de diciembre pasado por el ahora ex director ejecutivo de la entidad Fernando Antonio De Vido y se designa a Peña como su sucesor a partir del 21 de diciembre.

Peña realizó sus estudios primarios y secundarios en el tradicional Colegio Cardenal Newman, donde también se formaron el ex presidente Mauricio Macri y Nicolás Caputo, primo-hermano de Luis “Toto” Caputo, actual ministro de Economía.

En 1979, en tanto, inició sus estudios en la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica Argentina, donde se graduó como ingeniero civil en 1984.

Profesionalmente, se desempeñó en la empresa Decavial desde 1987 hasta 2016. “En esta empresa, estuvo a cargo de varias obras viales e hidráulicas, gestionando las mismas según los lineamientos presupuestarios y manejando la relación con clientes y proveedores”, consignaron oficialmente.

Desde 2016 hasta 2020, ocupó la gerencia general de la empresa Cunumi S.A., especializada en proyectos de obras y servicios en las áreas de saneamiento, higiene urbana, captación, conducción y tratamiento de fluidos, redes viales urbanas y rurales, así como obras civiles y de arquitectura.

Desde 2020, se desempeña como profesional independiente.

Alfonso Peña se graduó como ingeniero Civil en 1984.

 

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