Nuestras Redes

Política

San Ignacio declaró la emergencia y el intendente tendrá superpoderes

Publicado

el

emergencia

A través de una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante, el municipio de San Ignacio se declaró en estado de emergencia económica, financiera y administrativa, con lo cual le otorgó mayores facultades al intendente Esteban Romero.

De acuerdo a los ediles, la medida está destinada a “asegurar la plena prestación de los servicios esenciales del municipio, en resguardo de su continuidad y en pos de proteger los intereses generales de la comunidad y calidad de vida de los habitantes”.

Frente a la crisis que se vive a nivel nacional, y teniendo en cuenta las medidas de austeridad adoptadas por el gobierno provincial, el cuerpo legislativo consideró que “es necesario que se otorgue al Departamento Ejecutivo Municipal las herramientas que permitan sobrellevar y aún superar el estado de emergencia”.

La nueva normativa declara que la emergencia tendrá una vigencia de un año, período que será prorrogado automáticamente, a menos que el intendente disponga el cese anticipado.

De esta manera, se faculta al jefe comunal a disponer la racionalización del gasto público, lo cual incluye los recursos humanos, “procediéndose a la suspensión de las designaciones de personal municipal y la revisión de las existentes”.

El alcalde también podrá “revisar las condiciones de la totalidad de los contratos, convenios y/o acuerdos de cualquier naturaleza”, incluso aquellos celebrados con anterioridad a la sanción de la ordenanza “y que se encuentren en curso de ejecución”.

Además, el Ejecutivo tendrá la posibilidad de “renegociar, suspender, modificar, anular rescindir y/o resolver las contrataciones en cuestión, en virtud de razones de oportunidad, mérito o conveniencia, previo dictamen de la asesoría letrada”.

Organización administrativa

Con el instrumento legal, los concejales autorizaron al intendente Esteban Romero “a establecer un régimen de retiro voluntario para los empleados de la Municipalidad de San Ignacio, limitado a quienes les falten menos de diez años para acceder a un beneficio jubilatorio”.

En tanto, se lo facultó a realizar “una restructuración del personal del gabinete”, suprimiendo o congelando cargos “conforme a las necesidades de servicio”.

En cuanto al ordenamiento económico, se dispuso “la verificación de los créditos originados de causa o título anterior al 10 de diciembre de 2023, vencidos o no, en contra de la Municipalidad de San Ignacio”.

En ese sentido, a partir de la sanción de la ordenanza -que ya fue promulgada por el jefe comunal-, las resoluciones y procedimientos judiciales contra la Municipalidad que impliquen el pago de una suma de dinero, “serán satisfechas dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidos en las previsiones anuales del presupuesto”.

Como disposición complementaria, la normativa, calificada como “de orden público”, sostiene que “ninguna persona humana o jurídica puede alegar en su contra derechos irrevocablemente adquiridos”.

Asimismo, de presentarse una colisión o conflicto normativo con la aplicación de la flamante ley, “deberá interpretarse y resolverse en beneficio de las previsiones de la presente ordenanza”.

Por ello, además, se dejó sin efecto toda ordenanza o decreto municipal “que se oponga a la presente”.

Superpoderes

Una ordenanza de emergencia casi calcada fue aprobada por el Concejo Deliberante de Bernardo de Irigoyen, que entre otras funciones, autorizó al intendente Edgardo Aquino a disponer de reestructuraciones del personal municipal.

La sanción se dio luego del despido de unos 20 empleados contratados y de planta permanente, quienes terminaron radicando una denuncia policial. En ese contexto, el concejal renovador Hugo Gauna, que votó en contra, la calificó como “una ordenanza de superpoderes”.

“Somos todos del Frente Renovador, incluso los que fueron despedidos; el gobernador se pronunció en contra del DNU del presidente, está en contra de los despidos, por eso estamos defendiendo también las fuentes laborales”, señaló al diario Primera Edición.

El articulado aprobado en la localidad más oriental de la Argentina faculta al alcalde a efectuar contrataciones directas de bienes y servicios esenciales “para la prestación de los servicios públicos y cumplimiento de las funciones básicas a cargo del municipio”.

En línea con la provincia, que congeló contrataciones y las condicionó a la aprobación del Poder Ejecutivo, Irigoyen y San Ignacio no son las únicas localidades que iniciaron el 2024 ajustando las cuentas.

Días pasados, también en Puerto Esperanza se decidió el despido de los trabajadores contratados por el municipio durante los últimos nueve meses del año pasado, así como la vuelta atrás de las recategorizaciones otorgadas en el mismo período, las cuales el nuevo intendente, Horacio Zarza, calificó como “decisiones ejecutivas teñidas de propósitos políticos”.

Política

Presidente del Inym: “La desregulación no es una coyuntura, es el único camino”

Publicado

el

El presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), Rodrigo Correa, defendió este jueves el proceso de desregulación del sector yerbatero durante una reunión en la Cámara de Diputados de la Nación y aseguró que el nuevo esquema “es el único camino comprobado hacia una industria moderna, competitiva, exportadora e independiente”.

El encuentro reunió a productores, cooperativistas, trabajadores, directivos del Inym y legisladores nacionales para debatir la situación actual del sector. Durante su exposición, Correa leyó un documento en el que cuestionó el histórico sistema de fijación de precios y sostuvo que la eliminación del precio mínimo obligatorio permitió iniciar un proceso de “saneamiento” del mercado.

Según explicó, al asumir encontró un organismo “sobredimensionado”, con exceso de cargos jerárquicos y problemas de control interno. En ese marco, indicó que en cinco meses de gestión se modificó el organigrama y se redujo un 25% del plantel en áreas administrativas.

En la continuidad de la lectura, Correa afirmó que “la eliminación del precio mínimo obligatorio marcó el paso de una economía administrada a un funcionamiento basado en la libre competencia”.

En ese marco, postuló que “los datos del último quinquenio desmiente los pronósticos del colapso y demuestran un proceso de saneamiento” y sostuvo que “tras la desregulación los precios en góndola han experimentado una caída real de 46%, terminando con la distorsión de precios que perjudicaban a los consumidores”.

También enumeró que en su gestión “logramos sostener los volúmenes productivos. Los análisis muestran que la producción de hoja verde se ha mantenido estable con un promedio de 892 mil toneladas; logramos una competencia real, registramos un mapa con 106 molinos elaboradores y 208 secadores, esto demuestra que existen suficientes oferentes para garantizar la libre competencia”.

“Desarmar la retórica populista”

El titular del Inym apuntó que “es fundamental desarmar la retórica populista, que sostiene que la regulación protegía al eslabón más débil. Los registros históricos de la última década muestran que el control de precios fue la estructura que mantuvo al 60% de los pequeños productores, hasta 10 hectáreas, atrapados en la dependencia y el minifundio”.

“El precio oficial actuó como una anestesia que limitó el crecimiento a escala. La libertad de mercado ha traído a la superficie la realidad de los estratos productivos, mediante la dispersión de precios. Hoy observamos un mercado donde coexisten valores de 240 pesos por kilogramo de hoja verde para quienes entregan materia prima estandarizada, frente a 380 pesos por kilogramos en zonas de alta tecnificación y calidad”, arrojó.

En ese punto, fue claro: “El mensaje es unívoco, el que espera el precio oficial y estático se estanca. El que busca eficiencia, tecnología y calidad, progresa”.

Para Correa, “la regulación de precios instauró la peligrosa noción de un commodity idéntico, donde el esfuerzo no tenía premio. El precio regulado le enseñó al productor a entregar su trabajo y preguntar pasivamente cuánto le iban a pagar. Por el contrario, la libertad le muestra al productor que él es un empresario agrícola que debe poner valor a su propio trabajo mediante la excelencia de su cosecha. La rentabilidad real no se fija por una resolución del Inym o por el laudo, la rentabilidad se construye en la chacra, midiendo los kilómetros obtenidos por hectáreas”.

“Para finalizar queremos ratificar que la posición institucional del Inym es firme e irreversible. El instituto no volverá a implementar mecanismos de fijación o control de precios que asfixien la innovación y perpetúen la ineficiencia. Nuestras competencias legales se enfocarán estrictamente en garantizar la transparencia de los datos de mercado, proveer de asistencia técnica y potenciar la marca de la yerba mate argentina en el mundo”, precisó.

Y cerró: “La desregulación no es una coyuntura, es el único camino comprobado hacia una industria yerbatera moderna, competitiva, exportadora y fundamentalmente independiente”

Durante la jornada también participaron productores yerbateros, quienes expusieron las dificultades que atraviesa el sector y describieron la situación en las chacras. Entre los legisladores presentes estuvieron Julia Strada, Carlos Arce y Oscar Herrera Ahuad, que también se refirió al asunto y cuestionó la política desregulatoria.

Al cierre del encuentro, Correa destacó que el oficialismo habilite el debate en las comisiones legislativas y sostuvo que “si no convocan a las comisiones de trabajo es imposible discutir los proyectos”.

Herrera Ahuad sobre la yerba: “En lo productivo e industrial demuestra crisis”

Seguir Leyendo

Política

Diputados frente a docentes en protesta: “Armemos una mesa de trabajo”

Publicado

el

docentes diputados

En el marco de la movilización convocada por la Mesa de Unidad Docente para recordar el segundo aniversario del “Misionerazo”, trabajadores de la educación marcharon desde la Plaza 9 de Julio hasta la Legislatura provincial, donde plantearon sus reclamos ante tres diputados que bajaron a la explanada de ingreso para oír a los manifestantes.

Los docentes estamos acotados por el salario, económica y emocionalmente. No podemos desarrollar nuestras tareas normalmente si no llegamos a fin de mes y nuestros alumnos pasan hambre y frío. Nosotros sostenemos las escuelas y no podemos más, necesitamos llenar la olla, estamos saturadas”, expresó una docente en una ronda de micrófono abierto ante los legisladores que abandonaron el recinto en plena sesión para recibir los reclamos.

Las diputadas que interactuaron con los docentes fueron Paula Franco y Alicia Beatriz Zalesak, de Encuentro Misionero, en tanto que más tarde se unió Juan Ahumada del bloque unipersonal Por Misiones.

Yo solicité e invité que vengan también los del bloque libertario, del Pays y de la UCR, pero vinimos solo nosotros. Somos una generación nueva y estamos dando acá nuestro respeto. Nosotros vinimos, los otros no”, se diferenció detrás del vallado Zalesak, quien en su libreta personal tomaba nota de los reclamos.

La movilización docente inició en la Plaza 9 de Julio y culminó en la Legislatura.

“Yo comparto y entiendo la situación. En estos años que llevo he trabajado y visitado escuelas. Veo que hay escuelas sin sillas, ni mesas, qué faltan cosas, que hay chicos que pasan necesidades. No estoy en contra de ustedes. Nosotros escuchamos y tomamos nota. Sé que la educación es la única salida. Cuando ustedes salieron con este reclamo, todas las cuentas de la provincia se deterioraron”, expresó Franco, que también pidió “respeto y diálogo” al recordar los incidentes ocurridos en 2024, cuando una movilización docentes culminó con empujones, corridas y gases lacrimógenos.

En ese marco, invitó a conformar una “mesa de trabajo” y expresó que “tienen mi compromiso para trabajar y ordenar las cosas. No está entre mis potestades hacer una propuesta, lo que sí puedo hacer es trasladar sus necesidades a quienes si tengan la potestad de tomar medidas desde el Ejecutivo”.

Entre los docentes movilizados se encontraban, además Mónica Gurina y Leandro Sánchez, quienes el año pasado fueron condenados por una causa judicial abierta en el marco del acampe docente sobre la avenida Uruguay de 2024 y cuentan con una restricción de acercamiento a la Legislatura por los incidentes de ese mismo año.

Sánchez también tomó el micrófono unos minutos y ante los legisladores reclamó que tanto él como Gurina fueron “condenados por reclamar por un salario” y lamentó que “hoy hay docentes que están haciendo de Uber o de Didi para sobrevivir”.

“Nadie piensa en el daño psicológico que están sufriendo muchos colegas. Cuando uno se suicide quién se va a hacer responsable”, lanzó.

Seguir Leyendo

Política

Carlos Rovira y las elecciones de 2027: “No seré candidato a nada”

Publicado

el

Rovira

El diputado provincial Carlos Rovira anunció esta tarde, en la previa oficialista de la sesión de la Legislatura, que no integrará ninguna lista en las elecciones del año próximo.

Flanqueado por el vicegobernador Lucas Romero Spinelli, el presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Macías, los diputados Daniel Colo Vancsik y Alberto Arrúa, y los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, Rovira despejó las dudas sobre su futuro político y se ubicó fuera de la competencia electoral.

“No seré candidato a nada”, afirmó Rovira ante un auditorio de unas 200 personas, entre quienes figuraban legisladores, funcionarios del gobierno provincial, concejales, intendentes, dirigentes de Encuentro Misionero e invitados especiales.

Como contrapartida, el ex diputado provincial Martín Cesino, el empresario Sergio Bresiski y el concejal Jair Dib, reafirmaron sus candidaturas para suceder a Leonardo Stelatto en la Municipalidad de Posadas.

Condonación

En la misma reunión, Rovira anunció la condonación de la deuda de $90.000 millones que la empresa Energía de Misiones (EMSA) mantenía con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), que enseguida Encuentro Misionero colgó en su sitio web.

La condonación, según Rovira, se consiguió en el marco de las negociaciones por el apoyo de los diputados misioneros a la denominada “Ley Hojarasca” y la quita de subsidios al gas para las zonas frías, que obtuvieron media sanción anoche en la cámara baja.

Rovira sostuvo que el beneficio para la provincia se gestó en ese intercambio político, donde el oficialismo misionero condicionó su acompañamiento a la obtención de resultados concretos para Misiones.

Seguir Leyendo
Publicidad

Lo más visto