Política
San Ignacio declaró la emergencia y el intendente tendrá superpoderes

A través de una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante, el municipio de San Ignacio se declaró en estado de emergencia económica, financiera y administrativa, con lo cual le otorgó mayores facultades al intendente Esteban Romero.
De acuerdo a los ediles, la medida está destinada a “asegurar la plena prestación de los servicios esenciales del municipio, en resguardo de su continuidad y en pos de proteger los intereses generales de la comunidad y calidad de vida de los habitantes”.
Frente a la crisis que se vive a nivel nacional, y teniendo en cuenta las medidas de austeridad adoptadas por el gobierno provincial, el cuerpo legislativo consideró que “es necesario que se otorgue al Departamento Ejecutivo Municipal las herramientas que permitan sobrellevar y aún superar el estado de emergencia”.
La nueva normativa declara que la emergencia tendrá una vigencia de un año, período que será prorrogado automáticamente, a menos que el intendente disponga el cese anticipado.
De esta manera, se faculta al jefe comunal a disponer la racionalización del gasto público, lo cual incluye los recursos humanos, “procediéndose a la suspensión de las designaciones de personal municipal y la revisión de las existentes”.
El alcalde también podrá “revisar las condiciones de la totalidad de los contratos, convenios y/o acuerdos de cualquier naturaleza”, incluso aquellos celebrados con anterioridad a la sanción de la ordenanza “y que se encuentren en curso de ejecución”.
Además, el Ejecutivo tendrá la posibilidad de “renegociar, suspender, modificar, anular rescindir y/o resolver las contrataciones en cuestión, en virtud de razones de oportunidad, mérito o conveniencia, previo dictamen de la asesoría letrada”.
Organización administrativa
Con el instrumento legal, los concejales autorizaron al intendente Esteban Romero “a establecer un régimen de retiro voluntario para los empleados de la Municipalidad de San Ignacio, limitado a quienes les falten menos de diez años para acceder a un beneficio jubilatorio”.
En tanto, se lo facultó a realizar “una restructuración del personal del gabinete”, suprimiendo o congelando cargos “conforme a las necesidades de servicio”.
En cuanto al ordenamiento económico, se dispuso “la verificación de los créditos originados de causa o título anterior al 10 de diciembre de 2023, vencidos o no, en contra de la Municipalidad de San Ignacio”.
En ese sentido, a partir de la sanción de la ordenanza -que ya fue promulgada por el jefe comunal-, las resoluciones y procedimientos judiciales contra la Municipalidad que impliquen el pago de una suma de dinero, “serán satisfechas dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidos en las previsiones anuales del presupuesto”.
Como disposición complementaria, la normativa, calificada como “de orden público”, sostiene que “ninguna persona humana o jurídica puede alegar en su contra derechos irrevocablemente adquiridos”.
Asimismo, de presentarse una colisión o conflicto normativo con la aplicación de la flamante ley, “deberá interpretarse y resolverse en beneficio de las previsiones de la presente ordenanza”.
Por ello, además, se dejó sin efecto toda ordenanza o decreto municipal “que se oponga a la presente”.
Superpoderes
Una ordenanza de emergencia casi calcada fue aprobada por el Concejo Deliberante de Bernardo de Irigoyen, que entre otras funciones, autorizó al intendente Edgardo Aquino a disponer de reestructuraciones del personal municipal.
La sanción se dio luego del despido de unos 20 empleados contratados y de planta permanente, quienes terminaron radicando una denuncia policial. En ese contexto, el concejal renovador Hugo Gauna, que votó en contra, la calificó como “una ordenanza de superpoderes”.
“Somos todos del Frente Renovador, incluso los que fueron despedidos; el gobernador se pronunció en contra del DNU del presidente, está en contra de los despidos, por eso estamos defendiendo también las fuentes laborales”, señaló al diario Primera Edición.
El articulado aprobado en la localidad más oriental de la Argentina faculta al alcalde a efectuar contrataciones directas de bienes y servicios esenciales “para la prestación de los servicios públicos y cumplimiento de las funciones básicas a cargo del municipio”.
En línea con la provincia, que congeló contrataciones y las condicionó a la aprobación del Poder Ejecutivo, Irigoyen y San Ignacio no son las únicas localidades que iniciaron el 2024 ajustando las cuentas.
Días pasados, también en Puerto Esperanza se decidió el despido de los trabajadores contratados por el municipio durante los últimos nueve meses del año pasado, así como la vuelta atrás de las recategorizaciones otorgadas en el mismo período, las cuales el nuevo intendente, Horacio Zarza, calificó como “decisiones ejecutivas teñidas de propósitos políticos”.
Política
Goerling y su ausencia en votación de jubilaciones y discapacidad: “Fue ilegal”

El senador del PRO Misiones, Martín Goerling, justificó su ausencia de ayer en el Senado, cuando el pleno votó el aumento a los jubilados, la extensión de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.
“No vamos a convalidar el atropello institucional”, tituló el parlamentario misionero un posteo de este viernes en su cuenta de X, donde argumentó sobre irregularidades de procedimiento de los proyectos que el pleno aprobó, prácticamente, por unanimidad.
“Mi planteo, y de varios senadores, fue claro: los proyectos que vinieron de Diputados sobre jubilaciones, moratoria y discapacidad —temas de enorme sensibilidad y relevancia— debían ser tratados con la seriedad que corresponde: en comisión, con debate, con participación y buscando los mejores consensos”, explicó Goerling y sentenció: “Eso no ocurrió”.
Según el senador macrista, “el kirchnerismo forzó una mayoría, se autoconvocó en una comisión que no estaba habilitada, emitió un dictamen inválido y lo llevó al recinto para votar su validez”.
“Nos opusimos firmemente, porque consideramos que ese dictamen es ilegal”, acusó y retrucó: “Lo dijimos en el recinto y lo sostenemos”.
“No nos negamos a tratar estos temas”, aclaró, sin embargo, Goerling. “Todo lo contrario: queremos discutirlos, mejorarlos y darles tratamiento parlamentario serio, buscando consensos, para que sea ley y no se discuta un posible veto”, continuó y, volviendo sobre las supuestas irregularidades del trámite parlamentario, advirtió: “Pero no aceptamos que se atropellen las normas, el reglamento y las instituciones”.
“Por eso -explicó Goerling-, una vez que se impuso ese tratamiento irregular, decidí levantarme y retirarme del recinto para no convalidar estos dictámenes”.
Mayorías
Los tres proyectos a los que el senador del PRO Misiones se refiere, fueron, sin embargo, aprobados por una mayoría que superó con creces los dos tercios de los parlamentarios presentes, como también las mociones para el tratamiento que se votaron antes.
El aumento de las jubilaciones y el bono previsional, se aprobó por 52 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones; lo mismo que la emergencia en discapacidad, que registró 55 votos afirmativos, 0 negativos y 0 abstenciones.
La emergencia en discapacidad tuvo el acompañamiento de cuatro de los siete parlamentarios que integran el bloque del PRO: votaron a favor la chubutense Andrea Marcela Cristina, la pampeana María Victoria Huala, la porteña Guadalupe Tagliaferri y el cordobés Luis Juez, que se quebró al hablar en el recinto de su hija Milagros, que sufre de parálisis cerebral.
Se ausentaron para no votar: el misionero Goerling, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero y el enterriano Alfredo De Angeli, titular del bloque.
El senador del PRO Misiones volvió al recinto para votar por el proyecto de los gobernadores, por la transferencia automática de los ATN y la coparticipación de partidas asignadas a fondos fiduciarios eliminados y el impuesto a los combustibles, que acompañó junto a sus colegas renovadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.
NO VAMOS A CONVALIDAR EL ATROPELLO INSTITUCIONAL
Mi planteo, y de varios senadores, fue claro: los proyectos que vinieron de Diputados sobre jubilaciones, moratoria y discapacidad —temas de enorme sensibilidad y relevancia— debían ser tratados con la seriedad que corresponde:…
— Martín Goerling (@MARTINGOERLING) July 11, 2025
Política
Gervasoni denunció al Gordo Dan por tuits que “alientan un golpe cívico militar”

El dirigente renovador y actual presidente del Imac, Roque Gervasoni, decidió pasar a la acción judicial esta mañana e interpuso una denuncia por intimidación pública, apología al delito y discriminación contra Daniel Parisini, el operador libertario y tuitero más conocido como Gordo Dan, y Pedro María Lantaron, otro acérrimo usuario de X, por las publicaciones donde ambos arengaban a militarizar las calles en contra del funcionamiento del Congreso nacional.
“Me parece que al menos debemos manifestar en la justicia lo peligroso de actitudes como las del Gordo Dan y El Pyttt, que desde sus redes sociales convocan a la violencia, alientan un golpe Cívico militar y son profundamente discriminatorias”, expresó Gervasoni al exponer en Facebook la denuncia que este viernes presentó ante el Juzgado Federal de Posadas.
En su acusación el funcionario provincial hizo referencia a las diferentes publicaciones que tanto el Gordo Dan como Lantaron, a través de su cuenta @elpittttt, efectuaron el jueves a la tarde mientras el Senado aprobaba leyes de aumento para las jubilaciones, moratoria previsional, emergencia en discapacidad y transferencias del Tesoro Nacional a las provincias, iniciativas que para el gobierno liderado por presidente Javier Milei atentan contra el “equilibro fiscal”.
“Los tanques a la calle ya. Es ahora” y “Los strikers por 9 de julio ahora javeto. El momento ha llegado” fueron parte de larga seguidilla de tuis que Parisini, uno los conductores del streaming libertario Carajo, lanzó ayer mientras el Congreso sesionaba.
En misma sintonía se expresó Lantaron. “Que todos los de LLA vayan desalojando el Congreso que se viene el ataque”, advertía en una publicación, mientras que en otro tuit subió la foto de un tanque de guerra acompañado del enunciado: “Es ahora Javo!!! Metan todos los tanques dentro del Congreso”.
LOS TANQUES A LA CALLE YA
ES AHORA
— DAN (@GordoDan_) July 10, 2025
“Todo tiene un límite”
Para Gervasoni, estas acciones suman gravedad porque se dan “en un contexto enmarcado por la violencia en redes sociales, por un alto nivel de disconformidad de una sociedad que se ve cada vez más oprimida y confundida, puede llevar sin dudas a personas con un alto grado de Estrés a tomar decisiones impulsadas por el odio y el hartazgo que provocan este tipo de publicaciones”.
“No es ni gracioso, ni inocente y mucho menos”, consideró y en contrapartida afirmó que “es altamente riesgoso, pone en peligro la Paz y la integridad física de legisladores y el pueblo en General”.
“No se trata de persecución o afectar la libertad de expresión, todo tiene un límite, en una sociedad donde el presidente de la república marca la agenda verborragia de las redes sociales, alguien debe poner límites a los excesos de fanáticos o seguidores libertarios a todas luces dispuestos a todo con tal de sembrar miedo y confusión, alterando la paz social”, culminó el dirigente renovador, adjuntando una copia de la presentación judicial que efectuó con el patrocinio de la abogada Valeria Ocampo.
Los delitos denunciados por Gervasoni se encuadran en los artículos 212 y 213 del Código Penal de la Nación y en el artículo 3 de la Ley Antidiscriminatoria 23592.
Senadores misioneros votan a favor de transferencias a las provincias
Política
Senadores misioneros votan a favor de transferencias a las provincias

Con 56 votos a favor, entre los que se cuentan los tres senadores misioneros, los renovadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, y el macrista Martín Goerling, el Senado aprobó esta noche el proyecto de ley que obliga al gobierno a repartir entre las provincias los Aportes del Tesoro (ATN) y de fondos fiduciarios de infraestructura, transporte y vivienda, eliminados.
Fueron dos proyectos y ambos obtuvieron igual resultado de votos a favor, y el mismo rechazo del cordobés Luis Juez, que fue el único que votó en contra.
La primera de las iniciativas activa el giro automático a las provincias de los ATN que el gobierno retiene desde que asumió en diciembre de 2023.
La otra, elimina los fideicomisos de Infraestructura Hídrica, de Transporte, Sistema Vial Integrado, y los fondos Compensador del Transporte, de Desarrollo Eléctrico del Interior, y Nacional de la Vivienda, y redirige todos estos recursos, excepto los previstos en el impuesto a los Combustibles Líquidos, a las provincias conforme la ley 23.548, de Coparticipación Federal.
El pleno votó el proyecto de los gobernadores, luego de un debate que se prolongó durante horas, después que aprobara el aumento para los jubilados, la moratoria previsional por dos años, la emergencia en discapacidad y la ayuda para Bahía Blanca.
Ambos proyectos superaron, holgadamente, la mayoría calificada de dos tercios que necesitaban, y eran un reclamo de los 23 mandatarios provinciales, entre los que se contó al misionero Hugo Passalacqua, y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), Jorge Macri, que se reunieron hace dos semanas en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) porteño y consensuaron una hoja de ruta común.
El debate en el recinto plasmó el humor de los gobernadores y el primo de Mauricio Macri con Milei, que, en lugar de apaciguar los ánimos, rompió lanzas y acusó a los mandatarios de querer “destruir al gobierno”.
Hubo menciones a las deudas de Nación a las provincias por la coparticipación, la asimetría del reparto y la necesidad de rediscutir la distribución de los ingresos federales; la paralización de la obra pública, especialmente de infraestructura vial, y el interrogante que abre, en tal sentido, la decisión del gobierno de eliminar la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
El Bárbaro
“Los une es espanto”, dijo el formoseño José Mayans, sobre la alianza de mandatarios de credos políticos variopintos por recursos que puedan esquilmarle al plan de ajuste del gobierno, que amenaza con desfinanciar a las provincias.
“No es que los gobernadores de repente alcanzaron la madurez política”, apuntó Mayans y lanzó: “Se cansaron de ser humillados”.
“Reclaman y el presidente los manda a hablar con (Federico, ministro de Desregulación) Sturzenegger, el Bárbaro; y Sturzenegger les dice que les va a aplicar la motosierra a todos”, disparó el senador kirchnerista.
Mayans se refería a los últimos intentos de los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, por destrabar las negociaciones con el Poder Ejecutivo, que finalmente se cayeron y desembocaron en la cumbre del CFI, donde el anuncio de recurrir al Congreso por los recursos encendió la ira presidencial.
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