Un día después de cumplir los 75 años, la edad de la jubilación, el juez Jorge Antonio Kiko Rojas renunció al Superior Tribunal de Justicia (STJ) Misiones, donde se desempeñó por 34 años.

Si bien, desde el Ejecutivo Provincial no hubo información oficial, se supo que la carta de renuncia del juez Rojas llegó esta mañana al despacho del gobernador Hugo Passalacqua.

Nacido en Oberá el 27 de julio de 1950, el magistrado cumplió los 75 años, edad requerida para jubilarse en la justicia misionera, y su renuncia deja una silla vacante en el máximo tribunal que preside Rosana Pía Venchiarutti de Sartori, e integran los jueces Marcelo Benítez, Froilán Zarza, María Laura Niveyro, Roberto Rubén Uset, Juan Manuel Díaz, Ramona Velázquez y Cristina Leiva.

Abogado por la Universidad Nacional del Litoral (UNL), donde se graduó en 1974, Rojas se desempeñó por muchos años exclusivamente en el sector privado, hasta que en 1987 fue nombrado síndico fue Síndico del Banco Provincia de Misiones, cargo que dejó en 1990.

Al año siguiente, 1991, asumió como ministro del STJ, nominado por el entonces gobernador Julio Humada, e incluso se desempeñó como presidente del cuerpo entre 2003 y 2007.

Rojas es el más antiguo de los miembros del STJ, que registró su último ingreso en junio de 2023, cuando Juan Manuel Díaz reemplazó a la fallecida Liliana Picazo.

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El abogado Roberto Fernández Meire (59), nombrado como apoderado del distrito Misiones del Partido Justicialista tras la intervención dispuesta por la conducción partidaria nacional a comienzos de año, falleció en la tarde del domingo en San Vicente, provincia de Buenos Aires, su ciudad natal y donde residía hace largos años.

El fallecimiento del letrado se produjo de manera repentina, mientras realizada ejercicio en la vía pública. Su cuerpo sin vida fue encontrado sobre el asfalto, a metros de la avenida Almirante Brown, a metros de la calle Córdoba, y posteriormente fue trasladado al hospital Carillo de esa localidad.

Las primeras informaciones consignan que el deceso se habría producido como consecuencia de un paro cardíaco, descartando muerte violenta, aunque la causa de muerte se confirmará una vez que se realice el correspondiente examen de autopsia.

Fernández Meire tenía esposa y tres hijas. Era abogado y procurador, egresado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora; Máster en Políticas Públicas por la Universidad Torcuato Di Tella; y profesor adjunto en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

El letrado poseía una extensa trayectoria en la función pública. Ocupó diferentes cargos públicos a nivel nacional, provincial y municipal en Cañuelas, donde se desempeñó durante casi dos décadas.

Actualmente era representante municipal ante el Consejo de Administración del Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner de Cañuelas y en materia partidaria había sido designado apoderado de la intervención del PJ Misiones acompañando en esa tarea a Gustavo Arrieta.

Justamente, Arrieta fue uno de los encargados de comunicar su fallecimiento anoche en redes sociales.

“Con enorme dolor comunicamos la Pérdida Irreparable del Dr. Roberto Fernández Meire, Compañero, Amigo y Funcionario. 18 años a nuestro lado, un todo terreno, leal, inteligente, estudioso, obsesivo. Lo vamos a extrañar. Abrazamos a su hermosa familia en este doloroso momento”, expresó, adjuntando imágenes junto a Fernández Meire.

En Misiones, por su parte, también hubo mensajes de despedida. Desde el espacio Convergencia Justicialista le dedicaron un posteo en Instagram. Q.E.P.D. Compañero Dr. Roberto Fernández Meire

“Con profundo dolor despedimos al compañero Dr. Roberto Fernández Meire, apoderado del Partido Justicialista-Distrito Misiones. Desde Convergencia Justicialista abrazamos a su familia, amigos y compañeros en este difícil momento. ¡Hasta siempre, compañero!”, señalaron.

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Un grupo de afiliados del PJ Misiones y dirigentes de la agrupación Afirmación Peronista, acusaron a los interventores del partido en la provincia, Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, de no ser neutrales y favorecer a los sectores internos afines a La Cámpora.

“Si uno es interventor, no tiene que jugar para ninguno de los dos lados”, opinó Myriam Acosta, presidenta de la Asociación Civil de Afirmación Peronista y dirigente del sector.

Las declaraciones de Acosta se anotan en el conflicto que su grupo arrastra desde junio pasado, por la propiedad del local político ubicado en la esquina de la Avenida Uruguay y Félix Aguirre, ocupado por afiliados que responden al dirigente y tesorero de la Asociación, José Daniel Arrúa, que desmarcaron al espacio del denominado “peronismo renovador” y se alinearon con los interventores bonaerenses del PJ Misiones.

“Nosotros pedimos una audiencia con la gente de la intervención, pero nunca nos atendieron”, comentó Acosta y aseguró: “En ningún momento nos explicaron los motivos por los que los señores interventores no podían atendernos”.

“En ningún momento, estos interventores que conocemos solo por fotos, se interiorizaron por lo que está sucediendo en la línea interna del PJ que es Afirmación Peronista”, denunció.

Acosta señaló que, por el contrario, “los interventores se reúnen y trabajan con el señor Arrúa, que no tiene ninguna representatividad y nadie lo eligió para conducir el espacio”.

Divididos por Arrúa

Acosta y el revisor de cuentas de la Asociación, Miguel Ángel Pereira, que se reivindica como “afiliado histórico del PJ Misiones, confirmaron a LVM que “hoy, nuestra agrupación está dividida en dos” y culparon a su tesorero Arrúa.

“El problema empezó después de las elecciones del 8 de junio”, relató la dirigente peronista y contó: “Nosotros trabajamos con los compañeros de la Renovación para la candidatura de María Eva Jiménez, y cuando quisimos volver a nuestro local nos encontramos que rompieron los accesos, nos rompieron la oficina y nos sacaron nuestras cosas a la calle”.

Acosta rememoró que la Asociación que preside se fundó en 1992 y que el local, usurpado supuestamente por Arrúa, fue comprado por la entidad homónima en 1993.

“Ahora, no podemos entrar en nuestro local, porque este señor no nos permite entrar a nosotros, los auténticos dirigentes de Afirmación Peronista”, señaló y mostró un acta de la Asociación donde figura la propiedad del inmueble.

“Nosotros tenemos toda la documentación, las actas, los balances, donde figura que el local le corresponde a la Asociación”, aseguró.

“Todo esto ya está en la justicia, y ya tenemos una audiencia fijada con el juez Montes, donde vamos a mostrar toda la documentación para recuperar el patrimonio de nuestra Asociación”, adelantó.

Acosta distinguió a la agrupación política que ostenta el mismo nombre que la entidad que preside y aclaró: “No son lo mismo, son dos cosas distintas”.

“Una es la Asociación y otra la línea interna Afirmación Peronista”, separó y explicó que, mientras la entidad que preside tiene su comisión directiva con mandato vigente, el espacio político homónimo, cuya conducción hoy parece haber asumido Arrúa, “se encuentra acéfalo”.

“Yo llamo la atención de los interventores, que no tienen que jugar para ningún lado, ni darle el apoyo a este señor Arrúa, que dividió a los compañeros”, alertó Acosta y adelantó que su grupo va a “seguir trabajando con la Renovación y la candidatura del compañero Oscar Herrera Ahuad.

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