La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) rechazó un recurso presentado por el gobierno de Javier Milei y dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, una norma impulsada por las universidades nacionales para garantizar la actualización de salarios, becas y partidas presupuestarias.

La resolución del máximo tribunal del país representa un nuevo revés judicial para la Casa Rosada en medio del prolongado conflicto con el sistema universitario público y ratifica, al menos en esta etapa del proceso, la vigencia de la ley aprobada por el Congreso.

El fallo fue firmado por los jueces de la Corte luego de desestimar el planteo extraordinario del Poder Ejecutivo, que buscaba revertir una cautelar favorable al reclamo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas casas de estudio del país. La decisión no ingresa al análisis de fondo sobre la constitucionalidad de la norma, pero deja vigente la orden judicial que exige su aplicación.

La ley

La disputa gira en torno a los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, que contemplan mecanismos de actualización salarial para docentes y no docentes, además de la recomposición de partidas destinadas al funcionamiento de las universidades y programas de asistencia estudiantil.

Las universidades habían recurrido a la Justicia tras denunciar que el gobierno incumplía las previsiones establecidas por la norma, generando un fuerte deterioro presupuestario y salarial en el sistema de educación superior. En marzo, la Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó una cautelar que ordenó al Ejecutivo aplicar la ley, decisión que posteriormente fue apelada por la Nación.

Pese a la relevancia institucional del fallo, la decisión de la Corte no tendría consecuencias presupuestarias inmediatas. Días atrás, el Ministerio de Capital Humano y el CIN alcanzaron un acuerdo que contempló aumentos para la masa salarial universitaria, una actualización de los gastos de funcionamiento y mayores recursos para hospitales universitarios.

Por ese motivo, distintas interpretaciones coinciden en que el pronunciamiento judicial funciona principalmente como un respaldo a la vigencia de la ley y a las decisiones adoptadas por el Congreso, más que como una orden que implique nuevas erogaciones en lo inmediato.

Universitarios vuelven a las calles para exigir el cumplimiento de la ley

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El PRO cedió ante el planteo del oficialismo sobre la necesidad de dos tercios para el pedido de interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la sesión del Senado cayó por falta de quorum.

“Tienen vergüenza de presentarse al recinto a hacer una interpretación tan torcida de la Constitución”, protestó el formoseño José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP), para quien no hay necesidad de mayoría calificada para sentar a Adorni en el banquillo de los acusados.

La frustrada sesión de este jueves había sido convocada por el oficialismo libertario para el tratamiento de pliegos de cancillería, de jueces y el proyecto sobre la propiedad privada, pero entre los temas se coló con mucha fuerza la interpelación del ministro coordinador de Javier Milei, investigado por enriquecimiento ilícito y otros delitos.

La semana pasada, el PRO, la UCR e incluso Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), habían acordado con el peronismo que la interpelación de Adorni podía aprobarse sobre tablas con la mayoría absoluta de 37 votos, pero hoy bregaron por los dos tercios y el pacto se rompió.

“Todos los jefes de bloque estuvieron en esa reunión de Labor (la del miércoles pasado): Eduardo Vischi, Goerling, ‘Camau’ Espínola. Si cambiaron de opinión, será que Adorni compartió el pendrive”, lanzó, enojado, Mayans.

Según estima la prensa acreditada en el Congreso, el oficialismo tiene 21 parlamentarios y conseguiría el respaldo de al menos cuatro radicales, uno del bloque Provincias Unidas, y de los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que hoy tampoco dieron quorum.

Ayer, en diálogo con Jorge Fontevecchia, el presidente del bloque del PRO, el misionero Martín Goerling, había salido a anunciar que pediría hoy el tratamiento sobre tablas de la interpelación de Adorni para el 2 de julio próximo.

“Es un jefe de Gabinete que le ha mentido a la Cámara de Diputados y a todo el país, que ha evadido impuestos y ha roto la confianza con toda la sociedad”, disparó Goerling en la entrevista.

A la vez, el misionero subió a sus redes sociales el facsímil del proyecto sobre Adorni. “Lo dijimos la semana pasada: queremos que el Jefe de Gabinete se presente en el @senadoargentina para avanzar con la interpelación”, escribió en el posteo.

Sin embargo, el bloque PRO de Goerling repitió en el Senado lo del martes en la Cámara de Diputados, y volvió a acordar con el gobierno con los mismos argumentos de tipo reglamentario.

Caída la sesión, el tema será tratado en comisiones, donde se descuenta que el oficialismo busque enfriarlo, por lo menos, por otra semana.

 

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A poco más de un mes de la reglamentación de la ordenanza que regula el transporte de residuos voluminosos en Posadas, una iniciativa presentada en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) propone revertir la medida. La normativa, puesta en vigencia por el Ejecutivo el pasado 30 de abril, estableció el cobro de tasas a los prestadores del servicio en todo el ejido urbano, lo que generó reclamos por parte del sector de camiones volquetes.

La concejal Valeria Gómez de Oliveira, de La Libertad Avanza (LLA), impulsó un proyecto para modificar la Ordenanza XVI N.º 119, que regula la actividad de recolección, transporte y tratamiento de residuos especiales, específicamente en lo referido al uso de volquetes.

Al hacer uso de la palabra durante la sesión ordinaria de este jueves, la edil explicó: “En concreto, lo que proponemos es modificar el artículo 5, que otorga al Ejecutivo la facultad de crear tasas relacionadas con la ordenanza en cuestión”.

En esa línea, Gómez de Oliveira detalló ante sus pares que el proyecto de ordenanza propone que el “uso del sistema sea gratuito, eliminando las tasas vigentes, sin afectar los controles y las obligaciones existentes para quienes utilizan los volquetes”.

“Regular no es lo mismo que cobrar”, afirmó la concejal, quien recordó que, cuando la ordenanza fue aprobada en 2024 y se creó el sistema, el objetivo era “regular la actividad, controlar mejor los residuos y establecer reglas claras para quienes trabajan con volquetes”.

No obstante, la edil señaló que a la normativa “se le incorporaron tasas que hoy encarecen el servicio, especialmente para los pequeños prestadores, afectando su competitividad”. Asimismo, advirtió que recientemente “los trabajadores del sector denunciaron públicamente situaciones de maltrato y decisiones que agravan aún más su situación”.

Gómez de Oliveira sostuvo que, si la ordenanza volviera a tratarse, “probablemente volveríamos a acompañarla”, aunque consideró que fue “una mala decisión” otorgarle al intendente Leonardo “Lalo” Stelatto la facultad de determinar las tasas a aplicar.

Nuevas normas

A través del Decreto N.º 362/2026, la Municipalidad de Posadas reglamentó la ordenanza que regula el transporte de Residuos Sólidos Voluminosos y fijó nuevas exigencias para las empresas y trabajadores del sector.

Entre las principales disposiciones, se creó un Registro Municipal obligatorio para todas las personas físicas y jurídicas que presten el servicio dentro del ejido capitalino. La inscripción tendrá vigencia anual y requerirá habilitación comercial, constancia de CUIT, seguro de responsabilidad civil, listado de volquetes y documentación de los vehículos.

La normativa también establece que cada volquete deberá contar con una patente municipal única, visible en el lateral derecho y con características similares a las matrículas de los vehículos tradicionales.

Respecto de la ocupación del espacio público, los prestadores deberán gestionar una autorización previa ante la Secretaría de Movilidad Urbana y abonar una tasa equivalente a ocho Unidades Tributarias por las primeras 48 horas. A su vez, cada prórroga de 24 horas tendrá un costo adicional de cuatro Unidades Tributarias.

Asimismo, se incorporó el cobro por el tratamiento y la disposición final de residuos en centros habilitados por el municipio, con una tarifa de dos Unidades Tributarias por cada metro cúbico descargado.

La reglamentación generó un fuerte rechazo entre los transportistas, quienes cuestionaron el impacto económico de las nuevas tasas y advirtieron que la medida podría duplicar el valor final del servicio.

Según pudo saber La Voz de Misiones, desde hace aproximadamente dos años el sector ya abona, mediante el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM), un canon por la ocupación del espacio público en el centro posadeño, del mismo modo que los vehículos particulares.

Con la entrada en vigencia de la reglamentación, ese cobro se extiende a toda la ciudad. Ese es, precisamente, uno de los principales puntos que motivan el reclamo de los transportistas.

“Lo que más molesta es que nos quieren mandar al frente que nosotros le digamos al vecino, sale 120, calladitos, pero no sale 120, ojala, pero hoy con un costo de 55; 60 mil pesos estamos moviendo entre 3 y 4 contenedores, imaginate si sale eso”, dijo Carlos Álvarez, referente del sector, en declaraciones al programa Show de los Impactos tras conocerse la nueva normativa.

También señaló: “No puede ser tener que pagar por cada movimiento que hacemos, porque para eso tienen que ser nuestro socio, colabora con el combustible, nosotros movemos el camión son 100 mil pesos diarios”.

En tanto, este medio intentó comunicarse con las áreas correspondientes de la Municipalidad para conocer mayores precisiones sobre la implementación de la medida, aunque hasta el momento no obtuvo respuestas concretas.

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