Tras un largo tiempo, oficialistas y opositores sostuvieron posiciones encontradas. No hubo debate, pero sí réplicas.

El oficialista bloque del Frente Renovador rechazó esta noche el tratamiento sobre tablas del rechazo de una declaración de inconstitucional del último DNU presidencial que prohibió las reuniones familiares, que fue impulsado por la oposición.

El voto dividido entre los renovadores y los integrantes del interbloque UCR-PRO, fue sorpresivo ya que hacía tiempo que no se registraban divergencias entre oficialismo y oposición en la Cámara de Representantes.

El pedido fue formulado por el radical Javier Mela en el espacio de la sesión ordinaria de este jueves, destinado al requerimiento de tratamiento preferencial o sobre tablas de determinados proyectos.

Mela fundamentó su iniciativa en que la norma aprobada por el presidente Alberto Fernández afecta derechos individuales, incursionando en cuestiones penales que están reservadas en forma exclusiva al Congreso de la nación.

Por esas razones mocionó el tratamiento inmediato de una declaración de inconstitucionalidad, en momentos en que dirigía la reunión el vicepresidente Hugo Passalacqua, en lugar del titular Carlos Rovira.

La votación fue 29 a 11, imponiéndose el rechazo al tratamiento sobre tablas, una decisión que hacía tiempo no se registraba en las sesiones del Parlamento misionero donde la convivencia política es destacada por los legisladores de distintos bloques.

Después, en distintos tramos de la sesión y antes del tratamiento del plan de labor, los diputados Rafael Pereyra Pigerl y Martín Sereno defendieron el decreto presidencial al señalar las vías para la inconstitucionalidad, en el caso del primero, y el segundo atribuyó las críticas a un “encendido antiperonismo”.

La creación está contemplada entre los 94 nuevos juzgados que se crearán en todo el país. El objetivo es “el fortalecimiento de la justicia en el interior”, dijo el Presidente al presentar la iniciativa. Funcionarán en Oberá, Puerto Iguazú, Eldorado y dos en Posadas.

El presidente Alberto Fernández presentó el proyecto de reforma de la Justicia que contempla la creación de 94 juzgados federales, de los cuales cinco funcionarán en Eldorado, Puerto Iguazú, Oberá y dos en Posadas, según se supo.

El dato de importancia para Misiones, no fue desglosado por el mandatario al dar a conocer aspectos generales de la iniciativa que impulsa la unificación y duplicación de los juzgados federales y la designación de un consejo de expertos para que asesore al Poder Ejecutivo.

“También propone el fortalecimiento de la justicia en el interior del país”, se limitó a señalar en su discurso, aunque una revisión periodística del contenido permitió conocer otros detalles contemplados en el proyecto.

El Jefe de Estado expuso los alcances del proyecto que enviará al Congreso de la Nación en la Casa de Gobierno, acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, e integrantes del Consejo Consultivo.

Aseguró que “la defensa del derecho reclama como indispensable que el sistema se adecue a la norma” y que “el Poder Judicial deba estar en manos dignas, no permeables a ninguna presión”.

En el acto, donde también estuvieron la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco; rectores de universidades y legisladores nacionales, el primer mandatario repasó las intromisiones de la política en la Justicia a lo largo de la historia argentina.

El proyecto

Al referirse a los propósitos que se persiguen con los cambios dijo que la iniciativa propone “organizar y mejor la justicia federal” y que “el poder decisorio no se concentre en poco magistrados”, porque eso fue lo que llevó a que ese fuero “se politizara”, los procesos “no se desarrollaran con eficacia” y se “manipularan los tiempos en función del clima político imperante”.

Fernández destacó la necesidad de una reforma judicial para que “nunca más” exista “una política que judicializa los disensos”, y aseguró que sin un sistema de justicia “independiente del poder político, no hay república y democracia”.

Asimismo, expresó que el proyecto propone, entre otras cuestiones, un “fortalecimiento de la justicia federal” con la creación de juzgados en las provincias y una “especialización por materia”.

En otra parte de su exposición, el Presidente dijo que durante el Gobierno de Mauricio Macri la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) “quedó en un manto de sospecha” por intervenir en causas judiciales” y “el principio de inocencia en juicio se vulneró”.

“Lo que estamos proponiendo es consolidar una justicia independiente”, destacó, y dijo que se busca “que desarrolle los procesos con celeridad y eficiencia”.

Así figura en un informe publicado del diario La Nación. El beneficio le corresponde por haber ejercido la Presidencia de la Nación por poco más de un día. Fue durante los sucesos de 2001 cuando Argentina tuvo 5 mandatarios en 11 días.

El misionero Ramón Puerta no tramitó la pensión vitalicia que le corresponde por haber ejercido la Presidencia de la Nación, aunque por un lapso de horas, como sí lo hicieron nueve expresidentes, ex vicepresidentes o cónyuges, según un informe del diario porteño La Nación.

En la misma situación que Puerta figura Eduardo Camaño, ya que ambos fueron protagonistas en las marchas y contramarchas del 20 y 21 de diciembre de 2001, cuando en once días la Argentina tuvo cinco presidentes.

De acuerdo con el informe periodístico “los expresidentes Ramón Puerta y Eduardo Camaño decidieron no tramitar esta asignación”, según se cita en las dos líneas que describe la situación de ambos frente al beneficio inveetigado.

En cambio añade que solo nueve expresidentes, exvicepresidentes o cónyuges de exmandatarios fallecidos perciben una pensión vitalicia por haber ocupado el cargo, por montos que parten de los 140.000 pesos y llegan a los 600.000 pesos netos mensuales.

En tal concepto la ANSES eroga más de 3 millones de pesos por mes para pagar estos beneficios de por vida a quienes ocuparon los mayores cargos electivos. A esa lista de beneficiarios, a partir de agosto, se sumarán otros tres exfuncionarios: Mauricio Macri , Gabriela Michetti y Amado Boudou .

De Levingston a Macri

Carlos Menem percibe la pensión más importante, como presidente entre 1989 y 1999. En febrero de este año el exmandatario recibió 600.791 pesos netos, de acuerdo con la respuesta oficial a un pedido de información pública.

El exmandatario, en cambio, resigna su dieta como senador, puntualizaron desde su entorno familiar. “Renunció al sueldo por cobrar la jubilación de expresidente”, señalaron.

Su sucesor, Fernando de la Rúa, percibió una pensión neta de unos 595.000 pesos que tras su muerte, en julio de 2019, pasó a su esposa, Inés Pertiné. De acuerdo con lo que fija la ley, la viuda conservó el 75 por ciento de ese monto, es decir, unos 397.000 pesos mensuales.

Adolfo Rodríguez Saá, que en diciembre de 2001 quedó a cargo de la presidencia durante una semana, percibió en febrero 529.749 pesos. De acuerdo con la información oficial, el puntano -que hoy es senador nacional- recibió el alta en la ANSES en agosto de 2007.

En el listado figura también el exvicepresidente Julio Cobos, que en febrero percibió unos 407.000 pesos. Senador por Mendoza, Cobos actualmente percibe el 50% de la pensión (es divorciado) y dona su dieta como legislador nacional, afirmaron en su entorno.

Daniel Scioli, según la información oficial, recibió en febrero unos 299.000 pesos por su mandato como vicepresidente de Néstor Kirchner, un beneficio que tramitó tras dejar su cargo como gobernador.

En el listado figuran tres herederas de ex mandatarios que ocuparon cargos entre 1962 y 1989: Betty Andrés, esposa del ex presidente Roberto Levingston; Amalia Guido, hija del ex presidente José María Guido, y Estela Martínez, viuda de Juan Domingo Perón.