Política
Pidió bajar sueldo de concejales en Iguazú y ahora quieren destituirlo
El inminente tratamiento, en la sesión del próximo jueves, del proyecto de ordenanza que equipara los sueldos de los concejales a una jubilación mínima y limita el número de secretarios por bloque desató una caza de brujas en el Concejo Deliberante de Puerto Iguazú.
Este martes se conoció un pedido firmado por los tres concejales de Juntos por el Cambio (JxC) para volver a conformar la Comisión de Poderes y avanzar en la destitución del concejal del Partido Agrario y Social (PAyS), Hugo Chito Sartori, autor del proyecto para bajar las dietas y reducir a uno la cantidad de personal político contratado por bloque.
En concreto, los ediles cambiemitas Alejandro Verón, Rodrigo Lugo y Omar Gómez, acusan a su par del PAyS de violentar la Carta Orgánica Municipal, al mantener a la par de su cargo como concejal su empleo en la empresa Emsa, donde estaría percibiendo $2.000.000 mensuales de salario.
El pedido de los concejales opositores se fundamenta en el artículo 53 de la Carta Orgánica Municipal que habla de la incompatibilidad del cargo de concejal con el desempeño en cualquier otro empleo público, excepto el de docente o técnico profesional.
El proyecto solicita en su artículo 1 “Convocar a sesión extraordinaria para el día miércoles 20 de marzo del 2024, a las 19.00hs en el edificio del Honorable Concejo Deliberante de Puerto Iguazú, Av. Córdoba N°245, a efectos de conformar la comisión de poderes integrada por tres miembros, con los concejales presentes, a excepción del concejal mencionado en los vistos y considerandos de la presente”, y quedó ad referéndum del presidente del cuerpo legislativo comunal.

Manotazo
El concejal Sartori, por su parte, consideró como un “manotazo de ahogado” la presentación de sus pares de JxC y argumentó que su situación como empleado de Emsa y miembro del HCD de la ciudad de las cataratas “ya fue saldada en dos oportunidades”.
“Yo ya fui juzgado dos veces por ellos mismos dentro de la comisión de poderes”, afirmó Sartori a La Voz de Misiones y precisó: “Primero, fui juzgado cuando asumí mi primer período como concejal en 2013, y luego de nuevo el 10 de diciembre de 2021, que asumí por segunda vez”.
“La comisión de poderes aprobó en las dos ocasiones mi certificado como concejal”, añadió.
“Yo estoy en Emsa hace 30 años”, alegó el concejal del PAyS y adelantó que está evaluando contraatacar judicialmente a sus pares de JxC por la difusión de datos privados.
“Lo que ellos están publicando es muy privado, no saben cuánto cobro, ni tienen acceso a mis recibos de sueldo”, indicó y acusó: “Es para embarrar la cancha y que no se trate el proyecto de bajar las dietas”.
Sartorí contó a LVM que esta semana presentó al Concejo otro proyecto para reformar el artículo 27 del reglamento interno, para “impedir las situaciones de nepotismo” que se observan en el cuerpo legislativo municipal.
“Rodrigo Lugo, el concejal gastronómico, le tiene a su suegra como su secretaria, y eso lo hace pasible de la destitución, de acuerdo al artículo 66 de la Carta Orgánica Municipal”, denunció.
“Esto y lo de las dietas fue lo que causó todo el quilombo”, argumentó el edil del PAyS y remarcó: “Hace 30 años que estoy en Emsa, todos tenemos nuestro trabajo afuera, pero ellos no quieren reducir sus sueldos, que sería un gesto con la población que sufre el ajuste del gobierno de Javier Milei al que ellos apoyaron y militaron”.
PROYECTO DE ORDENANZAPolítica
Fernando Zarza: “Si Passalacqua quiere motosierra, que empiece por el Eprac”
El concejal de Posadas, Fernando Zarza, cargó contra las afirmaciones del martes en el HCD posadeño, de la titular del Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas (Eprac), Soledad Balán, y lanzó: “La verdad que, si Passalacqua quisiera prender la motosierra, un lugar por el que puede empezar es el Eprac”.
“Ella fue a defender su postura y lo único que dijo es que la situación no es como sale en los medios, que el Eprac solo recibió 170 reclamos y que eso está dentro del rango normal”, comentó Zarza, en diálogo con La Voz de Misiones.
En tal sentido, acusó a Balán de estar “faltando a la verdad”, porque “cualquiera que vaya al Eprac, cualquier día de la semana, ve que entran más de 170 personas por día para reclamar algo”.
“Ella cree que el Eprac no tiene responsabilidad en los hechos acontecidos porque, supuestamente, son pocos los reclamos, pero la protesta de ayer frente a Samsa la desmiente por completo”, disparó.
El edil de Hacemos pidió a los usuarios “prestar atención” a los ítems que figuran en las boletas de la empresa y señaló: “Hay un descuento del 3% destinado al financiamiento del Eprac, que lo pagamos todos los usuarios con cada factura”.
“Si vos multiplicás el 3% de una factura de agua promedio por la cantidad de usuarios de Posadas, estamos hablando de $400 millones mensuales”, calculó Zarza y agregó: “Si a esto le sumamos lo que el Estado le asigna, tenemos una masa total de más de $500 millones para un ente que no cumple con su función”.
Decisión política
Zarza opinó que “la solución pasa por una decisión política del gobierno provincial”. “Habría que volver a revisar los contratos de locación, pero si no se hizo en 27 años, no creo que lo vayan a hacer ahora; la verdad que no veo por parte del Estado animosidad para solucionarle el problema tarifario a los vecinos”, afirmó.
“El poder político de Misiones es el que tiene que tomar el toro por las astas”, remarcó el edil y propuso, como “la mejor salida”, que “el Estado vuelva a hacerse cargo de la empresa y, en un plazo perentorio, entregarle de nuevo a una empresa privada”, garantizando “tarifas razonables y pagables por los ciudadanos”.
“Con la tremenda crisis que hay ahora, las boletas se vuelven imposibles de pagar”, dijo Zarza y se quejó: “Es una locura que haya montos de millones de pesos, una familia tipo ni aunque deje la canilla abierta las 24 horas va a consumir $2 millones de agua”.
Política
La sesión para tratar el caso Peyer en el Concejo de Caraguatay pasó al lunes
La sesión extraordinaria convocada por el Concejo Deliberante de Caraguatay para tratar la situación del intendente Mario Peyer, denunciado por abuso sexual, fue postergada para el lunes.
La postergación de la sesión que estaba prevista para este viernes a la tarde obedeció, en gran parte, a los plazos previstos y a las labores periciales realizadas por la Policía minutos antes del inicio de la reunión parlamentaria.
“Se pidió una sesión extraordinaria para tratar el reemplazo del intendente por su pedido de licencia, pero al concejo todavía no había llegado su pedido. ¿Cómo íbamos a convocar a sesión por algo que todavía no había ocurrido?. La nota llegó después. Nadie lo niega, ella -por Norma Gularte- va a asumir, como tiene que ser, pero hay que respetar los tiempos que la ley dice”, explicó el edil Gustavo Fleitas, presidente del Concejo.
De esta manera, los ediles presentes decidieron que la nueva fecha para tratar la situación del alcalde municipal sea el próximo lunes, a las 11 de la mañana.
Se prevé que en la sesión, convocada esta misma mañana por la concejal Norma Gularte, se trate el pedido de licencia en el cargo que el intendente.
En caso de aprobarse la licencia, se concederá la intendencia en forma interina a la concejal Gularte, que fue electa a través del Frente Renovador y en diciembre del año pasado se pasó a las filas de La Libertad Avanza (LLA).
La decisión de Peyer fue comunicada a través de un posteo en su cuenta de Facebook y en el escrito indicó que “en virtud de las denuncias y acusaciones que han tomado estado público en contra de mi persona, comunico a mis vecinos de Caraguatay, y a toda la provincia, que he decidido presentar mi licencia al cargo de intendente”.
En la continuidad de la publicación, el intendente añadió que “me he puesto a entera y absoluta disposición de la Justicia, para colaborar en todo lo que fuese necesario, a fin de que se pueda esclarecer lo más pronto posible la grave y falaz denuncia de la cual he sido objeto”.
En otro párrafo, agregó que “desconozco la motivación o las causas que pueden haber desencadenado semejante acusación, pero manifiesto mi plena confianza en que la Justicia fallará a favor de la verdad, es decir, de mi inocencia. Y mientras atravieso este duro proceso, me rodearé del cariño de mi familia, que me apoya plenamente, y en el afecto de los vecinos de mi querida comunidad”.
La decisión llega 48 horas después de que se hiciera pública la denuncia que el jefe comunal registra en su contra desde el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
Sumado a la presentación inicial, ese mismo miércoles la denunciante compareció ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, instancia en la que ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.
FOTO: EL TERRITORIO
Intendente denunciado por abuso se toma licencia y reclama su inocencia
Política
El Concejo de Caraguatay sesiona esta tarde para tratar el caso Peyer
El Concejo Deliberante de Caraguatay convocó una sesión extraordinaria este viernes a la tarde para tratar la situación del intendente Mario Peyer, denunciado por abuso sexual, quien esta misma mañana avisó que presentará un pedido de licencia en el cargo para ponerse a disposición de la Justicia, tal como lo había exigido el gobernador Hugo Passalacqua.
La convocatoria fue realizada por la concejal Norma Gularte y la sesión está prevista para las 18 de hoy.
“Todo se resolverá hoy. Nosotros tuvimos la primera sesión el miércoles a la noche, pero esto es como se desbordó totalmente. Hoy sí se tomarán las medidas correspondientes”, anticipó Gularte, aunque sin ahondar en detalles, en conversación telefónica con Radio República.
Gularte también adelantó que ella es la primera en la línea sucesoria, por lo cual ante cualquier medida que se tome contra Peyer el cargo le correspondería provisoriamente.
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