El bloque de La Libertad Avanza (LLA) Misiones presentó un proyecto de enmienda constitucional para modificar el artículo 96 de la Carta Magna misionera, referente al período de sesiones de la Legislatura provincial.

El partido que encabeza el diputado Adrián Nuñez, vicepresidente primero de la Cámara, hizo pública la iniciativa en sus redes sociales, mediante un video de la legisladora Samantha Stekler.

“Actualmente, la legislatura sesiona de mayo a octubre; seis meses de actividad ordinaria”, comenta Stekler en el spot, grabado en el frente a la sede legislativa de Villa Sarita.

“A nivel nacional, el Congreso trabaja de marzo a noviembre; y varias provincias adoptaron calendarios similares o más amplios, con mayor continuidad institucional”, agrega.

De hecho, solo Misiones, Santa Fe, Catamarca y Mendoza comienzan sus periodos legislativos el 1º de mayo de cada año. De las cuatro, la tierra colorada es la única que tiene un sistema unicameral; y junto a Santa Fe comparte el mismo calendario legislativo. En Mendoza, el período concluye el 30 de septiembre, y en Catamarca el 30 de noviembre.

“Esto no se trata solo de dictar leyes, el Poder Legislativo cumple funciones de control, seguimiento de políticas públicas y análisis del gasto público”, señala Stekler.

La legisladora argumenta que un periodo de sesiones “acotado” como el misionero, “limita” al Poder Legislativo “para pedir informes, supervisar la ejecución del presupuesto; y en materia de justicia, retrasa los acuerdos para que los nuevos jueces, fiscales y defensores, puedan asumir el cargo”.

“Por ello, desde el bloque de LLA presentamos un proyecto de enmienda constitucional para ampliar el período de sesiones legislativas desde el 1º de marzo al 30 de noviembre, en línea con el esquema nacional”, informa Stekler.

“El objetivo es fortalecer el funcionamiento institucional y mejorar las capacidades de control del Estado”, finaliza.

Mayoría calificada

La figura de la enmienda constitucional está reglamentada en el artículo 178 de la Carta Magna misionera, que establece como requisito el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Cámara de Representantes y la aprobación popular en un referéndum.

El artículo 179, establece que para que “el referéndum se considere válido, se requiere que los votos emitidos hayan sobrepasado el 50% de los electores inscriptos en el Registro Cívico de la Provincia”.

La Constitución misionera también establece que las reformas o enmiendas “no podrán llevarse a cabo, sino con intervalo de dos años”.

 

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La suspensión del pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en controles fiscales en ruta quedó formalmente reglamentada este martes a partir de su publicación en el Boletín Oficial. La medida fue una de las primeras discusiones que se dieron tras el surgimiento del espacio político Encuentro Misionero, junto con el planteo de avanzar en un esquema de alivio impositivo más amplio que también incluye reclamos a la Nación para reducir el IVA, Ganancias y otros tributos nacionales.

La iniciativa tuvo un proceso de análisis y consideración entre los distintos sectores que integran el nuevo espacio político misionero, donde se consensuó la necesidad de reducir la carga tributaria sobre la actividad económica, tanto a nivel provincial como nacional. Se trató de uno de los primeros ejes de trabajo en la búsqueda de respuestas a un contexto macroeconómico marcado por la recesión y la pérdida de poder adquisitivo.

La propuesta fue anunciada por el Poder Ejecutivo el viernes 1 de mayo, en la apertura de sesiones ordinarias, y ahora se prevé que el instrumento sea girado a la Legislatura para su tratamiento y validación, en línea con el esquema institucional que rige este tipo de reformas.

En ese marco, la Cámara de Representantes de Misiones se consolidó en los últimos años como un ámbito central de articulación política e institucional. Bajo las presidencias de Carlos Rovira, Oscar Herrera Ahuad y actualmente Sebastián Macías, el cuerpo legislativo mantuvo un rol clave en la construcción de consensos y en la generación de herramientas de gestión para el Poder Ejecutivo. Entre ellas, se destaca la temprana aprobación anual del presupuesto, considerada una pieza central para garantizar previsibilidad en la administración.

En ese esquema institucional, Encuentro Misionero —espacio político con origen en la Legislatura— se consolidó como un ámbito de articulación que no solo canaliza debates internos, sino que también aporta cohesión política al misionerismo y respaldo al Ejecutivo en la definición de medidas económicas. Su dinámica interna permitió que propuestas como la suspensión del pago a cuenta de Ingresos Brutos encuentren consenso político previo y viabilidad institucional, integrando discusión legislativa, acuerdo político y posterior implementación administrativa.

Rige desde el 1 de julio

En ese contexto, el Ministerio de Hacienda de Misiones publicó este martes en el Boletín Oficial la Resolución 329 que reglamenta la suspensión del pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en controles fiscales en ruta. La medida, que entrará en vigencia el 1 de julio de 2026, define el alcance del régimen especial. Además, establece qué contribuyentes quedarán excluidos y detalla los nuevos procedimientos administrativos.

La resolución se enmarca en el Decreto N° 713/2026 y en las facultades otorgadas por la Ley VII – N° 107. En ese sentido, la Provincia avanzó en la implementación de un régimen excepcional y temporal, que apunta a reducir la carga operativa tanto para los contribuyentes como para la Agencia Tributaria Misiones (ATM), en un contexto de inestabilidad económica.

En concreto, se dispuso la suspensión parcial de varios artículos de la Resolución General N° 056/2007, vinculada al pago a cuenta en controles de mercadería, mientras que la Resolución General N° 044/2021 continuará vigente, salvo en los aspectos específicamente modificados. La medida tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con prórroga automática durante el primer semestre de 2027.

El 95% de contribuyentes excluidos 

Uno de los puntos centrales es la exclusión automática de contribuyentes que, durante el ejercicio fiscal anterior, hayan registrado pagos a cuenta por un monto igual o inferior a 10 millones de pesos. Este universo que alcanza al 95% del total quedará exceptuado del régimen y no deberá abonar anticipos, aunque sí tendrá que cumplir con obligaciones informativas mínimas en los puestos de control.

Además, estos contribuyentes estarán liberados de presentar la declaración jurada informativa mensual (SR-343), pero deberán exhibir el formulario SR-341 con carácter informativo junto con la documentación respaldatoria de las operaciones.

Por otro lado, quienes superen el umbral de los 10 millones de pesos continuarán dentro del régimen, aunque con modificaciones. En estos casos, el pago a cuenta se realizará bajo un sistema global equivalente al 75% del impuesto determinado en el anteúltimo mes, con vencimiento el día 25 del mes correspondiente.

La resolución también contempla situaciones particulares. Por ejemplo, los nuevos contribuyentes quedarán excluidos del régimen durante los primeros tres meses desde su inscripción. Luego, la ATM evaluará su comportamiento fiscal para determinar si continúan fuera del sistema o deben incorporarse.

En paralelo, se estableció un mecanismo de regularización para contribuyentes no inscriptos detectados en controles en ruta. Si regularizan su situación, serán considerados como nuevos contribuyentes y podrán acceder a los beneficios del régimen.

Otro aspecto relevante es la creación de padrones actualizados mensualmente, donde se clasificará a los contribuyentes como incluidos, excluidos o nuevos. Esta segmentación será clave para definir las obligaciones en cada caso.

En cuanto a los controles, el transportista deberá presentar la documentación correspondiente según la categoría del contribuyente. Esto incluye comprobantes de pago, formularios informativos y respaldos de las operaciones. La responsabilidad de proveer esta documentación recaerá en quien contrate el servicio de transporte.

Asimismo, la normativa endurece las sanciones por incumplimiento. La falta de presentación o la adulteración de formularios podrá derivar en multas e incluso en la reincorporación automática al régimen general, perdiendo los beneficios de simplificación.

Finalmente, desde el Ministerio de Hacienda remarcaron que la medida no elimina los regímenes vigentes, sino que los flexibiliza de manera temporal. El objetivo, indicaron, es aliviar costos, reducir burocracia y fomentar la actividad económica sin modificar la estructura tributaria de fondo.

Encuentro Misionero tuvo su lanzamiento oficial: “Es un equipo fuerte”

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Luego de que el concejal Jair Dib (Encuentro Misionero) responsabilizara a Judith Salom (Unión Cívica Radical) y a Pablo Argañaraz (La Libertad Avanza) por el fracaso de su proyecto de ordenanza, tratado en la sesión ordinaria del último jueves, que tenía como objetivo exigir a la empresa Servicios de Aguas de Misiones Sociedad Anónima (SAMSA) la instalación de bloqueadores de aire en todas las conexiones domiciliarias, el Comité Posadas del partido centenario salió al cruce y lo calificó de “irresponsable” y “cobarde”.

“El concejal posadeño Jair Dib miente y busca culpables donde no los hay”, expresó el Comité de la UCR en el comunicado publicado este martes en sus redes oficiales, donde además señaló que el edil oficialista acusó a la concejal Salom por una ordenanza “que ni su propio bloque acompañó”.

En otra línea, el radicalismo posadeño remarcó que “ni los suyos lo respaldaron” y agregó que “lo cierto es que el propio concejal Dib no contó con el acompañamiento de su bloque, ya que los concejales –Héctor- Cardozo, –Samira- Almirón, –Laura- Traid, –Luciana- Scromeda, –Malena-Mazal y -Daniel- Vigo no apoyaron la iniciativa”.

De esta manera, el Comité afirmó que la acusación del ex presidente del Concejo Deliberante capitalino “no solo es falsa”, sino que además “busca desviar la atención de un problema estructural que venimos señalando desde hace años”.

Tras respaldar a la concejal Salom, que estuvo presente en el recinto el último jueves, aunque se ausento de su banca al momento de la votación del proyecto sobre SAMSA, la UCR sostuvo que el partido “ha denunciado” de manera “sostenida” los “abusos” en las prestaciones de servicios públicos “desde el inicio del actual modelo de gestión renovador”.

Por último, el Comité exigió “dejar de lado las acciones con claros fines electoralistas” para trabajar con “seriedad, responsabilidad y compromiso en los problemas de la gente”.

La iniciativa de Jair Dib fue rechazada en la última sesión ordinaria, tras cosechar seis abstenciones del bloque oficialista y cinco votos afirmativos de la oposición. El concejal de Encuentro Misionero responsabilizó a Salom y Argañaraz por el resultado y pidió sanciones en sus dietas, ya que ninguno de los dos estuvo presente al momento de la votación.

En cuanto a Argañaraz, se retiró del recinto minutos antes de que se tratara el proyecto sobre SAMSA, luego de un cruce con la concejal Luciana Scromeda en torno a la aprobación del Balance Municipal 2025.

 

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