Política
Misiones podrá postergar una deuda de $1.107 millones con Anses
Con otras provincias deberá firmar una nota para patear la obligación a 45 días. Y la Nación devolverá las retenciones de coparticipación que eran garantía del cobro.
Misiones, junto a una veintena de provincias, tendrá un plazo de 45 días para refinanciar la deuda que tiene con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses por 1.107.890.000 millones de pesos, mediante un acuerdo con la Nación.
En términos globales la deuda, de la que solamente están exceptuadas Córdoba, Santa Fe y San Luis, solo en agosto acumula vencimientos por 25.500 millones de pesos, según cálculos oficiales.
El planteo de la Nación tiene como contrapartida, en el caso de Misiones, de un reclamo por unos 1.500 millones de pesos en concepto de déficit previsional que se remonta a varios años atrás, cuya discusión noi está cerrada.
El diario Ámbito Financiero señaló que la solución de fondo será una ley ingresada en Diputados para liberar a Anses de pagar a los jubilados de la reparación histórica; y en las provincias deberán esperar unos 45 días para lograr la refinanciación definitiva, mientras Nación devolverá las retenciones de coparticipación que realizó en estos días como garantía de los pagos.
La comunicación formal la hicieron en una breve reunión virtual el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; la titular de la Anses, Fernanda Raverta; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y el jefe del bloque de Diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner.
Hubo dos gobernadores in situ en el Salón de los Escudos de la Casa de Gobierno: el bonaerense Axel Kicillof y el chaqueño Jorge Capitanich. La cumbre se da en tiempos en que el Gobierno busca afinar el vínculo con los mandatarios ante el inminente tratamiento de leyes clave para el oficialismo.
Vaivenes de la deuda
Las deudas con Anses (unos $102.000 millones) afectan a todos los distritos, excepto a Córdoba, Santa Fe y San Luis. En febrero, Nación descartaba reperfilar esos montos, ya que buscaba que las provincias usaran para esos fines la potestad de subir impuestos a través de la adenda al Pacto Fiscal, más una serie de subsidios que se reestablecieron (como el destinado al transporte) tras haber sido quitados por la gestión de Mauricio Macri. Sin embargo, la pandemia alteró lo planes.
La preocupación de las provincias por los vencimientos era inocultable hasta que se conoció la llave de la ley que ingresó al Congreso, en la cual se permite que las jubilaciones que tiene que ser recompensadas con la llamada “reparación histórica” (unas 800 mil) sean pagadas no por el FGS, sino a través del Ministerio de Economía de la Nación.
Es que durante la administración Cambiemos se puso al FGS como garantía para el pago a esas jubilaciones una vez que se agotaran los recursos del blanqueo de capitales. Y esos recursos, unos 150.000 millones de pesos, ya se agotaron.
De aprobarse esa ley a tratarse la semana próxima (cuenta con guiño lógico de todos los gobernadores), se liberaría al organismo para establecer nuevos mutuos con los gobernadores.
El mecanismo sería el siguiente: los gobernadores envían una nota para pedir la prórroga por 45 días de los vencimientos, Anses saca una resolución para avalar esa prórroga y el Banco Nación reintegra las retenciones de coparticipación. En paralelo, correrá el reloj de 45 días para alcanzar la sanción de la ley.
Contrapartida
La exigencia de la Nación que se conoció este miércoles, en caso de Misiones tiene como contrapartida un reclamo histórico y millonario de unos 1.500 millones de pesos por el déficit de la caja previsional el IPS.
El gobernador Oscar Herrera Ahuad había definido las acreencias como “lo que se denomina déficit de caja previsional” y en esta línea “la Provincia ha realizado a lo largo de todos estos meses el reclamo a la Nación”, dijo.
El mandatario ubicó el reclamo en los años 2017, 2018, 2019 y el adelanto de lo que es el 2020. “Son cuatro años, es una cifra muy importante”, había señalado.
Política
Reforma laboral: media sanción con los votos de Rojas Decut, Arce y Goerling
Tras casi 17 horas de tratamiento, la reforma laboral logró media sanción en el Senado con 42 votos positivos, incluyendo el de los misioneros, Sonia Rojas Decut, Carlos Arce y Martín Goerling, y el aval de los 26 títulos que integran el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei.
Tras la aprobación del Presupuesto 2026 en diciembre último, la Ley de Modernización Laboral se convirtió en una de las leyes más importantes que el Gobierno aspira a sancionar luego de la ley Bases aprobada en el 2024.
El proyecto contempla incentivos para promover el ingreso al empleo formal con la baja de impuestos, topes a las indemnizaciones y el armado, habilita los convenios por empresa, crea el banco de horas, y establece límites al derecho de huelga en los servicios esenciales.
La sesión comenzó a las 11:13 de ayer miércoles y cerca de la medianoche el único orador por Misiones fue el senador del bloque del PRO Martín Goerling, quien adelantó su acompañamiento en general. Mientras que los renovadores Rojas Decut y Arce también votaron en el mismo sentido.
En su lectura de datos, Goerling remarcó que con la legislación actual “El Estado se queda con un tercio del salario de un trabajador antes de que llegue a fin de mes”. Al mismo tiempo, añadió que “Argentina tiene hoy la carga laboral en contratos más alta de América Latina”.
Por lo que consideró: “Tenemos que defender el trabajo de los argentinos. Esta ley va en contra de la intermediación, en contra de la industria del juicio”. Y adelantó: “Hoy el PRO va a acompañar esta ley en general porque va a votar por el que quiere contratar y no se anima, por el joven que quiere trabajar y no puede, por los 6 millones de argentinos que hoy están en la informalidad. Debemos dar el paso de reformar esta ley para que uno de los cambios profundos que necesita la Argentina empiece a dar sus frutos”.
En el último tramo del debate en general, asistieron a la sesión desde un balcón del recinto la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario Eduardo “Lule Menem”, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Finalmente, la votación en general se dio a la 1:20, cuando los 42 votos a favor fueron marcados por los legisladores de LLA (20), el PRO (3), UCR (10), Frente Cívico (1), Independencia (1), el Frente Renovador de la Concordia (2), Primero los Salteños (1), Provincias Unidas (2), Despierta Chubut (1) y la Neuquinidad (1).
Mientras que los 30 votos de rechazo aportó el interbloque del peronismo conformado por el bloque Justicialista, Convicción Federal y el Frente Cívico de Santiago del Estero.

Votación por la Ley de Modernización Laboral
Luego, continuó la votación en particular de los 26 títulos que conforman el proyecto, momento en que el oficialismo no aceptó las modificaciones propuestas por diferentes senadores peronistas, como el caso del capítulo XIV donde figuraba el artículo referido a mantener el aporte obligatorio a los gremios y empresas, por lo que propusieron volver a la propuesta del Gobierno nacional para que esos aportes sean voluntarios.
En esa votación el oficialismo obtuvo 40 votos a favor, 32 en contra y la sesión concluyó pocos minutos antes de las 4.
De esta manera, el oficialismo recibió el apoyo de los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua, Salta Gustavo Sáenz, de Tucumán Osvaldo Jaldo, de Chubut Ignacio Torres, de Neuquén Rolando Figueroa, de Corrientes Juan Pablo Valdes y de Córdoba, Martín Llaryora.
Los detalles
A lo largo de toda la jornada el oficialismo y sus aliados mantuvieron la decisión de autorizar solo a las autoridades bancarias el uso de billeteras virtuales para pagar sueldos y señalaron que, si una billetera virtual quiere tener esa posibilidad, deberá adecuarse a las normas del Banco Central.
También se votó que se mantenga el sistema de aportes que hacen los afiliados a los gremios y allí se dispuso que no habrá ningún plazo para su vigencia, pero sí un tope del 2%. Esa misma medida se aplicará a las cámaras que reciben aportes obligatorios de las empresas que tendrán un tope del 0,5%.
En el tema del Instituto Nacional del Cine (Incaa) se decidió que se mantendrá hasta el 2028 el sistema de financiamiento que tiene actualmente con el 10% del precio de las entradas de cine, 10% de la venta/alquiler de videos y 25% de la recaudación del Enacom hasta el 2028 y luego se mantendrá con partidas del Presupuesto Nacional.
El proyecto finalmente fue girado a la Cámara de Diputados y el oficialismo aspira a poder votar esa iniciativa antes del 27 de febrero.
Incidentes frente al Congreso mientras el Senado debate la reforma laboral
Política
Herrera Ahuad cuestionó el financiamiento para la reforma penal juvenil
El diputado nacional del Frente Renovador Neo, Oscar Herrera Ahuad, quien integra el interbloque Innovación Federal, participó hoy como orador en el debate del dictamen del proyectos de reforma penal juvenil en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación. Durante su exposición, puso el foco en la falta de precisiones sobre el financiamiento que deberían asumir las provincias para implementar la legislación, en caso de que sea aprobada.
“Otra vez ponen en manos de las provincias una responsabilidad que debe ser compartida con la Nación”, cuestionó frente a sus pares el legislador, también médico pediatra y ex gobernador de Misiones.
En ese marco, Herrera aseguró que la ley “genera incertidumbre” en cuanto al financiamiento y que “muchas familias” están esperando “estos equipos multidisciplinarios”. Además, aclaró que no se refería al “crimen” que pudieran cometer los menores, sino “al delito que comete y la familia no lo puede contener porque es un menor adicto y está en un sistema que lo lleva cada día a eso”.
El diputado señaló que actualmente “se pone 23 millones de pesos para el Ministerio Público Fiscal y para el Ministerio de Justicia de la Nación” y, en esa línea, interpeló a los presentes con la pregunta: “¿Ustedes están convencidos de que con ese dinero van a poder construir centros modelos en toda la Argentina, cuando se han desfinanciado hasta los centros mínimos que tenemos de desarrollo infantil?”.
“No hay plata”, arremetió Herrera citando la premisa del presidente Javier Milei y continuó: “Otra vez va esto en el lomo de los gobernadores y las provincias, y otra vez escuchamos la otra campana, de decirles a los gobernadores ‘bajen los impuestos’, ‘achiquen los gastos’. ¿Ustedes creen que con esto se soluciona este problema? Yo le puedo asegurar que no”.
El diputado por Misiones también se refirió a la situación actual del sistema de salud mental del país, al que describió como “total y absolutamente desmembrado”.
“Se quitó el financiamiento a lo que es el programa de salud mental de la Argentina, que, con errores o con aciertos, en mi provincia lo pudimos aplicar muy bien y no coincido en eso de mandarlos a un manicomio. Nosotros los socializamos: los enfermos con alguna patología mental acuden a hospitales normales y son atendidos por equipos que están ahí, pero se hace cargo la provincia”, subrayó Herrera.
Y agregó: “Le estamos dando la responsabilidad a las provincias de construir centros multidisciplinarios sin decir de dónde van a sacar los recursos”.
Seguidamente, el exgobernador volvió a poner el foco en los recursos que propone la legislación: “La discusión está dada en todos los órdenes. Nosotros, en nuestra provincia, queremos saber: ¿de dónde vamos a sacar los recursos?, ¿Quién nos va a dar? Y también queremos que nos ayuden y nos acompañen en esto de decir: bajen los impuestos, achiquen el gasto. Ese es un gasto público y lo van a asumir las provincias”.
Por último, el diputado solicitó incorporar al dictamen un “capitulo de asignación de recursos específicos y taxativo para las provincias para llevar adelante esto, esos es una gran solución no para construir cárceles, sí para construir centros modelos y recuperar lo que en algún momento tuvimos como política publica que es la contención de nuestros jóvenes”.
Herrera Ahuad designado en comisión que tratará baja de edad de imputabilidad
Política
Marcharon contra la reforma laboral en Posadas
Al igual que en otros puntos del país, esta mañana, trabajadores nucleados en diferentes agrupaciones sociales, gremiales y políticas, marcharon a la plaza central de la capital provincial en rechazo al tratamiento legislativo de la reforma laboral, conocida como Ley de Modernización Laboral que se debate hoy en el Senado.
La columna ocupó al menos dos cuadras y se desplazó por calle Junín, desde el Mástil de Uruguay y Mitre hasta la Plaza 9 de Julio, donde referentes del Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Partido Obrero (PO) y otras agrupaciones, brindaron discursos advirtiendo sobre los riesgos de la aprobación e implementación de la reforma laboral en el país.
Desde la manifestación, Jazmín Kinder, integrante del Partido Obrero, expresó: “Me parece realmente gravísimo lo que se está por votar hoy. Es una contrarreforma a la que no consideramos laboral, sino esclavista, porque lleva a una involución de los derechos laborales hasta la desaparición de los mismos”.
Y sumó: “Quiero que se llame la atención respecto al discurso del gobierno, de enfrentar a trabajadores y trabajadoras porque hay una realidad: no se puede tapar el sol con la mano, hay una gran mayoría de trabajadores que están siendo precarizados en el país y eso se debe a que no hubo control por parte de los gobernantes”.
En ese sentido, refirió a las “facilidades” que implementó el gobierno para continuar “precarizando” a distintos sectores de trabajadores “con exenciones impositivas a los empleadores y una burocracia sindical que no luchó por el pase a planta de los trabajadores, sino que abogó por aumentar a la precarización, tercerización y demás. Que unos tengan derechos y otros no es algo muy peligroso”.
En ese contexto, recordó la pérdida de más de 400 empresas en Misiones y al menos 2 mil puestos de trabajo en blanco. Por lo que también refirió al éxodo de trabajadores argentinos a Brasil, lo que, a su entender, respondería a “la destrucción de la industria y los puestos de trabajo”.
Desde la CTA, Martín Ayala, enfatizó: “Hay que buscar la mayor unidad posible en todo el campo nacional y popular de las centrales obreras y los sindicatos de base, las organizaciones sociales, políticas y de jubilados, no es reforma, es regresión. Los trabajadores sabemos que es un revanchismo social de la vieja oligarquía”.
Desde el mismo espacio, Mónica Gurina, resaltó: “Hemos trabajado como pueblo para construir un derecho protectorio para los trabajadores, para la clase trabajadora que hace la riqueza de la Argentina. Sin embargo, nuestros carteles hablan, los legisladores han traicionado sucesivamente a los trabajadores”.
A nivel provincial, la protesta se replicará en Oberá y en Eldorado, y en distintas ciudades ubicadas a lo largo y ancho del país, desde donde proponen generar un “plan de lucha para derrotar la reforma esclavista y al gobierno nacional”.

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