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La Legislatura avanzó con una reforma judicial “a la misionera”

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Creó la quinta circunscripción judicial. El cambio se aprobó en la sesión de este jueves. Fue luego de 38 años sin que se tocara la Ley del Poder Judicial.

 

La Cámara de Representantes aprobó este jueves la creación de una nueva circunscripción judicial con cabecera en San Vicente y jurisdicción sobre la zona de Bernardo de Irigoyen, Dos de Mayo, El Soberbio, Pozo Azul y San Pedro.

Se trata de la quinta jurisdicción que funcionará en el mapa judicial de Misiones, lo que derivó además creación de nuevos órganos y en la readecuación de las cuatro ya existentes, según la norma.

La iniciativa fue fundamentada por la diputada Anazul Centeno, en una sesión que fue seguida también por ministros del Superior Tribunal de Justicia e intendentes de las localidades incluidas en la nueva circunscripción.

“Queremos hacerle la vida más fácil a los justiciables: los misioneros y misioneras de a pie que cuando tienen un problema quieren ver sus objetivos cumplidos”, dijo la legisladora.

El diputado Isaac Lenguaza (PAyS) expresó su coincidencia con Centeno ya que “desde el principio vimos como una ley trascendente para la Justicia de Misiones y la vida institucional de esta provincia. Esta ley es muy importante”.

La norma “significa mayor infraestructura y mejor funcionamiento, ya que hace más de 30 años que existen cuatro circunscripciones”, dijo el legislador, pero además “va a dar un mejor acceso al justiciable, por cercanía e infraestructura”, señaló.

Lenguaza observó que se hubiera modificado el proyecto original excluyendo tres municipios de la nueva jurisdicción, al anunciar su voto negativo a los cambios resultantes en la Ley orgánica del Poder Judicial de la Provincia, en particular.

También habló el diputado Oscar Lacour, quien cuestionó la escisión de municipios como Montecarlo, Puerto Piray y Puerto Rico de la nueva circunscripción, pero adelantó su voto afirmativo en general.

El diputado Rafael Pereyra Pigerl dijo que era “un momento trascendente porque pasaron 38 años para que modificáramos esta ley”, pero remarcó las iniciativas pendientes “para ordenar geográficamente el sistema judicial”.

Luego, la diputada Giuliana Perini apoyó en general el dictamen, pero coincidió con las observaciones de su par Lenguaza.

A su turno, Roque Gervasoni recordó el tiempo transcurrido desde el inicio del debate del proyecto en comisión y se aferró a un dicho jurídico referido a que “nadie puede alegar su propia torpeza”, al  poner en tela de juicio los demorados cuestionamientos.

Nuevos órganos

Por la misma norma se creó un Juzgado de Primera Instancia con competencia de Familia y Violencia Familiar en Leandro N. Alem, que funcionará con tres secretarías Letradas, una de Violencia Familiar.

También una Defensoría Oficial de Primera Instancia con competencia de Familia y Violencia Familiar en Leandro N. Alem y un Juzgado de Paz de primera categoría con dos secretarías Letradas en el barrio Itaembé Guazú, en Posadas.

Y se incorporó un Juez de Primera Instancia, un Defensor Oficial de Primera Instancia y tres secretarios de primera instancia, un Juez de Paz de Primera Categoría y dos secretarios letrados de Juzgado de Paz de Primera Categoría.

Por último se incluyeron las adecuaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial a las nuevas disposiciones, a raíz de las nuevas distribuciones geográficas de las jurisdicciones.

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Bárbaro y Sereno fueron a la justicia por una denuncia periodística de narcotráfico

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Renunciaron a sus fueros para que los investiguen. Fueron involucrados en el hallazgo de una plantación de marihuana.

 

 

Los líderes del Partido Agrario y Social (PAyS), Héctor “Cacho” Bárbaro y Martín Sereno, se pusieron a disposición de la justicia para que investigue si tienen responsabilidad en la explotación de una plantación de marihuana, como les atribuyó una publicación.

En el trámite, encuadrado en una acción de vindicación prevista por la Constitución de Misiones, el diputado nacional y su par provincial, renunciaron a sus fueros con el fin de allanar la intervención judicial, según se informó este martes.

La presentación fue realizada ante el juez Federal de Eldorado, Miguel Ángel Guerrero, acompañada por elementos periodísticos acerca de la supuesta responsabilidad de ambos en la explotación de marihuana en el paraje Inter, en jurisdicción de Dos Hermanas.

A partir de la divulgación del caso a través de las redes sociales, en diciembre pasado, los legisladores también pidieron que comparezca el responsable de la publicación, quien hizo referencias a “fuentes de la investigación” como proveedoras de la información.

Del lado del PAyS se dieron a conocer declaraciones de Bárbaro y Sereno acerca del respeto a la libertad de expresión, pero “estamos acostumbrados a las operaciones políticas a través de supuestos comunicadores.

El caso que desató la denuncia judicial, “es gravísimo porque nos involucran en una actividad delictiva que es un flagelo para miles de familias con hijos y afectos víctimas de la droga”, señalaron.

“El límite es claro, llegó el momento de marcar hasta acá muchachos”, puntualizaron, al tiempo que valorizaron el recurso judicial al que acudieron porque “es mucho más adecuada porque más allá de atacar a las personas por razones políticas, en la publicación se afecta a las instituciones y al propio sistema representativo cuando se lesiona la credibilidad y la seguridad jurídica”.

La acción

El recurso utilizado por los legisladores consiste en que “el funcionario o empleado a quien se impute delito cometido en el ejercicio de su cargo está obligado a acusar judicialmente para vindicarse, bajo pena de su destitución, y gozará del beneficio de gratuidad procesal”.

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Concejales del Pro Misiones exigen al gobierno cifras reales de casos de covid

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En un comunicado firmado por 52 ediles de toda la provincia, piden que el parte oficial de contagios incluya los resultados de laboratorios privados. Además, recomiendan mayor cantidad de testeos “para tomar decisiones acertadas”.

“Los Concejales de Juntos por el Cambio de la Provincia de Misiones manifestamos nuestra preocupación por el creciente número de casos de Covid-19 en nuestra provincia”, comienza la misiva firmada por más de medio centenar de ediles, la mayoría de origen radical, hoy enrolados tras los colores del Pro.

En el comunicado oficial, concejales y ex concejales de casi 40 localidades misioneras se dirigen al ministro de salud de la provincia para reclamar datos sobre Covid-19: “Dr. Oscar Alarcón proporcione a la ciudadanía las cifras reales de pacientes afectados por dicha patología”, comienzan.

Los ediles solicitan, además: “Que se informen los casos diagnosticados por test de PCR como asimismo los casos de pacientes que han resultado positivos al hisopado test rápido…”.

Entre los datos sobre los que indagan para que salgan a luz, solicitan el detalle sobre los resultados: “…tanto en Salud Pública como en los laboratorios privados que, por ahora, no figuran en el parte oficial”, insinúan y a continuación recomiendan: “Creemos resulta imperioso se aumente el número de testeos en todas las localidades”.

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¿Sin rencores?: la Renovación le da su voto a la movilidad jubilatoria

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El diputado Sartori apoyó el dictamen del oficialismo. También lo hicieron los que responden a Schiaretti. Los dos sectores son fundamentales para la sesión del 29.

 

Con los votos de los tres integrantes del frente misionero y de los diputados que responden el gobernador Juan Schiaretti, el Frente de Todos logró el dictamen de mayoría del proyecto que establece una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

La adhesión del Frente Renovador de la Concordia quedó ratificada por la firma del diputado Diego Sartori, mientras que Paulo Cassinerio hizo lo propio en nombre de la representación cordobesa, lo que garantizaría la sanción de la norma el 29.

De esa manera, en Misiones comenzaron a despejarse las dudas sobre el futuro de la relación entre la provincia y la Nación, a partir del veto del presidente Alberto Fernández a la creación de zonas aduaneras especiales en los distritos fronterizos.

El debate de la movilidad jubilatoria se dio en un plenario de las comisiones de Presupuesto y de Previsión Social realizado en el recinto del palacio este miércoles para mantener el distanciamiento social y coordinado por el presidente de la última de ellas, el oficialista entrerriano Marcelo Casaretto.

La discusión se extendió por seis horas, el proyecto de movilidad tuvo 42 firmas a favor y el rechazo de Cambiemos 36. El diputado de izquierda Nicolás del Caño presentó un dictamen propio como también los lavagnistas y socialistas, aunque en este caso no tienen representantes en la comisión y deberán defenderlo en el recinto.

Contando

El único ausente del Frente de Todos: el jujeño José Luis Martiarena, quien ni siquiera se conectó al VPN para votar. El oficialismo tiene 118 votos y si alcanza los 6 del bloque de Ramón y los 4 de Córdoba quedará a uno sólo de la mayoría simple.

La diferencia puede alcanzar con la dupla de Felipe Álvarez y Antonio Carambia, aliados en varias votaciones; o la del bonaerense Eduardo Bucca y Andrés Zottos, que integran el interbloque federal junto a cordobeses, lavagnistas y socialistas. Queda suelta como posible aliada la neuquina Alma Sapag.

La nueva fórmula para actualizar las jubilaciones contempla en partes iguales el aumento de la recaudación destinado al Anses por diferentes leyes con la variación salarial, considerada esta última según la cifra más alta entre las mediciones del Indec y el Ministerio de Trabajo (Ritpe).

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