El presidente Javier Milei presentó este miércoles el paquete de leyes conocido como “ley ómnibus” que avanza con la reforma del Estado y entre sus principales propuestas figuran la declaración de emergencia pública y la delegar de facultades legislativas, exclusivas del Congreso, al Poder Ejecutivo por al menos dos años, hasta 2025, con la posibilidad de prorrogarla hasta 2027, año en que concluye su mandato.

En las redes sociales oficiales, el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) difundió un video que el itinerario del proyecto de ley, de más de 600 artículos, hacia el Congreso y la entrega por parte del ministro del Interior, Guillermo Francos, al titular de Diputados, Martín Menem.

Ya en la introducción, el proyecto el gobierno explica que una de sus propuestas es que “haga efectiva la delegación legislativa prevista en el artículo 76 de la Constitución Nacional, declarando la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social, hasta el 31 de diciembre de 2025”.

“Las normas que se dicten en el ejercicio de esta delegación serán permanentes, excepto cuando la naturaleza de la medida determine su carácter transitorio y así se lo disponga en forma expresa”, señala el texto.

Establece, además, que la declaración de emergencia “podrá ser prorrogada por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de DOS (2) años”.

El paquete incluye, también, en el Título X la ratificación del mega DNU 70/23, cuyo tratamiento le corresponde a la Comisión Bicameral del Congreso y después al pleno de ambas cámaras, y que ya recogió múltiples presentaciones de cautelares para suspender su aplicación.

“Con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853, presentamos al Honorable Congreso de la Nación el adjunto proyecto de ley y manifestamos nuestra firme voluntad de emprender, inmediatamente y con instrumentos idóneos, la lucha contra los factores adversos que atentan contra la libertad de los argentinos; que impiden el correcto funcionamiento de la economía de mercado y son la causa del empobrecimiento de la Nación”, informa la cuenta de la Oficina del Presidente en la plataforma sucesora de Twitter.

Privatizaciones

El paquete incluye la privatización 41 empresas públicas, entre las que se encuentran: Aerolíneas Argentinas; YPF; Banco Nación; Casa de Moneda Correo Argentino; ARSAT; AySA; Fabricaciones Militares; Ferrocarriles Argentinos; Télam y Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), entre otras.

La intención del gobierno es constituir sociedades anónimas “en las cuales el Poder Ejecutivo nacional podrá conservar una (1) acción con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la actividad”.

Deuda externa

La “ley ómnibus” deroga el artículo 107 de la Ley de Fortalecimiento del Deuda Pública, que establece que “toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras” que supere el porcentaje determinado en la ley de Presupuesto “requerirá de una ley especial del Honorable Congreso de la Nación que la autorice expresamente”, y le pasa la atribución al Poder Ejecutivo.

El proyecto modifica también el artículo 194 del Código Penal y endurece las penas a los manifestantes, estén o no presentes al momento de la protesta.

El texto vigente establece de tres meses a dos años de prisión para “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.

Milei aumentar de dos a cuatro años de cárcel a quienes con un arma interrumpan el servicio de transporte público; con dos a cinco años a “quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado”, y con tres a seis años a quienes amenacen a una persona con sacarle la “asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole” por no asistir a una protesta.

También, reforma el artículo 34 del Código Penal y extiende la definición de la legítima defensa para habilitar que no serán penados quienes obren “en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo; en cuyo caso, la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”.

Las ley vigente establece que “las fuerzas de seguridad podrán hacer uso del arma de fuego cuando su vida o la vida de otras personas estén en riesgo”.

Reforma electoral

Milei también busca eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) y establecer el sistema de Boleta Única, promovido por Juntos por el Cambio (JxC).

Asimismo, modifica la composición de la Cámara de Diputados, reemplazando el sistema de conformación actual (D’Hont, que determina la cantidad de diputados de forma proporcional con la población), por un mecanismo de circunscripciones uninominales, que divide el país en 254 circunscripciones y elige un diputado por cada una.

Jubilaciones

El artículo 106 del proyecto suspende la “aplicación del artículo 32 de la Ley N° 24.241, sus complementarias modificatorias” y faculta al Poder Ejecutivo para “establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones mencionadas en los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 17 de la Ley N° 24.241, teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica”.

Con esto, el gobierno elimina la movilidad jubilatoria y establece una fórmula nueva que queda librada al criterio del Poder Ejecutivo.

Según el artículo 106 de la ley enviada por Milei, “hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”.

Ley Micaela

El paquete modifica también la Ley Micaela, que establecía la capacitación obligatoria en materia de género para todas las personas que integran los tres Poderes del Estado.

Según el proyecto, la normativa pasaría a brindar capacitaciones solo acerca de “violencia familiar y contra la mujer”, dejando de lado cualquier atisbo de tratar temáticas vinculadas a la diversidad.

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