La Junta Electoral del PJ Misiones oficializó solo dos listas de las tres que habían llegado a tiempo al cierre de inscripción del 20 pasado y dejó afuera de las elecciones del 19 de abril próximo a Peronismo Misionero, encabezada por el diputado nacional del Frente Renovador Neo, Alberto Arrúa.

De esta manera, competirán por la conducción del partido las listas Amplitud – Fuerza Patria, del líder de Convergencia Justicialista Gonzalo Costa de Arguibel, y La Julio Humada, de Christian Humada, hijo del fallecido ex gobernador peronista de la provincia.

Según lo establecido en la Resolución 11/26, el organismo electoral partidario, integrado por Marcela Villegas, Ana Peirano y Leonardo Orlando, oficializó también las candidaturas de Amplitud y La Julio Humada para los consejos políticos municipales y el Congreso Provincial del PJ.

Arrúa quedó afuera, pero consiguió oficializar candidatos en Santo Pipó y Concepción de la Sierra, con los dirigentes Mabel Ibáñez y Matías Tessmar Ostapchuk, respectivamente.

En Campo Grande se presenta solo una lista, cuyo nombre rinde homenaje al ex gobernador peronista del Chaco, uno de los últimos caudillos partidarios del NEA y candidato a vicepresidente de la Nación en 1983, Deolindo Felipe Bittel, encabezada por Mateo Sebastián Encina.

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La etapa de Homenajes de la sesión ordinaria de este jueves en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Posadas derivó en cruces entre ediles oficialistas y opositores por proyectos que buscan exigir a la empresa de Servicios de Aguas de Misiones Sociedad Anónima (Samsa) respuesta ante reclamos de vecinos de la capital por sobrefacturación y presencia de aire en las cañerías.

El eje del debate se instaló con la toma de estado parlamentario de una iniciativa del concejal renovador Jair Dib que propone que la Municipalidad intime a la prestataria a instalar bloqueadores de aire en todas las conexiones domiciliarias de agua potable de la ciudad, con el objetivo de evitar distorsiones en la medición del consumo denunciadas por los usuarios.

A partir de esto, la edil Valeria Gómez de Oliveira, de La Libertad Avanza, recordó un proyecto de su autoría, presentado el 27 de marzo del 2025, para “resolver los abusos en la facturación del servicio” de agua potable y por la presencia de “aire en las cañerías”. La concejal sostuvo que la iniciativa abordaba distintos aspectos vinculados a la situación, como la instalación de válvulas de purga de agua; un control general de la prestación y la implementación de mecanismos de reclamos más eficientes.

“Era un proyecto que se llegó a tratar en la comisión, lamentablemente muy por arriba, en una sola reunión que, a mi criterio, fue insuficiente, y no logramos tener un dictamen al respecto”, cuestionó a sus pares Gómez de Oliveira.

En ese sentido, la ex radical señaló que “no es un tema nuevo”, aunque celebró la iniciativa del concejal Dib “a pesar de la demora de un año en advertir el problema tan evidente”, y la consideró “acotada”. En función de ello, solicitó que su proyecto sea unificado al expediente del edil renovador para avanzar en un “dictamen con una solución real para los vecinos”.

Tras la alocución de Gómez de Oliveira, el debate continuó con normalidad con la presentación de otras iniciativas impulsadas por los concejales, hasta llegar al tramo de Homenajes, en el que la edil Luciana Scromeda (Frente Renovador) hizo uso de la palabra en el recinto.

Calidad institucional

Scromeda llamó a reflexionar sobre el significado de marzo, al señalar que el 24 de marzo invita a ejercitar la memoria colectiva y reafirmar la democracia; el Mes de la Mujer interpela a construir vínculos más justos y respetuosos; y la cercanía de Pascuas representa un momento de profunda significación espiritual para la comunidad.

En esa línea, advirtió que “memoria, respeto y convivencia, aunque parecieran conceptos meramente abstractos, son en realidad principios que deberían guiar cada una de nuestras acciones, especialmente en este recinto”, y cuestionó el debate de la sesión pasada. “Cuando se reemplaza el argumento por el agravio, cuando se alza la voz para descalificar en lugar de construir, lo que se pone en crisis no es una posición política por encima de la otra, lo que entra en juego es la calidad institucional de este Concejo”.

La concejal renovadora también remarcó que “no se trata de diferencias, las diferencias son legítimas y necesarias, se trata de cómo las expresamos”, y llamó a “elevar el nivel del debate”.

“Hablar con firmeza, sí; defender posiciones, también; pero hacerlo con respeto, con argumentos y dentro de las reglas que nos rigen”, sostuvo, y advirtió: “Si naturalizamos el grito, el agravio y la descalificación, terminamos vaciando de contenido a la política y, cuando la política se vacía, la ciudadanía se aleja”.

Al finalizar Scromeda, el otro concejal ex UCR y ahora de La Libertad Avanza, Pablo Argañaraz, pidió rápidamente el uso de la palabra para coincidir con lo expuesto por su par opositora; no obstante, enfatizó que actuar con responsabilidad “es saber que se tiene que respetar la palabra y las voces de todos”.

Seguidamente, el edil señaló que la concejal Gómez de Oliveira “hace 12 meses presentó un proyecto igual al de la válvula que mostró el concejal Jair Dib, igual y más completo, y durmió en un cajón; entonces, cuando hablamos de responsabilidad, cuando queremos hacer honorable a este Concejo, es para todos”.

En ese sentido, Argañaraz sostuvo que “es muy fácil venir con un discursito a decir ‘tenemos que hablar entre todos’”, al tiempo que acusó al oficialismo de “cajonear sistemáticamente” todos los proyectos impulsados por los concejales opositores.

Trabajo “político”

Posteriormente, el concejal Jair Dib salió al cruce de los cuestionamientos de la oposición sobre el proyecto de válvulas para expulsar el aire de las conexiones domiciliarias de agua y explicó cómo es el tratamiento legislativo en el Concejo Deliberante. En ese marco, disparó que “la presentación de un proyecto no se agota en su presentación: tiene un trabajo detrás, que es justamente administrativo y político, que cada uno de los concejales realiza para poder defenderlo”.

Asimismo, el ex presidente del HCD posadeño señaló que ese proceso incluye un abordaje territorial, técnico y de articulación con las partes involucradas.

“Tenemos que discutir como amerita el asunto, yo no puedo venir y simplemente decir ‘presenté un proyecto’ y dejar que quede en el desinterés o interés”, planteó y cuestionó las críticas por la falta de tratamiento de iniciativas. “Es fácil acusar y decir que cuando un proyecto no se trata quedó en el desinterés, pero ¿qué interés manifesté yo para llevarlo adelante, qué hice para que avance?”, agregó.

Además, el edil renovador sostuvo que “el concejal tiene que presentar el proyecto y políticamente llevarlo adelante para poder aprobarlo”, y subrayó que “si buscamos soluciones reales tenemos que luchar para que se cumplan”. Finalmente, al referirse a la iniciativa sobre válvulas, aclaró: “Quiero renunciar expresamente a cualquier sentido que se le quiera dar de autoría a esto, este proyecto no me pertenece, pertenece a todo el pueblo posadeño”.

Por último, Gómez de Oliveira respondió a los dichos del concejal Dib y aclaró que, al momento de la presentación de su proyecto, “lo hice con toda la responsabilidad que eso implica, con toda la investigación que se tiene que hacer, y no solamente con la investigación sino con el seguimiento correspondiente”.

Luego, la edil libertaria agregó: “Para eso me fui a la comisión, expliqué la idea, pero lamentablemente no teníamos la mayoría necesaria como para que se apruebe, así que se ha advertido que existen estas válvulas y que, después de todo lo que el pueblo se ha quejado, se tomó en consideración; ahora espero que se trate seriamente, pero ese reclamo y todos los otros que obran en mi proyecto”.

El debate por la problemática del servicio de agua potable en la ciudad y los proyectos que buscan exigir a Samsa respuestas para los usuarios de Posadas cerró con la alocución de Gómez de Oliveira. Mientras dentro del recinto los concejales planteaban distintas posturas sobre la situación, vecinos damnificados por la prestataria aguardaban en la vereda del edificio, ubicado en las calles Bolívar y Félix de Azara, a la espera de ser atendidos por algún edil.

Fueron los concejales Jair Dib y Héctor Cardozo quienes finalmente recibieron a los vecinos y les confirmaron que el proyecto avanzó para su tratamiento en la Comisión de Obras Públicas y Urbanismo, con un primer abordaje previsto para el próximo martes.

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La Cámara de Diputados realizó hoy la primera de las dos audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares, en una jornada marcada por la controversia en torno a las restricciones impuestas a la participación de los miles de inscriptos para la convocatoria.

El acceso al Congreso, minado de agentes de seguridad, que filtraban el ingreso de los expositores anotados, en función de una lista que nadie sabe quién confeccionó, fue un cuello de botella político para el gobierno, que terminó cruzado por denuncias de la oposición en la Justicia Federal porteña.

De los más de 100.000 inscriptos para las dos jornadas de la audiencia pública por el proyecto de la Casa Rosada, de habilitar parte del área protegida de los glaciares a la explotación minera y petrolera, pudieron ingresar 300.

Diputadas y diputados de distintos bloques de la oposición presentaron un pedido de impugnación contra la convocatoria, por “irregularidades” en la selección de expositores y exigieron la “revisión y adecuación” del procedimiento a estándares democráticos.

Igualmente, el oficialismo logró imponerse y la audiencia se llevó a cabo en un clima accidentado, que trajo, una y otra vez, los cuestionamientos por el método quirúrgico de selección de expositores.

La indignación saltó enseguida a las redes, donde muchos de los inscriptos que no pudieron ingresar, entre profesionales, activistas ambientales, biólogos, trabajadores mineros; e incluso, varios diputados de la oposición, volvieron a cuestionar la validez de la convocatoria.

Negocios mineros

Finalmente, las comisiones de Recursos Naturales y Medio Ambiente, y de Legislación, cumplieron con la primera de las dos jornadas previstas para la discusión pública de la reforma a la Ley de Glaciares impulsada por el gobierno de Javier Milei.

De la convocatoria de este miércoles, participaron los diputados misioneros, Yamila Ruiz y Alberto Arrúa, del Frente Renovador Neo; y Emmanuel Bianchetti, del PRO Misiones.

El desarrollo de la reunión tuvo cruces fuertes, como el de Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, quien anunció durante su exposición que mañana estará presentando una denuncia en Comodoro PY contra la senadora salteña Flavia Royón, por incompatibilidad en la función pública, ya que votó a favor de la nueva ley de Glaciares y tiene una consultora sobre minería.

“¿Ustedes saben que hay una senadora nacional que no representa a la provincia de Salta, sino que representa a las mineras directamente, que se llama Flavia Royón?”, preguntó Viale al recinto.

“Flavia Royón tiene una consultora que asesora a Río Tinto, que es una de las principales beneficiadas por esto. Y mañana la estamos denunciado penalmente por incompatibilidad en la función pública y que se investigue el cohecho”, anunció Viale, y miró al legislador libertario José Peluc, presidente de la Comisión de Recursos Naturales.

“¿Usted no tiene relación con proveedores mineros? La gente de su partido, ¿No tuvo una reunión hace poco con un proveedor minero? ¿Cuántos diputados hay así, cuántos diputados son proveedores mineros?”, lanzó.

“La verdad es que esto tiene nombre y apellido: son las grandes transnacionales mineras. ¡Le están entregando el agua y es para siempre!”, arremetió Viale.

El abogado Enrique Viale aseguró que denunciará penalmente a la senadora Flavia Royón por incompatibilidad con la función pública, al votar a favor de modificar la ley de Glaciares y tener una consultora que asesora a la minera Río Tinto.https://t.co/zmWGSNB20U pic.twitter.com/vMrDr6YiU4

— Diagonales (@diagonalesweb) March 25, 2026

Fue una de las intervenciones más encendidas de la jornada, que arrancó al mediodía y se extendió hasta las 19:00 horas, junto con las exposiciones de Bruno Giambelluca, de Greenpeace; la ex diputada Marta Maffei, autora de la Ley de Glaciares; Marcelo Arteaga, trabajador petrolero y opositor al proyecto; y el Nobel de Derechos Humanos, Adolfo Pérez Esquivel.

“La reforma busca borrar de un plumazo la protección de la zona periglaciar, permitiendo la destrucción de reservas de agua dulce que son críticas ante el cambio climático”, afirmó Giambelluca y disparó: “La historia los juzgará como los que remataron el agua de los argentinos”. Hubo aplausos y llamados al orden de los presidentes de comisión.

Maffei dijo que la modificación propuesta por el gobierno “omite los recaudos legales”, tachó de farsa la convocatoria y aclaró: “Mi participación no convalida esta aberración”.

“Hoy, el litro de agua cuesta más que el combustible”, tiró Arteaga y vaticinó: “El pueblo no va a tener para comprar agua mineral”.

“Por presión del Gobierno de Estados Unidos se quiere ingresar empresas a imponer esta ley de Glaciares”, señaló Pérez Esquivel y pidió “encontrar un equilibrio de las necesidades del ser humano con el desarrollo que necesitan los pueblos para su vida”.

“Por presión del Gobierno de Estados Unidos se quiere ingresar empresas a imponer esta ley de Glaciares”

Adolfo Pérez Esquivel señaló que se debe “encontrar un equilibrio de las necesidades del ser humano con el desarrollo que necesitan los pueblos para su vida”. pic.twitter.com/0XFzpVBomQ

— Corta (@somoscorta) March 25, 2026

Los riesgos de contaminación de las fuentes de agua potable de las regiones protegidas por la ley sancionada en 2009, es el centro de los cuestionamientos de las organizaciones ambientalistas y vecinales de las provincias afectadas, y de la oposición política kirchnerista y de izquierda.

Legisladores como Juan Grabois, Nicolás Del Caño, Cristian Castillo, Myriam Bregman, Sabrina Selva, Gabriela Estévez, Lucía Campora, María Inés Zirgaran, Adriana cristina Serquis y Maximiliano Ferraro, entre otros, fueron los que llevaron la voz cantante contra el proyecto.

Eco terroristas y máquinas

El oficialismo tiene como espadas a los diputados Guillermo Mosso y Nicolás Mayoraz, que este miércoles jugaron fuerte, en el límite del Reglamento de la Cámara.

Mosso fue la voz más combativa que se escuchó hoy a favor de la reforma. Al llegar al Congreso tuvo un cruce con los manifestantes, la mayoría expositores que quedaron afuera, y luego, en su discurso en la audiencia, tildó de “eco-terroristas” y “máquinas de impedir” a quienes se oponen a la minería.

Dijo que Argentina “necesita divisas de forma urgente” y que los glaciares “no se tocan”, pero que el área periglaciar, que el proyecto mileísta libera de protección, es “tierra productiva desperdiciada”.

Mayoraz, presidente de la comisión, cambió la retórica por la acción, e impuso límites de cinco minutos por orador, cortó micrófonos varias veces, cruzó los reclamos con insultos, y puso, por momentos, la sesión al borde de la disolución.

El gobierno sumó voces, como la UOCRA, Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina; la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN), y de la CAEM, la Cámara Argentina de Empresas Mineras.

La discusión sobre glaciares está cargada de exageraciones. No está en juego el agua que consumen las personas ni están en peligro los sistemas hídricos. En la cordillera, los ríos dependen principalmente de la nieve; en casi todo el país, de las lluvias. 2/5

— Guillermo Mosso (@guillemosso) March 25, 2026

Los argumentos se centraron en ecuaciones económicas y en “la necesidad de seguridad jurídica para las inversiones”. Hubo abucheos cuando afirmaron que la actividad minera actual tiene estándares que “conviven armoniosamente” con el medio ambiente.

Por Misiones no habló ninguno de los legisladores nacionales de la tierra colorada que integran las comisiones involucradas en la discusión del proyecto: Ruiz y Bianchetti, por Legislación; y Arrúa, por Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. Los tres ya adelantaron públicamente que votarán por el proyecto que ya tuvo media sanción el Senado, con los votos de los tres parlamentarios misioneros, Omar Arce y Sonia Rojas Decut, de la Renovación Neo; y Martín Goerling, del PRO Misiones.

El peronista Arrúa opinó en los medios locales que la reforma de la Ley de Glaciares “protege el medio ambiente”. En el mismo sentido se despacharon Rojas Decut y Goerling, justificando su voto por un proyecto que, según organizaciones ambientalistas de Misiones y de otras provincias que no tienen glaciares, abre la puerta para la desregulación de normativas como la Ley de Humedales y la Ley de Bosques, que protege la selva misionera.

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