Política
Justicia rechaza apelación contra intervención del PJ Misiones
El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°1, con competencia electoral, rechazó la apelación presentada por el peronismo renovador contra la intervención del Partido Justicialista (PJ) Misiones y convalidó lo dispuesto por el Consejo Nacional presidido por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK).
El recurso, rechazado esta semana, había sido presentado por el ex apoderado partidario Martín Kornutta, contra la designación de los interventores Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, y el desplazamiento de la conducción partidaria local, encabezada por el equipo de Myriam Comparín y el diputado nacional Alberto Arrúa, que fungía de secretario del Consejo Provincial.
En el fallo, los jueces Martín Rosendo Seguí y María Romuilda Servini, señalan que, conforme a la jurisprudencia consultada, “no resulta irrazonable la medida dispuesta” y destaca, asimismo, que “toda intervención, debe tender a normalizar el distrito en el menor tiempo posible para devolver el partido de Distrito a sus autoridades naturales”.
Por tal motivo, continúa, el juez resuelve “no hacer lugar al planteo de nulidad de la intervención interpuesto por la parte actora”.
Pronunciamiento
La noticia cayó como un bálsamo en las filas de los interventores Arrieta y Rodríguez, que a través de un comunicado se reafirmaron en la labor encomendada por la conducción nacional del partido.
“El fallo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°1 sostiene que la intervención fue dispuesta en ejercicio de las atribuciones partidarias ante una situación de urgencia institucional, con fundamento en la posible pérdida de la personería jurídico-política del PJ Misiones por no haber participado en las elecciones generales de 2023 ni conformado alianzas electorales”, reza el pronunciamiento firmado por los hombres designados por CFK.
“Asimismo, se señalaron conflictos internos, la suspensión de autoridades electas y la falta de entrega de documentación partidaria, entre otros incumplimientos”, agrega.
Arrieta y Rodríguez sostienen que “el magistrado consideró que, si bien la medida fue inicialmente cuestionada por su falta de comunicación formal y fundamentación explícita, tales observaciones fueron subsanadas con la ratificación realizada por el Congreso Nacional del PJ el pasado 20 de mayo de 2025, lo que legalmente convalida la intervención”.
“La resolución judicial aclara que, aunque las intervenciones partidarias deben ser excepcionales, la gravedad de los hechos y el riesgo institucional justificaron plenamente esta decisión, desestimando así la supuesta irrazonabilidad alegada por el sector desplazado”, afirma el comunicado.
Seguidamente, denuncia que “a pesar de la notificación judicial, referentes del sector con mandato vencido y sus seguidores han impedido hasta el momento la plena efectivización de la intervención” y que “con el apoyo de fuerzas de seguridad, han ocupado ilegítimamente la sede partidaria, obstaculizando el traspaso de la posesión real del inmueble y los atributos institucionales a los interventores designados, por lo que la intervención ha solicitado la adopción de medidas que garanticen la restitución del inmueble y permitan el funcionamiento normal de las autoridades partidarias designadas”.
“Desde la Intervención del PJ de Misiones reafirmamos nuestro compromiso con la recuperación institucional del partido en la provincia, en el marco del respeto a los principios democráticos y a la legalidad”, manifiestan los interventores y convocan “a toda la militancia a mantenerse unida, a defender al justicialismo y a rechazar cualquier acto que atente contra su organización, legitimidad y funcionamiento”.
Despacho CNE 2322_2025 - RESOLUCION
Política
Presupuesto: misioneros votaron capítulo contra discapacidad y universidades
Los siete diputados misioneros acompañaron la derogación de las leyes de emergencia por discapacidad y financiamiento universitario, al votar esta madrugada por el Capítulo 11, del proyecto de Ley de Presupuesto 2026, que contenía el artículo 75, que dejaba sin efecto ambas normativas, vetadas por Javier Milei, pero insistidas por el Congreso con mayoría calificada y, por lo tanto, vigentes.
El Capítulo 11 no pasó, sin embargo, el filtro legislativo y fue rechazado en la votación en particular, por 123 votos negativos, 117 positivos y 2 abstenciones. Entre los votos afirmativos, se anotaron Diego Hartfield y Maura Gruber, de La Libertad Avanza (LLA); Oscar Herrera Ahuad, Yamila Ruiz, Daniel Colo Vancsik y Alberto Arrúa, del Frente Renovador Neo; y Emmanuel Bianchetti, del PRO Misiones.
Es cierto que el interbloque de Innovación Federal, que integran los Neo con tres diputados salteños y preside Arrúa, revalidó en el recinto la disidencia expresada en Comisión con respecto al artículo 75, un gesto que se diluyó, minutos después, en el momento de la votación.
La Renovación Neo había acompañado la sanción de ambas leyes en el Congreso. Desde el trabajo en las comisiones, el tratamiento en Diputados y el Senado; e, incluso, sumó a los dos tercios que tumbaron los vetos de Milei, que no tuvo más opción que promulgarlas, aunque nunca las aplicó.
En un comunicado, subido este jueves en sus redes sociales, el Frente Renovador Neo justificó el acompañamiento al proyecto de Presupuesto del gobierno y volvió a dejar constancia de la disidencia expresada por Innovación Federal en el recinto. ,
“Entendemos que un país necesita un presupuesto aprobado para garantizar previsibilidad, orden institucional y reglas claras en el uso de los recursos públicos”, reza el pronunciamiento y afirma: “Un Estado sin presupuesto es un Estado sin rumbo”.
“Al mismo tiempo, marcamos con claridad nuestros límites: las universidades públicas y las personas con discapacidad no pueden quedar sin respaldo ni financiamiento. Por eso, sostuvimos una disidencia responsable, que combine estabilidad institucional con la defensa de derechos sensibles”, señala en otro párrafo.
“Esa es nuestra manera de construir: responsabilidad para gobernar, compromiso para cuidar lo esencial”, finaliza.
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Recortes aprobados
Con la aprobación en general del Presupuesto 2026, los diputados nacionales de Misiones convalidaron un amplio paquete de recortes en educación y salud que, a diferencia del rechazado artículo 75, forman parte de la propuesta que pasó al Senado.
El Capítulo 2, aprobado por 130 votos afirmativos, 101 negativos y 13 abstenciones, es motosierra en estado puro: elimina el piso del 6% del PBI para educación, establecido en la Ley 26.206 de Educación Nacional; los artículos 5°, 6° y 7° de la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; y el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, creado por la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional, para el sostenimiento de unas 1.500 escuelas técnicas de todo el país.
Se trata de un fondo destinado específicamente a mejorar la infraestructura y equipamiento de las escuelas técnicas, capacitar docentes y actualizar currículas, adquirir insumos y maquinaria para talleres y laboratorios, y promover la articulación entre educación y demandas productivas regionales.
Fueron varios los diputados que advirtieron en el recinto que, sin este fondo, las escuelas técnicas corren riesgos para su funcionamiento, como obsolescencia de equipos, falta de insumos básicos y dificultades en mantenimiento.
Fuentes sindicales docentes, como Amet y Ctera, señalaron que, si bien, el proyecto de Presupuesto de Milei enuncia un aumento nominal del 8% real en educación general, la inversión educativa total equivale el 0,75% del PBI, el más bajo en décadas.
En lo referente a salud, la ley sancionada en Diputados, dispone recortes a los programas de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual (ITS), cuya atención en Misiones se concentra en el Hospital Baliña, de Posadas.
En materia de financiamiento, establece un recorte aproximado del 38% respecto a años previos, según análisis de la Fundación Huésped; reduce el número de personas atendidas con tratamientos antirretrovirales, de 79.000 en 2024 a 71.500 proyectadas para 2026; dispone menos tratamientos para tuberculosis y hepatitis C; elimina a cero la asignación para compras de PrEP (profilaxis preexposición) y PEP (postexposición), materiales educativos, preservativos, test rápidos y reactivos para diagnóstico.
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El debate sobre la reforma laboral en el Senado pasó para el 10 de febrero
La senadora oficialista Patricia Bullrich, presidenta de la Comisión de Legislación General del Trabajo y Previsión Social del Senado, anunció este jueves que el debate en el recinto del proyecto de reforma laboral se trasladará al mes de febrero de 2026.
Durante el plenario de comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Presupuesto y Hacienda, Bullrich informó que se firmará el dictamen en las próximas horas o días, pero el tratamiento final en el piso de la Cámara alta se postergará para el próximo 10 de febrero.
El proyecto, enviado por el presidente libertario Javier Milei, modifica aspectos de la Ley de Contrato de Trabajo, como el régimen de indemnizaciones, la ultraactividad de los convenios colectivos, el cálculo de horas extras y regulaciones sindicales.
El debate en comisiones comenzó ayer con la exposición del secretario de Trabajo, Julio Cordero, y continuó este jueves con intervenciones de representantes sindicales, empresarios, abogados laboralistas y otros expositores.
En paralelo, la CGT realizó una movilización masiva a Plaza de Mayo en rechazo al proyecto, que los gremios califican como regresivo para los derechos de los trabajadores.
Las movilizaciones se replicaron también en Posadas, donde sindicatos y organizaciones sociales marcharon desde El Mástil de la avenida Uruguay hasta la plaza 9 de Julio.
El oficialismo de La Libertad Avanza buscaba inicialmente sancionar la iniciativa antes del 30 de diciembre, fin del período de sesiones extraordinarias. Sin embargo, se decidió priorizar otros proyectos, como el Presupuesto 2026, y postergar el debate final de la reforma laboral.
La oposición peronista, en tanto, mantiene su rechazo al proyecto y presentó críticas durante las exposiciones en comisión.
Javier Milei envió el proyecto de reforma laboral al Congreso
Política
ATE y CTA marcharon en Posadas contra la reforma laboral
Trabajadores nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), provenientes de organismos provinciales, municipales y delegaciones nacionales en Misiones, marcharon desde el Mástil de Uruguay y Mitre hacia la Plaza 9 de Julio en rechazo a la Reforma Laboral Regresiva que propone el Gobierno Nacional, entre otros reclamos afines.
La concentración inició a las 9 en la sede de ATE, ubicada en calle Salta 2362 de la capital provincial, y se masificó minutos más tarde en el Mástil, donde confluyeron distintas organizaciones sociales y políticas.
La columna de manifestantes sostuvo durante su recorrido un pasacalle sobre el que plasmaron: “No a la reforma laboral. Unidad del pueblo trabajador. Fuera Milei”.
Al petitorio incorporaron la urgente apertura de paritarias y convocatoria a mesas sectoriales, como también el cumplimiento de los acuerdos pactados en mesas: contratos, recategorizaciones y pases a plantas.
En la Plaza 9 de Julio también estuvieron presentes los estudiantes, egresados y docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), sector que también exige mejoras laborales y salariales en defensa del Conicet.
Jornada de movilización y protesta
En horas de la tarde, los trabajadores nucleados en la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) harán lo propio con una concentración que iniciará a las 15 en el Mástil de Uruguay y Mitre.
Allí estarán presentes los referentes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), entre otras organizaciones sociales y políticas provenientes de la izquierda, quienes sostendrán el mismo reclamo.
En tanto, la mayor movilización se realizará de manera simultánea en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde las CTA, la CGT, piqueteros, agrupaciones de izquierda y sectores del Partido Justicialista (PJ) llevarán el reclamo con una marcha hacia el Congreso de la Nación.
El debate sobre la reforma laboral en el Senado pasó para el 10 de febrero
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