Política

Jabornicky, el asesor detrás del proyecto político de Ramón Amarilla

Publicado

hace 2 semanas

29/01/2026

Por

Fernando Rumi

Se muestra en las redes sociales en reuniones en sitios de lujo y vinculado a espacios libertarios. No tiene matrícula para ejercer, pero comanda un buffet de abogados en Posadas. Dice ser “el creador” de Ramón Amarilla como figura política, una relación que nació en los días de cárcel del expolicía y actual diputado provincial.

El abogado Alejandro Jabornicky, de 53 años, irrumpió en los medios de comunicación misioneros en el año 2003, en el marco de la causa denominada Megaestafa, un desfalco multimillonario a la Justicia de Misiones que lo tuvo entre los implicados.

A partir de allí enfrentó variadas disputas legales, período en el que acumuló 14 sanciones del Colegio de Abogados de Misiones, un proceso que concluyó en el año 2017 con la cancelación de su matrícula por parte del Superior Tribunal de Justicia.

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Desde su búnker de la avenida López y Planes, Jabornicky comanda un equipo de abogados que litigan por él en la Justicia misionera, territorio que lo tiene vedado por falta de matrícula.

Desde allí, también comandó varios armados políticos de tinte liberal libertario, a partir de su vínculo cuasi familiar con la ex jefa del Pami Misiones, Ninfa Alvarenga, íntima amiga de su pareja fallecida, de quien fue su apoderado hasta la inevitable ruptura.

Reapareció, tiempo después, en las elecciones Paso de 2023, como precandidato a senador por Fuerza Liberal, en una heterogénea lista que nucleaba a ex ninfos, elementos irradiados del PRO y figuras del puertismo residual, y que impulsaba la candidatura de Javier Milei para presidente.

Fue entonces que promovió a la actual diputada provincial del partido Por la Vida y los Valores, Rita Flores, que figuraba como precandidata a diputada nacional en las Paso de ese año, e incluso movilizó un colectivo ploteado que bautizó como el “Bondi de la Libertad” y lo paseó por la provincia.

La lista no alcanzó el piso. El armado se desintegró. Jabornicky y Flores, que habían matcheado durante la campaña electoral, abandonaron Fuerza Liberal y se replegaron al búnker de López y Planes, desde donde buscaron reposicionarse en el universo libertario, con múltiples giras a Buenos Aires, que abarcaron glamorosas veladas en Puerto Madero, visitas a diplomáticos, encuentros con figuras del gobierno, como el entonces ministro del Interior Guillermo Francos, y asientos en los mítines de Milei en el Movistar Arena porteño.

De resultas de esas giras, aterrizó en Posadas la legisladora porteña Lucía Montenegro, mileísta acérrima que saltó a la fama como la karateca silenciosa que desplegaba artes marciales en la campaña electoral de La Libertad Avanza, y se ubicó en el ojo del huracán con un evento negacionista de la dictadura que tuvo de anfitriona a la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Montenegro trajo a Misiones su partido Ahora Vos, y designó como presidenta a Flores y vicepresidente a Jabornicky. Hasta hoy, el espacio es un sello sin personería jurídica ni política, pero le permitió al abogado posadeño continuar en el ruedo, de cara a las elecciones provinciales de junio de 2025 y articular una lista ganadora en torno a Ramón Amarilla.

FIGURA. El abogado sin matrícula siempre se mantiene vigente en los medios.

Titiritero

Los 267 días de encarcelamiento de Ramón Amarilla, acusado de intento de sedición en el marco de la protesta policial de 2024, “fueron el tiempo necesario para fraguar una sociedad política que se sostiene hasta hoy”, analizó en diálogo con LVM el abogado Claudio Katiz, que fuera candidato en la lista del ex policía, que fue reemplazada por la que finalmente se consagró en las elecciones del 8 de junio pasado.

Alejandro Jabornicky afirma en charlas informales ser “el creador” del Ramón Amarilla como figura política, y ambos admiten la relación que comenzó con una visita a la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.

De hecho, el buffet de Jabornicky intervino en la liberación del ex policía de la cárcel, y no hace mucho, en el streaming HDP que conduce el periodista Eduardo Pérez, el letrado devenido en político definió a Amarilla como “un líder carismático, respetado por la calle, refrendado en las urnas: un buen ejemplo”.

“Jabornicky es el gran titiritero que había armado una lista en la cual estaban estos diputados (el matrimonio Walter Ríos y Déborah Mangone, y Rita Flores, expareja de Jabornicky), él era el armador”, remarca Katiz, que fue desplazado de su lugar como candidato a legislador provincial junto a otros de los primeros promotores de Amarilla. “Pero de todo eso no dimos cuenta después”, se lamentó.

Katiz analiza lo sucedido y dispara: “Ramón Amarilla se ve que sabía de la injerencia de Jabornicky, o fue parte de ese armado del abogado. Muchos nos enteramos de todo eso tiempo después”.

OTROS TIEMPOS. Ramón Amarilla y Claudio Katiz en reclamos por justicia.

Violencia

En la primera semana de septiembre de 2025, Jabornicky dinamitó todo el armado político que había conseguido articular en torno a la figura de Amarilla con el partido Por la Vida y los Valores, cuya lista fue encabezada por el expolicía y obtuvo cuatro bancas en la Legislatura provincial.

En una noche de aparente desenfreno, Jabornicky protagonizó supuestos hechos de violencia contra su pareja, Flores, y la también legisladora provincial Deborah Mangone, esposa del presidente del PVV y actual vicepresidente primero de la Legislatura, Walter Ríos, que desembocaron en la Policía y con Jabornicky detenido en un calabozo de la Comisaría Segunda, de la avenida Tambor de Tacuarí.

Según la denuncia policial, los hechos de violencia comenzaron en un restaurante árabe de la avenida López y Planes, donde el grupo acostumbraba ir a cenar luego de sus reuniones políticas en el búnker de Jabornicky, y donde el abogado, totalmente fuera de sí, profirió insultos a Flores y rompió una copa, cuyas esquirlas alcanzaron a Mangone.

En la denuncia consta que las amenazas eran del siguiente tenor: “Te voy a matar, sos una miserable. Van a tener que necesitar un ADN para identificarte. Te voy a destruir, voy a reventar tu teléfono, que encima lo compré yo. En una zanja te voy a dejar tirada”.

La situación se repitió más tarde, cuando Flores fue hasta la casa donde convivía con el acusado a retirar sus pertenencias.

El abogado contraatacó y denunció a la diputada provincial por acoso judicial, y pidió al juez que sancione a su defensora, la abogada Silvia Risko. Alegó que lo drogaron y aprovecharon su estado para robarle miles de dólares y joyas, entre otras pertenencias. “Me desvalijaron la casa”, lanzó.

El caso, que se tramita en el Juzgado de Instrucción 7 de Posadas y saltó a los medios nacionales, le significó a Jabornicky el divorcio, no solo con Flores, sino con sus socios políticos Ríos y Mangone, sobre quienes el abogado solía referirse como “mis diputados”.

ESPOSADO. Jabornicky recién llegado a la seccional 2da donde pasó tres días.

Megaestafa

La causa conocida como la Megaestafa judicial estalló en 2003 y produjo un duro golpe a una estructura delictiva que terminó con una jueza detenida, otros magistrados bajo sospecha, secretarios eyectados, y un grupo de abogados en el banquillo de los acusados. En ese escenario apareció Héctor Alejandro Jabornicky.

El escándalo que hizo detonar al Poder Judicial misionero al destapar una olla de corrupción que funcionaba en el Juzgado de Instrucción Uno de Posadas y que provocaba desfalcos millonarios. También quedaron otros juzgados en la mira de los investigadores.

La causa comenzó el 29 de septiembre de 2003, a partir de una denuncia radicada ante la seccional Primera por uno de los damnificados en las maniobras de estafa que eran articuladas entre jueces, secretarios y abogados. El objetivo era saquear cuentas que se encontraban bajo custodia judicial con la complicidad de integrantes de la Justicia.

La investigación derivó en un jury a la magistrada Graciela Brígida Salvado de Sotelo, quien fue acusada como la “organizadora” de la banda, mientras que otros cinco funcionarios judiciales también fueron imputados y dos abogados.

Todos fueron acusados de formar parte de una asociación ilícita dedicada a robar dinero con extracciones de depósitos judiciales en bancos de Posadas y a medida que la investigación avanzaba se fueron sumando más nombres, entre los cuales apareció el de Jabornicky.

Según una crónica de la época publicada por el diario El Territorio, Jabornicky llegó a estar imputado por “coautor del delito de estafa calificada; sustracción y ocultamiento de documental”, aunque con el paso del tiempo, los recursos de apelación, prescripciones y más artilugios judiciales, las responsabilidades penales finalmente recayeron en los primeros seis acusados.

Por otra parte, Jabornicky no puede ejercer como abogado en la provincia por tener la matricula cancelada por una condena firme del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Misiones. Tampoco puede ser apoderado. Sin embargo, puede ejercer en causas federales.

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LLA junto al presidente del Inym recibieron a Macías por la situación yerbatera

Publicado

hace 1 día

14/02/2026

Por

Mónica Gómez

La Libertad Avanza Misiones, junto al presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), Rodrigo Correa, recibió a Sebastián Macías, presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, con el objetivo de escuchar su posición sobre la actualidad del sector yerbatero y avanzar en un intercambio institucional sobre el escenario que atraviesa la actividad.

Desde LLA Misiones se remarcó que la desregulación ha contribuido a un aumento del consumo interno y a niveles récord de exportaciones, fortaleciendo el posicionamiento de la yerba mate argentina en el mercado nacional e internacional.

Asimismo, desde el espacio señalaron que, si bien aún existen aspectos por mejorar, el rumbo está trazado y debe sostenerse con seriedad institucional, promoviendo mayor competitividad y previsibilidad para todos los actores involucrados.

En ese sentido, LLA Misiones manifestó su compromiso de continuar trabajando de manera responsable para fortalecer al sector yerbatero y acompañar a los distintos eslabones de la cadena productiva.

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Política

Media sanción a edad de imputabilidad: sumarían presupuesto para provincias

Publicado

hace 2 días

13/02/2026

Por

Valeria Druckmann

El proyecto de Régimen Penal Juvenil, que busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, se aprobó por una amplia mayoría en el Congreso de la Nación y ahora el debate se traslada al Senado.

La iniciativa contó con el respaldo de la Libertad Avanza, el radicalismo, el PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo, e Independencia con 148 votos a favor y 100 en contra.

La propuesta impulsada por LLA plantea la reforma de una ley de la dictadura y tendrá un nuevo régimen especial para los menores, ya que propone desde sanciones menores hasta 15 años de cárcel para delitos graves.

A su vez, con esta ley no se podrá establecer la pena perpetua y se fija que los menores tendrán que tener una prisión “en un lugar especial”, alejado de los adultos criminales.

De esta manera, para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

Ahora la iniciativa será tratada por el Senado y es posible que el debate se desarrolle en sesión el 26 de febrero.

El debate

Uno de los puntos más polémicos del proyecto es que en el texto original no incluye una previsión presupuestaria para su implementación, lo que significaba una presión aún mayor para las provincias, que debían afrontar los costos implícitos de la norma.

En su alocución en el recinto, el diputado nacional por Misiones por el bloque de Innovación Federal, Oscar Herrera Ahuad, puso el foco en la cuestión punitiva, y enfatizó en el impacto presupuestario y estructural que la implementación de la ley tendría en las provincias.

“Hemos escuchado diferentes ponencias y evidentemente en un tema tan sensible es muy difícil ponerse de acuerdo, es complejo”, señaló y trajo como ejemplo las experiencias internacionales de Brasil y Chile. Explicó que su expectativa respecto del proyecto no está vinculada a la cárcel como fin en sí mismo, sino a una atención integral del menor vinculado a un hecho delictivo.

Al mismo tiempo, valoró que el proyecto mencione la conformación de equipos multidisciplinarios para abordar situaciones complejas como las adicciones. “No queremos que ese chico vaya a preso, sino que sea atendido”, enfatizó aludiendo a la necesidad de respuestas integrales para jóvenes en conflicto con la ley.

Respecto a lo presupuestario, consideró: “Este proyecto de ley tiene un costo muy alto para las provincias, mientras se impulsa una política de reducción del gasto y presión para bajar impuestos, al mismo tiempo se exige a las provincias asumir nuevas responsabilidades en materia de salud, educación, seguridad e infraestructura”.

Ante esta situación advertida por el legislador misionero, desde el bloque Innovación Federal reclamaron que la Nación incorpore al proyecto un capítulo que contemple una asignación presupuestaria específica, mientras que el Gobierno nacional asumió el compromiso de incorporar un apartado que asigne los fondos necesarios para la aplicación de la ley, dispuesto en $23.739.155.303.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, defendió el proyecto al señalar que el objetivo no es “amontonar menores privados de la libertad” sino “resocializarlos”.

Mientras que, desde la oposición, la diputada Victoria Tolosa Paz cuestionó la consigna impulsada por sectores libertarios de “delito de adulto, pena de adulto”, al considerar que responde más a una estrategia de campaña que a una política pública consistente.

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Política

Reforma laboral: media sanción con los votos de Rojas Decut, Arce y Goerling

Publicado

hace 3 días

12/02/2026

Por

Valeria Druckmann

Tras casi 17 horas de tratamiento, la reforma laboral logró media sanción en el Senado con 42 votos positivos, incluyendo el de los misioneros, Sonia Rojas Decut, Carlos Arce y Martín Goerling, y el aval de los 26 títulos que integran el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Tras la aprobación del Presupuesto 2026 en diciembre último, la Ley de Modernización Laboral se convirtió en una de las leyes más importantes que el Gobierno aspira a sancionar luego de la ley Bases aprobada en el 2024.

El proyecto contempla incentivos para promover el ingreso al empleo formal con la baja de impuestos, topes a las indemnizaciones y el armado, habilita los convenios por empresa, crea el banco de horas, y establece límites al derecho de huelga en los servicios esenciales.

La sesión comenzó a las 11:13 de ayer miércoles y cerca de la medianoche el único orador por Misiones fue el senador del bloque del PRO Martín Goerling, quien adelantó su acompañamiento en general. Mientras que los renovadores Rojas Decut y Arce también votaron en el mismo sentido.

En su lectura de datos, Goerling remarcó que con la legislación actual “El Estado se queda con un tercio del salario de un trabajador antes de que llegue a fin de mes”. Al mismo tiempo, añadió que “Argentina tiene hoy la carga laboral en contratos más alta de América Latina”.

Por lo que consideró: “Tenemos que defender el trabajo de los argentinos. Esta ley va en contra de la intermediación, en contra de la industria del juicio”. Y adelantó: “Hoy el PRO va a acompañar esta ley en general porque va a votar por el que quiere contratar y no se anima, por el joven que quiere trabajar y no puede, por los 6 millones de argentinos que hoy están en la informalidad. Debemos dar el paso de reformar esta ley para que uno de los cambios profundos que necesita la Argentina empiece a dar sus frutos”.

En el último tramo del debate en general, asistieron a la sesión desde un balcón del recinto la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario Eduardo “Lule Menem”, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Finalmente, la votación en general se dio a la 1:20, cuando los 42 votos a favor fueron marcados por los legisladores de LLA (20), el PRO (3), UCR (10), Frente Cívico (1), Independencia (1), el Frente Renovador de la Concordia (2), Primero los Salteños (1), Provincias Unidas (2), Despierta Chubut (1) y la Neuquinidad (1).

Mientras que los 30 votos de rechazo aportó el interbloque del peronismo conformado por el bloque Justicialista, Convicción Federal y el Frente Cívico de Santiago del Estero.

Votación por la Ley de Modernización Laboral

Luego, continuó la votación en particular de los 26 títulos que conforman el proyecto, momento en que el oficialismo no aceptó las modificaciones propuestas por diferentes senadores peronistas, como el caso del capítulo XIV donde figuraba el artículo referido a mantener el aporte obligatorio a los gremios y empresas, por lo que propusieron volver a la propuesta del Gobierno nacional para que esos aportes sean voluntarios.

En esa votación el oficialismo obtuvo 40 votos a favor, 32 en contra y la sesión concluyó pocos minutos antes de las 4.

De esta manera, el oficialismo recibió el apoyo de los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua, Salta Gustavo Sáenz, de Tucumán Osvaldo Jaldo, de Chubut Ignacio Torres, de Neuquén Rolando Figueroa, de Corrientes Juan Pablo Valdes y de Córdoba, Martín Llaryora.

Los detalles

A lo largo de toda la jornada el oficialismo y sus aliados mantuvieron la decisión de autorizar solo a las autoridades bancarias el uso de billeteras virtuales para pagar sueldos y señalaron que, si una billetera virtual quiere tener esa posibilidad, deberá adecuarse a las normas del Banco Central.

También se votó que se mantenga el sistema de aportes que hacen los afiliados a los gremios y allí se dispuso que no habrá ningún plazo para su vigencia, pero sí un tope del 2%. Esa misma medida se aplicará a las cámaras que reciben aportes obligatorios de las empresas que tendrán un tope del 0,5%.

En el tema del Instituto Nacional del Cine (Incaa) se decidió que se mantendrá hasta el 2028 el sistema de financiamiento que tiene actualmente con el 10% del precio de las entradas de cine, 10% de la venta/alquiler de videos y 25% de la recaudación del Enacom hasta el 2028 y luego se mantendrá con partidas del Presupuesto Nacional.

El proyecto finalmente fue girado a la Cámara de Diputados y el oficialismo aspira a poder votar esa iniciativa antes del 27 de febrero.