Seis concejales del PRO Misiones concretaron este lunes su pase a La Libertad Avanza (LLA), en una movida política que el partido liderado por el abogado y diputado provincial electo, Adrián Nuñez, publicitó en sus redes sociales.

Se trata de los concejales Edgard Fernando Montiel, de Eldorado; Mara Frontini, de Oberá; Javier Melgarejo, de Puerto Piray; Luciano Rodríguez, de Apóstoles; y Mirta Barrios y Carmen Mottard, ambas de San Javier.

“Nosotros ya veníamos trabajando con La Libertad Avanza y hoy, simplemente, oficializamos”, dijo eldoradense Montiel a La Voz de Misiones y contó: “En 2023 nosotros decidimos acompañar a Javier Milei y hoy reafirmamos ese mismo compromiso y ese mismo camino”.

“Formalizamos con las mismas convicciones y las mismas ideas para demostrar que podemos hacer las cosas diferentes y hacer las cosas bien”, completó.

Montiel será el único edil de LLA en Eldorado hasta el 10 de diciembre, en que asume Esteban Nôller, electo concejal el 8 de junio pasado por el sublema “Las Fuerzas del Cielo” del partido de Nuñez.

“Fuimos invitados a formar parte de La Libertad Avanza y hoy firmamos nuestra afiliación”, resumió la concejal obereña Frontini, consultada por LVM, y contó: “Nos invitó Adrián Nuñez”.

“El traspaso indica que vamos a profundizar los cambios y apoyar lo que el presidente Javier Milei necesita; estamos reafirmando los principios que ya sosteníamos en el PRO”, argumentó.

 

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La Entidad Binacional Yacyretá volvió a ser noticia en la escena local al intentar trasladar a los clubes náuticos establecidos en la bahía El Brete. El gobernador Hugo Passalacqua respaldó a las asociaciones civiles e intimó a la EBY para que le entregue a Misiones los terrenos que no fueron afectados por el embalse, según dicta la Ley.

Pasada la mitad del año, la EBY puso en marcha un plan para impulsar modificaciones en torno al paseo capitalino en la vera del río Paraná, que fue presentado oficialmente en su sitio web como una “propuesta para el reordenamiento del espacio costero en El Brete”.

La maniobra, inconsulta con las autoridades locales, chocó de frente con el gobierno de Misiones que de inmediato tomó partido a favor de los clubes y los acuerdos vigentes, abriendo una disputa en la Justicia Federal sobre la titularidad de los terrenos que Yacyretá pretende modificar como si fueran propios.

“Resulta inadmisible cualquier acto de disposición que implique su privatización o mercantilización, por constituir un patrimonio común que pertenece al pueblo misionero”, advirtió el gobernador Hugo Passalacqua en una nota enviada al director ejecutivo de la Binacional por Argentina, Santiago Peña, ante la falta de información concreta sobre las pretensiones de la EBY.

Hasta ahora, la Entidad Binacional Yacyretá no respondió al planteo del gobierno de Misiones. No lo hizo a través del departamento jurídico, ni públicamente.

Misioneros en la EBY

Desde la designación del ingeniero civil Alfonso Peña como director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá en diciembre de 2023, Misiones dejó de tener representantes oriundos de la tierra colorada en el máximo cargo de la Binacional, quedando Rodrigo de Arrechea como el único misionero entre los cuatro argentinos que integran el Consejo de Administración.

Otro misionero en la EBY es el primo de Rodrigo, Juan Pablo Arrechea, funcionario de carrera en la Entidad que ocupa actualmente la Secretaría General en representación argentina.

En medio de recortes, despidos y modificaciones, consecuencias de las políticas de austeridad impulsadas por el gobierno del presidente Javier Milei, un nuevo actor desembarcó en la Entidad: el posadeño Ignacio Palacios, que trabaja sin un cargo destacado, pero con el aval de Santiago Caputo, quien a principios de este año impulsó su incorporación como un asesor con capacidades extraordinarias dentro de la Binacional.

Ignacio Palacios, “Nacho” para todo el mundo, nació y se crio en la Posadas de los años ’70s y ’80s, parte de una familia de clase alta con vínculos políticos y empresariales. Jugó de manera destacada al rugby en el Progreso Rowing Club y terminó la secundaria en la escuela Industrial en 1.985.

Su pasión por los deportes, la mecánica y los autos lo llevaron a las pistas de carrera, primero de la mano de la familia Urrutia, para luego convertirse en parte del equipo de competición del cuádruple campeón de automovilismo nacional, Ernesto Tito Bessone, con quien forjó una amistad entrañable.

En el ambiente tuerca conoció a Carlos Menem Junior y a su hermana Zulema, con quienes también cultivó una relación, siendo hoy la hija del expresidente una amiga cercana de Nacho Palacios.

Con el nuevo siglo, Nacho maduró su faceta empresarial y, a mediados de 2014, se radicó en Miami donde forjó un negocio exitoso que no para de crecer: Top Miami Rental, una agencia de alquiler de autos y yates con un tipo de servicio especializado, que posicionó la marca entre miles de argentinos -y personalidades del país- que visitan la península en Estados Unidos.

Las cualidades para las relaciones públicas y una agenda propia con vínculos relevantes, catapultaron a Nacho Palacios -merced a su relación con Santiago Caputo- al manejo de asuntos del poder.

En Misiones ahora se plantea un nuevo capítulo a partir de las pretensiones de la EBY -y su nuevo interlocutor, Nacho Palacios- de disponer de los terrenos costeros para desarrollar infraestructura (espacios de esparcimiento, paseos de compras y gastronomía), lo que convocaría a inversores privados que los exploten.

El pulso de Palacios para comunicar el proyecto de la EBY y sus beneficios para el crecimiento de Posadas, generó hasta ahora un conflicto abierto no solo con el gobierno provincial, que ya hizo presentaciones en la Justicia; también los clubes y parte de la opinión pública se posicionaron en contra, ante la falta de claridad del mega plan.

Cronología del conflicto

Las intenciones de la EBY en Posadas salieron a la luz a partir de una intimación que se conoció el 24 de septiembre; llevaba la firma del Secretario del Comité Ejecutivo del Departamento de Obras Complementarias, Julio Ricardo Skanata, y requería el desalojo -con fecha límite el 31 de diciembre- de los clubes Río Paraná y Vayruzú; el Astillero Río Libre y al Liceo Naval Almirante Storni, todos instalados en torno a El Brete.

Ese día los clubes y el propio Liceo Storni revelaron el plan de Yacyretá que pocos conocen, y que comenzaba por romper los comodatos con las instituciones, el documento con el que la misma Entidad les otorgó una ocupación de los terrenos por 99 años.

El 25 de septiembre Yacyretá emitió un comunicado a través de su sitio web oficial, en el que insistió: “La EBY ha procedido conforme a lo expresamente previsto en los documentos firmados con los representantes de dichas instituciones, otorgándoles un plazo más que razonable para que los espacios que ocupan se adecuen real y efectivamente al ordenamiento territorial originalmente previsto, destinado al disfrute de toda la población”.

Al mismo tiempo, aclaró: “la Entidad mantiene un diálogo abierto, permanente y constructivo con las autoridades de las instituciones involucradas, con el objetivo de que las actividades deportivas, recreativas y educativas se desarrollen en ámbitos adecuados y seguros”.

Ante el revuelo mediático y social que provocó el anuncio de la medida, los clubes náuticos iniciaron una colecta de firmas para revertir la situación y convocaron a una movilización “por agua y tierra” que se concretó el 4 de octubre en la zona de los predios afectados.

El 2 de octubre el gobernador Hugo Passalacqua se sumó a la preocupación de la comunidad náutico-deportiva y emitió un documento a través del cual solicitó al titular de la EBY, Alfonso Peña, transferir a la provincia los terrenos costeros de El Brete, para que continúen siendo de uso público.

Al día siguiente, entidad binacional difundió un nuevo comunicado en el que manifestó que “en función de las interpretaciones erróneas que se produjeron respecto de las medidas adoptadas”, la EBY decidió suspender la medida del desalojo y presentó una serie de propuestas orientadas a optimizar el uso de la zona costera conocida como El Brete, “asegurando su plena accesibilidad y disfrute por parte de todos los habitantes y visitantes”.

Sin embargo, ante la ausencia de interlocutores válidos para ejercitar el diálogo, el 21 de octubre el gobernador Hugo Passalacqua firmó un Decreto a través del cual instruyó al fiscal de Estado de Misiones, Fidel Duarte, a accionar ante la Justicia “…para hacer valer y defender los derechos e intereses del Estado Provincial, en pos del cumplimiento del objetivo de la Ley I – 158 y sus concordantes, relativas y/o cualquier norma que resulte aplicable a tal fin, y que pudiesen encontrarse afectados por acciones u omisiones de la Entidad Binacional Yacyretá”.

CON COLAPINTO. Nacho Palacios en noviembre de 2.024. FOTO EL TERRITORIO.

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La concejal Liliana Carvallo presentó un escrito formal al presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de El Soberbio, Daniel Gauna, solicitando que se abra un sumario administrativo y se aparte del cargo al asesor legal del cuerpo, Luis “Lucho” Nielsen, a quien acusó de “violencia verbal” durante una reunión el último martes en el recinto.

En su escrito, la edil renovadora recordó que el episodio ocurrió en el marco de un encuentro interno con sus pares previo a la llegada de representantes de los ministerios del Agro y la Producción, Industria y Ecología de Misiones.

Seguidamente, la funcionaria expresó en el documento que el hecho sucedió en presencia del presidente del Concejo, otros ediles y personal administrativo. Y apuntó que Nielsen reaccionó de manera “violenta” dirigiéndose a ella con expresiones como “pelotuda”, “me tenés harto” y “fuiste a hacer quilombo a la provincia, eso no se puede hacer”.

Carvallo planteó que la situación constituyó un acto de “violencia verbal” y “psicológica”, generando un ambiente “hostil e intimidatorio” en el ámbito laboral.

También subrayó que el hecho adquiere “mayor gravedad” por tratarse del asesor legal del cuerpo legislativo, quien, según advirtió, debe actuar con “respeto”, “imparcialidad” y “apego a la ética pública”.

Ante lo denunciado, Carvallo pidió al presidente del HCD la apertura “inmediata” de un sumario administrativo para “investigar lo ocurrido”, el apartamiento de Nielsen del cargo de asesor legal y que se adopten medidas preventivas para garantizar un “ambiente institucional libre de violencia” o “tratos degradantes”.

La concejal fundamentó su denuncia en la Carta Orgánica Municipal, la Ley Provincial I-89 de Procedimientos Administrativos, la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, el Convenio 190 de la OIT y el artículo 110 del Código Penal sobre injurias.

En el cierre del pedido, la renovadora señaló que el episodio “compromete” el normal funcionamiento del Concejo Deliberante y “vulnera” los principios básicos de convivencia y respeto que deben regir en el ejercicio público. Por ese motivo, pidió que su presentación sea tratada con “carácter urgente”.

Edil de El Soberbio reclamó insultos de un asesor: “Me atacó por ser mujer”

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