Política
El PRO impulsa proyecto para derogar artículos de la ley de ciberdelitos
La diputada provincial por el PRO, Miky González Coria, presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de Misiones para derogar los artículos 5, 6 y 7 de la Ley XIV – Nº 16, que regula la Fiscalía de Instrucción Especializada en Ciberdelitos.
La creación de dicha dependencia judicial fue impulsada por el ex gobernador y conductor político Carlos Eduardo Rovira y aprobada por la legislatura con 27 votos afirmativos contra 11 negativos a finales de septiembre pasado.
A partir de ahí, fue blanco de críticas por parte del arco opositor, quienes cuestionan que algunos artículos contemplados con la ley podrían representar un riesgo para la libertad de expresión.
En palabras de González Coria, las disposiciones mencionadas “podrían vulnerar derechos fundamentales como la libertad de expresión, la privacidad y el debido proceso”.
En esa línea, también argumentó que la normativa sancionada “otorga amplias facultades al fiscal especializado en ciberdelitos, lo que podría traducirse en interpretaciones arbitrarias y persecuciones a opiniones críticas sobre funcionarios públicos o instituciones”.
Los artículos
Recientemente, la legisladora del PRO emitió un comunicado señalando que “los artículos 5, 6 y 7 son inconstitucionales y contradictorios con el Código Penal de la Nación, al exceder las competencias provinciales en materia legislativa”.
En ese sentido, puntualizó los cuestionamientos a cada uno de los artículos mencionados, afirmando que, el artículo 5, por ejemplo, “establece agravantes para delitos de defraudación”, lo que, según la diputada, “invade competencias del Código Penal Nacional, una norma de fondo que debe prevalecer sobre legislaciones provinciales”.
En cuanto al artículo 6, refirió que: “Permite el secuestro de dispositivos electrónicos sin orden judicial previa”. En ese punto, González Coria señaló que “esta medida afecta gravemente la privacidad y podría ser utilizada para censurar las redes sociales, limitando la libertad de expresión y el control ciudadano sobre los actos gubernamentales”.
En el documento de la ley, se puede leer que: “El Fiscal de Instrucción Especializado en Ciberdelitos, en cuanto la premura del caso lo requiera, queda facultado para disponer el inmediato secuestro y reserva de los dispositivos móviles, informáticos, electrónicos o cualquier otro en virtud de que existan sospechas”.
Finalmente, la diputada afirma que el artículo 7 “autoriza al fiscal a actuar contra “noticias falsas” o “fake news” generadas mediante plataformas digitales”.
Según la normativa en cuestión, este último apartado sostiene que: “En el caso de los delitos previstos por los artículos 109 (injurias), 110 (calumnias), 211 (intimidación pública) y 212 (incitación a la violencia) del Código Penal de la Nación, cuando el medio utilizado para la realización de aquellos actos típicos sean medios electrónicos, informáticos o plataformas de inteligencia artificial generativa, para crear noticias falsas (“fake news”) sobre individuos o instituciones públicas o privadas y sean difundidas a través de medios informáticos, digitales, o cualquier otro soporte; el Fiscal de Instrucción Especializado en Ciberdelitos podrá disponer de las medidas dispuestas en el artículo 6 de la presente ley”.
Fake news
A través del mismo comunicado que detalla los argumentos de su proyecto de ley, la funcionaria provincial cuestionó “la falta de criterios claros para definir qué constituye una noticia falsa, lo que podría dar lugar a un uso discrecional de esta norma para silenciar voces opositoras y restringir el debate público”.
Finalmente, advirtió sobre “el riesgo de autocensura entre los ciudadanos, quienes podrían evitar expresarse por temor a represalias legales” y al respecto profundizó: “La ley, tal como está redactada, crea un ambiente de intimidación que pone en jaque derechos fundamentales de los misioneros”.
El texto del proyecto fue firmado por todos los diputados del bloque PRO con el objetivo de “resguardar las garantías constitucionales y el respeto por los derechos civiles en la provincia” y remitido al Poder Ejecutivo Provincial para su análisis y debate.
La Fiscalía
Desde el oficialismo, el diputado Carlos Rovira, aseguró -en los fundamentos del proyecto- que la ley sancionada a finales de septiembre busca “enfrentar los crecientes desafíos que plantea la ciberdelincuencia en un mundo altamente mediatizado por la tecnología”.
A lo que agregó: “La fiscalía creada no solo protegerá a los ciudadanos, sino que también fortalecerá la infraestructura de seguridad digital de la provincia, creando un entorno más seguro y confiable para todos”.
La normativa fue elevada a pocos meses luego de que un área de ciberdelitos internacional detectara la tenencia de 913 archivos de Material de Abuso Sexual Infantil (Masi) en diferentes dispositivos portátiles del por entonces diputado, hoy expulsado, Germán Kiczka, motivo por el que permanece preso junto a su hermano Sebastián en el penal de Cerro Azul.
En ese marco, el diputado oficialista observó la medida como herramienta útil para el combate de delitos como ser: estafas digitales, robo o sustitución de identidad, trata de personas, tráfico de pornografía infantil y narcotráfico.
Juan Pablo Espeche fue propuesto para asumir en la Fiscalía de Ciberdelitos
La ex diputada nacional del Frente de Todos y referente kirchnerista de Eldorado, Cristina Brítez, salió a respaldar a los sindicalistas docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez, que enfrentan desde mañana un juicio oral por supuestos delitos en las protestas del sector en 2024.
Brítez, siempre muy activa en Instagram, subió a su cuenta este lunes un video en el que critica la imputación de los dirigentes docentes por los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”.
“Mañana comienza el primer juicio oral en la historia de Misiones a dos docentes por reclamar salarios dignos”, escribió la ex diputada kirchnerista.
“La justicia no debe ser instrumento de la política para perseguir a quienes se animan a levantar la voz”, lanzó Brítez y arengó: “Silenciar la protesta es silenciar la democracia, la solución es política no judicial”.
Espejo
“¿Te enteraste lo que está por pasar mañana en Misiones?”, dice la referente camporista misionera en el video de Instagram.
“Algo muy grave, porque es la primera vez en la historia de mi provincia y también de la Argentina que van a llevar a juicio oral a dos maestros por reclamar por salarios dignos, que no era solamente un aumento de sueldo; es defender el derecho fundamental de querer vivir con dignidad”, relata Brítez, que aparece sentada contra un fondo blanco, neutral.
“Esto lo está haciendo el gobernador Passalacqua, que actúa en espejo con el gobierno de Javier Milei y de Patricia Bullrich, que buscan criminalizar la protesta”, acusa Brítez y recuerda: “Pero, esto era un reclamo pacífico, ¿no te acordás?”
“Miralo”, dice y pone un video de ella en la protesta por la que procesaron a Gurina y Sánchez, el acampe de la avenida Uruguay, en mayo de 2024: “Estamos acá, acompañando la protesta docente, vemos que llegan muchas familias con silletas”, relata una Brítez emponchada para esos días invernales, que despuntaron con el acampe policial, liderado por Ramón Amarilla, y siguieron con el de los maestros.
“¿Lo viste?”, pregunta la camporista y remarca: “Eran familias completas, iban con su silleta, buscaban el diálogo”.
“No se puede permitir que se use el sistema judicial como un brazo ejecutor para disciplinar, para domesticar a quienes reclaman por un salario digno”, señala.
“Es responsabilidad nuestra no naturalizar esto que está pasando; hay cambiar la narrativa y en vez de ver a estas personas que reclaman como una amenaza, ver su valentía”, reflexiona.
“Nosotros apoyamos a Mónica y a Leandro, porque se vienen momentos duros, de reformas laborales en la Argentina, en donde te puede pasar a vos, a un familiar, a cualquiera de nosotros”, argumenta Brítez.
“Busquemos espacios de diálogo y de comprensión, que no nos gane el odio y la represión”, arenga e invita: “Sumate”.
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El ex policía y diputado provincial electo, Ramón Amarilla, convocó a manifestarse mañana frente al Palacio de Justicia en apoyo a los docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez, procesados por “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, y cuyo juicio oral está previsto para este martes.
“Muy buenos días misioneros, colegas policías y penitenciarios, familiares, por medio de este video quiero invitarlos a acompañar a los docentes el día martes 25, en el Palacio de Justicia, Centenario y Santa Catalina, donde este gobierno provincial los ha llevado a juicio por primera vez a los docentes que solamente reclamaban un salario digno, así como nosotros”, dice Amarilla en un video subido este lunes a su cuenta de Instagram.
“Les pido, encarecidamente, que se autoconvoquen frente al Palacio de Justicia y que acompañemos a esta gente en forma pacífica, como corresponde, como siempre lo hicimos”, continúa el ex policía, que asume su banca en la Legislatura el 10 de diciembre.
“Esperemos a ver el resultado, a ver qué es lo que pretende esta gente”, afirma Amarilla y señala: “Yo creo que lo único que van a lograr es hacer enojar más a los misioneros llevándonos a juicio; porque después quedamos nosotros los policías”.
“Lo que se reclamó fue un salario digno, como corresponde, respaldado por el artículo 14 y el 14 Bis de nuestra Constitución Nacional; eso es lo que se reclamó siempre: un salario digno y que se respeten nuestros derechos humanos y previsionales, cosa que no han hecho en todo este tiempo”, argumenta y acusa al gobierno provincial: “Lo único que han hecho es una persecución con los trabajadores; una persecución con los docentes, con los policías, con los penitenciarios; meterles miedo a todos”.
“Así que les invito a partir de mañana, martes 25, hasta el viernes 28, a acompañar a estos docentes en esta lucha, que es solamente que se respeten sus derechos y de que podamos lograr un salario como corresponde”, finaliza Amarilla.
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Gurina y Sánchez rechazaron una probation y este martes arranca el juicio
El flamante ministro del Interior, Diego Santilli, arribará este martes a Misiones para reunirse con el gobernador Hugo Passalacqua, con vistas a sumar apoyos para el Presupuesto 2026 y la reforma laboral antes del inicio de las sesiones extraordinarias.
Durante el encuentro, el funcionario nacional apuntará a recoger demandas, ordenar reclamos y tantear apoyos para las reformas de segunda generación que impulsa la Casa Rosada, teniendo en cuenta que en Misiones, el oficialismo provincial cuenta con cuatro diputados y dos senadores que “controlan” un bloque clave y podrían resultar decisivos en el Congreso.
La visita a Misiones se suma al intercambio del viernes pasado en Santiago del Estero, donde Santilli mantuvo una extensa reunión con Gerardo Zamora. En el mismo sentido, esta semana buscará cerrar una reunión con el gobernador jujeño, Carlos Sadir, y no descarta convocar a otros mandatarios.
De esta manera, Santilli cerrará en la tierra colorada su ronda con los 20 gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo en Tucumán, antes del 10 de diciembre, plazo que coincide con las sesiones extraordinarias en las que el Gobierno buscará enviar el Presupuesto 2026 y avanzar con la reforma laboral.
La estrategia oficial es clara: agotar primero el diálogo con los gobernadores, para luego definir la hoja de ruta con los cuatro mandatarios peronistas que permanecen distantes del acuerdo: Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).
En la lista de encuentros pendientes figuran Claudio Vidal (Santa Cruz), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires).
La coordinación política se apoya en una mesa semanal encabezada por Karina Milei, de la que también participan el asesor presidencial Santiago Caputo, el presidente de Diputados Martín Menem y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich.
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