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El gobierno destituyó a los ocho policías detenidos por intento de sedición

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El gobierno de Misiones decidió destituir a los ocho policías, siete en actividad y uno retirado, que fueron detenidos la semana pasada en el marco de una investigación por “intento de sedición y conspiración” tras el descubrimiento de un plan para desestabilizar a la cúpula de la institución que orquestaba a través de un grupo de Whastapp llamado “Solo Cola”.

El decreto fue resuelto ayer y su publicación en el Boletín Oficial podría darse mañana. La resolución lleva las firmas del gobernador Hugo Passalacqua y el ministro de Gobierno Marcelo Pérez, quienes un día antes habían brindado una conferencia en la que estuvieron acompañados por el presidente de la Legislatura Oscar Herrera Ahuad; la presidenta del Superior Tribunal de Justicia Rossana Venchiarutti Sartori; el jefe de la Policía Sandro Martínez; y la jefa del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) Valeria Mereles.

“Tenemos por mandato y exigencia de todo el pueblo de Misiones, el compromiso de hacer que la vida de los misioneros y las misioneras transcurra en paz. Cuando eso se rompe, se distorsiona, nos invita y obliga a la acción para que todo siga funcionando con normalidad. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro deber, nuestro mandato”, sostuvo Passalacqua en un video grabado ese mismo viernes. 

La resolución, en su artículo 1, establece la destitución con pérdida de estado policial para los ocho uniformados involucrados en la maniobra que fue desactivaba mediante una investigación que se tramita ante el Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, a cargo del magistrado Fernando Verón, en una causa independiente de la iniciada tras las protestas de mayo.

Los destituidos, entonces, son: el oficial ayudante Diego Hernán Correa; el oficial ayudante Horacio Ezequiel Coutto; el suboficial ayudante Iván Ezequiel Arrieta; el sargento Ramón Alejandro Arrieta; el sargento Lisandro Ramón Canteros; el sargento Joaquín Alejandro Orrego; el cabo primero Adolfo Basilio Guirula; y el suboficial mayor (retirado) Ramón Oscar Amarilla.

Todos ellos integraban el grupo de Whatsapp “Solo Cola”, el cual fue descubierto gracias al secuestro del celular de Diego Correa, quien fue denunciado por una camarada por incitar a participar de las acciones que pretendían llevar adelante para concretar “la toma” de la Jefatura.

Mediante pericias de Cibercrimen, los detectives informáticos recuperaron una serie de audios donde los ahora ex policías planificaban generar incendios para luego sustraer los móviles de Bomberos, ardid que replicarían en diferentes comisarías.

“Con esto se pudre copado”, celebró Diego Correa -según los chats que se filtraron- cuando otro de los miembros del grupo propuso la idea de los incendios.

“Llamar al 911 en simultáneo y hacer incendio de malezas, o cerca del Parque de la Ciudad prender fuego. Que vayan los bomberos. Ahí hay que estar atento, apresto. Una vez que baja el chofer agarrar el móvil. Y así las demás jurisdicciones”, fue el audio que envío otro de los implicados.

Con estos elementos sobre el tapete, la semana pasada el juez Verón ordenó la detención de los ocho agentes, entre ellos Ramón Amarilla, referente de la mesa de diálogo y vocero del acampe por reclamos salariales que se extendió desde el 17 hasta el 29 de mayo pasado en Posadas.

Los detenidos permanecen alojados en diferentes dependencias policiales, mientras que Amarilla fue trasladado a la Unidad Penal VIII de Cerro Azul por disposición judicial.

“Con esto se pudre copado”: los chats sobre el armado de otra revuelta policial

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Arce y Rojas Decut renunciaron al aumento de sueldo en el Senado

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Los senadores del Frente Renovador Neo, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, renunciaron al reciente aumento del 9,4% de la dieta de los parlamentarios, que llevó el salario a poco más de $11 millones.

“Renunciamos al aumento de dieta para honrar nuestro compromiso con los misioneros”, se titula el comunicado difundido por los parlamentarios en el sitio web de la Renovación y las redes sociales.

El pronunciamiento señala que Arce y Rojas Decut “reafirmaron su compromiso con la austeridad y el ejemplo en la función pública ante el contexto económico nacional”.

“Desde el misionerismo, reafirmamos una convicción que guía nuestra forma de hacer política: la responsabilidad con la gente y la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos”, proclaman.

Dicen que decidieron renunciar a este último aumento salarial, “entendiendo que el contexto económico que atraviesa el país exige gestos claros de austeridad y compromiso por parte de quienes ocupamos responsabilidades institucionales”.

“La decisión responde al compromiso asumido con el pueblo misionero, que espera de sus representantes cercanía, empatía y una conducta acorde a las dificultades que atraviesan muchas familias argentinas”, señala. “Creemos que la política debe estar al servicio de la gente, y que ese servicio comienza por dar el ejemplo”, argumentan.

“En tiempos complejos, los representantes públicos debemos actuar con prudencia, responsabilidad y sensibilidad social”, dicen Arce y Rojas Decut y finalizan: “Por eso, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando por Misiones con la misma convicción de siempre, sosteniendo una política basada en el ejemplo, la austeridad y la coherencia entre el decir y el hacer”.

Los aumentos

Las autoridades del Senado y los gremios legislativos acordaron el miércoles un aumento acumulativo del 12,5% que impacta en las dietas de los senadores, debido a que están enganchadas a las paritarias de los trabajadores de la Cámara.

Esto es así, por la Resolución 8/24, aprobada por el Senado hace dos años, en una polémica votación que se concretó a mano alzada, que ató las dietas a la paritaria legislativa, donde se negocia el valor del módulo, que es la unidad de medida de los salarios. Según esta normativa, la dieta equivale a 2.500 módulos.

A la dieta hay que sumar otros dos conceptos: los gastos de representación, que equivalen a unos 1.000 módulos; y desarraigo, que equivale a otros 500 módulos y aplica únicamente a los parlamentarios de las provincias.

La posibilidad de los senadores de renunciar individualmente a los aumentos es nueva. Fue incorporada a la normativa del Senado en junio de 2025 por la titular de la Cámara, la vicepresidenta Victoria Villarruel, como consecuencia de las polémicas por incrementos salariales anteriores.

Captura de pantalla de lo publicado esta noche en la web de la Renovación.

 

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Política

Concejal posadeño de LLA hizo 50 pedidos de informes: “Yo vine a controlar”

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Concejal posadeño de LLA hizo 50 pedidos de informes: “Yo vine a controlar”

El concejal Santiago Horianski, de La Libertad Avanza (LLA), hizo una presentación poco habitual en la sesión ordinaria de este jueves en el Concejo Deliberante de Posadas impulsando 50 proyectos de Comunicación dirigidos al Ejecutivo municipal sobre distintas prestadoras de servicios en la ciudad. “Hoy venimos a auditar toda la gestión”, advirtió a sus pares durante su alocución en el recinto.

Tras la enumeración de los 50 expedientes incorporados al Orden del Día para su tratamiento sobre tablas, Horianski se dirigió al bloque renovador para solicitar el acompañamiento de sus iniciativas. En su primera intervención como concejal, argumentó que las propuestas no requerían un análisis técnico profundo por parte del cuerpo.

“Son proyectos de comunicación, son simples pedidos de informe; acá no estamos modificando ninguna ordenanza ni tocando el presupuesto, solo estamos exigiendo que el Ejecutivo nos muestre los números oficiales”, sostuvo el concejal.

Además, afirmó que, por tratarse de solicitudes de información, no deberían cumplir el trámite legislativo habitual de las comisiones: “Absolutamente nada hay que estudiar en las comisiones”.

En esa línea, señaló que el rechazo por sus pares concejales o el ingreso de los expedientes a una comisión sería “una lisa y llana maniobra política para cajonearlos, dilatar los tiempos, y acotar información a todos los posadeños”.

Horianski enfatizó que en su rol como concejal de LLA “elegido” por el pueblo posadeño: “hoy venimos a auditar toda la gestión, a exigir ver los datos reales”.

Al mismo tiempo que precisó que los expedientes impulsados buscan acceder a información sobre “cómo se controla Samsa; Emsa; por qué pagamos servicios tan caros. Además, queremos controlar que las empresas de colectivos cumplan con el servicio y las frecuencias que corresponden”.

El concejal también apuntó contra el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) de la ciudad: “Necesitamos saber qué se hace con la plata que recauda el SEM, entre muchísimas otras cosas que hoy solicitamos y vamos a seguir solicitando”.

Continuando con su exposición, Horianski manifestó: “El posadeño me eligió para que haga mi trabajo y si ustedes no me quieren dar información oficial me están obligando a hacer un trabajo a medias, o a tener que adivinar lo que está pasando, y yo no vine acá a adivinar, yo vine a controlar”.

Por último, el concejal advirtió al oficialismo que el humor cambió y “estamos en un fin de ciclo político innegable”, asegurando que para 2027 el Frente Renovador Neo “va a dejar el poder en esta ciudad después de décadas”.

“No vamos a permitir que en la ciudad nos dejen una Municipalidad fundida, ni comprometida por contratos oscuros a largo plazo, necesitamos la verdad hoy. Si el Ejecutivo hizo bien las cosas, voten a favor ahora mismo para incorporar y aprobar estos pedidos, y si votan en contra le van a estar confesando a toda la ciudad de Posadas que tienen qué esconder todos ustedes”, disparó Horianski para cerrar su discurso en el recinto.

Posteriormente, el presidente del cuerpo, Daniel Vigo, sometió a votación la incorporación de los 50 expedientes impulsados por el libertario al Orden del Día. La propuesta fue aprobada con 13 votos afirmativos, mientras que el concejal Ángel Martínez, del Frente por la Vida y los Valores, se abstuvo.

En tanto, al someterse a votación sobre tablas los 50 pedidos de informes, el resultado fue de siete votos afirmativos por parte de la oposición y siete votos negativos de los concejales del Frente Renovador Neo.

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Montecarlo: concejal del Falcon y docente se cruzaron por proyecto de memoria

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Un proyecto del bloque de concejales del Frente Renovador Neo, de Montecarlo, por el 50º aniversario del golpe de Estado de 1976, provocó un cruce entre la concejal del Falcon verde, Patricia Buckmayer, de La Libertad Avanza (LLA), y el sindicalista docente Rubén Ortiz.

Se trata de un Proyecto de Resolución para que toda la documentación oficial del municipio lleve la leyenda: “2026, Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia. A 50 años de la última dictadura cívico militar”.

El altercado entre Buckmayer y Ortiz se produjo durante el tratamiento de la iniciativa en la última sesión del Honorable Concejo Deliberante (HCD) local, que por discrepancias de forma terminó enviando el proyecto a Comisión, para su tratamiento en el pleno la semana que viene.

Según reportaron periodistas locales, en el recinto estuvieron presentes familiares de víctimas del terrorismo de Estado, entre los que se encontraba Ortiz, quienes compartieron sus testimonios sobre el impacto que tuvo la dictadura en sus familias.

El cruce llegó al cabo de la intervención de Ortiz, quien a pedido del pleno se explayó sobre el régimen militar y los crímenes de lesa humanidad cometidos en aquellos años de plomo, cuando Buckmayer lo interpeló sobre su respaldo al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, y por una fotografía que lo muestra junto a Diosdado Cabello, el número dos del chavismo.

“Yo quería que me explicara, a mi y a los colegas, porqué él, que aborrece el genocidio, que aborrece el golpe de Estado, que aborrece esas prácticas que se hicieron en la época del golpe militar, está apoyando a un gobierno narcodictador, terrorista, como el de Nicolás Maduro, que gracias a Dios está preso”, relató después la concejal mileísta al medio local Informate.

Ortiz, retrucó a Buckmayer, pidiéndole que mirara “un poquito más allá de sus narices” y le recordó la publicación de Facebook sobre el Falcon verde “para zurditos llorando”, que le valió el repudio local y varias denuncias penales por apología del terrorismo de Estado.

Buckmayer se quejó de la intervención del sindicalista docente en la sesión y consideró “una aberración” que “utilizara 45 minutos de nuestro tiempo para hablar de ese tema”.

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