Política
El gobierno cede y acuerda 100 cambios en proyecto de Ley Ómnibus

Luego de advertir que no negociaría el paquete de reformas que se discute desde hace dos semanas en el Congreso, el gobierno de Javier Milei reculó y aceptó modificar 100 artículos del proyecto conocido como Ley Ómnibus.
Entre los puntos sobresalientes de las modificaciones al texto original del proyecto de ley enviado al Congreso el 27 de diciembre, figuran acotar los superpoderes solicitados por Milei, la eliminación de retenciones a todas las economías regionales y la eliminación de YPF de la lista de empresas públicas sujetas a privatización.
La Casa Rosada le hizo llegar este viernes al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, un borrador con las modificaciones negociadas con la oposición legislativa más amigable con el gobierno, en sintonía con los reclamos que los gobernadores le hicieron al ministro del Interior, Guillermo Francos.
Como contrapartida, el bloque de Unión por la Patria (UxP) adelantó su rechazo al proyecto, independientemente de las modificaciones aceptadas por el gobierno, y convocó a apoyar el paro y la movilización convocado por la CGT para el próximo lunes 24, que promete ser masiva con la participación de las otras centrales obreras, organizaciones sociales y partidos de izquierda.
En el borrador de la Casa Rosada, no fue incluida el capítulo referente a la reforma previsional, aunque en el entorno del ministro Francos se aseguró que el tema sigue en discusión y no se descarta que se incorporé al texto que el gobierno espera poder convertir en ley la semana próxima.
Las modificaciones
Título I – Emergencia
Se limita el plazo de vigencia de la emergencia de 4 años (2+2) a 2 años (1 año + 1 año prorrogable por el Poder Ejecutivo).
Eliminación de emergencia de Defensa, Social y Sanitaria.
Se eliminan y revisa redacción de algunas bases de delegación a partir de sugerencias realizadas.
Título II – Reorganización administrativa
Se limita el ámbito de aplicación solo al Sector Público incluido en el Art 8 de la 24.156. Se elimina a las entidades con participación concurrente minoritaria del ámbito de aplicación.
FGS. Se establece como requisito que el Poder Ejecutivo Nacional para poder liquidar dichos activos (luego de ser transferidos) deberá contar con un dictamen previo favorable de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones establecida en la Ley 23.696.
Pesca
Se mantiene la obligación de desembarcar en Argentina.
Se aclara que el sistema de licitaciones no va a ser internacional.
Se mantienen los requisitos actuales con respecto a la tripulación local.
Hidrocarburos
Inclusión de la aclaración “Nacional o Provincial, según corresponda” para evitar cualquier duda sobre competencias de las Provincias en la materia, en todo el articulado.
Compatibilización con los principios del art. 3° de la ley 26.741.
Eliminación de la mención a “empresas estatales” y la obligación de vender al “export parity”.
Condicionamiento del derecho a exportar sujeto a (i) los requisitos habituales vinculados al acceso de los recursos técnicamente probados; y (ii) que la objeción en caso de ocurrir por parte de la Secretaría de Energía esté fundada por motivos técnica o económicamente en la seguridad del suministro.
Establecimiento de requisitos para la solicitud de reconversión de convencional a no convencional: conforme plazos que fije el Poder Ejecutivo, y se extiende por 10 años desde el vencimiento del plazo original. Posibilidad de extender por otros 10 años adicionales en función de amortización de inversiones.
Límite máximo de hasta 10 años para plazos más extensos que los fijados por la ley. En ningún caso, la concesión puede ser fijada a perpetuidad.
Respeto de los plazos establecidos por el marco legal existente a la fecha de aprobación de esta ley en las concesiones de explotación y concesiones de transporte otorgadas con anterioridad.
Se mantiene la Facultad de las provincias de controlar el plan de inversiones (No se derogan el Art 32 y 33).
Establecimiento de un régimen de autorizaciones de transporte de Hidrocarburos, con libre acceso.
Establecimiento de un régimen de habilitación para el procesamiento de hidrocarburos.
Regulación de la actividad de almacenaje de hidrocarburos bajo régimen de autorizaciones.
Mantenimiento del Pliego Modelo elaborado en forma conjunta por las Provincias y la Secretaría de Energía de la Nación.
Se mejora redacción y precisión del inciso de Fondos Fiduciarios y de afectación especifica. Se elimina la delegación con respecto a los servicios periféricos.
Se incluye en la delegación del marco normativo del sistema de contrataciones públicas los principios del Decreto 1023, la regla de licitación pública y la referencia a estándares de transparencia.
Se elimina YPF del listado de empresas a privatizar. Se incluye el procedimiento de informar a la Comisión Bicameral creada en la Ley 23.696.
Se agrega inciso c) con el fin de aumentar el control del Estado ante la posible privatización de Nucleoeléctrica Argentina.
Se mantiene como obligatoria la tenencia por parte del Estado de una acción con derecho a veto con respecto al cierre de actividad de nucleoeléctrica.
Se aclara que las unidades de auditoría interna van a ser nombradas y removidas por la SIGEN para evitar relación jerárquica entre controlante y controlado.
Se mantienen los requisitos actuales para el Síndico General de la Nación en 8 años (Se elimina Art 22).
Se mantienen los requisitos actuales para la Oficina Anticorrupción (Se elimina Art 24).
Se extiende el alcance de las prohibiciones para la función pública a todos los empleados públicos. Se incluye en las prohibiciones de la función pública la de permitir la colocación o utilización de símbolos partidarios o electorales en edificios, vehículos y muebles públicos.
Se aclara que la intervención de la SIGEN y Procuración es en forma previa a los acuerdos transaccionales y no en la reglamentación.
Se acota el alcance de las facultades para la renegociación y rescisión de contratos (Art 33).
Título III – Reorganización Económica
Se elimina Capítulo de Ley de sociedades.
Régimen de Regularización.
Se agrega la exclusión a convivientes.
Limitar en sujetos excluidos a las personas que son funcionarios o fueron hasta hace 5 años.
Se incorpora cláusula para que los no residentes no pueden regularizar bienes a nombre de terceros.
Bienes personales
Se incluye beneficio a contribuyentes cumplidores (Art 187). Reducción de alícuota por tres años.
Derecho de Exportación (Continuación)
Ajuste del canon por precio del barril.
Ajuste del canon anual por barriles.
Causal de nulidad de cualquier adjudicación de permisos o concesiones al vencimiento de los plazos originales sin mediar una licitación pública y abierta.
Biocombustibles
Se fijó un plazo de 18 años para que las mezclas con combustibles fósiles sean producidas en instalaciones situadas en la República Argentina, utilizando materias primas nacionales.
Se fija un régimen de % obligatorios en volumen.
Para biodiesel, establecimiento de un cronograma de cortes o mezclas obligatorias de biodiesel, en % en volumen progresivos en aumento hasta el año 2026. A partir del 12,5% y no antes de 3 años de la Ley, se propondrá al Congreso aumentos progresivos de porcentaje de mezcla o corte obligatorio hasta alcanzar el 15%. En la zona patagónica el porcentaje de mezcla o corte será del 10% hasta tanto se solucionen cuestiones técnicas y/o de infraestructura.
Para bioetanol, establecimiento del 12% en volumen como porcentaje de mezcla obligatorio. Durante los primeros dos (2) años, se podrá disponer un incremento hasta el 15%. A partir del 15% y no antes de 3 años de la entrada en vigencia, se propondrá al Congreso aumentos progresivos de porcentaje de mezcla o corte obligatorio hasta alcanzar un porcentaje entre el 18 y el 27%.
Cuando la mezcla o corte obligatorio supere el 15% para el biodiesel o el 18% para el bioetanol, las empresas que produzcan y/o destilen hidrocarburos estarán autorizadas a participar en las licitaciones previstas en el régimen únicamente en el volumen excedente a los porcentajes de mezcla o corte antes mencionados. En ningún caso, la participación de las empresas que produzcan y/o destilen hidrocarburos podrá ser superior al 15% del volumen excedente.
La autoridad de aplicación puede exceptuar los % señalados únicamente en caso de escasez general y comprobada de materia prima.
Régimen único de licitaciones transparentes, de acceso público para la determinación de volúmenes y precios en el abastecimiento de biocombustibles.
Para biodiesel, límite de adjudicación máxima del 14% por empresa, de su capacidad instalada registrada, y respeto de la relación entre la producción real propia y a façón, y la capacidad instalada del conjunto de empresas que producen materia prima (empresas integradas), sea igual a la del conjunto de las restantes empresas elaboradoras.
Para bioetanol, límite de adjudicación de su capacidad instalada registrada. Hasta el 31 de diciembre de 2030, para el bioetanol a base de caña de azúcar se respetará el volumen anual promedio del período 2021 – 2023. Efecto: se asegura un volumen de bioetanol de caña hasta 2030 en base a lo entregado en los últimos años; pueden tener más volumen si por precio les corresponde en la licitación.
Para bioetanol y biodiesel, en el caso de que los precios adjudicados superen los precios internacionales de importación, los vendedores de biocombustibles deberán vender al precio de importación vigente en cada momento.
No se deroga la exención de los biocombustibles del impuesto a los combustibles líquidos y al impuesto al carbono.
Energía Eléctrica
Aclaración en las bases de delegación del mantenimiento en la cuestión tarifaria de los principios tarifarios de las leyes 24.065 y 24.076.
Fondos Fiduciarios
Aclaración que los beneficios previstos en el art. 75 de la ley 25.565 y la ley 27.637 (Zona Fría) estarán comprendidos en la reasignación de subsidios a realizar conforme el DNU 70/23.
Transición Energética
Inclusión de las provincias en las mesas técnicas de trabajo para el diseño del modo de asignación de derechos de emisión y la implementación del modo para establecer los límites de derechos de emisión anuales.
Legislación ambiental
Reconocimiento expreso del acuerdo de las provincias para la legislación ambiental armonizada.
ley omnibus-modificacionesPolítica
Senadores misioneros rechazaron cinco decretos de Milei

Por mayoría, la oposición logró rechazar cinco decretos del presidente Javier Milei, oficializados en la última semana a través de sus facultades delegadas. De los legisladores misioneros presentes los renovadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut votaron en contra de todas las normativas de decreto, mientras que Martín Goerling (PRO) decidió acompañar las medidas libertarias.
De esta manera, el Senado se opuso a la intervención de organismos públicos autárquicos que fueron absorbidos por carteras del Ejecutivo. Lo que implicó el rechazó a los decretos 351/2025 del Banco Nacional de Datos Genéticos, el 340/2025 de Marina Mercante y el 345/2025, correspondiente al Instituto Nacional del Teatro y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares.
Al mismo tiempo, enfrentaron los decretos que ya habían sido judicializados, como el 461/2025 de Vialidad Nacional, Agencia Nacional de Seguridad Vial y Comisión Nacional de Regulación del Transporte y el 462/2025 correspondiente al Inti, Inta, Inpi, ARICCAME, Inase e INV.
Los cambios
A pesar de la decisión del Senado sobre los decretos presidenciales, que el Gobierno tomó en el marco de las facultades administrativas delegadas por el propio Congreso, muchos de los organismos involucrados sufrieron este mes sensibles transformaciones que no serían revertidas.
Entrevistado por Radio Rivadavia, el jefe de Gabinete Guillermo Francos aclaró: “Por más que sancionen el rechazo de los decretos delegados en el Senado, eso va a tener algún impacto, pero no demasiado, porque esos decretos ya están en vigencia y las modificaciones ya se hicieron”.
En este sentido, las intervenciones más concretas se dieron en los organismos históricos y culturales alcanzados por el decreto 345: en el último mes, se designó a Federico Brunetti como director del Instituto Nacional del Teatro y a Fernando Ferreyra como titular de la Comisión Nacional de Monumentos, institución que define si un inmueble es protegido al considerarlo patrimonio histórico. Los dos espacios eran autárquicos hasta este año y pasaron a quedar bajo la órbita de la Secretaría de Cultura.
Por su parte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, intervenida por el decreto 461, cuyos profesionales serán reemplazados por personal de Gendarmería Nacional, sufrió esta semana (por decreto 585) el cierre de la Dirección de Campañas -de capacitación de agentes-, el Sistema Nacional de Infracciones -registro único de faltas a nivel federal- y la Línea 149 -de asistencia a víctimas viales-.
Paralelamente, el pasado lunes se disolvió la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, con el decreto 584, ahora absorbido por el Ministerio de Economía.
Respecto al Inta, tras la eliminación del rol de Dirección Nacional en agosto pasado, alcanzado por el decreto 462, las intervenciones sobre este organismo, además de Vialidad Nacional, el INTI y el Banco Nacional de Datos Genéticos, fueron detenidas luego de que la Justicia dé curso a apelaciones de organismos sindicales, paralizara temporalmente los efectos de los decretos presidenciales.
Política
Legislatura rechazó pedido para investigar conflicto territorial en Colonia Polana

La Legislatura rechazó el proyecto de comunicación del diputado provincial por el Partido Libertario, Javier Mela, para que el Poder Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de Asuntos Municipales, intervenga en la disputa de tierras privadas que se conoció esta semana en Colonia Polana, a raíz de una investigación periodística de La Voz de Misiones.
El trámite del proyecto no tuvo debate en el recinto y solo contó con la presentación que hizo Mela, tras lo cual sobrevino la votación, que registró 24 votos a favor y 12 en contra.
“Quiero plantear la intervención del gobierno provincial, a través de la Subsecretaría de Asuntos Municipales, por un conflicto, que ha tomado estado público, entre las autoridades comunales de Colonia Polana y los herederos de un predio de 100 hectáreas”, presentó el tema el legislador.
Mela relató los pormenores de la disputa entre los hermanos Llanos y la familia del presidente del Concejo Deliberante local, Raúl Francisco Núñez, que mediante un boleto de compra venta, supuestamente apócrifo, ocupa actualmente la propiedad.
“Esta es una situación de absoluta anomalía, de nepotismo”, opinó Mela y argumentó: “Nos da la sensación de que tenemos que intervenir como Poder Legislativo y explicar a la familia Llanos que en la provincia de Misiones rige el Estado de derecho”.
El legislador valoró que “el gobierno provincial haya desplazado al funcionario de la comisaria de Colonia Polana que hostigaba a los Llanos” y lo consideró “un avance”, pero opinó que “bien podría intervenir el subsecretario de Asuntos Municipales para darle garantías a la familia, solidarizarnos con ellos frente a una situación de total atropello”.
Política
La concejal del Falcon verde será reubicada en una escuela para adultos

La docente y concejal electa de La Libertad Avanza (LLA) en Montecarlo, Patricia Buckmayer, sumariada por el Consejo General de Educación (CGE) por su posteo en Facebook del Falcon verde de la dictadura con “el baúl mejorado para acarrear zurditos llorando”, será reubicada en una Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA).
La noticia fue confirmada a La Voz de Misiones por la titular del CGE, Daniela López, aunque la funcionaria no supo precisar a qué institución será trasladada Buckmayer, que hasta el escándalo del Falcon verde se desempeñaba como vicedirectora y maestra de grado en la Escuela 661 de Montecarlo.
“Ella está en proceso de investigación sumaria y mientras dura el sumario se reubica transitoriamente en escuela modalidad EPJA”, se limitó a comentar López.
La funcionaria evitó hablar de la Disposición 280/25, del organismo a su cargo, que resolvió “ubicar preventiva y provisoriamente” a Buckmayer en la Escuela N° 156 El Guatambu, de Montecarlo, que provocó el inmediato rechazo del plantel docente y la comunidad educativa local, y reclamos concretos al CGE.
“Hicimos una queja y se nos comunicó que esta docente sería trasladada a otra escuela”, comentó Rubén Ortíz, delegado del Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL), gremio docente de influencia en esa zona de Misiones.
“Este es un logro de la comunidad, que siempre está alerta”, valoró Ortíz. “Al CGE le faltó criterio, no tiene lógica lo que intentaron hacer”, opinó y explicó: “Escuela donde vaya va a tener dificultades, porque la gente entiende que ella tiene una conducta que lesiona gravemente la posibilidad de estar frente al aula, y entendemos que debe ser reubicada en un lugar que no sea una escuela”.
El sindicalista adelantó a LVM que el martes próximo el MPL tiene agendada una reunión con López, donde además de la cuestión salarial y la situación del personal de servicio no docente, “le vamos a plantear este tema puntual”.
A la par del sumario, Buckmayer, enfrenta dos denuncias penales por apología del delito en la Justicia provincial.
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