Política
El gobierno cede y acuerda 100 cambios en proyecto de Ley Ómnibus
Luego de advertir que no negociaría el paquete de reformas que se discute desde hace dos semanas en el Congreso, el gobierno de Javier Milei reculó y aceptó modificar 100 artículos del proyecto conocido como Ley Ómnibus.
Entre los puntos sobresalientes de las modificaciones al texto original del proyecto de ley enviado al Congreso el 27 de diciembre, figuran acotar los superpoderes solicitados por Milei, la eliminación de retenciones a todas las economías regionales y la eliminación de YPF de la lista de empresas públicas sujetas a privatización.
La Casa Rosada le hizo llegar este viernes al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, un borrador con las modificaciones negociadas con la oposición legislativa más amigable con el gobierno, en sintonía con los reclamos que los gobernadores le hicieron al ministro del Interior, Guillermo Francos.
Como contrapartida, el bloque de Unión por la Patria (UxP) adelantó su rechazo al proyecto, independientemente de las modificaciones aceptadas por el gobierno, y convocó a apoyar el paro y la movilización convocado por la CGT para el próximo lunes 24, que promete ser masiva con la participación de las otras centrales obreras, organizaciones sociales y partidos de izquierda.
En el borrador de la Casa Rosada, no fue incluida el capítulo referente a la reforma previsional, aunque en el entorno del ministro Francos se aseguró que el tema sigue en discusión y no se descarta que se incorporé al texto que el gobierno espera poder convertir en ley la semana próxima.
Las modificaciones
Título I – Emergencia
Se limita el plazo de vigencia de la emergencia de 4 años (2+2) a 2 años (1 año + 1 año prorrogable por el Poder Ejecutivo).
Eliminación de emergencia de Defensa, Social y Sanitaria.
Se eliminan y revisa redacción de algunas bases de delegación a partir de sugerencias realizadas.
Título II – Reorganización administrativa
Se limita el ámbito de aplicación solo al Sector Público incluido en el Art 8 de la 24.156. Se elimina a las entidades con participación concurrente minoritaria del ámbito de aplicación.
FGS. Se establece como requisito que el Poder Ejecutivo Nacional para poder liquidar dichos activos (luego de ser transferidos) deberá contar con un dictamen previo favorable de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones establecida en la Ley 23.696.
Pesca
Se mantiene la obligación de desembarcar en Argentina.
Se aclara que el sistema de licitaciones no va a ser internacional.
Se mantienen los requisitos actuales con respecto a la tripulación local.
Hidrocarburos
Inclusión de la aclaración “Nacional o Provincial, según corresponda” para evitar cualquier duda sobre competencias de las Provincias en la materia, en todo el articulado.
Compatibilización con los principios del art. 3° de la ley 26.741.
Eliminación de la mención a “empresas estatales” y la obligación de vender al “export parity”.
Condicionamiento del derecho a exportar sujeto a (i) los requisitos habituales vinculados al acceso de los recursos técnicamente probados; y (ii) que la objeción en caso de ocurrir por parte de la Secretaría de Energía esté fundada por motivos técnica o económicamente en la seguridad del suministro.
Establecimiento de requisitos para la solicitud de reconversión de convencional a no convencional: conforme plazos que fije el Poder Ejecutivo, y se extiende por 10 años desde el vencimiento del plazo original. Posibilidad de extender por otros 10 años adicionales en función de amortización de inversiones.
Límite máximo de hasta 10 años para plazos más extensos que los fijados por la ley. En ningún caso, la concesión puede ser fijada a perpetuidad.
Respeto de los plazos establecidos por el marco legal existente a la fecha de aprobación de esta ley en las concesiones de explotación y concesiones de transporte otorgadas con anterioridad.
Se mantiene la Facultad de las provincias de controlar el plan de inversiones (No se derogan el Art 32 y 33).
Establecimiento de un régimen de autorizaciones de transporte de Hidrocarburos, con libre acceso.
Establecimiento de un régimen de habilitación para el procesamiento de hidrocarburos.
Regulación de la actividad de almacenaje de hidrocarburos bajo régimen de autorizaciones.
Mantenimiento del Pliego Modelo elaborado en forma conjunta por las Provincias y la Secretaría de Energía de la Nación.
Se mejora redacción y precisión del inciso de Fondos Fiduciarios y de afectación especifica. Se elimina la delegación con respecto a los servicios periféricos.
Se incluye en la delegación del marco normativo del sistema de contrataciones públicas los principios del Decreto 1023, la regla de licitación pública y la referencia a estándares de transparencia.
Se elimina YPF del listado de empresas a privatizar. Se incluye el procedimiento de informar a la Comisión Bicameral creada en la Ley 23.696.
Se agrega inciso c) con el fin de aumentar el control del Estado ante la posible privatización de Nucleoeléctrica Argentina.
Se mantiene como obligatoria la tenencia por parte del Estado de una acción con derecho a veto con respecto al cierre de actividad de nucleoeléctrica.
Se aclara que las unidades de auditoría interna van a ser nombradas y removidas por la SIGEN para evitar relación jerárquica entre controlante y controlado.
Se mantienen los requisitos actuales para el Síndico General de la Nación en 8 años (Se elimina Art 22).
Se mantienen los requisitos actuales para la Oficina Anticorrupción (Se elimina Art 24).
Se extiende el alcance de las prohibiciones para la función pública a todos los empleados públicos. Se incluye en las prohibiciones de la función pública la de permitir la colocación o utilización de símbolos partidarios o electorales en edificios, vehículos y muebles públicos.
Se aclara que la intervención de la SIGEN y Procuración es en forma previa a los acuerdos transaccionales y no en la reglamentación.
Se acota el alcance de las facultades para la renegociación y rescisión de contratos (Art 33).
Título III – Reorganización Económica
Se elimina Capítulo de Ley de sociedades.
Régimen de Regularización.
Se agrega la exclusión a convivientes.
Limitar en sujetos excluidos a las personas que son funcionarios o fueron hasta hace 5 años.
Se incorpora cláusula para que los no residentes no pueden regularizar bienes a nombre de terceros.
Bienes personales
Se incluye beneficio a contribuyentes cumplidores (Art 187). Reducción de alícuota por tres años.
Derecho de Exportación (Continuación)
Ajuste del canon por precio del barril.
Ajuste del canon anual por barriles.
Causal de nulidad de cualquier adjudicación de permisos o concesiones al vencimiento de los plazos originales sin mediar una licitación pública y abierta.
Biocombustibles
Se fijó un plazo de 18 años para que las mezclas con combustibles fósiles sean producidas en instalaciones situadas en la República Argentina, utilizando materias primas nacionales.
Se fija un régimen de % obligatorios en volumen.
Para biodiesel, establecimiento de un cronograma de cortes o mezclas obligatorias de biodiesel, en % en volumen progresivos en aumento hasta el año 2026. A partir del 12,5% y no antes de 3 años de la Ley, se propondrá al Congreso aumentos progresivos de porcentaje de mezcla o corte obligatorio hasta alcanzar el 15%. En la zona patagónica el porcentaje de mezcla o corte será del 10% hasta tanto se solucionen cuestiones técnicas y/o de infraestructura.
Para bioetanol, establecimiento del 12% en volumen como porcentaje de mezcla obligatorio. Durante los primeros dos (2) años, se podrá disponer un incremento hasta el 15%. A partir del 15% y no antes de 3 años de la entrada en vigencia, se propondrá al Congreso aumentos progresivos de porcentaje de mezcla o corte obligatorio hasta alcanzar un porcentaje entre el 18 y el 27%.
Cuando la mezcla o corte obligatorio supere el 15% para el biodiesel o el 18% para el bioetanol, las empresas que produzcan y/o destilen hidrocarburos estarán autorizadas a participar en las licitaciones previstas en el régimen únicamente en el volumen excedente a los porcentajes de mezcla o corte antes mencionados. En ningún caso, la participación de las empresas que produzcan y/o destilen hidrocarburos podrá ser superior al 15% del volumen excedente.
La autoridad de aplicación puede exceptuar los % señalados únicamente en caso de escasez general y comprobada de materia prima.
Régimen único de licitaciones transparentes, de acceso público para la determinación de volúmenes y precios en el abastecimiento de biocombustibles.
Para biodiesel, límite de adjudicación máxima del 14% por empresa, de su capacidad instalada registrada, y respeto de la relación entre la producción real propia y a façón, y la capacidad instalada del conjunto de empresas que producen materia prima (empresas integradas), sea igual a la del conjunto de las restantes empresas elaboradoras.
Para bioetanol, límite de adjudicación de su capacidad instalada registrada. Hasta el 31 de diciembre de 2030, para el bioetanol a base de caña de azúcar se respetará el volumen anual promedio del período 2021 – 2023. Efecto: se asegura un volumen de bioetanol de caña hasta 2030 en base a lo entregado en los últimos años; pueden tener más volumen si por precio les corresponde en la licitación.
Para bioetanol y biodiesel, en el caso de que los precios adjudicados superen los precios internacionales de importación, los vendedores de biocombustibles deberán vender al precio de importación vigente en cada momento.
No se deroga la exención de los biocombustibles del impuesto a los combustibles líquidos y al impuesto al carbono.
Energía Eléctrica
Aclaración en las bases de delegación del mantenimiento en la cuestión tarifaria de los principios tarifarios de las leyes 24.065 y 24.076.
Fondos Fiduciarios
Aclaración que los beneficios previstos en el art. 75 de la ley 25.565 y la ley 27.637 (Zona Fría) estarán comprendidos en la reasignación de subsidios a realizar conforme el DNU 70/23.
Transición Energética
Inclusión de las provincias en las mesas técnicas de trabajo para el diseño del modo de asignación de derechos de emisión y la implementación del modo para establecer los límites de derechos de emisión anuales.
Legislación ambiental
Reconocimiento expreso del acuerdo de las provincias para la legislación ambiental armonizada.
ley omnibus-modificaciones
El revuelo por la Tasa Eco Turística que se aplica desde el sábado en Wanda, agitó las aguas en Puerto Iguazú, donde la administración municipal de Claudio Filippa mantiene vigente desde 2015 un canon idéntico, que inspiró a la intendenta Romina Faccio a gravar las visitas a la capital misionera de las piedras preciosas.
“Es un eco curro”, disparó el concejal de Puerto Iguazú Fabián De Sá, de La Libertad Avanza (LLA), y comparó el tributo de Filippa a los turistas con el que aplicó Bariloche hasta el año pasado, en que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
“Es lo mismo y ya hay jurisprudencia de la Corte”, remarcó el edil, en diálogo con La Voz de Misiones. “Una tasa requiere una contraprestación de un servicio y acá no está claro, ni se sabe, adónde va ese dinero”, disparó De Sá.
El concejal de LLA Misiones comentó a LVM que Foz de Iguazú, la ciudad brasileña vecina, “también tiene una tasa turística”, pero que, a diferencia de Puerto Iguazú, “es transparente y optativa”.
“Les cobran a los visitantes en el parque, y cuando el turista ve que está todo limpio, ordenado y lo que cuesta mantenerlo así, paga con gusto”, apuntó y lanzó: “De este lado, todo es un desastre, la limpieza, la recolección de residuos es de lo peor del país”.
De Sá afirmó que, en la Ciudad de las Cataratas, los funcionarios municipales actúan como “si fueran agentes del ICE norteamericano”, en referencia a la policía migratoria estadounidense, y “persiguen a los turistas donde los ven”.
“Los visitantes se ven obligados a pagar más de una vez, porque raramente la gente lleva encima el comprobante”, explicó y graficó: “Les cobran cuando ingresan a la ciudad, les cobran en el hotel y si los ven por ahí, y no tienen el papel, les cobran otra vez”.
“Es un desastre porque el turista que tiene esa mala experiencia la lleva a su cada, a su país de origen, con las consecuencias negativas que eso conlleva para el turismo en la ciudad”, argumentó.
Disparate
El tributo turístico de Filippa viene dando que hablar desde hace rato, sobre todo desde que la CSJ invalidó la Eco Tasa de Bariloche y el municipio se vio obligado a eliminarla.
“Es un disparate, tanto la tasa que se aplica acá, como la que empezaron a cobrar en Wanda”, afirmó el concejal Alejandro Verón, electo en 2023 por la Unión Cívica Radical (UCR) y que actualmente integra el bloque de LLA en el HCD local.
“En julio de 2024, yo presenté un pedido de suspensión del cobro y una ordenanza para derogar la tasa, por la falta de rendición de la recaudación de la misma”, rememoró Verón y comentó: “No tuvimos el acompañamiento de los concejales de la Renovación y perdimos 4 a 3”.
En aquella ocasión, el intentó la valió un cruce con el intendente Filippa, quien se descargó contra el concejal en sus redes sociales y defendió su Eco tasa, a la par que su administración anunciaba un incremento del tributo a $3.000 por persona, por dos noches de pernocte en la ciudad.
Dos años antes, en 2022, el Ejecutivo municipal dejó sin responder un pedido de informe “respecto del mecanismo utilizado en el cobro de la Tasa Eco Turística”, firmado por el entonces presidente del HCD, Juan José Rayneldi, y el prosecretario legislativo Andrés Pritulak.
Según dijo Verón a LVM, “no hay un estimativo de lo recaudado y tampoco se sabe adonde va a parar lo que ingresa del cobro a los visitantes”.
Proyecto de Ordenanza Derogacion Ecotasa
Varias figuras de la oposición política misionera se expresaron en las últimas horas sobre la tasa Eco Turística de Wanda, que empezó a regir el fin de semana por ordenanza del municipio local y escaló la controversia con videos de visitantes a las minas de piedras preciosas, ofuscados por el canon y obligados a pegar la vuelta sin ingresar.
El diputado provincial y presidente de La Libertad Avanza (LLA) en la tierra colorada, Adrián Nuñez, y el senador del PRO Misiones, Martín Goerling, apuntaron de lleno en redes sociales y medios contra la Ordenanza 22/2025, impulsada por la intendenta Romina Faccio, con el fundamento de la “preservación ambiental” y el “desarrollo sostenible” del distrito.
Impuesto encubierto
Nuñez, incluso, se ocupó del tema en su columna del sábado del diario porteño La Nación, que tituló “Cuando una tasa se convierte en impuesto encubierto se rompe el federalismo” y donde analizó la cuestión, no ya como político o legislador, sino como abogado especialista en temas tributarios.
“En los últimos días, tomó estado público la creación de la denominada Tasa Eco Turística Municipal en Colonia Wanda, provincia de Misiones”, arranca la columna del legislador misionero en LN y señala: “Más allá del nombre atractivo y de los fines nobles declamados, el debate de fondo no es ambiental ni turístico, sino es institucional, constitucional e ideológico”.
“La Argentina tiene un régimen claro de distribución de recursos entre la Nación, las provincias y los municipios”, explica y menciona: “En particular, la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos establece límites precisos para evitar abusos fiscales, superposiciones tributarias y, sobre todo, inseguridad jurídica para quienes producen, invierten y trabajan”.
“Una tasa municipal, para ser válida, debe cumplir un requisito básico e ineludible que es estar asociada a una prestación concreta, efectiva e individualizada de un servicio”, puntualiza Nuñez, para descalificar la validez del canon aplicado en Wanda.
“Cuando ese servicio no existe, cuando no se identifica al contribuyente ni se puede demostrar qué recibe a cambio, la tasa deja de ser tasa y pasa a ser un impuesto encubierto”, define Nuñez y asegura: “Eso es exactamente lo que ocurre con la llamada Tasa Eco Turística”. “Se cobra por el solo hecho de ingresar al municipio con fines turísticos, comerciales o de negocios, sin que exista una contraprestación municipal específica”, reafirma.
“En los hechos, se grava el ejercicio de actividades económicas, una materia que ya está alcanzada por impuestos nacionales coparticipados como el Impuesto a las Ganancias”, recarga.
“La ley es clara, los municipios no pueden crear tributos locales análogos a impuestos nacionales”, dice Nuñez y aclara: “No es una interpretación política, es una prohibición legal expresa”.
“En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se pronunció en múltiples oportunidades, desde el histórico fallo Laboratorios Raffo hasta la reciente declaración de inconstitucionalidad de la Ecotasa de Bariloche en 2024”, historia Nuñez.
“Defender el federalismo no es permitir que cada municipio cobre lo que quiera, como quiera y a quien quiera. Defender el federalismo es respetar las reglas comunes que garantizan equilibrio, previsibilidad y seguridad jurídica en todo el país”, proclama el diputado provincial.
“Misiones necesita atraer inversiones, generar empleo y acompañar al sector productivo, no ahogarlo con impuestos disfrazados de tasas”, dispara. “El cuidado del ambiente y el desarrollo turístico son objetivos legítimos, pero deben financiarse dentro del marco de la ley y con instrumentos transparentes”, reclama.
“Cuando el Estado cruza esos límites, no solo perjudica a los contribuyentes, sino que erosiona la confianza y desalienta la actividad económica atentando contra la inversión y el crecimiento”, sentencia.
Nuñez opina que “por eso es necesario dar este debate con seriedad y responsabilidad”, ya que “no se trata de recaudar más, sino de gobernar mejor, buscando bajar los gastos y reducir impuestos de manera de potenciar la actividad económica y el desarrollo genuino”.
Locura
Goerling le dedicó a la Tasa Ecoturística de la intendenta Faccio varias intervenciones en medios de Posadas y dos posteos en su cuenta de Instagram.
“PAREN ESTA LOCURA”, pidió en el primero de sus posteos en IG, arrobando al gobernador Hugo Passalacqua, al ministro de Turismo de Misiones José María Arrúa, y a la intendenta impulsora del gravamen en cuestión.
“Están espantando los turistas de Wanda”, escribió Goerling. “Los corren con controles y tasas como si fueran delincuentes”, lanzó.
En la publicación, el senador del PRO Misiones subió uno de los videos que se viralizaron en las últimas horas y que muestra al guía de un contingente de turistas de La Rioja, Tucumán y Catamarca, desayunándose con el pago del nuevo canon en el acceso a un complejo turístico.
“Primero, trabas a la mercadería con aduanas paralelas. Ahora, cargos para ingresar a un predio privado”, escribe Goerling. “Así, no se defiende el ambiente ni la producción: se castiga al que invierte y al que viene a dejar su plata en Misiones”, señala.
“El turismo necesita puertas abiertas y reglas claras. No persecución ni improvisación”, finaliza el parlamentario su primer posteo sobre el tema.
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“EL TURISMO DE WANDA SE CONVIRTIÓ EN UN CIRCO”, escribió Goerling, en una segunda publicación. “Lo dicen los propios vecinos”, aseguró y reprodujo dos textuales, de visitantes ofuscados con la tasa de Faccio, de otro de los videos que están viralizándose en las redes: “Es un impuesto injusto”, “Hay gente que no viene si no es por esto”.
“Están convirtiendo un atractivo turístico en un conflicto político”, cargó Goerling y acusó: “Están poniendo tasas donde debería haber promoción”.
“El turismo no se desarrolla a los golpes ni con la policía en la puerta”, señaló y finalizó: “Se desarrolla con libertad, previsibilidad y respeto”.
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En medio de los reclamos vecinales y las repercusiones políticas sobre el tema, la intendenta de Wanda, Romina Faccio, explicó que la aplicación de la Tasa Ecoturística se enmarca en la necesidad de generar recursos propios ante la paralización de la obra pública nacional.
“Dado que el presidente ha eliminado las obras públicas y dijo que los intendentes se arreglen como pueden, tenemos que reinventarnos para seguir haciendo crecer la ciudad”, sostuvo esta mañana, en declaraciones brindadas en una entrevista con Radio República.
La jefa comunal además aseguró que la tasa “deja beneficios reales en Wanda” y precisó que se trata de un “restablecimiento” de una ordenanza vigente desde 2015. “Debería haberse pagado, pero nunca se pagó”, indicó.
En ese marco, señaló que en 2018 existió un convenio con una de las empresas mineras por un monto de $10.000 mensuales, aunque “tampoco se cumplió”. En 2022, por su parte, se estableció un canon en unidades fiscales, pero al no concretarse su aplicación, en 2025 se resolvió restablecer la tasa para que sea abonada directamente por el turista.
Consultada sobre las declaraciones la empresaria minera Patricia Busch, socia de los yacimientos, quien afirmó a La Voz de Misiones que “seguir así se perderán 60 puestos de trabajo”, Faccio respondió: “Eso deberías consultarle a ella”.
La intendenta precisó que la tasa se aplica a los turistas, que -según datos del sector- rondan los 2.000 por día en temporada alta, mediante unidades fiscales, con un cobro mínimo de 800 pesos.
El pago debe realizarse en el ingreso a las minas y sostuvo que los fondos recaudados tendrán una contraprestación y que cada seis meses se presentarán informes ante el Concejo Deliberante.
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