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El decretazo de Milei reabrió la grieta del mate

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El decreto de necesidad y urgencia del presidente Javier Milei le quitó la facultad de fijar precios al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) y metió al oro verde de Misiones y Corrientes en la discusión por el modelo económico que imperará en la Argentina los próximos cuatro años.

Mientras del otro lado del arroyo Chimiray, el gobernador Gustavo Valdés mantiene el silencio ante la decisión, Hugo Mario Passalacqua anunció que prepara una medida cautelar para combatir la liberalización del mercado en la Justicia Federal.

Es que los cambios en el articulado de la Ley 25.564 significan un giro de 180 grados en los objetivos de la entidad, que antes apuntaba a “procurar la sustentabilidad de los distintos sectores” y ahora buscará “proteger el carácter competitivo de la industria”, tal como señala el nuevo texto de la normativa.

Milei, que arrasó electoralmente en las zonas rurales de Misiones, derogó además los incisos que estipulan la creación de registros para la identificación de la producción, así como la obligación de inscribirse en ellos para todos los participantes de la cadena de negocios.

La Casa Rosada también decidió que, a partir de ahora, el Inym ya no promoverá el asociativismo entre productores primarios y cooperativas y, además, eliminó la exclusividad de los fondos del instituto, que hasta el momento no podían ser apropiados por el Tesoro Nacional, de lo cual se desprende que el Poder Ejecutivo tomará el control de la caja.

Del Inym al Imym

Tras conocerse la noticia, la reacción del oficialismo misionerista fue casi inmediata y se abroqueló en defensa de la institución surgida hace dos décadas a raíz del histórico “tractorazo” con el que los productores rurales del interior hicieron escuchar sus reclamos a todo el país.

“El decreto incluye prácticamente la extinción del Inym, le quitaron la fijación de precios, el cupo de plantado, el estampillado no sabemos quién lo va a manejar, y queremos que lo maneje la familia yerbatera y no alguien de Buenos Aires”, reclamó el gobernador Passalacqua en una reunión con colonos de Santa Rita.

De esa manera, el mandatario se alineó con lo propuesto horas antes por el diputado provincial Carlos Eduardo Rovira, quien anunció que, de avanzar la aplicación del decreto, impulsará la creación por ley del Instituto Misionero de la Yerba Mate (Imym), “para defender la economía y la rentabilidad de nuestros pequeños y medianos productores yerbateros, de nuestras cooperativas y de nuestros secaderos”.

Al decir que “el producto madre de la tierra colorada no está en discusión y los misioneros somos soberanos para cuidarlo”, el conductor político del Frente Renovador se puso en pie de guerra luego del gesto de gobernabilidad otorgado por los diputados y senadores de Misiones, que votaron a favor de las autoridades del Congreso Nacional propuestas por La Libertad Avanza, y abrió un interrogante respecto de la actitud que tomará el bloque de Innovación Federal ante la llegada de la discusión por el DNU a ambas cámaras.

Al mismo tiempo, la noticia de los cambios también hizo ruido en el seno del sector productivo misionero, que en su mayoría optó electoralmente por las ideas de la libertad: “Hay voces encontradas; hay quienes festejan y otros que lo ven con preocupación”, analizó el dirigente agrario Cristian Klingbeil, al responder la consulta de La Voz de Misiones.

En paralelo a la propuesta de Rovira, apoyada públicamente por dirigentes del Inym, un grupo de yerbateros impulsa la creación de una comisión provincial que imite la modalidad de la Coproté, debido a que, entre otras ventajas, su composición no implica el financiamiento de una estructura.

Otro de los reparos a la conformación de la nueva entidad se fundamenta en la necesidad de no replicar las recientes disputas internas desatadas en el directorio del Inym, ahora encabezado por Jonás Peterson, a quien el presidente de la Nación deberá reemplazar antes del 13 de enero.

Libertad de cebar

Del otro lado de la grieta, la oposición misionera continúa compartiendo el termo, pero al parecer, cada dirigente toma el mate con su propia bombilla. A la “emoción” manifestada por el legislador provincial y empresario yerbatero, Pedro Puerta, se le opusieron las advertencias del diputado nacional del radicalismo Martín Arjol y del senador del PRO Martín Goerling.

“Vamos a ser más competitivos y el productor va a ganar más”, se esperanzó Puerta, cuya familia es dueña de Yerbatera Misiones SRL, una de las más grandes del mercado.

“En los últimos años, la política le tendió una trampa a la familia yerbatera”, lanzó el líder de Activar y explicó: “Fijó un precio muy por debajo de la inflación y la realidad de mercado, lo que los obligó a producir y vender con márgenes mucho menores”.

El hijo de Ramón, el ex gobernador de Misiones, le pidió además al presidente quitar los impuestos que pesan sobre el cultivo, “así baja el precio en la góndola”, debido a que, según aseguró, “hoy en día el 40% del precio del paquete de yerba es impuestos. De cada 10 mates que te tomás, 4 se los cebás al Estado”.

Los tuits de Puerta fueron refrendados, a su vez, por la diputada nacional Florencia Klipauka, quien, luego de afirmar que “no apoyamos una desregulación del sector yerbatero”, se alineó con su jefe político y adelantó hacia dónde orientaría su voto en este tema dentro del bloque de Juntos por el Cambio en la cámara baja.

“La industria festeja”, sentenció el productor Klingbeil, al hacerse eco de las declaraciones del diputado yerbatero, y añadió: “Pedro Puerta es un caradura; habla en nombre de toda la actividad yerbatera y debería hacerlo en nombre de la molinería”.

“Durante años se instaló que el Inym no servía, no podía fijar precios; eso fue un trabajo de desprestigio que hizo un sector de la cadena productiva y de la política”, opinó el referente agrario.


Por otra parte, los dirigentes opositores que sí salieron a desmarcarse de la agenda de Milei fueron el diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Arjol, y el senador del PRO, Martín Goerling, quienes cuestionaron la eliminación de facultades del Inym y le pidieron al presidente que revea la medida.

La libertad absoluta del mercado lleva a lugares que después solo se vuelve con Estado, sobran ejemplos en el mundo”, opinó Arjol en Twitter, antes de advertir a LVM que el DNU “debería pasar por el Congreso para evitar planteos de inconstitucionalidad”.

“Lo ideal hubiera sido mejorar la ley del Inym y no despojarlo de su potestad para fijar el precio de la yerba”, coincidió el senador Goerling, también en diálogo con este medio, y al igual que su colega de la cámara baja, señaló que “hay que ver si este DNU pasa la comisión bicameral del Congreso y, de ser así, se desregulará el mercado y ya no habrá marcha atrás”.

“Entiendo que no es lo que querían los productores, pero en toda la campaña me pasé diciéndole a los yerbateros que votaban a Milei que esto iba a pasar y aun así lo votaron”, recordó el legislador, que alcanzó su banca acompañando a Patricia Bullrich, ahora ministra de Seguridad del gobierno libertario.

La grieta del Chimiray

El cambio en la normativa del Inym se da en medio de duras disputas políticas y judiciales entre Misiones y Corrientes, las únicas provincias yerbateras del país y que representan dos modelos de mercado distintos.

El gobierno de Oscar Herrera Ahuad se anotó importantes triunfos en los últimos laudos, que fijaron precios según lo solicitado por el sector primario, en tanto que, en la otra orilla del arroyo Chimiray, que divide a ambas provincias, Gustavo Valdés criticó la regulación de la actividad.

Es que, en su territorio, se asientan las dos principales empresas de la Argentina, que poseen la mayor parte de la producción existente en Corrientes. No obstante, debido a que el nivel de cosecha no puede cubrir la demanda, se ven obligadas a comprar hoja verde en Misiones, por lo cual intentan siempre empujar los precios hacia abajo y, para ello, encuentran en el gobierno de Valdés un vocero para sus intereses.

“No podrían hacerse acuerdos con alguien que entiende que los recursos para los pequeños productores es un gasto. Para nosotros y el gobierno nacional es una fenomenal inversión”, había dicho Herrera Ahuad durante la campaña, en la que la Renovación se unió al frente electoral de Sergio Massa.

También antes de las Paso, Valdés lo contradijo diciendo que “somos los primeros comercializadores de yerba mate, pero tenemos un gran potencial para seguir plantando”.

“La Argentina importa un 10 o 15 por ciento de lo que consume y este año por la seca volvimos a importar”, dijo el gobernador radical en aquel entonces, y se posicionó: “No tenemos que tener regulación, sino libertad de mercado”.

Los dichos del mandatario vecino apuntaban también a la resolución 170/21 del Inym, que limitó a cinco hectáreas las nuevas plantaciones del Ilex paraguariensis, medida que es apoyada por el sector productivo y Misiones, pero rechazada por la industria y por Corrientes.

En las últimas semanas, la Justicia le dio un revés, al dejar sin efecto una medida cautelar que había conseguido el establecimiento La Cachuera, dueña de la marca Amanda. En una segunda resolución, se dejó sin efecto el recurso de amparo presentado por la misma firma para que fuera la Justicia Federal de Corrientes la que resolviera la cuestión de fondo.

En ambos casos, la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes dictó sentencias que hicieron lugar a los planteos del Inym y, de esa manera, sentó jurisprudencia para todas las demás causas contra la resolución 170, como la presentada por Las Marías, titular de las marcas Taragüí, Unión y Mañanita, entre otras.

Para dimensionar la problemática, el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, explicó que, sin la intermediación del Inym, “no es que el productor va a imponer el precio, sino que va a ir con la yerba al industrial y éste le dirá: ‘Yo te pago 100, 90 pesos el kilo, y si querés dejalo y si no, bueno, llevátelo a otro lado’. Así los productores se verán empobrecidos a lo largo del tiempo”.


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LLA se presentará con lista propia a las elecciones del 8 de junio

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El partido La Libertad Avanza (LLA) en Misiones confirmó que para las próximas elecciones previstas para el 8 de junio contará con una lista propia de representantes para competir a nivel provincial.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, recordaron: “Como veníamos anticipando, la libertad avanza en Misiones y hoy es una realidad que el 8 de junio habrá una lista de representantes exclusivamente de LLA para competir en las elecciones provinciales”.

Y agrega: “Para los 400.000 misioneros que en noviembre 2023 apoyaron a Javier Milei, queremos decirles que trabajamos durante todos estos meses para que hoy haya una alternativa que defienda a rajatabla las ideas de la libertad y cumplimos”.

Para finalizar, invitaron a la comunidad a sumarse a esta nueva alternativa: “Invitamos a todas las personas de bien que quieran trabajar para engrandecer a nuestro país, que se sumen para consolidar esta alternativa que batalla día a día contra la casta que, como bien sabemos, son los mismos de siempre que con tal de mantener sus privilegios recurren a cualquier herramienta, incluso la violencia, para parar lo que ya es imposible: un CAMBIO”.

El partido fue oficializado en Posadas en diciembre pasado mediante un acto que contó con la participación de la líder y armadora del partido a nivel nacional, Karina Milei, y Martín Menem.

Ambos se encargaron de terminar de dar forma a La Libertad Avanza en Misiones, siendo el abogado Adrián Núñez quien quedó al frente del partido que pregona las ideas de Javier Milei en la tierra colorada.

Afiliados de LLA Misiones piden la renuncia del presidente Adrián Nuñez

 


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Comparín no entrega el PJ Misiones y la declaran en “desobediencia judicial”

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Los interventores del Partido Justicialista (PJ) Misiones, Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, informaron, en un comunicado emitido hace minutos, que tras una constatación por parte de un oficial de Justicia de la sede partidaria de la avenida López y Planes, el Juzgado Federal de Posadas concluyó que “la conducta” de la dirigente Myriam Comparín, que funge de titular del Consejo Provincial del partido, se encuadra en el delito de Desobediencia a la Autoridad, prescripto en el artículo 239 del Código Penal.

“El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas con Competencia Electoral dictó una resolución en la que ordenó la constatación por parte del Oficial de Justicia sobre el estado de ocupación del inmueble sito en Avenida López y Planes 2964 de la ciudad de Posadas (donde funciona la sede del Partido Justicialista)”, señala el comunicado firmado por los interventores designados por la titular del PJ Nacional, la ex presidenta Cristina Fernández (CFK).

Agrega que, al mismo tiempo, “corrió vista del expediente” al fiscal federal local, para que “se determine si la conducta” de Comparín configura un desacato de la intimación judicial para que este viernes entregue la sede y toda la documentación partidaria en su poder a los interventores Arrieta y Rodríguez.

“En este sentido, la Justicia ha confirmado el incumplimiento por parte de la ex presidenta del Consejo del Partido Justicialista de la Provincia de Misiones”, señala el pronunciamiento.

“Como es de público conocimiento, la Justicia había intimado a las autoridades salientes del Partido Justicialista de Misiones a hacer lugar a los requerimientos de los interventores designados por el Consejo Nacional Federal del PJ (entrega de las llaves de la sede partidaria, y documentación, nombres de usuarios con sus claves de email y redes sociales institucionales; y nómina de causas judiciales) en un plazo de 48 horas, bajo apercibimiento de ordenarlo mediante uso de la Fuerza Pública”, recuerda.

“Ante la desobediencia manifiesta, la Justicia tomó esta determinación, fundamental en el avance del proceso de normalización institucional del Partido Justicialista de Misiones”, expresa.

“Seguiremos trabajando con responsabilidad y transparencia para garantizar que el partido funcione con apego a la legalidad y en un tiempo que esperamos cercano, sea un lugar abierto a todo el peronismo de Misiones”, finaliza el comunicado.

PRENSA PJ Misiones 001

 


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Incertidumbre en el PJ Misiones, a horas del plazo de la intimación judicial

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Luego de la intimación de la Justicia Federal de Posadas, conocida ayer, para que quienes ostentan la conducción del PJ Misiones entreguen, este viernes, la sede partidaria y toda la documentación a los interventores designados por el Consejo Nacional del partido, bajo apercibimiento de usar la fuerza pública, la situación se dilató durante toda la jornada.

El hermetismo de los actores locales, Myriam Comparín, que funge de titular del Consejo Provincial, y el diputado nacional Alberto Arrúa, que ocupa la Secretaría General; y el hecho de que la sede de la avenida López y Planes permanece cerrada y con custodia policial, sugieren que la situación no se resolverá sin conflicto.

El plazo judicial cae a la medianoche”, precisó esta tarde a La Voz de Misiones una fuente del entorno de los interventores designados por la titular del PJ Nacional, la ex presidenta Cristina Fernández (CFK), Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez.

Este último, en declaraciones periodísticas esta mañana, había marcado las 15:00 de hoy, como el horario en que iba producirse el traspaso de mando, en cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado Federal de Posadas.

Sin embargo, a la hora señalada la actividad en torno a la sede partidaria era nula, aunque LVM pudo constatar movimientos en el interior del edificio, ocupado, aparentemente, por militantes que responden a la conducción local.

Afuera, una camioneta de la Policía de Misiones, con tres efectivos a bordo, permanecía vigilante en el estacionamiento del edificio.

Es probable que ellos (el sector de Comparín y Arrúa) estiren el plazo lo más posible y terminen entregando el partido y la documentación requerida en la resolución judicial, un poco antes de que caiga el plazo”, especuló la fuente a LVM.

De lo contrario, entrarán en desacato judicial y ahí deberá pedirse la intervención de la fuerza pública”, advirtió.

Entre las posibilidades, tampoco, se descarta que, a los fines de evitar el choque entre los militantes de ambas partes, los interventores Arrieta y Rodríguez dejen caer el plazo y tomen el mando del partido con ayuda de la fuerza federal que la justicia determine.

 


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