En la noche de este jueves el gobierno nacional envió al Senado la comunicación del veto a la ley de Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias. La medida fue impartida luego de que el presidente Javier Milei convocara a una “mesa de diálogo federal” con los gobernadores.

Finalmente, en la mañana de hoy el instrumento fue publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente; el ministro de Economía, Luis Caputo y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; dos funcionarios claves para la negociación con las provincias.

La argumentación del Ejecutivo ante este procedimiento fue que “el proyecto sancionado por el Congreso establecía un reparto de los recursos a través de un régimen coparticipable que altera la finalidad legalmente asignada a los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional”.

En este sentido, sostiene que la ley priva al Estado de contar con “una herramienta de acción inmediata frente a emergencias y desequilibrios financieros que requieren decisiones rápidas y acordes a su carácter imprevisto”.

Bajo esa misma línea, en el decreto se aduce que la privación de dicho instrumento para afrontar contingencias “implica un menoscabo concreto de las facultades y recursos” del Estado.

“El carácter no automático de tales fondos, lejos de constituir una discrecionalidad arbitraria, responde a la necesidad de contar con un mecanismo de asignación diferenciada frente a situaciones de crisis que no podrían ser adecuadamente atendidas por el régimen ordinario de coparticipación, el cual responde a parámetros de distribución estructurales y generales”, argumentaron desde Casa Rosada.

Repercusiones

A los pocos minutos de conocerse la medida, el ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, fue uno de los primeros en deslizar una breve reflexión a través de su cuenta personal de X, que parecería aludir al mencionado veto.

“El gobierno nacional contó al inicio con un fuerte respaldo ciudadano y de muchas provincias. Ese apoyo se sostenía en su credibilidad. La confianza no es un cheque en blanco y se pierde rápidamente, claro está. Gobernar exige transparencia y rectificación. No más de lo mismo”, expresó el funcionario provincial en su posteo.

Por su parte, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, calificó el accionar del Ejecutivo como “otro desprecio” y “ataque” a las provincias: “Por más que repitan su relato, esta ley no afecta el supuesto equilibrio fiscal. Son recursos que legítimamente pertenecen a las provincias y que el gobierno nacional retiene y se apropia de forma ilegal. Este veto es un golpe directo a la economía de las provincias”, apuntó en X.

Y advirtió: “Nos tuvimos que hacer cargo de la educación, la salud, la seguridad, la contención social y la obra pública ante el abandono por parte de Milei y la crisis económica que su gobierno desencadenó. Ante cada avance de su plan para ‘fundir a las provincias’ seguiremos exigiendo lo que nos corresponde”.

En tanto, el ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti lanzó: “Los Aportes del Tesoro Nacional no son propiedad del Presidente ni del Ministerio de Economía: son recursos que nacen en las provincias y deben volver a ellas de manera automática, transparente y justa”.

Y concluyó: “La Nación le da la espalda a Córdoba y al interior productivo. El centralismo condiciona a gobernadores e intendentes. Pero este es un país federal y hay que defender en el Congreso lo que nos corresponde. Sin federalismo no hay igualdad de oportunidades, no hay futuro para el interior y no hay desarrollo posible para la Argentina”.

Milei convocó a una “mesa de diálogo federal” con los gobernadores

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El dirigente del Partido Agrario y Social (Pays) y actual candidato a diputado nacional por el Frente Pays, Héctor “Cacho” Bárbaro, presentó formalmente ante la Justicia una querella penal contra el presidente del Instituto de Macroeconomía Circular, Roque Gervasoni, por “calumnias, injurias y falsas acusaciones”.

La denuncia, radicada en el Juzgado Correccional Uno de Posadas con patrocinio letrado de Isaac Lenguaza, apunta a declaraciones públicas de Gervasoni en medios radiales y redes sociales, donde se vinculó a Bárbaro con supuestas gestiones irregulares de pensiones por discapacidad.

“Jamás tuve injerencia alguna en la entrega de pensiones, que es competencia exclusiva de la Agencia Nacional de Discapacidad. Se me acusó falsamente de delitos que nunca cometí, con el único objetivo de dañar mi honor, mi trayectoria y mi candidatura en el marco de la campaña electoral”, expresó Bárbaro en el escrito judicial.

En entrevistas radiales difundidas el 9 de septiembre, Gervasoni afirmó que Bárbaro habría sido “gestor de pensiones truchas” y parte de un entramado de beneficios irregulares. Estas manifestaciones, según el escrito, constituyen calumnias, al atribuirle delitos inexistentes, e injurias, al presentarlo como un dirigente deshonesto.

“Se me atribuyeron hechos absolutamente falsos y ofensivos, amplificados en radios, portales digitales, diarios y redes sociales. Se trata de una maniobra de difamación pública que afecta no solo a mi persona, sino a la confianza de la ciudadanía”, sostuvo Bárbaro.

La querella recuerda además que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que la libertad de expresión no ampara la difusión de informaciones falsas que lesionen el honor y la dignidad de las personas, y que en casos de “real malicia” corresponde la responsabilidad penal y civil de quienes difunden tales imputaciones.

Trayectoria

Cacho Bárbaro enfatizó en su presentación que su carrera política y social, vinculada históricamente a la defensa de los pequeños productores, colonos y trabajadores misioneros, siempre estuvo guiada por la transparencia y la honestidad.

“Nunca me presté a negociados, siempre actué de frente y con la verdad. Hoy me quieren ensuciar porque saben que no les va bien en las encuestas y que el Pays es una opción real de representación para los misioneros que no aceptan imposiciones del poder de turno”, remarcó el dirigente.

La denuncia solicita a la Justicia que Gervasoni se retracte públicamente en los mismos medios en los que lanzó sus acusaciones, para reparar en parte el daño causado. Además, se reserva la posibilidad de iniciar acciones civiles por daños y perjuicios.

Campaña sucia

Bárbaro calificó el ataque como parte de una campaña sucia del oficialismo renovador que, a su entender, intentaría desviar la atención de sus propias contradicciones.

“Intentan ensuciar a otros candidatos para justificar que la lista encabezada por Oscar Herrera Ahuad lleva en segundo, tercer y cuarto lugar a tres candidatos libertarios, defensores de un modelo económico que ha traído enormes perjuicios a los misioneros. Por eso recurren a la difamación: porque no pueden defender lo indefendible”, cerró el candidato del Pays.

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Este miércoles, el presidente Javier Milei remitió al Congreso el veto a la ley de financiamiento universitario, por lo que docentes, no docentes y estudiantes convocaron a un paro por 24 horas para este viernes y una nueva Marcha Federal Universitaria para el próximo miércoles, cuando se trataría el veto en el recinto.

La iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados a principios de agosto con una amplia mayoría de 158 votos afirmativos. Sin embargo, no llegó a los dos tercios, mayoría especial que la oposición deberá reunir para revertir el veto e insistir con el proyecto original.

La ley vetada por Milei había sido impulsada originalmente por el radicalismo disidente, representado por Democracia para Siempre, en conjunto con los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

La misma establece que los gastos de funcionamiento de las facultades públicas, hospitales universitarios y partidas para investigación se deben actualizar acorde a la inflación, de manera automática.

A su vez, ordena la convocatoria a paritarias -dentro de tres meses- para recomponer el salario docente, no docente y aumentar las becas.

En contraposición, la Casa Rosada rechazó la iniciativa desde un primer momento porque aseguraba que “su costo fiscal era demasiado alto y pondría en riesgo el superávit fiscal”, base del actual plan económico.

En el veto, que ya fue publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno señala que el proyecto no cumple con el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto debe especificar de manera clara las fuentes de los recursos para su financiamiento.

Al mismo tiempo, argumentó que la implementación de la ley generaría un aumento significativo y no cubierto del gasto público, con un costo estimado de más de un billón de pesos, por lo que “sólo puede financiarse con emisión monetaria, lo que aumentaría la inflación y perjudicaría especialmente a los sectores más vulnerables de la población”, según las estimaciones.

“Hay veto, hay marcha”

Por estas horas la oposición se encuentra convocando a una sesión para la semana próxima y debate si incluir en el temario el rechazo al veto.

Entre las especulaciones, bloques más duros argumentaron que llevar los vetos al recinto lo antes posible “serviría para aprovechar el momento de debilidad del Gobierno tras la debacle electoral en la provincia de Buenos Aires y la tensa relación con los gobernadores”.

Por lo pronto, docentes universitarios nucleados en la Federación de las Universidades Nacionales (Fedun), Ctera, Fagdut, Uda, Conadu, Conadu Histórica y Fatun, convocaron a un paro nacional por 24 horas para mañana viernes 12 de septiembre, a lo que también adhiere la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam).

Al momento de argumentar la medida consideraron que el veto puede modificar de manera profunda el sistema universitario, lo que se traducirá en la continuidad del deterioro presupuestario con impacto en sueldos, becas, insumos académicos y mantenimiento de infraestructuras edilicias.

Frente a esta situación, los sindicatos organizarán una nueva Marcha Federal el día en que el Congreso trate el veto.

De acuerdo al comunicado difundido, el Gobierno “continúa sin escuchar lo que el pueblo argentino le demanda sobre la importancia de la educación pública”.

Convocatoria a paro universitario y marcha federal

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