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CFK y su análisis sobre el gobierno de Milei: “Provocará un caos planificado”

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La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) eligió el Día de los Enamorados para romper el silencio que se impuso desde el 10 de diciembre pasado y hacer público un documento de más de 30 páginas, donde hace un análisis de la marcha del gobierno de Javier Milei, tendiendo incluso puentes de diálogo con el oficialismo para avanzar en reformas económicas y tributarias; critica la dolarización y advierte sobre las facultades delegadas contenidas en la Ley Ómnibus: “Otorgar patente de corso para que Milei y Caputo sigan endeudando al país significaría una verdadera catástrofe de carácter irreparable”.

“En el día de San Valentín y, como siempre, enamorada de la Patria comparto con ustedes el documento de trabajo ‘Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación'”, escribió CFK en su cuenta de X para presentar el texto, que incluye una cita de Juan Bautista Alberdi, uno de los pensadores argentinos más mencionados por el presidente.

“Tomar capitales a préstamo para reemplazar los capitales destruidos por la crisis, no es remediar la pobreza, sino agravarla; la riqueza de otro no es la riqueza del país. La deuda representa más la pobreza que la riqueza. Endeudarse no es enriquecerse, sino exponerse a empobrecerse por la facilidad con que siempre se gasta lo ajeno”, dice la frase citada al comienzo del documento.

La ex presidenta rechazó el argumento del gobierno sobre el déficit fiscal como la causa madre de la inflación y afirmó que el problema radica en “la escasez de dólares” y “el endeudamiento compulsivo en dicha moneda”.

“Esto no significa ignorar la cuestión fiscal, pero creemos que no sólo se trata de una cuestión de egresos sino también de ingresos, ante un sistema tributario que presenta múltiples problemas que van desde un 40% de la economía en negro, hasta la subfacturación de las exportaciones y la sobrefacturación de las importaciones, pasando por la existencia de una multiplicidad de impuestos, alguno de los cuales ni siquiera recaudan lo que demanda su administración. Y lo que es más importante, la clara ausencia de percepción de riesgo en un sistema tributario no sólo preparado para la elusión y la evasión, sino para gravar producción y trabajo por sobre lo financiero”, analiza CFK.

“A 40 años de haber recuperado la democracia, Argentina se encuentra atravesando su tercera crisis de deuda”, postula la ex presidenta y detalla: “La primera, con origen en la última dictadura cívico-militar y desatada en 1989 con la UCR al frente del gobierno; la segunda, incubada en la convertibilidad y que implosionó en el año 2001 con el gobierno de la Alianza y esta tercera, germinada en el proceso de feroz endeudamiento del gobierno de Mauricio Macri que implicó el retorno del FMI y cuyo desenlace estamos transitando”.

La estafa

Luego de un repaso de los escenarios económicos heredados de la dictadura, el menemismo y la Alianza, la ex presidenta apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri y el préstamo que contrató con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018, con Caputo como su ministro de Economía.

“El organismo multilateral otorgó al gobierno de Macri un préstamo por 57.000 millones de dólares -el más grande de toda la historia del FMI, equivalente al 60% de su capacidad prestable- desembolsando 45.000 millones de dólares que fueron utilizados, en su mayoría, para la fuga de capitales especulativos que habían entrado en Argentina hasta ese mismo año”, expone CFK.

“Más que un préstamo se trató de una monumental estafa”, señala la ex presidente y argumenta: “Ni uno solo de esos 45.000 millones de dólares quedaron en la Argentina”.

CFK sostiene que el hecho de que “ningún funcionario involucrado en esa operación” haya sido procesado por la justicia “reafirma el dominio del macrismo sobre este poder del Estado”.

La ex presidenta acusa a Macri de haber propuesto desde el comienzo de su gobierno “la captura del Poder Judicial” y que, en ese sentido, “resulta absolutamente esclarecedor su intento de designar por decreto a la mitad de los miembros de la Corte, maniobra que finalmente logró convalidar”.

“La captura del Poder Judicial persiguió y logró cumplir sus tres objetivos fundamentales: garantizar primero su plan de negocios sin interferencias (parques eólicos, peajes -juicio CIADI, Correo Argentino, entre los principales), segundo, su impunidad y tercero la persecución política de los opositores”, reseña el documento.

CFK señala que Macri “aplicó como método político el de la mafia: espionaje, amenazas y persecución a través de la judicialización de la política, tanto de opositores como empresarios y hasta de sus propios partidarios y sus familias”.

“Se desataba nuevamente en la Argentina un proceso inflacionario con pérdida en el poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones, que finalmente hizo fracasar el intento reeleccionista de Mauricio Macri, convirtiéndose en el primer presidente que lo intenta y no lo logra”, relata la ex presidenta.

Mala praxis

CFK le dedica también una parte de su análisis a la administración de Alberto Fernández, que la tuvo como vicepresidenta y titular del Senado.

“El gobierno que siguió no pudo o no supo cortar este verdadero nudo gordiano de la economía argentina”, apunta y expone: “Pese a obtener superávits comerciales muy importantes en los primeros años de gestión, el gobierno no logró la fortaleza necesaria en materia de reservas por una mala administración de los dólares obtenidos”.

El documento cuestiona el acuerdo del gobierno del Frente de Todos con el FMI para la renegociación de la deuda del macrismo, porque “no sólo validó el escandaloso préstamo” sino que “condenó al gobierno a una suerte de agonía al obligarse a implementar las políticas dictadas por el organismo multilateral”.

Como ejemplo, la ex presidenta recuerda la última devaluación del gobierno anterior, al día siguiente de las Paso y con el ministro de Economía, Sergio Massa, como candidato del oficialismo.

“Fue obligado a devaluar por el staff del FMI al día siguiente de las elecciones primarias”, escribe CFK y asegura: “Como consecuencia de ello, la inflación mensual se disparó a dos dígitos -registro que no se observaba desde la segunda hiper de 1990- y la interanual llegó al 211%, confirmando una vez más que la inflación, en Argentina, está indisolublemente atada al dólar y no al déficit fiscal”.

La ex presidenta analiza, también en el documento, la relación del kirchnerismo con el presidente Fernández y su ministro de Economía, Guzmán, que terminó de quebrarse, precisamente, en la votación del acuerdo con el FMI en el Congreso.

“La falta de acuerdo nunca implicó una disolución de la coalición”, escribe CFK y califica a la firma del acuerdo con el organismo internacional como un “parte aguas”.

CFK argumenta que el kirchnerismo votó contra el acuerdo en ambas cámaras del Congreso, partiendo de “la convicción de que las condiciones del acuerdo iban a desangrar al Gobierno y condenar al país”, aunque destacó el “profundo respeto a la institucionalidad”, que se cristalizó en la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque en la Cámara de Diputados, sin abandonar la coalición de gobierno.

Dos patas

En otro tramo del texto, la ex presidenta reflexiona sobre la llegada del líder de La Libertad Avanza al gobierno y postula que “no fue solo el voto antiperonista el que hizo presidente a Javier Milei”, haciendo hincapié en “el rol que los medios de comunicación y su reproducción en las redes sociales tuvieron en su surgimiento y triunfo electoral”.

“El actual Presidente se hizo conocido como panelista de televisión y algunas otras excentricidades”, recuerda CFK.

“El nuevo Presidente se declara libertario, anarco capitalista, enemigo del Estado, seguidor de la escuela económica austríaca, corriente de pensamiento que no aplica en ninguna parte del mundo”, caracteriza la ex presidenta a Milei, y apunta que la comparación que el presidente hace con el ex mandatario estadounidense Donald Trump encierra un contrasentido.

“El ex presidente y actual candidato republicano en los EEUU, Donald Trump, con quien gusta identificarse el presidente Milei, está en sus antípodas de pensamiento económico”, señala y expone: “Es nacionalista, absolutamente proteccionista y es su antítesis hasta en lo personal: no sólo se casó 3 veces, sino que tiene 5 hijos, pero “de dos patas”, parafraseando al presidente Milei”.

Los mismos

CFK sostiene que “lo más relevante del nuevo Presidente es que a pesar de haber sostenido como caballito de batalla que con los ‘mismos de siempre’ no se podían obtener resultados distintos, produjo, ni bien fue electo, un insólito reciclaje de personajes y ex funcionarios”.

“El más preocupante –agrega– es el de Luis Caputo, artífice del endeudamiento serial del gobierno de Mauricio Macri y del retorno del FMI a la Argentina, a quien nombra, nada más ni nada menos, que como Ministro de Economía”.

“A él se le suma –añade– la reaparición como figura estelar de Federico Sturzenegger, ex presidente del BCRA durante el gobierno de Macri y protagonista del ‘Megacanje’ de la deuda externa junto a Domingo Cavallo en el gobierno de De La Rúa”.

“Este último personaje, sin haber sido designado como funcionario, resulta ser el compilador del DNU 70/2023 y del proyecto de Ley Ómnibus”, recuerda CFK y apunta: “Ambos instrumentos constituyen un paquete de modificaciones del sistema legal argentino a medida de los principales grupos empresarios y lo que es más grave aún, una reforma encubierta de la Constitución Nacional”.

“Al Presidente le asiste el derecho de pretender reformar la Constitución, pero no puede hacerlo a través de un DNU o una ley, sino a través del mecanismo de reforma que prevé la propia Constitución Nacional”, advierte la ex presidenta.

En otro tramo del texto, señala que la devaluación del 118% dispuesta por el gobierno en sus primeros días de gestión, constituye “la devaluación inducida más importante de la historia, sólo superada por la que el mercado le hizo al gobierno de Alfonsín durante la híper de 1989”.

“Esta medida duplicó, en sólo un mes, el índice mensual de inflación que había llegado a 12,7% en noviembre, y se disparó a 25,5% en diciembre”, argumenta CFK y observa que tal medida profundizó “aún más la pérdida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones al punto de poner en riesgo la tolerancia social y agravar la violencia”.

“La caída y la pérdida abrupta de los ingresos nunca es gratuita”, advierte.

“Hasta el momento, el nuevo gobierno sólo ha desplegado un feroz programa de ajuste que actúa como un verdadero plan de desestabilización y que no solo retroalimenta el espiral inflacionario colocando a la sociedad al borde del shock, sino que además provocará irremediablemente el aumento de la desocupación y la desesperación social en una suerte de caos planificado”, analiza.

“Desde la caída del modelo agroexportador que tanto seduce al actual Presidente y que solo permitía vivir bien a reducidas minorías, el desarrollo del modelo de sustitución de importaciones, que se profundizó a partir de 1945, fue interrumpido dramática y trágicamente a partir del golpe cívico militar de 1976 y fue retomado con fuerza a partir del año 2002, fue el único que generó industrialización y permitió conformar un poderoso mercado interno con altos salarios y movilidad social ascendente, al punto de ser el principal motor del surgimiento de la clase media argentina”, repasa la ex presidenta e ilustra: “En el año 2012, un informe del Banco Mundial daba a conocer que la Argentina había duplicado su clase media, desde el año 2002 hasta ese momento”.

“El crecimiento de la economía en Argentina y su posibilidad de desarrollo con trabajo bien remunerado sólo se ha alcanzado con un patrón de acumulación sustentado en un modelo industrialista de sesgo exportador con valor agregado, con bajos volúmenes de deuda externa o con una correcta y responsable administración de la misma”, postula el documento.

La ex presidenta reconoce que “esto no significa negar la necesidad de una revisión de este modelo en lo que hace a las correcciones que demanda la estructura productiva de la Argentina, que nos permita profundizar el sesgo exportador, plantear una ineludible actualización laboral o contemplar la creación o transformación de empresas bajo la forma de una asociación pública y privada virtuosa, como se hizo con YPF antes de su desnacionalización”.

“En el modelo de valorización financiera de las experiencias neoliberales, los problemas en la balanza de pagos se producen por apertura indiscriminada de la cuenta capital, el ingreso de capitales especulativos y la toma de deuda para cubrir la salida de estos”, explica y precisa: “Este fue precisamente el mecanismo de endeudamiento aplicado por la dupla Macri-Caputo entre 2016 y 2018, que ante la imposibilidad de garantizar el pago de la deuda adquirida y la salida de los capitales especulativos, tuvieron que recurrir al préstamo extraordinario del FMI”.

“Todo esto el presidente Milei lo sabe, muy bien y desde hace tiempo”, asegura CFK y recuerda una entrevista del presidente con el periodista Alejandro Fantino, donde el entonces candidato libertario señalaba: “Parte del acuerdo con el Fondo se lo patinaron en el Banco Central, para salvar a quienes financiaron los que quisieron ocultar el desastre del 28 de diciembre de 2017”.

“Argentina se queda sin financiamiento y entonces lo consigue y salen a decir ‘vieron que no pasó nada, conseguimos el financiamiento’. Pero obviamente, después había que salir y, como no nos daban los números, tuvimos que ir al Fondo Monetario Internacional, y nos pusieron 45 mil millones de dólares”, rememora CFK lo afirmado por Milei a Fantino.

Magia y política

“El master plan de Milei no difiere mucho del que llevó adelante la dictadura cívico-militar en lo que hace a la apertura indiscriminada de la economía y la desregulación laboral de hecho, ni del de las privatizaciones de los años ’90”, señala la ex presidenta y puntualiza: “Milei agrega la extranjerización de la tierra y de los recursos naturales a través de dos figuras: el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) contemplado en el proyecto de ley ‘Ómnibus’ y la derogación de la Ley de Tierras impuesta por el DNU 70/2023”.

CFK opina que si el mega decreto presidencial conserva su vigencia, ya sea por falta de tratamiento en el Congreso o porque consigue aprobación parlamentaria, y la Ley Ómnibus consigue avanzar, “Argentina ingresaría inerme a un proceso de extranjerización irreversible en un siglo XXI que se caracterizará por la disputa del dominio sobre la tierra, el agua y los recursos naturales”.

Sobre los incentivos para las grandes inversiones propuesto por el gobierno, la ex presidenta recuerda que, a diferencia de la década menemista, en que el volumen de inversión extranjera se explican por la venta de las empresas públicas, “el período de mayor inversión extranjera directa que va del 2003 al 2015, se explica por la aplicación de un patrón de acumulación basado en la producción industrial, generación de valor de agregado y desarrollo de un fuerte mercado interno a través de altos salarios, sin venta de patrimonio estatal, con recuperación de empresas y generación activos como Ar-Sat y el FGS, junto al desarrollo de un importante plan de infraestructura federal, además de pagar deuda externa y cancelar la del FMI”.

“No fue magia, es política”, sentencia la ex presidenta.

Patente de corso

En otra parte del documento, la ex presidenta analiza la Ley Ómnibus, que volvió a comisión en Diputados y apunta que con el proyecto el gobierno pretende asegurarse la potestad de tomar nuevas deudas, liquidar fondos del Anses y privatizar las empresas públicas, todo sin autorización del Congreso.

“El Poder Ejecutivo Nacional (Milei-Caputo) podrá volver a endeudar a la Argentina en dólares, sin límites y bajo jurisdicción extranjera sin pasar por el Congreso, podrá reestructurar la deuda externa sin la obligación de mejorar monto, plazo o interés; estará habilitado para liquidar el FGS de la ANSES y privatizar los activos del Estado”, puntualiza y advierte: “De aprobarse estas reformas, más que una autorización legal, el Congreso estaría otorgando patente de corso al Presidente y a su Ministro de Economía”.

“La dolarización y aumento del endeudamiento soberano en moneda dura están entre nosotros y han comenzado a desplegarse”, apunta CFK, considerando que “la dolarización de la economía argentina implicará la clausura definitiva a la posibilidad de desarrollar nuestro país con inclusión social”.

“El país no va a tener más dólares”, asegura la ex presidenta y afirma que al contrario de lo que dice el gobierno, el país tendrá menos divisas por la falta de competitividad de los sectores productivos y la deuda.

Según CFK, el escenario será como “el verdadero suplicio de Sísifo”, a quien condenaron a empujar una gran piedra redonda desde la base de una montaña hasta la cima para, una vez allí, ver cómo cae rodando hasta abajo, y volver a empezar.

Reciclaje

Ya en los párrafos finales, la ex presidente aclara que “el presente documento de trabajo no pretende desconocer la legitimidad de la que está investido el presidente Javier Milei en virtud del 56% de los votos obtenidos en el balotaje”, aunque afirma que “esto exige algunas precisiones”.

“Es cierto que Milei obtuvo el 56% de los votos en el balotaje que definía quién sería el Presidente de la República, pero en la elección general que se vota la representación parlamentaria, sólo obtuvo el mismo tercio de votos que había logrado en las Paso”, señala CFK y le recuerda al presidente que “la legitimidad de origen que da el voto popular no debe hacerle perder de vista al actual mandatario la legitimidad de ejercicio en la gestión de gobierno, que sólo podrá ser lograda a partir de mejorar la calidad de vida de los argentinos”.

“Cabe recordar –escribe la ex presidenta–  que otras fuerzas políticas, en distintas etapas, que obtuvieron fuerza propia que los insuflaron de aires fundacionales no pudieron terminar sus mandatos cuando no lograron darle a la sociedad la calidad de vida que los argentinos demandan”.

“Todas las medidas adoptadas hasta el momento son repeticiones de políticas ya ejecutadas en el pasado, inclusive algunas de ellas aplicadas con el Parlamento cerrado por la dictadura. Todas fracasaron estrepitosamente provocando sólo pobreza y dolor”, afirma.

La ex presidenta asegura que “la presencia de funcionarios que también fracasaron durante la presidencia de Mauricio Macri, en áreas de vital importancia, ponen en contradicción un principio básico por el cual Javier Milei logró el apoyo de la sociedad ante la lógica implacable de que con los mismos de siempre los resultados no pueden ser distintos”, y pregunta: ¿Cuál es la lógica de repetir como Ministro de Economía a Luis Caputo? ¿Por qué ahora va a hacer bien las cosas si, en su momento, lo tuvieron que echar por haber fracasado?”.

En este sentido, CFK le recomienda al presidente “analizar seriamente que quienes fueron los amplios derrotados en los últimos comicios presidenciales intentarán condicionarlo desembarcando en las principales áreas de gobierno e incluso tomar el control político y desplazarlo del manejo del Poder Ejecutivo si lo consideran necesario”.

“Reciclar funcionarios fracasados para reeditar políticas fracasadas, sólo puede conducir a malos resultados”, sentencia.

Traición a la patria

En las conclusiones, Cristina Fernández, hace un repaso de los puntos que el kirchnerismo está dispuesto a debatir con el gobierno y reclama al presidente por el recorte de las transferencias a las provincias.

“Nos parece fundamental discutir un sistema tributario simplificado con pocos impuestos en cantidad -para ordenar y facilitar la vida, en especial de las PyMES que por lo general llevan una contabilidad muy doméstica y son las principales

generadoras de trabajo en la Argentina-, pero muy estricto en su cumplimiento con normas que aumenten la percepción de riesgo por elusión y evasión.

También, agrega “la necesidad de replantear el actual sistema público de salud, cuya descentralización (entre Nación, provincias y municipios), fragmentación (entre los subsistemas público, de obras sociales y prepagas) y mala regulación, han ido provocando su debilitamiento y, fundamentalmente, su inequidad e ineficiencia en términos de asignación de recursos”.

“Resulta ineludible discutir seriamente un plan de actualización laboral que brinde respuestas a las nuevas formas de relaciones laborales surgidas a la luz de los avances tecnológicos y de una pandemia que trastocó todos y cada uno de los ámbitos de la vida de las personas”, apunta CFK y aclara que la reforma laboral debe respetar “los derechos conquistados por los trabajadores”.

La ex presidenta propone también discutir la integración de las empresas del estado tanto por

vía de la participación del capital privado como de las provincias, en el caso de que sus recursos estén afectados a la explotación económica de aquellas, como así su cotización en bolsa para agregar valor y eficiencia bajo la forma de una asociación pública y privada virtuosa.

“Estamos dispuestos a discutir un régimen de incentivo a las grandes inversiones pero que agreguen valor y transfieran tecnología”, sostiene y argumenta que “lo contrario sería reprimarizar nuestra economía y condenarnos al extractivismo”.

En materia de seguridad, CFK señala que “con la desigualdad social por un lado o el gatillo fácil por el otro, no puede elaborarse ningún plan” y dispara: “No nos vengan a correr los que durante la gestión de Macri designaron a cargo de la escuela de inteligencia del Ministerio de Seguridad a una Miss Argentina”.

Finalmente, la ex presidenta aboga por el diálogo y expresa que “el clima de insultos, escraches, descalificaciones y estigmatizaciones” que se desarrolló durante el debate de la Ley Ómnibus en el Congreso y que “aumentó exponencialmente” con la caída del proyecto y su vuelta a comisión, “presagia un escenario de violencia que, como ya sabemos, comienza por lo verbal y luego pasa a lo físico”.

“Lamentablemente –agrega–, quien suscribe este documento puede dar testimonio de ello en primera persona”.

“Las Provincias necesitan los recursos que les corresponden por leyes, decretos o acuerdos previos que surgen del presupuesto 2023 -que es ley de leyes- y que les están siendo ilegalmente retenidos”, denuncia CFK.

“Esto no es ‘castigar a los gobernadores’, sino perjudicar a todos los argentinos y las argentinas que, salvo en CABA, viven en las 23 Provincias”, afirma.

Finalmente, la ex presidenta advierte que “canjear recursos para las provincias a cambio de facultades extraordinarias o permiso ilimitado para endeudar aún más al país en dólares y privatizar patrimonio nacional a ciegas, coloca a quienes lo hagan en abierta contradicción con el Art. 29 de la Constitución Nacional”, que versa sobre la figura de la “traición a la patria”.

Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación

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Montecarlo: concejal del Falcon y docente se cruzaron por proyecto de memoria

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Un proyecto del bloque de concejales del Frente Renovador Neo, de Montecarlo, por el 50º aniversario del golpe de Estado de 1976, provocó un cruce entre la concejal del Falcon verde, Patricia Buckmayer, de La Libertad Avanza (LLA), y el sindicalista docente Rubén Ortiz.

Se trata de un Proyecto de Resolución para que toda la documentación oficial del municipio lleve la leyenda: “2026, Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia. A 50 años de la última dictadura cívico militar”.

El altercado entre Buckmayer y Ortiz se produjo durante el tratamiento de la iniciativa en la última sesión del Honorable Concejo Deliberante (HCD) local, que por discrepancias de forma terminó enviando el proyecto a Comisión, para su tratamiento en el pleno la semana que viene.

Según reportaron periodistas locales, en el recinto estuvieron presentes familiares de víctimas del terrorismo de Estado, entre los que se encontraba Ortiz, quienes compartieron sus testimonios sobre el impacto que tuvo la dictadura en sus familias.

El cruce llegó al cabo de la intervención de Ortiz, quien a pedido del pleno se explayó sobre el régimen militar y los crímenes de lesa humanidad cometidos en aquellos años de plomo, cuando Buckmayer lo interpeló sobre su respaldo al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, y por una fotografía que lo muestra junto a Diosdado Cabello, el número dos del chavismo.

“Yo quería que me explicara, a mi y a los colegas, porqué él, que aborrece el genocidio, que aborrece el golpe de Estado, que aborrece esas prácticas que se hicieron en la época del golpe militar, está apoyando a un gobierno narcodictador, terrorista, como el de Nicolás Maduro, que gracias a Dios está preso”, relató después la concejal mileísta al medio local Informate.

Ortiz, retrucó a Buckmayer, pidiéndole que mirara “un poquito más allá de sus narices” y le recordó la publicación de Facebook sobre el Falcon verde “para zurditos llorando”, que le valió el repudio local y varias denuncias penales por apología del terrorismo de Estado.

Buckmayer se quejó de la intervención del sindicalista docente en la sesión y consideró “una aberración” que “utilizara 45 minutos de nuestro tiempo para hablar de ese tema”.

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Eprac reconoce sobrefacturación por aire en cañerías e insta a denunciar

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Eprac reconoce sobrefacturación por aire en cañerías e insta a denunciar

Con la presencia de la titular del Ente Provincial de Regulación de Agua y Cloacas (Eprac), Soledad Balán, la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Concejo Deliberante de Posadas se reunió este martes para tratar los reclamos vecinales contra la empresa Samsa por sobrefacturación y deficiencias en la prestación del servicio de agua potable.

El encuentro se inició a las 10 en el recinto del HCD y conformó una mesa de trabajo integrada por las figuras clave para hallar una solución a la problemática que aqueja a los posadeños, principalmente de los barrios más alejados del casco céntrico.

Entre los asistentes se encontraban los concejales de la comisión Fernando Zarza -presidente- y Judith Salom -vicepresidenta-; como así también los vocales Héctor Cardozo, María Elena Fernández, Samira Almirón, Laura Traid y Ángel Martínez.

Asimismo, intervinieron el Director de Prestaciones del Eprac, Maximiliano Toresani; el director de Defensa del Consumidor, Alejandro Garzón Maceda; y el abogado Horacio Enrique Koncke, en representación de los vecinos afectados del barrio Itaembé Guazú.

El Eprac

La titular del Eprac, Soledad Balán, fue la primera en hacer uso de la palabra en el recinto y centró su exposición en la dimensión de los reclamos vecinales, precisando que se realizaron 120 presentaciones formales, que alcanzan “menos del 2% del padrón de usuarios de Samsa”, e instó a la comunidad a acudir al ente regulador para poder accionar contra la prestataria del servicio.

Al abordar las denuncias por sobrefacturación, la funcionaria reconoció que existen usuarios afectados por la presencia de aire en las redes: “Efectivamente, en algunos casos, tuvieron aire en las cañerías y eso aumentó el consumo de metros cúbicos y, por ende, el total de la boleta”. Ante este escenario, señaló que se gestionó la rectificación de los importes para los vecinos damnificados.

Balán explicó que el marco regulatorio surge del contrato de concesión a la compañía Samsa, firmado en 1999 por el entonces gobernador Ramón Puerta, el cual estableció por 30 años condiciones como el cobro mínimo de 15 metros cúbicos.

“Es el consumo que asegura la sostenibilidad de la explotación y es el promedio de la familia tipo posadeña que se estableció en ese entonces”, precisó la titular del Eprac.

Respecto al costo del agua, que también está establecido en el contrato de concesión, detalló que se componen por la energía eléctrica, combustibles, personal y productos potabilizadores que “son en su mayoría dolarizados porque se compran en el extranjero”.

Sobre los aumentos, la titular del ente regulador afirmó que, si bien la empresa puede solicitar actualizaciones ante variaciones de costos superiores al 4%, el organismo busca amortiguar el impacto: “Lo venimos tratando de hacer muy paulatinamente para que impacte menos en el bolsillo, pero entendemos que el problema es la situación socioeconómica tan difícil que estamos atravesando”.

Además, aclaró que la prestataria está facultada para interrumpir el servicio tras dos boletas impagas, aunque el proceso administrativo suele extender el plazo. Ante la imposibilidad de pago, destacó el rol de mediación del organismo: “No se puede dejar un hilo de agua, la empresa es bastante estricta, pero se pueden acercar al Eprac y vemos de hacer en cuotas; ahí sí acompañamos para que esa deuda la puedan abonar”.

Identificar irregularidades

Por su parte, el director de Prestaciones del Eprac, Maximiliano Toresani, aportó precisiones sobre cómo identificar irregularidades en las facturas y detalló las estadísticas de los reclamos analizados.

Con una boleta de Samsa impresa, Toresani indicó a los presenten que en la parte superior izquierda se pueden observar las últimas trece mediciones, lo que permite detectar un “abrupto salto del consumo” sin que exista una pérdida visible o un incremento en el núcleo familiar. “Si de repente pasa de 15 a 30, 40 o 60 metros cúbicos, pedimos que se gestione ante el Eprac porque se identifica una medición anómala para lo que el usuario venía consumiendo habitualmente”, señaló.

Toresani también se refirió al expedientes de 128 cuentas presentados en el Eprac por el presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios “Defender”, Marcos Contreras.

“En 18 de esas cuentas identificamos esto que acabo de señalar recién”, refiriéndose al incremento injustificado. Además, el director de Prestaciones del ente precisó que se sumaron otras nueve cuentas dónde también se solicitó la refacturación, totalizando 27 casos con acción directa dentro del grupo de reclamo colectivo impulsado por Contreras, mientras que el resto presentaba consumos mínimos o habituales.

“Hasta el día de hoy, el Eprac ha refacturado, dependiendo el caso, y acompañando al usuario en los reclamos que tuvieron un incremento injustificado en la boleta”, afirmó Toresani aclarando que en otros casos se detectaron pérdidas internas que son responsabilidad de usuario. En ese sentido, hizo hincapié en que cada situación es particular y no todas tienen la misma resolución, por eso, enfatizó, que es importante que el vecino se acerque con su reclamo al organismo.

Por otro lado, el funcionario defendió la vigencia del cargo fijo de 15 metros cúbicos, argumentando que está establecido por la ley provincial y el contrato de concesión de 1999. “Ese proceso, salvo que se modifique la ley en la Legislatura, no se puede modificar hoy; estamos a 4 años de que termine el contrato”, apuntó.

En términos estadísticos, advirtió que reducir ese mínimo podría ser contraproducente para la mayoría: “Hoy, el 61% de los usuarios consume 11 metros cúbicos o más. Si bajamos el básico a 10, ese grupo terminaría pagando más por los metros excedentes. Las reglas y el contrato actual son estos”, añadió.

Consultado por el concejal Ángel Martínez sobre el costo de conexión al servicio de agua potable, el director de Prestaciones del Eprac explicó que “en algunos casos sucede que la propiedad que se quiere conectar no tiene frente a su vivienda la red. Entonces, lo que ocurre es que el presupuesto de la empresa incluye una extensión de red más la conexión de cloacas”.

Y continuó: “Hago esta aclaración porque el monto que usted menciona, de cuatro millones y pico, no tiene correspondencia con lo que cuesta hoy una conexión. Por lo que interpreto que ese valor corresponde a una extensión”.

En esa línea, el funcionario anunció que el Eprac firmó un convenio con Samsa “por medio del cual se va a poder financiar en cuotas, de hasta seis pagos, las conexiones y extensiones, tanto de la red de agua potable como de cloacas. Antes, la prestataria solicitaba el pago en una sola vez o con muy pocos plazos, porque sobre eso no hay nada expresado en el contrato de concesión. Esto se va a poder hacer siempre y cuando el vecino cumpla con ciertas condiciones socioeconómicas”.

“Facturan aire”

En tanto, el abogado Horacio Enrique Koncke llevó el reclamo de vecinos del barrio Itaembé Guazú por la “falta de presión” en el servicio de agua y por “facturaciones criminales” atribuidas a la empresa Samsa.

Durante su exposición, Koncke presentó un PowerPoint con documentación reunida para sostener que la empresa cobra por un servicio que, según afirmó, no se presta de manera “eficiente” en un complejo habitacional que supera los 60.000 habitantes.

Como eje central de su reclamo, el letrado enfocó la problemática en el aire que ingresa a la red durante los cortes. “Hay aire en la cañería y el medidor se pone a girar como si fuera una turbina”, afirmó y sostuvo que los aparatos de medición registran ese flujo tras las interrupciones del servicio “como si fuera consumo de agua”. “Facturan aire, no agua”, sentenció de manera tajante Koncke.

El profesional sostuvo que la “irregularidad” se traduce en facturas que calificó como “sumamente criminales”, mencionando casos de montos que superan los 470.000 pesos, obligando a los vecinos a firmar planes de pago “bajo presión”. “No queda otra que aceptar porque, si no, te dejan sin agua”, lamentó.

PowerPoint presentado por el abogado Horacio Enrique Koncke.

Sin presión

En otra línea, el abogado hizo referencia a que, más allá de lo económico, la falta de presión impide el desarrollo de la vida cotidiana de los posadeños. Según los datos aportados por los técnicos que colaboran con la representación vecinal, la red debería garantizar una presión de 10 MCA -metros de columna de agua- para que el líquido llegue a los tanques, algo que hoy, según expuso Koncke en el recinto, no ocurre.

“La gente no puede ni lavar la ropa porque no tiene agua. Lo que le sale de la canilla es aire”, graficó Koncke ante la comisión.

Como consecuencia, el representante vecinal sostuvo que muchos propietarios se ven obligados a realizar inversiones extra, instalando bombas de succión para intentar captar algo de caudal, lo que genera “un gasto energético adicional” y un “daño potencial a las instalaciones”.

Por otro lado, Koncke fue especialmente crítico con el organismo de control Eprac, al que acusó de falta de respuestas efectivas. Citó el Artículo 55 de la Ley I – Nº 19, que otorga el derecho a exigir niveles de calidad definidos en el contrato de concesión.

“¿Y quién tiene el derecho a exigir? El Eprac. Tiene que supervisar que llegue la red con los 10 MCA”, recordó el abogado, denunciando que, ante los reclamos, la respuesta suele ser una evasiva: “Nos dicen que seguramente es una pérdida interna, pero nunca hacen un análisis real”.

Al cierre de su exposición, Horacio Koncke apeló a la sensibilidad de las autoridades presentes, recordando que el acceso al agua es un “derecho fundamental” y exigiendo soluciones técnicas inmediatas, para evitar que los vecinos sigan pagando por un servicio “fantasma”.

Para reclamos por irregularidades o consultas sobre el servicio de agua potable, el Eprac atiende vía WhatsApp al número 3765-046100 y en su oficina ubicada en avenida Corrientes 1622, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas.

En la reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable también estuvieron presentes los diputados provinciales Martín Arjol, del Partido Libertario, y Ramón Amarilla, del bloque Algo Nuevo por la Dignidad de los Trabajadores. En tanto, representantes de la empresa Samsa fueron citados, pero no asistieron.

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Justicia Federal interrumpió suspensión de Arrúa, Comparín y Kornuta en el PJ

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La Justicia Federal hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el diputado nacional del Frente Renovador Neo, Alberto Arrúa; Myrian Analía Comparín y Martín Kornuta, y dejó sin efecto la resolución de la Intervención del PJ Misiones, de suspenderlos como afiliados al partido, mientras dure el sumario interno por inconducta partidaria.

La resolución del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas, firmada por la jueza María Verónica Skanata, se conoció este martes y se fundamenta en jurisprudencia de la Cámara Nacional Electoral (CNE) sobre los derechos de participación política.

El escrito, de cuatro páginas, alega que “la suspensión preventiva de afiliación importa una restricción inmediata al ejercicio de los derechos inherentes a la condición de afiliación dentro de la agrupación política”, y resalta el hecho de que el PJ Misiones “ha procedido a convocar a elecciones internas, encontrándose actualmente en curso el cronograma electoral correspondiente, circunstancia que tornará especialmente relevante la tutela cautelar solicitada”.

Asimismo, argumenta que “la circunstancia de que a la fecha no se haya informado a este juzgado la existencia de resolución alguna dictada en el marco del proceso disciplinario” contra Arrúa, Comparín y Kornuta, la sanción impuesta contra ellos puede “traducirse, en los hechos, en una restricción prolongada e indeterminada en el tiempo del ejercicio de los derechos propios a la condición de afiliados, con la consiguiente afectación de sus derechos de participación política”.

“En materia electoral la tutela cautelar adquiere particular relevancia, pues el transcurso del tiempo puede tornar ilusorio el ejercicio de los derechos políticos cuya protección se reclama (Fallo CNE 3453/2005)”, reza el escrito judicial.

Señala que “el peligro en la demora” de las autoridades partidarias de avanzar con el sumario interno contra los sancionados, “podría ocasionar un perjuicio de difícil o imposible reparación ulterior, habida cuenta de que las oportunidades de participación política que pudieran perderse durante dicho período no resultan plenamente susceptibles de restablecimiento con posterioridad”.

“El desarrollo de los procesos electorales se encuentra sujeto a etapas sucesivas cuya consumación puede tornar irreparable el perjuicio invocado, circunstancia que justifica la adopción de precauciones destinadas a preservar la eficacia de la decisión definitiva”, cita el escrito el Fallo 4192, de la CNE, de 2009.

En la resolución, la jueza Skanata aclara que la decisión judicial no busca “interferir en el desarrollo del procedimiento partidario, sino únicamente preservar de modo provisional el ejercicio de los derechos políticos involucrados” y que, como tal, “corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada, suspendiendo provisoriamente los efectos de la suspensión preventiva de afiliación respecto de los recurrentes”.

Funcionales

Arrúa, ex secretario general del partido; Myrian Analía Comparín, ex presidenta del Consejo Político Provincial; y Martín Kornuta, ex apoderado, fueron sumariados y suspendidos como afiliados en enero pasado, acusados de obrar contra “el ideario justicialista”, ser funcionales al gobierno de Javier Milei y de boicotear el traspaso del partido a las autoridades designadas por la conducción nacional.

La resolución fue hecha pública mediante un comunicado partidario firmado por los interventores Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, y dejó a los suspendidos fuera del proceso electoral para el 19 de abril, que por entonces ya se encontraba en marcha.

El fallo de Skanata llega dos semanas después del último comunicado de Arrieta y Rodríguez, en el que informan de un revés judicial del trío de suspendidos, con una cautelar idéntica a la aceptada hoy, y en el mismo juzgado federal de Posadas.

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