El diputado Miguel Núñez, quien asumió su banca con el PRO y hoy es miembro e impulsor del partido Algo Nuevo, presentó el miércoles, en la Cámara de Representantes de Misiones, el proyecto de creación del municipio de Itaembé Guazú. 

De lograr ingresar a comisión y aprobarse, podría convertirse en el municipio 80 de la provincia, puesto que también es disputado por la localidad Terciados Paraíso, que reúne alrededor de 15.000 habitantes y se encuentra ubicada en el departamento de San Pedro.

Este último proyecto de ley también fue ingresado, impulsado por el presidente de la Legislatura Oscar Herrera Ahuad y tomaría estado parlamentario en los próximos días. 

En tanto, el barrio del Iprodha inaugurado en el año 2015, conocido como Itaembé Guazú, logró un gran crecimiento poblacional en los últimos años, logrando alcanzar 50.000 habitantes, según datos aportados por el último relevamiento realizado este año.

Simultáneamente, registró un marcado crecimiento comercial, con infraestructura y servicios varios, contando con delegaciones municipales, supermercados, locales gastronómicos, boutiques, escuelas y hospitales.

Por este motivo, la municipalización tendría como objetivo solucionar dificultades administrativas y de transporte, tal como sucede con quienes deben viajar diariamente hacia el centro.

Fundamentos

El proyecto de municipalización de Itaembé Guazú sostiene que, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes reunidos en menos de una década, “se estima que en los próximos años llegaría a 100.000 habitantes. Por magnitud demográfica, equivaldría al cuarto o quinto municipio más grande de la Provincia”.

Por otro lado, recuerda: “En materia de infraestructura, un Hospital Nivel I que atiende a más de 15.000 vecinos al mes, una comisaría, una iglesia católica, varias escuelas secundarias y núcleos educativos de nivel inicial se encuentran entre los varios servicios a los que tienen acceso los vecinos del barrio”.

Y agrega: “Además, cuenta con un desarrollo comercial que es el más dinámico de toda Posadas. Todas estas condiciones generan una coyuntura óptima para el ejercicio de una autonomía plena“.

“Escuchemos la voz de los vecinos de Itaembé Guazú, cerca del 80% apoya la municipalización“, concluye la iniciativa impulsada por un sector opositor.

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Empleados nucleados en los gremios Sutepa, ATE y UTI, que ejercen su profesión en Pami, realizaron un “apagón de sistema” con asamblea en reclamo de mejoras salariales, prestaciones y el “respeto por los derechos de los jubilados” en la UGL XVIII, situada en calle Salta 1718 de Posadas, donde se declararon en estado de alerta y movilización.

“Hoy nos está ajustando la cuestión salarial, pero no es solo eso. Nuestra querida institución está sufriendo embates por desfinanciamiento, por parte del gobierno, lo que está destruyendo el funcionamiento y podría terminar en la reducción del organismo”, señalaron durante la asamblea concretada este mediodía con alrededor de 20 empleados y algunos afiliados.

Sobre la situación, profundizaron: “Quieren sacar de cuajo todos los derechos, por eso se meten con la educación, con la salud y distintas instituciones. Cuando Milei asumió dijo que venía a destruir el Estado y nosotros somos parte. Se trata de un vaciamiento institucional que nos llevará a tener cada vez menos respuestas a los afiliados, servicios e insumos”. 

Despidos

En los últimos meses, el Pami en Misiones registró desplazamientos y al menos cinco despidos en Eldorado, Iguazú y Posadas, cifra que a nivel nacional asciende a 550 trabajadores, entre los que se encontraban médicos, psicólogos, asistentes sociales, administrativos y personal de atención telefónica. 

Como resultado del recorte, señalaron que “el impacto en el funcionamiento se ve perjudicado en las demoras para la atención y un servicio cada vez más deficiente”, ya que “con menor personal se restringe la atención y genera mayor tardanza en los trámites”.

Al mismo tiempo, los medicamentos son más caros, como consecuencia de la reducción en la cobertura, a lo que se suma el recorte en las prestaciones sociales, el achicamiento del programa alimentario y la desactualización en los montos de subsidios.

El “cambio”

En el marco del desfinanciamiento por el que atraviesa el Pami a lo largo y ancho del país, durante la asamblea realizada hoy sobre calle Salta también recordaron que muchos de los jubilados misioneros votaron “por un cambio”, pero que “terminó siendo un cambio que los terminó perjudicando”.

“Hoy no están los pañales, llegan fuera de término, le dan un mes sí y otro mes no, mientras que para conseguir medicamentos hay que suplicar subsidios”, puntualizaron.

En ese contexto y teniendo en vista las elecciones legislativas previstas para el 26 de octubre, deslizaron: “Como seres humanos nos tiene que indignar esa situación y eso hay que tenerlo presente en las próximas elecciones. Hay que saber votar porque esto fue una elección en que la gente votó a una cosa que fue en contra de ellos mismos. Así es como día a día van perdiendo sus derechos”.

“Hay un vaciamiento institucional que nos va a llevar a tener cada vez menos respuestas para los afiliados, entonces, ¿la razón del Pami para qué?. Hoy como personal administrativo o médico, lo que primero hacemos es un eslabón de contención, cuando nosotros tendríamos que estar dando una respuesta permanente. Esto tendría que ser dinámico, pero hace rato dejamos de tener ese dinamismo por contener a ese abuelo”, concluyeron.

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Tras la denuncia por calumnias e injurias del legislador provincial electo y candidato a diputado nacional del Frente Popular Agrario y Social (FPAyS), Héctor Cacho Bárbaro, contra el presidente del Imac, Roque Gervasoni, el Juzgado Correccional y de Menores Uno, de Posadas, convocó a ambos a una audiencia de conciliación el próximo 6 de octubre a las 9:00 horas.

La citación, oficializada a través de la Secretaría del tribunal, suma un nuevo capítulo en el cruce de acusaciones entre ambos políticos, luego de la seguidilla de publicaciones de Gervasoni en medios y redes sociales sobre dirigentes y candidatos de la lista de Bárbaro para octubre que figuran como beneficiarios de pensiones por discapacidad.

El candidato del FPAyS formalizó, hace una semana, la denuncia por “calumnias, injurias y falsas acusaciones” contra el titular del Imac y espada digital de la Renovación, con el patrocinio del abogado Isaac Lenguaza, entendiendo que Gervasoni habría atentado contra la integridad de Bárbaro al vincularlo con las pensiones por discapacidad que percibían, entre otros, la diputada provincial electa del PAyS el 8 de junio, Elisa Goring, y la legisladora saliente Blanca Alvez.

“Jamás tuve injerencia alguna en la entrega de pensiones, que es competencia exclusiva de la Agencia Nacional de Discapacidad. Se me acusó falsamente de delitos que nunca cometí, con el único objetivo de dañar mi honor, mi trayectoria y mi candidatura en el marco de la campaña electoral”, expresó Bárbaro en la denuncia que tramita el tribunal.

“Se me atribuyeron hechos absolutamente falsos y ofensivos, amplificados en radios, portales digitales, diarios y redes sociales”, historió el dirigente agrario y sostuvo que “se trata de una maniobra de difamación pública que afecta no solo a mi persona, sino a la confianza de la ciudadanía”.

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