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Bárbaro y Sereno fueron a la justicia por una denuncia periodística de narcotráfico

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Renunciaron a sus fueros para que los investiguen. Fueron involucrados en el hallazgo de una plantación de marihuana.

 

 

Los líderes del Partido Agrario y Social (PAyS), Héctor “Cacho” Bárbaro y Martín Sereno, se pusieron a disposición de la justicia para que investigue si tienen responsabilidad en la explotación de una plantación de marihuana, como les atribuyó una publicación.

En el trámite, encuadrado en una acción de vindicación prevista por la Constitución de Misiones, el diputado nacional y su par provincial, renunciaron a sus fueros con el fin de allanar la intervención judicial, según se informó este martes.

La presentación fue realizada ante el juez Federal de Eldorado, Miguel Ángel Guerrero, acompañada por elementos periodísticos acerca de la supuesta responsabilidad de ambos en la explotación de marihuana en el paraje Inter, en jurisdicción de Dos Hermanas.

A partir de la divulgación del caso a través de las redes sociales, en diciembre pasado, los legisladores también pidieron que comparezca el responsable de la publicación, quien hizo referencias a “fuentes de la investigación” como proveedoras de la información.

Del lado del PAyS se dieron a conocer declaraciones de Bárbaro y Sereno acerca del respeto a la libertad de expresión, pero “estamos acostumbrados a las operaciones políticas a través de supuestos comunicadores.

El caso que desató la denuncia judicial, “es gravísimo porque nos involucran en una actividad delictiva que es un flagelo para miles de familias con hijos y afectos víctimas de la droga”, señalaron.

“El límite es claro, llegó el momento de marcar hasta acá muchachos”, puntualizaron, al tiempo que valorizaron el recurso judicial al que acudieron porque “es mucho más adecuada porque más allá de atacar a las personas por razones políticas, en la publicación se afecta a las instituciones y al propio sistema representativo cuando se lesiona la credibilidad y la seguridad jurídica”.

La acción

El recurso utilizado por los legisladores consiste en que “el funcionario o empleado a quien se impute delito cometido en el ejercicio de su cargo está obligado a acusar judicialmente para vindicarse, bajo pena de su destitución, y gozará del beneficio de gratuidad procesal”.

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