Política
Al borde de la destitución, concejal de Bonpland denuncia persecución
El Concejo Deliberante de Bonpland estaría resolviendo esta tarde la destitución de la concejal Cristina Bóveda, del Frente Popular Agrario y Social (FPAyS), quien desde junio de este año arrastra una serie de denuncias en el Juzgado de Instrucción 5 de Leandro N. Alem, entre las que figura el robo de un portón de la ex tabacalera Blaza, que la edil pintó de lila y colocó en su propiedad, luego del incendio nunca aclarado de su auto, en agosto de 2020.
En diálogo con La Voz de Misiones, Bóveda rechazó todas las denuncias en su contra, considerándolas parte de la “persecución política” por su trabajo con comunidades indígenas y campesinas, y desde mayo, cuando acompañó la lucha de una funcionaria de la farmacia del hospital, que sacó a la luz uno de los múltiples episodios de violencia de género que la legisladora asegura se suceden “en silencio” en las instituciones públicas locales.
“Esto empezó el 17 de mayo, cuando acompañé la marcha convocada por la trabajadora del hospital que sufría acoso y hostigamiento y era obligada a compartir con el acosador en una oficinita de cuatro por cuatro”, afirmó Bóveda, sobre un caso en que la víctima acusaba al jefe de personal de la farmacia de someterla a episodios de naturaleza sexual.
Dijo que, tras las denuncias de esta funcionaria en las redes sociales, le hizo llegar su solidaridad a través de las promotoras de su movimiento político y acompañó la manifestación que confluyó frente a la casa del funcionario denunciado, y que desembocó en la primera del denuncias que ahora están motivando su destitución, o al menos una sanción de parte de sus colegas concejales, formulada por la esposa del funcionario escrachado por acoso, presente a esa hora en la vivienda.
El famoso portón
Bóveda arrastra también denuncias de un ex beneficiario de los núcleos productivos cooperativos que promueve su agrupación partidaria, al que ella asegura haber apartado del trabajo y los espacios colectivos por “agresivo y violento”.
“Es el mismo que le vendió el portón a mi pareja, y que después me denuncia por robarle el portón a la tabacalera”, afirmó.
Sobre el portón, contó que tras el incendio de su auto se vio en la urgencia de aumentar la seguridad de su domicilio, por lo que con su pareja se pusieron a buscar la mejor solución para la cochera donde había ocurrido el siniestro: “Es ahí cuando esta persona le dice a mi pareja que él tenía un portón y entonces se lo vende”, afirmó.
Este hombre, identificado como Enrique O., también denunció después a Bóveda por el supuesto hecho punible del cobro compulsivo de 2.500 pesos a cada uno de los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, que integran los núcleos productivos del movimiento, y que la edil asegura son contribuciones voluntarias y no se trata de retenciones obligatorias.
“Hay más de 150 personas incorporadas a estos núcleos productivos, que saben que la única manera de crecer laboralmente es invirtiendo solidariamente en el proyecto”, argumentó y agregó: “Es un fondo común de las mismas personas que trabajan para aumentar el capital técnico y humano de los diferentes proyectos”.
Judicializar sanción
Tras las denuncias, el caso fue revisado por un comité de investigación creado por el mismo Concejo Deliberante, que se apresta a una resolución que Bóveda considera “cantada”, y asegura que judicializará, independientemente de cuál sea la sanción elegida por sus colegas.
“Todo esto está armado. Estoy segura que me van a destituir, pero no tienen nada, son insostenibles las denuncias. A mí nunca la Justicia siquiera me notificó. Es una vergüenza”, afirmó en diálogo con LVM.
Esta mañana, un nutrido grupo de manifestantes de organizaciones como Mujeres Violentas y el Movimiento Evita, entre otras, llevaron a Posadas el reclamo por Bóveda y entregaron un petitorio en la Casa de Gobierno.
Política
Dirigentes del peronismo federal con Passalacqua: respaldo y agenda común
Una comitiva de dirigentes del denominado peronismo federal se reunió este miércoles con el gobernador Hugo Passalacqua, en un encuentro que, además de expresar el respaldo político al mandatario, sugiere el esbozo de una agenda común de cara a las elecciones del año próximo.
La comitiva estuvo conformada por los diputados nacionales Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz y Emir Félix, presidente del PJ de Mendoza; el intendente de la localidad bonaerense de Pilar, Federico Achával, y el presidente del PJ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Manuel Olmos.
“Es una reunión para abrir un diálogo político, para coordinar agendas de intereses de la provincia y de los intereses que representa el gobernador”, señaló Tolosa Paz a los periodistas que la abordaron a la salida del grupo del encuentro con Passalacqua.
La diputada nacional comentó que la visita a la tierra colorada se enmarca en la gira nacional que están llevando adelante con el peronismo federal, para conocer la realidad del país y construir una alternativa electoral que enfrente a La Libertad Avanza en 2027.
“Venimos a charlar, a escuchar la realidad del peronismo de Misiones y la realidad del peronismo de otras provincias”, sostuvo Tolosa Paz.
En la misma línea se expresó Félix, quien además remarcó que “la agenda de las economías provinciales tiene que tomar relevancia en la discusión del país”.
Además del encuentro con el gobernador, con quien se interiorizaron de la realidad provincial y le expresaron la voluntad de una hoja de ruta común en defensa del trabajo, la producción y las economías regionales, los dirigentes peronistas se reunieron con el presidente del Partido Justicialista (PJ) Misiones, Christian Humada, para conocer de primera mano la reorganización institucional del justicialismo misionero y abrir un canal de diálogo con las nuevas autoridades partidarias.

Tolosa Paz y Emir Félix charlan con el presidente del PJ Misiones, Christian Humada, en el estacionamiento de la sede partidaria en Posadas. (Foto de Darío Guimaraes / X)
Política
Denuncian a Rovira por enriquecimiento y piden que le prohíban salir del país
La Fiscalía de Instrucción Penal Nº 1, de Posadas, recepcionó este miércoles una denuncia por enriquecimiento ilícito contra el diputado provincial y líder de Encuentro Misionero, Carlos Eduardo Rovira, donde pide, entre otras medidas, la prohibición de salida del país.
Se trata de la denuncia Nº 283/2026, impulsada por el dirigente radical de Eldorado, Gustavo González, radicada ante la fiscal Amalia Spinato, con competencia de la jueza de Instrucción Carla Freitag.
En el escrito, González acusa a Rovira de la “presunta comisión del delito de Enriquecimiento Ilícito de Funcionario Público en concurso real”, en virtud de lo establecido en el artículo 268, inciso 2º, del Código Penal de la Nación, con la presunción de otras figuras penales, como “negociaciones incompatibles con ejercicio de funciones púbicas”, “omisión maliciosa de declaraciones juradas” e “infracción a las leyes de dominio público e hidráulico”.
En su denuncia, Gonzalez extiende la acusación “a toda otra persona que resultare autor, coautor, testaferro, cómplice o encubridor” de los delitos que le imputa a Rovira, y pide que “a los fines de garantizar la investigación, se disponga la prohibición de salida del país y el oportuno desafuero” del legislador y fundador del Frente Renovador de la Concordia.
En el punto 2, el escrito de González repasa la trayectoria política de Rovira y destaca que dado que el ex gobernador “no registra haber ejercido formalmente actividades comerciales, empresariales, industriales o profesionales independientes con capacidad de generación de ingresos” en más de 25 años, se desprende que “la totalidad de su subsistencia legal y de su núcleo familiar, deviene directo de las remuneraciones y dietas fijadas por la ley para el ejercicio de la función pública”.
Mansión y estancias
Seguidamente, la denuncia se enfoca en la “desproporción patrimonial” que exhibe Rovira y que se contrapone con lo señalado en el punto 2, como “el inmueble y mansión”, que el diputado provincial posee en la zona residencial ribereña conocida como Puerto Laurel; las “estancias y activos inmobiliarios”; el “entramado empresarial”, que involucra a sus hijos; y su “vinculación con contratistas del Estado”.
En cuanto a la residencia de Rovira en la costa del río Paraná, la denuncia resalta que el inmueble ocupa “14.000 metros cuadrados” y “ostenta un valor millonario y cuenta con infraestructura de alto costo económico”, que contraría los ingresos del legislador en todos sus años en la función pública.
En cuanto a las “estancias y activos inmobiliarios adicionales”, González menciona una finca de “gran extensión territorial”, ubicada sobre la ruta 105, entre Garupá y Fachinal, de “valor millonario”, sobre la que pesan “severas sospechas de titularidad real o mediante sociedades satélites”.
Asimismo, habla de otros “lotes y campos en el interior de Misiones”, de “alta valuación fiscal”, inscriptos a “nombre de familiares, allegados y firmas vinculadas”.

El ex diputado y dirigente radical, Gustavo González, esta mañana frente a la Fiscalía de Instrucción Penal Nº 1, de Posadas.
Miami y París
En los párrafos siguientes, el escrito apunta a los “altos consumos en el extranjero” de los hijos de Rovira, que “registran residencia permanente en el exterior (Miami, EE.UU.; y París, Francia), exhibiendo niveles de vida, titularidad de bienes y erogaciones en divisas extranjeras”, que “no guardan correlación alguna con la capacidad de ingresos derivada del sueldo público percibido por su padre en Misiones”.
La presentación pide que se investiguen también los vínculos de Rovira con contratistas del Estado provincial, en particular la participación “de su entorno en empresas beneficiarias de contratos de obra pública (históricamente vinculadas a la firma Constructora Spotorno) y emprendimientos promovidos o financiados con recursos del tesoro provincial (firmas como Agro Sustentable S.A. y otras vinculadas a su círculo directo)”.
Riesgo de fuga
En el punto 4, relacionado con los fueros parlamentarios de Rovira, González opina que “la inmunidad de proceso”, establecida en los artículos 88 y 89 de la Constitución Provincial, “no impide el inicio, la prosecución, ni la producción de la totalidad de las medidas de prueba de carácter patrimonial, registral, bancario y fiscal requeridas en esta denuncia”.
En el escrito, el denunciante solicita el “ordenamiento inmediato de las medidas de prueba tendientes a consolidar el cuadro probatorio y, oportunamente, requerir la declaración indagatoria” del acusado; y “si se considera pertinente, se libre oficio a la Honorable Cámara de Representantes de Misiones, solicitando el desafuero del legislador conforme los dispuesto en la Carta Magna Provincial”.
En el punto siguiente, la denuncia alerta sobre el “peligro de fuga” y de “entorpecimiento” de la investigación, que representa el “carácter transfronterizo de la provincia”, la “desproporcionada capacidad económica del denunciado y la existencia comprobada” de propiedades e inversiones de sus hijos en Europa y Estados Unidos.
“Existe un riesgo de fuga cierto y de entorpecimiento de la investigación”, alerta González y pide a la fiscal Spinato que requiera, “con carácter de urgente”, la “prohibición de salida del país” de Rovira, la “retención de sus documentos de viaje” y la “inhibición general” de sus bienes.
Política
El gobierno y las provincias del Norte acuerdan nuevo régimen energético
El gobierno nacional alcanzó este martes un acuerdo con las provincias norteñas para un nuevo esquema energético que contemple las particularidades de las zonas cálidas y muy cálidas del país, tal lo planteado al jefe de Gabinete, Diego Santilli, en la 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande, que se celebró en Posadas la semana pasada.
La propuesta fue consensuada durante una reunión de la Mesa de Diálogo encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el mismo Santilli, junto a los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Sáenz, de Salta; Leandro Zdero, de Chaco; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; y Carlos Sadir, de Jujuy; y de la que también participaron la secretaria de Energía, María Tettamanti; el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González; y técnicos del área de las diez provincias involucradas.
Tras la reunión, y aunque no ofreció mayores detalles, el ministro Caputo explicó que el acuerdo con los mandatarios provinciales sirve para “redefinir los subsidios a la energía en las zonas cálidas y muy cálidas”.
“En el marco de la Mesa de Diálogo con los gobernadores del Norte, consensuamos una propuesta para un reclamo histórico de las provincias”, comentó el jefe del equipo económico de Javier Milei y agregó: “Acordamos trabajar en conjunto para avanzar en su implementación lo antes posible”.
Santilli, por su parte, destacó la “celeridad” con que la Casa Rosada atendió el planteo de las provincias norteñas y afirmó: “En menos de una semana escuchamos el reclamo de los gobernadores, nos sentamos a trabajar y encontramos una solución”.
“Es un reclamo histórico del Norte y demostramos que, cuando hay diálogo y voluntad de encontrar soluciones, Nación y provincias pueden trabajar juntas y dar respuestas concretas a la gente”, opinó.
El jefe de Gabinete retomó lo explicado por el ministro Caputo y señaló que “la iniciativa apunta a reconocer las particularidades climáticas de las provincias del Norte y el mayor consumo eléctrico asociado a las altas temperaturas, especialmente durante los meses de verano”.
“Este es el camino que queremos consolidar: escuchar, dialogar y resolver. Los problemas que llevan años esperando una respuesta no se solucionan con discusiones entre Nación y provincias, sino trabajando juntos”, finalizó Santilli.
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