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A un año del atentado a CFK, kirchneristas misioneros piden que se investigue

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CFK

A un año del atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK), frente a su casa en el barrio porteño de Recoleta, los partidos y espacios kirchneristas de Misiones arrancaron una campaña de firmas para que la Justicia extienda la investigación más allá de los autores materiales detenidos, e indague en sus vínculos políticos para llegar a los instigadores intelectuales del ataque.

La recolección de firmas comenzó esta semana en toda la provincia, con actividades encabezadas por la diputada nacional de La Cámpora Misiones, Cristina Brítez, en la docena de unidades básicas inauguradas el año pasado en el interior provincial.

“Decidimos realizar esta juntada de firmas masivas en toda la provincia, porque tenemos que exigir justicia por Cristina”, explica la legisladora kirchnerista en sus redes sociales, y reclama: “Se debe investigar a los autores intelectuales y económicos de este intento de asesinato”.

“Lo importante es no quedarse callados, no nos quedemos en nuestras casas, hay que visibilizar la mafia judicial”, señala Brítez, y finaliza con un eslogan: “Defender a Cristina es defender a la Argentina”.

Soga al cuello

El jueves, la actividad se concentró en la plaza 9 de Julio, organizada por la Casa Patria, el búnker de Brítez en Posadas, con buena presencia de militantes, mesas para la recolección de firmas y una radio abierta, por la que desfilaron dirigentes sociales y políticos, como el abogado camporista Gonzalo “Lalo” Costa de Arguibel, entre otros.

“Claramente, estamos enroscados por un partido judicial que no pretende dar respuestas ni investigar, dejando detenidos simplemente a tres pinches, que son supuestamente los autores materiales, pero sin investigar a los autores intelectuales de este intento de crimen”, reflexionó el dirigente de la agrupación Convergencia Justicialista.

Arguibel rechazó la investigación que lleva adelante la jueza María Eugenia Capuchetti, circunscripta a “los tres loquitos pseudo revolucionarios sueltos”.

“Resulta evidente que hay una trama atrás”, sostuvo y agregó: “Asesinar a CFK es acallar la voz del movimiento peronista; no investigarlo es ponerle una soga al cuello a la democracia argentina”.

Convivencia

El aniversario del ataque a CFK estuvo presente también en la Cámara de Representantes de Misiones, donde los diputados kirchneristas Martín Sancho y Santiago Mansilla presentaron un proyecto de declaración, expresando preocupación por la falta de esclarecimiento del intento de magnicidio de la vicepresidenta argentina.

“El presente proyecto de declaración pretende recordar el rol fundamental de la justicia para la protección de nuestra democracia”, reza el escrito.

“Es por eso que renovamos nuestra más profunda solidaridad para con la vicepresidenta y su familia y por ello apelamos a que este alto cuerpo defienda la convivencia pacífica, además de que la tolerancia sean el eje central de nuestro trabajo legislativo”, agrega.

“La investigación, tras dos recusaciones de la querella, se cortó en tres detenidos, a los que se minimizó como sujetos violentos en un hecho aislado y no avanzó en vinculaciones políticas ni económicas o financieras”, denuncia.

“El caso no fue tratado como un hecho de violencia política ni descripto, en un contexto de violencia creciente encarnada por grupos de ultraderecha, y por dirigentes políticos/as que repetían (y aún lo hacen) la idea de exterminar al oponente”, argumentan Sancho y Mansilla, y aseguran: “La causa estuvo llena de falencias”.

El ataque a CFK

A las 20.51 del jueves 1 de septiembre de 2022, Jorge Sabag Montiel, gatillaba dos veces en la cara de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sin conseguir que la pistola Bersa Thunder calibre 32, disparara.

Sabag Montiel fue detenido en el acto por militantes kirchneristas, y pocos días después se concretó la detención de su novia, Brenda Uliarte, y Nicolás Carrizo, que luego serían conocidos como la “banda de los copitos”, por cuanto utilizaban la venta ambulante de copos de azúcar como pantalla para infiltrarse en actos y movilizaciones.

La instrucción de la causa recayó en la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, que ciñeron la investigación a los tres detenidos, y desestimaron todas las presentaciones hechas por los abogados de la vicepresidenta.

Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo se enfrentan a un juicio en el Tribunal Oral Federal (TOF) 6, que en principio estaba previsto para este mes, pero que todavía no tiene fecha cierta.

El ataque abrió una línea de investigación paralela sobre el grupo denominado Revolución Federal, que sacó a la luz otros nombres y vislumbró vínculos con sectores políticos de la oposición.

Grupos y referentes de la nueva derecha y libertarios; el diputado Gerardo Milman, entonces aliado de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich; la vecina de CFK y una panelista de Crónica TV están mencionados en las distintas presentaciones hechas por la querella que representa a Fernández de Kirchner, como posibles vínculos con los autores ya identificados.

No obstante, estos elementos, que han sido analizados por dos jueces y dos fiscales de instrucción, y tres jueces de la Cámara Federal de Apelaciones, no han sido tomados en cuenta para ampliar los alcances de la investigación.

Política

Wanda declararó la emergencia por consumos problemáticos

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Wanda declararó la emergencia por consumos problemáticos

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Wanda declaró la emergencia por consumos problemáticos en el municipio, una medida que apunta a reconocer la gravedad de la situación a nivel local y a impulsar políticas públicas para su abordaje.

Durante la sesión ordinaria del último martes, los concejales aprobaron por unanimidad el proyecto presentado por la edil Silvia Lutz (La Libertad Avanza), solicitado por la Asociación Civil para el Desarrollo Misionero, coordinada por Samuel Doichele, una organización que contiene y asiste, a través de un agrocamping, a personas mayores de edad que atraviesan situaciones de consumo problemático.

En sus fundamentos, la iniciativa sostiene que el consumo problemático de sustancias psicoactivas constituye una de las problemáticas sociales, sanitarias y comunitarias “más complejas y urgentes”, con impacto no solo en las personas afectadas, sino también en sus familias, instituciones y en el entramado social en general.

En ese sentido, el documento advierte sobre un “incremento sostenido” de casos en la localidad, que demandan contención inmediata, acompañamiento terapéutico y dispositivos de atención integral. Además, remarca las consecuencias en ámbitos como la salud, la educación, la seguridad, el trabajo y la convivencia social.

El texto también pone en valor el trabajo que vienen realizando distintos actores comunitarios, como instituciones educativas, organizaciones sociales, espacios religiosos, equipos de salud y grupos de familiares, aunque señala que muchas de estas acciones se desarrollan de manera aislada y con recursos limitados.

Frente a este escenario, se plantea la necesidad de que toda intervención esté respaldada institucionalmente, con supervisión profesional y articulación con el sistema público de salud. Entre los puntos destacados, se subraya la importancia de garantizar la integridad física, psíquica y social de las personas en tratamiento, así como el respeto de sus derechos y la aplicación de protocolos sanitarios adecuados.

Asimismo, la declaración establece que el abordaje de los consumos problemáticos debe ser integral, incluyendo estrategias de prevención, concientización, reducción de riesgos, tratamiento, reinserción social y acompañamiento familiar.

En esa línea, se propone fortalecer la articulación entre el municipio y distintos sectores, como instituciones educativas, centros de salud, organizaciones civiles, iglesias, áreas sociales y fuerzas de seguridad con enfoque preventivo, entre otros.

El documento se enmarca en lo establecido por la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y la Ley Nacional N° 26.934, que reconocen a las adicciones como una cuestión de salud pública y promueven dispositivos comunitarios con participación estatal e interdisciplinaria.

Entre los objetivos de la emergencia, se destacan la movilización de recursos municipales, provinciales y nacionales, el fortalecimiento de iniciativas comunitarias, la creación de dispositivos de atención, la implementación de campañas de prevención y la generación de espacios de contención para familiares.

Asimismo, se prevé la formalización de convenios con instituciones especializadas y el otorgamiento de asesoramiento técnico y respaldo legal a los dispositivos existentes.

Desde el Concejo señalaron que la declaración de emergencia constituye una herramienta “necesaria y urgente” para ordenar, coordinar y potenciar los esfuerzos en el territorio, con el objetivo de garantizar procesos de recuperación en condiciones dignas, seguras y acompañadas.

Finalmente, la medida posiciona a los consumos problemáticos como una prioridad en la agenda pública local y busca avanzar hacia un abordaje sostenido, comunitario y con perspectiva de derechos.

El documento lleva la firma de los concejales Mirta Noemí Berent, presidenta del HCD; Silvia Lutz; vicepresidenta del Concejo y autora del proyecto; Jorge Alberto Vier; Matías Duarte; Celita Junges; Víctor Hugo Cabrera; y de Fabiana Elizabeth Ferreyra.

Al igual que en Wanda, en el Concejo Deliberante de Puerto Iguazú recientemente se trató y se pasó a comisión un proyecto que busca declarar la emergencia por consumos problemáticos en la ciudad.

Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda

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Política

Proyectan crear un observatorio de violencia escolar en Garupá

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Observatorio Violencia Escolar Garupá

El presidente del Honorable Concejo Deliberante de Garupá, Miguel Rauber, presentó este martes en sesión ordinaria un proyecto de ordenanza que propone la creación del Observatorio Municipal de Violencia Escolar, una herramienta institucional orientada a relevar, sistematizar y analizar situaciones de conflictividad en el ámbito educativo local.

La iniciativa busca generar información confiable y periódica sobre episodios de violencia escolar, con el objetivo de fortalecer políticas públicas preventivas y diseñar estrategias de intervención basadas en evidencia. Según el texto presentado, el observatorio funcionaría dentro del Concejo Deliberante y tendría carácter técnico y permanente.

Entre los principales objetivos planteados se encuentra la identificación de modalidades de violencia dentro y fuera de las escuelas, el análisis de factores de riesgo, la elaboración de indicadores cuantitativos y cualitativos y la producción de informes semestrales y anuales de acceso público.

El proyecto define como violencia escolar a toda acción, conducta u omisión que implique agresiones físicas, psicológicas o verbales, casos de bullying y ciberbullying, discriminación por razones de género, orientación sexual, religión, discapacidad u origen social, además de violencia simbólica e institucional.

La propuesta también prevé una estructura de funcionamiento dividida en tres áreas: una comisión legislativa integrada por concejales, una unidad técnica conformada por profesionales especializados y un consejo consultivo ad honorem con participación de actores del sistema educativo y organizaciones sociales.

Uno de los puntos destacados es la intención de articular el trabajo con el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) mediante un convenio específico que permita establecer metodologías de recolección de datos, validación técnica e intercambio de información estadística.

En el texto también se subraya la necesidad de resguardar la identidad de niños, niñas y adolescentes, garantizando anonimización de datos sensibles, acceso restringido a bases de información y protocolos específicos de protección de datos personales.

La fundamentación del proyecto remarca que la violencia escolar constituye una problemática social compleja que impacta directamente en el desarrollo integral de estudiantes y en la convivencia institucional, por lo que considera necesario que el Estado municipal intervenga con herramientas propias de monitoreo y prevención.

Consenso y construcciones colectivas, el sello del HCD de Garupá para el 2026

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Kicillof recibió reclamo de yerbateros y organizan reunión con él en Misiones

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Kicillof yerba mate

En una reunión llevada adelante hoy, productores yerbateros de Misiones pusieron en conocimiento al gobernador Axel Kicillof sobre la crisis del sector y advirtieron que “está en juego si la yerba seguirá siendo territorial y distributiva, o será un commodity, estandarizado y concentrado”.

Organizaciones de productores y la Cooperativa Río Paraná de Misiones le hicieron llegar al gobernador peronista un documento donde se detalla la crítica situación del sector de la yerba mate.

La presentación se dio hoy, 30 de marzo, de la mano de Gastón Borsini, integrante de la Confederación General de la Producción (CGP) de la República Argentina, quien entregó el escrito donde se ratifica la necesidad de recuperar todas las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym). 

“Esta es una reunión que el gobernador convocó con la idea de interiorizarse sobre las distintas problemáticas de los sectores productivos a nivel federal”, explicó Borsini a La Voz de Misiones.  

El documento, con contenido de la problemática del sector, fue titulado con el eslogan “La chacra no se vende, es Patria” y en sus más de 700 páginas refleja el crecimiento y desarrollo del sector durante la gestión del Inym (dos décadas) ejerciendo todas sus facultades, como así también la situación de crisis generada a partir de la desregulación. Además de las recientes modificaciones normativas introducidas a partir de la sanción del DNU 70/2023

“Desde la Confederación somos críticos con el ministerio de Desregulación. A (Federico) Sturzenegger y a sus medidas lo consideramos ‘anti productivo’”, apuntó.

El escrito contó con las firmas de los misioneros Jorge Skripczuk, presidente de la Asociación Civil Impulso Yerbatero; Hugo Sand, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam); Salvador María Torres, presidente de la Cooperativa Río Paraná Limitada; y Julio Petterson, presidente de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte , con el patrocinio letrado de José Federico Padolsky.  

En el texto se advierte sobre la situación yerbatera a partir de la desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei, donde se plantean dos modelos productivos claramente diferenciados: “Lo que se encuentra en juego es un modelo de desarrollo regional basado en la producción, el trabajo y la inclusión, frente a una dinámica que tiende a la concentración, la estandarización y la pérdida de valor territorial”.

Encuentro en Misiones

Segú comentó Gastón Borsini de CGP -Organización que representa a economías regionales- y donde el misionero Skripczuk es parte del Directorio en representación de la provincia de Misiones, Kicillof escuchó con preocupación la problemática planteada y pactó una visita Misiones. 

“El gobernador nos pidió si en el corto plazo se puede organizar un encuentro con las bases de los sectores yerbateros, dado que le gustaría visitar la provincia y escuchar de boca de los reales actores las problemáticas reales”, reveló.

La reunión, añadió Borsini, será en un plazo de no más de tres meses y se prevé que el mandatario bonaerense llegue acompañado por Javier Rodríguez, el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires.  

Y agregó que este “encuentro Agrario” convoca a los yerbateros, los tabacaleros y los demás productores, coordinado por la confederación “él asistirá como Gobernador y como posible candidato y construir su campaña presidencial”. 

Jorge Skripczuk explicó que para la Asociación Impulso Yerbatero es fundamental que el gobernador de Buenos Aires tenga conocimiento de la problemática.

“En el grupo de impulso participan productores que están dentro de la Confederación y hace unas semanas comenzamos con reuniones con funcionarios bonaerense para delinear estrategias de ventas. Buscando canales más directos de comercialización en esa provincia ya que es un nicho importante para ubicar la yerba de cooperativas o de pequeñas marcas”, indicó. 

 

 

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