Por disposición del Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, a cargo del magistrado Fernando Verón, esta tarde recuperaron la libertad los hermanos Iván Ezequiel y Alejandro Ramón Arrieta, ex policías imputados en la causa que los investiga junto a otros ex uniformados por presuntos delitos de “intento de sedición” y “conspiración”.

Con el cese de la prisión preventiva de los hermanos Arrieta, son siete de los ocho ex policías los que recuperaron la libertad tras más de nueve meses detenidos en distintos penales de la provincia, entre ellos, el ex vocero policial y diputado provincial electo Ramón Amarilla.

En tanto, resta saber si el juzgado interviniente tomará la misma decisión con Diego Correa, el último detenido en el marco de la causa que se activó en septiembre del año pasado con el descubrimiento de un grupo de WhatsApp llamado “Solo Cola”, en el cual según la Justicia los imputados habrían intercambiado mensajes con el objetivo de iniciar una nueva revuelta y desestabilizar a la cúpula de la Policía.

Si bien los uniformados fueron excarcelados, siguen supeditados al expediente judicial, por lo cual los hermanos Arrieta, que dejaron esta tarde la Unidad Penal I de Loreto, tienen prohibido salir del país y deberán presentarse una vez al mes en la comisaría con jurisdicción sobre su domicilio, a fin de acreditar su permanencia en la provincia.

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El magistrado Juan Manuel Monte dictó el procesamiento con prisión preventiva para Gabriel Cruz (25), único acusado por el asesinato a machetazos de su ex pareja Claudia Soledad Batista (28), y dispuso su traslado a la Unidad Penal VI de Posadas, donde continuará privado de su libertad mientras avance la investigación.

Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la resolución fue dictaminada el último viernes, con la firma del juez Monte como magistrado subrogante del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles.

El procesamiento se dio bajo la acusación de femicidio, figura que prevé una pena de prisión perpetua en caso de que el imputado sea declarado culpable en un futuro debate oral.

En paralelo se dispuso el traslado de Cruz hacia una celda de la Unidad Penal VI de Encausados y Procesados de Posadas, donde permanecerá alojado mientras avance el proceso judicial en su contra.

La medida se da dos semanas después del hecho que sacudió a Misiones. El femicidio de Soledad Batista, madre de cinco hijos pequeños, se registró en la noche del domingo 6 de julio en la casa donde habitaba en el barrio La Tablada de San José.

Esa noche Cruz estaba presente en el lugar y tras una discusión atacó a machetazos a la mujer que en total recibió 23 heridas cortantes, 19 de ellas localizadas en cráneo, hombros y miembros superiores.

Familiares de la víctima luego narraron que la pareja estaba separada hace un tiempo debido a los episodios de violencia que el hombre ejercía sobre Batista, aunque ningún hecho fue denunciado formalmente.

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El boliche Holy usó sus redes sociales para defenderse de la denuncia pública y judicial que radicó Rodrigo Ocampo, un joven de 20 años que expuso haber sido víctima de una golpiza por parte de los guardias de seguridad del local el pasado sábado 12 de julio y terminó con graves lesiones.

La empresa emitió un comunicado el domingo a través de sus cuentas oficiales para “llevar tranquilidad a la comunidad” y “esclarecer lo sucedido” sobre los hechos que denunció el posadeño y aseguró que la golpiza “no se produjo dentro del local”.

“En primer lugar, se deja expresamente en claro que el hecho aludido se inició cuando un individuo comenzó a provocar disturbios dentro del establecimiento, poniendo en riesgo la seguridad y bienestar de los demás asistentes”, comienza el descargo de la empresa.

Sin nombrar a Rodrigo Ocampo, el boliche sostuvo que por los “disturbios” la persona fue retirada de Holy “por el personal de seguridad del local, conforme a los protocolos establecidos y en todo momento con un accionar proporcional, adecuado y respetuoso”.

En esa línea, Holy afirmó que la golpiza que recibió el joven de 20 años ocurrió en “la vía pública y fuera del ámbito de responsabilidad de la empresa”, desmintiendo lo manifestado por Ocampo, quien denunció que los patovicas lo arrastraron hasta un punto sin cámaras de seguridad del local para propinarle golpes hasta dejarlo casi inconsciente.

Seguidamente, la empresa señaló que una vez extraído del boliche por los guardias, “dicho individuo esperó la salida de uno de los integrantes del personal de seguridad, con claras intenciones de enfrentarlo físicamente”.

Y continuó: “Esta situación derivó en un altercado en la vía pública, respecto del cual cabe señalar que, conforme surge de las actuaciones judiciales correspondientes, fue el agresor quien debió ser reducido mediante el uso de la fuerza mínima y necesaria hasta la llegada del personal policial interviniente”.

Por último, despegándose de las declaraciones del denunciante, la empresa reiteró que “el incidente en cuestión no se produjo dentro del local ni fue consecuencia de un accionar indebido por parte del personal de seguridad, sino de un hecho completamente aislado, acaecido en la vía pública, ajeno al control operativo de este establecimiento”.

Por su parte, Rodrigo Ocampo, con el patrocinio legal del abogado Federico Esquivel, solicitó ser querellante en la causa que se tramita en el Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, a cargo del magistrado Fernando Verón, y pedirán que sea caratulada como intento de homicidio agravado.

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