Nuestras Redes

Judiciales

Schaerer: abren por primera vez causa en Paraguay y realizan excavaciones

Publicado

el

Schaerer excavaciones paraguay

La tierra y los recuerdos vuelven a removerse en el caso Christian Schaerer. Nuevas excavaciones en búsqueda de sus restos se realizan desde esta mañana en Paraguay, donde por primera vez en casi dos décadas se abrió una causa penal para investigar el asesinato del joven correntino en suelo guaraní.

Los procedimientos con retroexcavadoras iniciados hoy en un descampado de San Pedro del Paraná, a unos 70 kilómetros de la vecina Encarnación, acapararon la atención de todos, pero detrás del operativo aparece una información trascendental.

Es que, por primera vez, el caso Schaerer será investigado formalmente en Paraguay, territorio que se supone -y cada vez con más fuerza- fue el último lugar en el que el joven estuvo con vida tras su largo derrotero en cautiverio.

De acuerdo a la información obtenida por La Voz de Misiones, el operativo de hoy se enmarca de una serie de diligencias ya iniciadas en el marco de una causa penal abierta en territorio paraguayo y que encabeza el fiscal Ever García, con colaboración de la abogada Noelia Núñez, en representación de la familia Schaerer, próxima a presentarse como querellante particular.

Según explicaron, este nuevo expediente no apuntará al secuestro del joven, hecho que ya fue investigado por la Justicia correntina, sino que irá más allá y buscará esclarecer el asesinato del muchacho.

“Cabe destacar que nunca se ha iniciado en Paraguay las investigaciones pertinentes para proseguir con la persecución de este hecho punible, porque si bien tenemos un secuestro en Argentina, en Paraguay ahora tenemos información preliminar de un homicidio doloso. Esto significa que tenemos un cuerpo, ahora tenemos que hallarlo y acá iniciamos este procedimiento”, detalló la letrada Núñez, en diálogo con LVM.

Que se abra una nueva causa es clave, teniendo en cuenta que significa el comienzo de una investigación, desde el punto cero, lo cual incluye la recepción de testimoniales, la realización de procedimientos y de pericias y la detención de posibles sospechosos.

A este punto se arribó mediante la aparición de un nuevo testigo -de identidad reservada-, quien a fines del año pasado aseguró tener información sobre Christian Schaerer. Al momento de declarar, afirmó que vio el momento exacto en el que el cadáver del joven correntino fue descartado en un bañado ubicado en cercanías al acceso a San Pedro del Paraná y a unos 8 kilómetros de la ruta principal.

El testimonio fue analizado y cotejado con toda la información previa que ya se tiene del caso y, en esa instancia, los investigadores constataron que los datos brindados coinciden con una testimonial tomada en 2006 en el marco de la pesquisa por el secuestro.

“Esta investigación del homicidio de Christian, posterior a su secuestro, surge con elementos que fueron rigurosamente analizados y fueron cotejados con una testimonial en el proceso que data del 2006, en donde otra testigo dice lo mismo que este testigo nuevo”, puntualizó la abogada de la familia Schaerer, y agregó: “Tal es así que tenemos un testigo ocular y otro que estuvo y tuvo conocimiento a través de información precisa porque estaba en medio de los que tenían en cautiverio al joven y logró escapar”.

“Estamos ante informaciones relevadoras que se encuadran exactamente con el hecho y hoy nos posicionan en este nuevo inicio de la investigación”, aseguró.

Fue en ese contexto que el fiscal García solicitó un allanamiento del lugar y la juez local dio lugar al pedido, lo cual derivó en los procedimientos iniciados hoy.

Las labores se realizan en un antiguo bañado ubicado cerca del acceso a San Pedro del Paraná.

Mapeo y preparación para excavar

Fue así que esta mañana arribó a la escena un comitiva integrada por funcionarios judiciales, efectivos del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional de Paraguay, operarios de retroexcavadoras y especialistas en geolocalización.

También estuvieron presentes Juan Schaerer, padre del joven desaparecido, la abogada Núñez y el testigo clave, que incluso se descompensó en un momento.

En primera instancia, se realizó un mapeo del lugar con dispositivos tecnológicos, pero las labores debieron ser suspendidas por las inclemencias del tiempo.

Por ello, los puntos señalados por el testigo fueron delimitados y allí las retroexcavadoras harán lo suyo cuando las condiciones lo permitan.

“Es importante que la ciudadanía sepa que estamos a 20 años del hecho buscando nuevamente poder concluir la investigación y que esto permita llegar a los responsables, porque más allá de encontrar el cuerpo, vamos a buscar llegar a los responsables de lo que le sucedió al joven”, profundizó Núnez.

“Acá hay una familia, una sociedad y dos países luchando por llegar a la verdad”, valoró la profesional, quien ya adelantó a LVM que solicitará nuevas testimoniales, indagatorias e incluso la extradición del Rodolfo José “Ruso” Lohrman, sindicado líder de la banda que perpetró el secuestro de Schaerer y detenido en Portugal tras permanecer 14 años prófugo con pedido de captura internacional.

La punta Delvalle

A estos nuevos avances registrados en San Pedro del Paraná, hay que sumarle otro eslabón que podría ser clave.

En septiembre del año pasado, fue detenido en Edelira, a unos 100 kilómetros de Encarnación, Ricardo Ariel Delvalle Arriola (42), acusado de un intento de secuestro perpetrado contra Juan Schaerer en Asunción en 2003 e investigado en su momento por el posterior rapto de su hijo Christian.

Delvalle, que era líder de la banda de Los Marihuaneros y tenía vínculos con Lohrman, fue detenido en 2006 junto a dos hermanos, Antonio y Arnaldo, e incluso extraditado a Argentina para comparecer ante las autoridades correntinas que investigaban el caso Schaerer, aunque luego todos fueron desvinculados por falta de pruebas.

En esa línea, para Núñez, este hombre puede ser un eslabón clave en la causa recientemente iniciada.

“Es una arista que se une a la serie de elementos que se tienen para análisis. Hay que tener en cuenta que esta persona fue uno de los señalados captores de Christian”, dijo, aunque señaló que “en el proceso en Corrientes tengo entendido que fueron sobreseídos”.

“Ahora con este nuevo hecho, que no es secuestro y es homicidio doloso, no se puede hablar de doble juzgamiento, porque estamos hablando de dos hechos distintos y hace de que volvamos a analizar todo y nada obstaculiza que estas personas vuelvan a ser requeridas por las autoridades para responder con sus descargos. Esa una persona elemental para la causa y se la va a tener en cuenta. Se le va a dar la oportunidad de que brinde información”, culminó.

Ariel Delvalle fue detenido en septiembre del año pasado y podría volver a ser investigado.

El secuestro de Schaerer, paso a paso

La investigación sobre el secuestro reconstruyó que el joven fue interceptado el 23 de septiembre de 2003 mientras llegaba a su casa en la barrio Las Tejas de la capital correntina y desde allí fue llevado, primero a Saladas, a unos 110 kilómetros de allí, y luego a Paso de los Libres.

En esa ciudad permaneció unos quince días hasta que sus captores lo cruzaron por el río Uruguay hasta la localidad brasileña de Uruguayana, donde permaneció otras dos semanas cautivo en distintos inmuebles.

En octubre de 2003 y, presuntamente desde territorio brasileño, se tuvo la última señal de vida de Schaerer. Fue una grabación enviada a su madre y a su hermano donde el muchacho, entre otras cosas, decía: “Estoy todo destruido, estoy todo quebrado, todo lastimado, todo ensangrentado. Estoy sin comer, estoy sin tomar agua; si no pagan, en pocos días me voy a morir”.

El 6 de noviembre, siguiendo las instrucciones de los secuestrados, la madre de Schaerer, Pompeya Gómez, viajó a Encarnación y luego a Ciudad del Este, donde la hicieron recoger varias postas con indicaciones hasta dejar los 277.000 dólares del rescate en el lugar elegido. Sin embargo, el joven nunca fue liberado.

El recorrido de Schaerer en cautiverio con pruebas fehacientes se pierde allí, en Paso de los Libres. Se estima que, después de Uruguayana, el joven volvió a ser cruzado a territorio argentino, pero desde ese punto no se pudo volver a reconstruir a ciencia cierta sus próximos destinos.

En los últimos años, tras las capturas de Lhorman y Maidana en Europa, se reactivaron operativos de búsqueda en esa zona, labores que incluyeron el dragado de un arroyo afluente del río Uruguay y excavaciones, pero no hubo resultados.

El caso Schaerer se transformó en el secuestro extorsivo más extenso en la historia del país.

Schaerer fue secuestrado en Corrientes en 2003 y hasta ahora permanece como desaparecido.

La “pista misionera” y su conexión con Paraguay

Fue a mediados de 2004, en tanto, que en la causa apareció la denominada “pista misionera”, la cual indicaba que, después de Paso de los Libres, Schaerer fue alojado en una casa quinta de Garupá y en un aserradero de Santa Ana.

Esa pista se conecta, a su vez, con la banda de Los Marihuaneros, ya que una hipótesis indica que desde Misiones el joven correntino fue cruzado a Paraguay, donde quedó en manos de la banda liderada por los hermanos Delvalle, donde uno de ellos, Ariel, ya había estado involucrado en el intento de secuestro de Schaerer padre.

En contra de Ariel -detenido en septiembre pasado- hasta hubo un testimonio que lo vinculaba directamente con Schaerer hijo. Fue su ex esposa, quien luego del doble homicidio de sus padres también acusó a Delvalle de haber tenido cautivo al muchacho correntino en distintas viviendas de Edelira. En esos lugares hubo allanamientos y recorridas en las que participó el padre del chico desaparecido.

En 2017, Juan Schaerer recordó sobre esa recorrida: “Yo estuve muy cerca de recuperarlo y no me voy a perdonar no haber dado el paso necesario para eso. Entre todos los operativos que realizamos con la Policía paraguaya y la fiscalía antisecuestro de Paraguay, estuvo uno en donde estuvimos en un lugar, frente a la toma de agua de la Pape­lera Misiones, donde había tres casas (…) en dos de ellas encontramos a parte de la banda y logramos obtener información respecto a las últimas horas de Cristian, pero la tercera casa estaba toda cerrada y tapiada y uno de los integrantes del grupo dijo que estaba abandonada, por eso no la revisamos”.

Juicios en Corrientes

La investigación sobre lo que se pudo reconstruir del secuestro en Corrientes derivó en dos juicios orales.

En el primero de ellos, realizado en 2007, fueron condenados el misionero Néstor Horacio Barzuck (25 años de prisión), el abogado Ángel Barbieri, quien habría prestado información de la víctima y logística a la banda (25 años) y Yudith Alvarenga (8 años).

En 2009 se celebró el segundo juicio, el cual culminó con varias absoluciones, pero el fallo fue revisado y en 2013 la Cámara Federal de Casación Penal, Sala III, decidió condenar a Carro Córdoba y a Raúl “Caniche” Salgán a 25 años de prisión.

También recibieron condena Gonzalo “Paragüita” Acosta (20 años), Miguel Ángel “El Patrón” Ramírez, ex sargento de la PFA que alertó de allanamientos a la banda de Paso de los Libres (18 años), los hermanos Sergio (fallecido en febrero) y Oscar Salgán, hijos de Caniche (17 años), María Esther Sudo (17 años), a su hijo, Jorge Sudo (11 años) y Cornelli Belén (12 años).

Sin embargo, en ninguno de los debates surgieron pistas que permitieran ubicar al muchacho desaparecido.

Cuando Lorhman y Maidana, líderes de la temible banda criminal que también se dedicaba a asaltos de bancos, cayeron en Europa en 2017, se encendió una última luz de esperanza, pero hasta el momento ninguno reveló información y para ser extraditados a la Argentina primero deben cumplir sus condenas por robos y asaltos en el viejo continente.

Judiciales

Caso Arredondo: acusados firmaron juicio abreviado por penas de 16 y 18 años

Publicado

el

arredondo juicio

El debate oral por el crimen del bonaerense Martín Arredondo (37), previsto para este jueves 4 de diciembre, fue suspendido debido a un acuerdo de juicio abreviado entre la fiscalía y los seis jóvenes imputados por el hecho, quienes admitieron su culpabilidad y aceptaron ser condenados a penas de 16 y 18 años.

Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la audiencia de visu donde los seis imputados dieron el consentimiento para avanzar en el convenio de juicio abreviado se realizó esta mañana, circunstancia que derivó en la suspensión de las audiencias de debate oral que habían sido programadas para la semana entrante ante el Tribunal Penal Uno de Posadas.

Las mismas fuentes señalaron que los imputados admitieron su participación en el hecho y aceptaron recibir condenas de entre 16 y 18 años como responsables del delito de “homicidio en ocasión de robo”, figura menos gravosa que la acusación de “homicidio doblemente calificado por el concurso premeditados de dos o más personas y criminis causae” con la que fueron procesados en etapa de instrucción y que preveía prisión perpetua.

Los imputados en esta causa son Brisa Torres (24), Oriana Saucedo (24), su hermano Alan William Saucedo (26), Elías Nahuel Trinidad (26), Miguel Ángel López (25) y Juan Alberto Barrios (22). 

Los tres primeros aceptaron una pena de 16 años de cárcel, mientras que la pena mayor recaerá contra Trinidad y López. Barrios, por su parte, era menor de edad al momento del hecho y por lo tanto será un juzgado correccional el que decida su sanción.

En representación del Ministerio Público Fiscal intervino la fiscal María Laura Álvarez, por subrogancia legal ante la licencia del fiscal Vladimir Glinka.

El acuerdo alcanzado entre las partes ahora deberá ser elevado al Tribunal Penal Uno, integrado por los magistrados Gustavo Bernie y Viviana Cukla, quienes deberán analizar el documento y en caso de no detectar irregularidades transformarán el acta en sentencia.

juicio arredondo

Pablo Martín Arredondo fue ultimado en su departamento sobre calle Bolívar de Posadas.

Golpeado y estrangulado

El crimen de Arredondo se descubrió el 23 de febrero de 2020, cuando los vecinos del departamento que alquilaba en un edificio sobre calle Colón, frente al colegio Roque González, alertaron sobre un olor putrefacto que provenía del lugar.

Al ingresar al inmueble, los efectivos policiales intervinientes se encontraron con el cadáver del bonaerense y la autopsia posterior determinó que fue golpeado y finalmente estrangulado con un cinto.

La investigación global estableció que el crimen se registró cuatro días antes, el 19 de febrero, en horas de la madrugada, cuando la víctima se reunió en su departamento junto a una de las jóvenes que aparentemente era su novia y un grupo de amigos de ellas.

En el lugar, se cree que Arredondo fue dopado con estupefacientes (ketamina) y que al departamento luego llegaron otros cómplices con la intención de sustraerle 300.000 pesos que el hombre tenía destinado a utilizar como parte de pago para la compra de un automóvil.

Mediante la revisión de cámaras de seguridad los investigadores pudieron reconstruir las últimas horas de la víctima y los últimos movimientos registrados en cercanías a su departamento, con lo cual fueron identificando uno a uno a los sospechosos.

Luego, la ciencia hizo el resto. En el marco de la causa constan pericias telefónicas que darían cuenta de comunicaciones entre los implicados planificando el hecho y rastros de ADN que ubican a al menos tres de los sospechosos en la escena del crimen.

El caso fue investigado por el Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, a cargo del magistrado Fernando Verón, quien en mayo de 2023 firmó el requerimiento de elevación a juicio del expediente, medida que meses después fue ratificada por la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores de la provincia.

Se reprogramó para el 4 de diciembre el juicio por el caso Arredondo

Seguir Leyendo

Judiciales

Acampe docente: condenan a Gurina y Sánchez por desobediencia y corte de calle

Publicado

el

condenas a Monica Gurina y Leandro Sanchez

Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.

Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.

Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.

Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.

La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.

“No hay derecho absoluto”

El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.

Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.

En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.

Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.

“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.

En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.

La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.

Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.

“Fue un hecho público y multitudinario”

En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.

En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).

“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.

Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.

También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.

En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.

Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.

La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.

 

Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”

Seguir Leyendo

Judiciales

La defensa pidió la absolución y hay cuarto intermedio hasta sentencia

Publicado

el

Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.

Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.

Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.

A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”

Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.

Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.

La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez

Seguir Leyendo
Publicidad

Lo más visto