Judiciales
Schaerer: abren por primera vez causa en Paraguay y realizan excavaciones
La tierra y los recuerdos vuelven a removerse en el caso Christian Schaerer. Nuevas excavaciones en búsqueda de sus restos se realizan desde esta mañana en Paraguay, donde por primera vez en casi dos décadas se abrió una causa penal para investigar el asesinato del joven correntino en suelo guaraní.
Los procedimientos con retroexcavadoras iniciados hoy en un descampado de San Pedro del Paraná, a unos 70 kilómetros de la vecina Encarnación, acapararon la atención de todos, pero detrás del operativo aparece una información trascendental.
Es que, por primera vez, el caso Schaerer será investigado formalmente en Paraguay, territorio que se supone -y cada vez con más fuerza- fue el último lugar en el que el joven estuvo con vida tras su largo derrotero en cautiverio.
De acuerdo a la información obtenida por La Voz de Misiones, el operativo de hoy se enmarca de una serie de diligencias ya iniciadas en el marco de una causa penal abierta en territorio paraguayo y que encabeza el fiscal Ever García, con colaboración de la abogada Noelia Núñez, en representación de la familia Schaerer, próxima a presentarse como querellante particular.
Según explicaron, este nuevo expediente no apuntará al secuestro del joven, hecho que ya fue investigado por la Justicia correntina, sino que irá más allá y buscará esclarecer el asesinato del muchacho.
“Cabe destacar que nunca se ha iniciado en Paraguay las investigaciones pertinentes para proseguir con la persecución de este hecho punible, porque si bien tenemos un secuestro en Argentina, en Paraguay ahora tenemos información preliminar de un homicidio doloso. Esto significa que tenemos un cuerpo, ahora tenemos que hallarlo y acá iniciamos este procedimiento”, detalló la letrada Núñez, en diálogo con LVM.
Que se abra una nueva causa es clave, teniendo en cuenta que significa el comienzo de una investigación, desde el punto cero, lo cual incluye la recepción de testimoniales, la realización de procedimientos y de pericias y la detención de posibles sospechosos.
A este punto se arribó mediante la aparición de un nuevo testigo -de identidad reservada-, quien a fines del año pasado aseguró tener información sobre Christian Schaerer. Al momento de declarar, afirmó que vio el momento exacto en el que el cadáver del joven correntino fue descartado en un bañado ubicado en cercanías al acceso a San Pedro del Paraná y a unos 8 kilómetros de la ruta principal.
El testimonio fue analizado y cotejado con toda la información previa que ya se tiene del caso y, en esa instancia, los investigadores constataron que los datos brindados coinciden con una testimonial tomada en 2006 en el marco de la pesquisa por el secuestro.
“Esta investigación del homicidio de Christian, posterior a su secuestro, surge con elementos que fueron rigurosamente analizados y fueron cotejados con una testimonial en el proceso que data del 2006, en donde otra testigo dice lo mismo que este testigo nuevo”, puntualizó la abogada de la familia Schaerer, y agregó: “Tal es así que tenemos un testigo ocular y otro que estuvo y tuvo conocimiento a través de información precisa porque estaba en medio de los que tenían en cautiverio al joven y logró escapar”.
“Estamos ante informaciones relevadoras que se encuadran exactamente con el hecho y hoy nos posicionan en este nuevo inicio de la investigación”, aseguró.
Fue en ese contexto que el fiscal García solicitó un allanamiento del lugar y la juez local dio lugar al pedido, lo cual derivó en los procedimientos iniciados hoy.

Las labores se realizan en un antiguo bañado ubicado cerca del acceso a San Pedro del Paraná.
Mapeo y preparación para excavar
Fue así que esta mañana arribó a la escena un comitiva integrada por funcionarios judiciales, efectivos del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional de Paraguay, operarios de retroexcavadoras y especialistas en geolocalización.
También estuvieron presentes Juan Schaerer, padre del joven desaparecido, la abogada Núñez y el testigo clave, que incluso se descompensó en un momento.
En primera instancia, se realizó un mapeo del lugar con dispositivos tecnológicos, pero las labores debieron ser suspendidas por las inclemencias del tiempo.
Por ello, los puntos señalados por el testigo fueron delimitados y allí las retroexcavadoras harán lo suyo cuando las condiciones lo permitan.
“Es importante que la ciudadanía sepa que estamos a 20 años del hecho buscando nuevamente poder concluir la investigación y que esto permita llegar a los responsables, porque más allá de encontrar el cuerpo, vamos a buscar llegar a los responsables de lo que le sucedió al joven”, profundizó Núnez.
“Acá hay una familia, una sociedad y dos países luchando por llegar a la verdad”, valoró la profesional, quien ya adelantó a LVM que solicitará nuevas testimoniales, indagatorias e incluso la extradición del Rodolfo José “Ruso” Lohrman, sindicado líder de la banda que perpetró el secuestro de Schaerer y detenido en Portugal tras permanecer 14 años prófugo con pedido de captura internacional.
La punta Delvalle
A estos nuevos avances registrados en San Pedro del Paraná, hay que sumarle otro eslabón que podría ser clave.
En septiembre del año pasado, fue detenido en Edelira, a unos 100 kilómetros de Encarnación, Ricardo Ariel Delvalle Arriola (42), acusado de un intento de secuestro perpetrado contra Juan Schaerer en Asunción en 2003 e investigado en su momento por el posterior rapto de su hijo Christian.
Delvalle, que era líder de la banda de Los Marihuaneros y tenía vínculos con Lohrman, fue detenido en 2006 junto a dos hermanos, Antonio y Arnaldo, e incluso extraditado a Argentina para comparecer ante las autoridades correntinas que investigaban el caso Schaerer, aunque luego todos fueron desvinculados por falta de pruebas.
En esa línea, para Núñez, este hombre puede ser un eslabón clave en la causa recientemente iniciada.
“Es una arista que se une a la serie de elementos que se tienen para análisis. Hay que tener en cuenta que esta persona fue uno de los señalados captores de Christian”, dijo, aunque señaló que “en el proceso en Corrientes tengo entendido que fueron sobreseídos”.
“Ahora con este nuevo hecho, que no es secuestro y es homicidio doloso, no se puede hablar de doble juzgamiento, porque estamos hablando de dos hechos distintos y hace de que volvamos a analizar todo y nada obstaculiza que estas personas vuelvan a ser requeridas por las autoridades para responder con sus descargos. Esa una persona elemental para la causa y se la va a tener en cuenta. Se le va a dar la oportunidad de que brinde información”, culminó.

Ariel Delvalle fue detenido en septiembre del año pasado y podría volver a ser investigado.
El secuestro de Schaerer, paso a paso
La investigación sobre el secuestro reconstruyó que el joven fue interceptado el 23 de septiembre de 2003 mientras llegaba a su casa en la barrio Las Tejas de la capital correntina y desde allí fue llevado, primero a Saladas, a unos 110 kilómetros de allí, y luego a Paso de los Libres.
En esa ciudad permaneció unos quince días hasta que sus captores lo cruzaron por el río Uruguay hasta la localidad brasileña de Uruguayana, donde permaneció otras dos semanas cautivo en distintos inmuebles.
En octubre de 2003 y, presuntamente desde territorio brasileño, se tuvo la última señal de vida de Schaerer. Fue una grabación enviada a su madre y a su hermano donde el muchacho, entre otras cosas, decía: “Estoy todo destruido, estoy todo quebrado, todo lastimado, todo ensangrentado. Estoy sin comer, estoy sin tomar agua; si no pagan, en pocos días me voy a morir”.
El 6 de noviembre, siguiendo las instrucciones de los secuestrados, la madre de Schaerer, Pompeya Gómez, viajó a Encarnación y luego a Ciudad del Este, donde la hicieron recoger varias postas con indicaciones hasta dejar los 277.000 dólares del rescate en el lugar elegido. Sin embargo, el joven nunca fue liberado.
El recorrido de Schaerer en cautiverio con pruebas fehacientes se pierde allí, en Paso de los Libres. Se estima que, después de Uruguayana, el joven volvió a ser cruzado a territorio argentino, pero desde ese punto no se pudo volver a reconstruir a ciencia cierta sus próximos destinos.
En los últimos años, tras las capturas de Lhorman y Maidana en Europa, se reactivaron operativos de búsqueda en esa zona, labores que incluyeron el dragado de un arroyo afluente del río Uruguay y excavaciones, pero no hubo resultados.
El caso Schaerer se transformó en el secuestro extorsivo más extenso en la historia del país.

Schaerer fue secuestrado en Corrientes en 2003 y hasta ahora permanece como desaparecido.
La “pista misionera” y su conexión con Paraguay
Fue a mediados de 2004, en tanto, que en la causa apareció la denominada “pista misionera”, la cual indicaba que, después de Paso de los Libres, Schaerer fue alojado en una casa quinta de Garupá y en un aserradero de Santa Ana.
Esa pista se conecta, a su vez, con la banda de Los Marihuaneros, ya que una hipótesis indica que desde Misiones el joven correntino fue cruzado a Paraguay, donde quedó en manos de la banda liderada por los hermanos Delvalle, donde uno de ellos, Ariel, ya había estado involucrado en el intento de secuestro de Schaerer padre.
En contra de Ariel -detenido en septiembre pasado- hasta hubo un testimonio que lo vinculaba directamente con Schaerer hijo. Fue su ex esposa, quien luego del doble homicidio de sus padres también acusó a Delvalle de haber tenido cautivo al muchacho correntino en distintas viviendas de Edelira. En esos lugares hubo allanamientos y recorridas en las que participó el padre del chico desaparecido.
En 2017, Juan Schaerer recordó sobre esa recorrida: “Yo estuve muy cerca de recuperarlo y no me voy a perdonar no haber dado el paso necesario para eso. Entre todos los operativos que realizamos con la Policía paraguaya y la fiscalía antisecuestro de Paraguay, estuvo uno en donde estuvimos en un lugar, frente a la toma de agua de la Papelera Misiones, donde había tres casas (…) en dos de ellas encontramos a parte de la banda y logramos obtener información respecto a las últimas horas de Cristian, pero la tercera casa estaba toda cerrada y tapiada y uno de los integrantes del grupo dijo que estaba abandonada, por eso no la revisamos”.
Juicios en Corrientes
La investigación sobre lo que se pudo reconstruir del secuestro en Corrientes derivó en dos juicios orales.
En el primero de ellos, realizado en 2007, fueron condenados el misionero Néstor Horacio Barzuck (25 años de prisión), el abogado Ángel Barbieri, quien habría prestado información de la víctima y logística a la banda (25 años) y Yudith Alvarenga (8 años).
En 2009 se celebró el segundo juicio, el cual culminó con varias absoluciones, pero el fallo fue revisado y en 2013 la Cámara Federal de Casación Penal, Sala III, decidió condenar a Carro Córdoba y a Raúl “Caniche” Salgán a 25 años de prisión.
También recibieron condena Gonzalo “Paragüita” Acosta (20 años), Miguel Ángel “El Patrón” Ramírez, ex sargento de la PFA que alertó de allanamientos a la banda de Paso de los Libres (18 años), los hermanos Sergio (fallecido en febrero) y Oscar Salgán, hijos de Caniche (17 años), María Esther Sudo (17 años), a su hijo, Jorge Sudo (11 años) y Cornelli Belén (12 años).
Sin embargo, en ninguno de los debates surgieron pistas que permitieran ubicar al muchacho desaparecido.
Cuando Lorhman y Maidana, líderes de la temible banda criminal que también se dedicaba a asaltos de bancos, cayeron en Europa en 2017, se encendió una última luz de esperanza, pero hasta el momento ninguno reveló información y para ser extraditados a la Argentina primero deben cumplir sus condenas por robos y asaltos en el viejo continente.
Judiciales
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Crisis económica, lucha colectiva y derecho a protesta fueron las palabras que más se repitieron esta mañana en el inicio del juicio oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez, acusados de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte” durante el acampe realizado entre mayo y junio de 2024 en reclamo por una recomposición salarial.
La audiencia comenzó minutos después de las 8.30, pero ambos imputados estuvieron desde temprano en las escalinatas del Palacio de Justicia, donde recibieron el apoyo de un centenar de trabajadores de la educación, militantes sociales y dirigentes políticos que montaron una vigilia en la vereda del edificio emblema del Poder Judicial misionero.
Tanto Gurina como Sánchez tomaron el micrófono y ante la muchedumbre repitieron las palabras que luego utilizarían como defensa ante la jueza Correccional y de Menores Uno Marcela Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargado de impartir justicia en esta causa.
Previo a prestar declaración indagatoria, los docentes y gremialistas oyeron el auto de elevación a juicio, documento donde se asienta la carga probatoria y la hipótesis acusatoria que oportunamente fue formulada por la fiscal de Instrucción Siete de Posadas, Patricia Clerici.

Mónica Gurina en el ingreso al Palacio de Justicia.
La acusación
De acuerdo al documento, los hechos imputados contra los dos acusados ocurrieron entre el 1 y el 4 de junio del año pasado, cuando en desobediencia a una orden de desalojo firmada por el juez Ricardo Balor continuaron con el acampe docente instalado sobre la avenida Uruguay, metros antes del campamento policial montado frente al Comando Radioeléctrico Uno, obstaculizando así el tránsito sobre esa arteria.
Para la fiscal Clerici los docentes enjuiciados tenían “poder en la protesta”, “condicionaron el acatamiento de la orden judicial vigente” y “utilizaron su ascendencia sobre los docentes para continuar obstruyendo el tránsito”.
En ese marco, la hipótesis acusatoria sostiene que Gurina y Sánchez “provocaron dolosamente el entorpecimiento del tránsito desobedeciendo una orden judicial” y “no hay elemento jurídico que justifique su accionar”.
Culminada la lectura del auto de elevación a juicio, la fiscal del debate, María Laura Álvarez, solicitó incorporar como testigo al gerente de Tipoka para que detalle los perjuicios sufridos por la empresa de transporte durante los días en que ocurrieron los hechos investigados, aunque la jueza Leiva rechazó la solicitud.
Colectivo y asambleario
Siendo las 9.45, finalmente llegó el momento de los enjuiciados. La primera en declarar fue Mónica Gurina, que conforme a los pasos procesales debió presentarse ante la jueza antes de brindar su descargo.
“Es extraño estar acá y no el aula con tizas en la mano”, expresó Gurina, de 62 años, maestra de grado, dirigente sindical de CTA Autónoma y candidata opositora en varias elecciones.
Gurina sostuvo que la escalada del conflicto comenzó en octubre de 2023, cuando el acuerdo paritario que consignaba aumentos conforme a la inflación “dejó de cumplirse” y contextualizó que “en marzo de 2024 arrancamos el ciclo lectivo con 13% de aumento frente a una inflación acumulada de 115%”.
La docente luego se defendió de las acusaciones. Señaló que la decisión del acampe sobre la avenida Uruguay fue “colectivo, asambleario y en pos del conjunto del sistema educativo”, al tiempo que lanzó: “El derecho a la protesta no es un delito”.

El debate es dirigido por un tribunal unipersonal presidido por la jueza Correccional y de Menores Marcela Leiva.
Ajuste de Milei
En mismo sentido declaró Leandro Sánchez, de 55 años y oriundo de Entre Ríos, aunque hace más de dos décadas que trabaja como docente en Panambí, sobre la costa del río Uruguay.
Sánchez ahondó en el clima social que imperaba por aquellos meses de protesta multisectorial en Misiones, con epicentro en Posadas. “Estamos convencidos de que lo que nos llevó a la calle fue el contexto socioeconómico. Esto no fue resultado de nuestras acciones, sino el ajuste macroeconómico del gobierno de Milei”, dijo y enumeró tres factores condicionantes: la devaluación del 13 de diciembre de 2023, los tarifazos y la caída de subsidios.
Sánchez también hizo mención a la eliminación del FONID y consideró que “a la situación nacional la provincia sumó condimentos como la falta de respuestas y la corrupción en el CGE”.
Sobre las acusaciones, postuló que “fue la Policía la que nos invitó al acampe y la asamblea votó que viniéramos. No lo decidimos solo nosotros dos, este conflicto es colectivo. Nosotros hacemos asambleas en las plazas, en las rutas, en las escuelas, decidimos todo a la vista de todos, no a escondidas. Practicamos la democracia”.
“Tengo la sensación de que nos van a condenar y van a condenar la protesta social. Van a dar el argumento jurídico para llenar de maestros las cárceles porque nosotros vamos a seguir en las calles para defender la educación. Pienso que nos van a condenar, pero sé que la historia nos absolverá”, cerró, casi entre lágrimas y ante aplausos del público, entre los que habían dirigentes políticos y sociales de talla nacional como el ex diputado y presidente de Unidad Popular Claudio Lozano y el secretario general de ATE Rodolfo Aguiar.

Leandro Sánchez junto a Graciela Franzen, presa política en la dictadura y militante por los derechos humanos.
Mañana alegatos y sentencia
La audiencia no culminó allí porque la defensa de los docentes, encabezada por los abogados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, solicitó incorporar como testigos a los maestros Estela Genesini y Carlos Lezcano, lo cual no tuvo objeción por parte de la fiscalía.
Los dos testigos hicieron hincapié en la crisis salarial que afrontaba el sector como el principal motivo de protesta y sostuvieron que todas las medidas de fuerza llevadas adelante fueron decididas en asamblea. “Nosotros no tenemos un líder, somos todos rebeldes, opinamos, debatimos y después decidimos por mayoría”, dijo Lezcano.
Lo último de la jornada fue la intervención de Marta Maffei, docente, ex legisladora y referente de la Carpa Blanca en la década de los 90. La mujer expuso ante el tribunal a pedido de la defensa y en carácter de amicus curiae (amigos del tribunal).
Maffei hizo un repaso de los derechos conquistados a partir de manifestaciones sociales, reivindicó la lucha colectiva y defendió el derecho a protesta. “Hay que poner por encima las demandas colectivas. No creo que sea un conflicto para el transporte hacer una cuadra de más”, resumió.
El debate continuará mañana, con las testimoniales pendientes, la ronda de alegatos y el dictado de la sentencia. El proceso durará menos de lo previsto, debido a la depuración de testigos realizada hoy por las partes, que desistieron de al menos una decena de las comparecencias originalmente acordadas.

Trabajadores de la educación montaron una vigilia fuera del Palacio de Justicia.
Gurina y Sánchez rechazaron una probation y este martes arranca el juicio
Judiciales
Comenzó el juicio oral contra los docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez
Vestidos de guardapolvo, los docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez se sentaron esta mañana en el banquillo de los acusados y comenzaron a ser juzgados por los delitos presuntamente cometidos durante el acampe y la protesta salarial realizada el año pasado en Posadas.
Los dirigentes sindicales están imputados por “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”.
Los docentes ingresaron al debate a las 8.30, acompañados por un grupo de trabajadores, gremialistas, referentes políticos y militantes sociales que prestan su apoyo.
Antes del inicio, ambos acusados ratificaron la decisión de rechazar la probation propuesta por la fiscal María Laura Álvarez.
El debate está a cargo del tribunal unipersonal presidido por la registrada Marcela Leiva, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Posadas.
Judiciales
Gurina y Sánchez rechazaron una probation y este martes arranca el juicio
Los docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez rechazaron una probation propuesta por la fiscalía y en consecuencia mañana iniciará tal como estaba previsto el juicio oral contra ambos dirigentes sindicales acusados por “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, cometidos durante las protestas salariales del año pasado en Posadas.
El inicio del debate oral está pautado para las 8 y el proceso se realizará en el SUM del Palacio de Justicia, escenario designado tras un pedido de la defensa para garantizar un mayor número de aforo.
Los docentes contarán con la defensa del letrado Eduardo Paredes y María Laura Alvarenga, mientras que la fiscalía estará representada por María Laura Álvarez, en tanto que el tribunal unipersonal encargado de impartir justicia estará presidido por la magistrada Marcela Leiva, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Posadas.
Fuentes consultadas por La Voz de Misiones señalaron que el jueves pasado la fiscal Álvarez elevó una propuesta de suspensión de juicio a prueba, más conocido como probation, donde ofrecía la realización de tareas comunitarias como alternativa para resolución del conflicto.
La medida no implicaba el reconocimiento de ningún delito ni contaba como condena, pero los imputados decidieron rechazar la propuesta y enfrentar las acusaciones en debate oral, donde las posibilidades se reducen a un fallo condenatorio o a una absolución.
“Esto no es una cuestión criminalizable, independientemente de que se haga este juicio, que me parece una torpeza. Aunque sean condenados ellos van a pelear hasta donde sea”, precisó Paredes a LVM.
Y argumentó que “esta una cuestión gremial, en el ámbito, en el contexto, de una licuación de salarios del año pasado, y por otra parte es asambleario, es decir, es una asamblea la que decide (las medidas de protesta), no ellos. Esto no es una brigada militar donde solo Gurina y Sánchez, deciden. Ellos son voceros, son los que llevan la voz de la asamblea”.
De esta manera, Gurina y Sánchez se sentarán mañana en el banquillo de los acusados. Primero oirán el auto de elevación a juicio del expediente formulado por la fiscal de Instrucción Siete Patricia Clerici y una vez abierto el debate tendrán la oportunidad de declarar.
Posteriormente se dará inicio a las testimoniales, etapa que se extenderá durante al menos una jornada más hasta la instancia de alegatos finales previo al dictado de sentencia.
Acompañamiento y defensa
Bajo el lema “la lucha por el salario no es delito”, gremios docentes, sindicatos, organizaciones de derechos humanos y agrupaciones políticas se convocaron para acompañar mañana a los enjuiciados desde las escalinatas del Palacio de Justicia, ubicado sobre avenida Santa Catalina de Posadas.
“La exigencia de absolución para Mónica y Leandro es un eje de acción que está presentes en todas las acciones llevadas adelante por el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha, conformado por un conjunto de organizaciones que nuclean a docentes en la provincia. También la Mesa de Unidad, que suma al MPL, sectores autoconvocados y algunas seccionales de ATE Misiones, han persistido en incorporar esa demanda a sus reclamos”, señalaron.
Los trabajadores de la educación fueron procesados por “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, delitos que presuntamente fueron cometidos en el marco del acampe docente realizado a mediados de 2024 sobre la avenida Uruguay para reclamar mejoras salariales.
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