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Schaerer: abren por primera vez causa en Paraguay y realizan excavaciones

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La tierra y los recuerdos vuelven a removerse en el caso Christian Schaerer. Nuevas excavaciones en búsqueda de sus restos se realizan desde esta mañana en Paraguay, donde por primera vez en casi dos décadas se abrió una causa penal para investigar el asesinato del joven correntino en suelo guaraní.

Los procedimientos con retroexcavadoras iniciados hoy en un descampado de San Pedro del Paraná, a unos 70 kilómetros de la vecina Encarnación, acapararon la atención de todos, pero detrás del operativo aparece una información trascendental.

Es que, por primera vez, el caso Schaerer será investigado formalmente en Paraguay, territorio que se supone -y cada vez con más fuerza- fue el último lugar en el que el joven estuvo con vida tras su largo derrotero en cautiverio.

De acuerdo a la información obtenida por La Voz de Misiones, el operativo de hoy se enmarca de una serie de diligencias ya iniciadas en el marco de una causa penal abierta en territorio paraguayo y que encabeza el fiscal Ever García, con colaboración de la abogada Noelia Núñez, en representación de la familia Schaerer, próxima a presentarse como querellante particular.

Según explicaron, este nuevo expediente no apuntará al secuestro del joven, hecho que ya fue investigado por la Justicia correntina, sino que irá más allá y buscará esclarecer el asesinato del muchacho.

“Cabe destacar que nunca se ha iniciado en Paraguay las investigaciones pertinentes para proseguir con la persecución de este hecho punible, porque si bien tenemos un secuestro en Argentina, en Paraguay ahora tenemos información preliminar de un homicidio doloso. Esto significa que tenemos un cuerpo, ahora tenemos que hallarlo y acá iniciamos este procedimiento”, detalló la letrada Núñez, en diálogo con LVM.

Que se abra una nueva causa es clave, teniendo en cuenta que significa el comienzo de una investigación, desde el punto cero, lo cual incluye la recepción de testimoniales, la realización de procedimientos y de pericias y la detención de posibles sospechosos.

A este punto se arribó mediante la aparición de un nuevo testigo -de identidad reservada-, quien a fines del año pasado aseguró tener información sobre Christian Schaerer. Al momento de declarar, afirmó que vio el momento exacto en el que el cadáver del joven correntino fue descartado en un bañado ubicado en cercanías al acceso a San Pedro del Paraná y a unos 8 kilómetros de la ruta principal.

El testimonio fue analizado y cotejado con toda la información previa que ya se tiene del caso y, en esa instancia, los investigadores constataron que los datos brindados coinciden con una testimonial tomada en 2006 en el marco de la pesquisa por el secuestro.

“Esta investigación del homicidio de Christian, posterior a su secuestro, surge con elementos que fueron rigurosamente analizados y fueron cotejados con una testimonial en el proceso que data del 2006, en donde otra testigo dice lo mismo que este testigo nuevo”, puntualizó la abogada de la familia Schaerer, y agregó: “Tal es así que tenemos un testigo ocular y otro que estuvo y tuvo conocimiento a través de información precisa porque estaba en medio de los que tenían en cautiverio al joven y logró escapar”.

“Estamos ante informaciones relevadoras que se encuadran exactamente con el hecho y hoy nos posicionan en este nuevo inicio de la investigación”, aseguró.

Fue en ese contexto que el fiscal García solicitó un allanamiento del lugar y la juez local dio lugar al pedido, lo cual derivó en los procedimientos iniciados hoy.

Las labores se realizan en un antiguo bañado ubicado cerca del acceso a San Pedro del Paraná.

Mapeo y preparación para excavar

Fue así que esta mañana arribó a la escena un comitiva integrada por funcionarios judiciales, efectivos del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional de Paraguay, operarios de retroexcavadoras y especialistas en geolocalización.

También estuvieron presentes Juan Schaerer, padre del joven desaparecido, la abogada Núñez y el testigo clave, que incluso se descompensó en un momento.

En primera instancia, se realizó un mapeo del lugar con dispositivos tecnológicos, pero las labores debieron ser suspendidas por las inclemencias del tiempo.

Por ello, los puntos señalados por el testigo fueron delimitados y allí las retroexcavadoras harán lo suyo cuando las condiciones lo permitan.

“Es importante que la ciudadanía sepa que estamos a 20 años del hecho buscando nuevamente poder concluir la investigación y que esto permita llegar a los responsables, porque más allá de encontrar el cuerpo, vamos a buscar llegar a los responsables de lo que le sucedió al joven”, profundizó Núnez.

“Acá hay una familia, una sociedad y dos países luchando por llegar a la verdad”, valoró la profesional, quien ya adelantó a LVM que solicitará nuevas testimoniales, indagatorias e incluso la extradición del Rodolfo José “Ruso” Lohrman, sindicado líder de la banda que perpetró el secuestro de Schaerer y detenido en Portugal tras permanecer 14 años prófugo con pedido de captura internacional.

La punta Delvalle

A estos nuevos avances registrados en San Pedro del Paraná, hay que sumarle otro eslabón que podría ser clave.

En septiembre del año pasado, fue detenido en Edelira, a unos 100 kilómetros de Encarnación, Ricardo Ariel Delvalle Arriola (42), acusado de un intento de secuestro perpetrado contra Juan Schaerer en Asunción en 2003 e investigado en su momento por el posterior rapto de su hijo Christian.

Delvalle, que era líder de la banda de Los Marihuaneros y tenía vínculos con Lohrman, fue detenido en 2006 junto a dos hermanos, Antonio y Arnaldo, e incluso extraditado a Argentina para comparecer ante las autoridades correntinas que investigaban el caso Schaerer, aunque luego todos fueron desvinculados por falta de pruebas.

En esa línea, para Núñez, este hombre puede ser un eslabón clave en la causa recientemente iniciada.

“Es una arista que se une a la serie de elementos que se tienen para análisis. Hay que tener en cuenta que esta persona fue uno de los señalados captores de Christian”, dijo, aunque señaló que “en el proceso en Corrientes tengo entendido que fueron sobreseídos”.

“Ahora con este nuevo hecho, que no es secuestro y es homicidio doloso, no se puede hablar de doble juzgamiento, porque estamos hablando de dos hechos distintos y hace de que volvamos a analizar todo y nada obstaculiza que estas personas vuelvan a ser requeridas por las autoridades para responder con sus descargos. Esa una persona elemental para la causa y se la va a tener en cuenta. Se le va a dar la oportunidad de que brinde información”, culminó.

Ariel Delvalle fue detenido en septiembre del año pasado y podría volver a ser investigado.

El secuestro de Schaerer, paso a paso

La investigación sobre el secuestro reconstruyó que el joven fue interceptado el 23 de septiembre de 2003 mientras llegaba a su casa en la barrio Las Tejas de la capital correntina y desde allí fue llevado, primero a Saladas, a unos 110 kilómetros de allí, y luego a Paso de los Libres.

En esa ciudad permaneció unos quince días hasta que sus captores lo cruzaron por el río Uruguay hasta la localidad brasileña de Uruguayana, donde permaneció otras dos semanas cautivo en distintos inmuebles.

En octubre de 2003 y, presuntamente desde territorio brasileño, se tuvo la última señal de vida de Schaerer. Fue una grabación enviada a su madre y a su hermano donde el muchacho, entre otras cosas, decía: “Estoy todo destruido, estoy todo quebrado, todo lastimado, todo ensangrentado. Estoy sin comer, estoy sin tomar agua; si no pagan, en pocos días me voy a morir”.

El 6 de noviembre, siguiendo las instrucciones de los secuestrados, la madre de Schaerer, Pompeya Gómez, viajó a Encarnación y luego a Ciudad del Este, donde la hicieron recoger varias postas con indicaciones hasta dejar los 277.000 dólares del rescate en el lugar elegido. Sin embargo, el joven nunca fue liberado.

El recorrido de Schaerer en cautiverio con pruebas fehacientes se pierde allí, en Paso de los Libres. Se estima que, después de Uruguayana, el joven volvió a ser cruzado a territorio argentino, pero desde ese punto no se pudo volver a reconstruir a ciencia cierta sus próximos destinos.

En los últimos años, tras las capturas de Lhorman y Maidana en Europa, se reactivaron operativos de búsqueda en esa zona, labores que incluyeron el dragado de un arroyo afluente del río Uruguay y excavaciones, pero no hubo resultados.

El caso Schaerer se transformó en el secuestro extorsivo más extenso en la historia del país.

Schaerer fue secuestrado en Corrientes en 2003 y hasta ahora permanece como desaparecido.

La “pista misionera” y su conexión con Paraguay

Fue a mediados de 2004, en tanto, que en la causa apareció la denominada “pista misionera”, la cual indicaba que, después de Paso de los Libres, Schaerer fue alojado en una casa quinta de Garupá y en un aserradero de Santa Ana.

Esa pista se conecta, a su vez, con la banda de Los Marihuaneros, ya que una hipótesis indica que desde Misiones el joven correntino fue cruzado a Paraguay, donde quedó en manos de la banda liderada por los hermanos Delvalle, donde uno de ellos, Ariel, ya había estado involucrado en el intento de secuestro de Schaerer padre.

En contra de Ariel -detenido en septiembre pasado- hasta hubo un testimonio que lo vinculaba directamente con Schaerer hijo. Fue su ex esposa, quien luego del doble homicidio de sus padres también acusó a Delvalle de haber tenido cautivo al muchacho correntino en distintas viviendas de Edelira. En esos lugares hubo allanamientos y recorridas en las que participó el padre del chico desaparecido.

En 2017, Juan Schaerer recordó sobre esa recorrida: “Yo estuve muy cerca de recuperarlo y no me voy a perdonar no haber dado el paso necesario para eso. Entre todos los operativos que realizamos con la Policía paraguaya y la fiscalía antisecuestro de Paraguay, estuvo uno en donde estuvimos en un lugar, frente a la toma de agua de la Pape­lera Misiones, donde había tres casas (…) en dos de ellas encontramos a parte de la banda y logramos obtener información respecto a las últimas horas de Cristian, pero la tercera casa estaba toda cerrada y tapiada y uno de los integrantes del grupo dijo que estaba abandonada, por eso no la revisamos”.

Juicios en Corrientes

La investigación sobre lo que se pudo reconstruir del secuestro en Corrientes derivó en dos juicios orales.

En el primero de ellos, realizado en 2007, fueron condenados el misionero Néstor Horacio Barzuck (25 años de prisión), el abogado Ángel Barbieri, quien habría prestado información de la víctima y logística a la banda (25 años) y Yudith Alvarenga (8 años).

En 2009 se celebró el segundo juicio, el cual culminó con varias absoluciones, pero el fallo fue revisado y en 2013 la Cámara Federal de Casación Penal, Sala III, decidió condenar a Carro Córdoba y a Raúl “Caniche” Salgán a 25 años de prisión.

También recibieron condena Gonzalo “Paragüita” Acosta (20 años), Miguel Ángel “El Patrón” Ramírez, ex sargento de la PFA que alertó de allanamientos a la banda de Paso de los Libres (18 años), los hermanos Sergio (fallecido en febrero) y Oscar Salgán, hijos de Caniche (17 años), María Esther Sudo (17 años), a su hijo, Jorge Sudo (11 años) y Cornelli Belén (12 años).

Sin embargo, en ninguno de los debates surgieron pistas que permitieran ubicar al muchacho desaparecido.

Cuando Lorhman y Maidana, líderes de la temible banda criminal que también se dedicaba a asaltos de bancos, cayeron en Europa en 2017, se encendió una última luz de esperanza, pero hasta el momento ninguno reveló información y para ser extraditados a la Argentina primero deben cumplir sus condenas por robos y asaltos en el viejo continente.

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Imputaron por homicidio al médico que apuñaló a un gitano en Oberá

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La Justicia imputó por “homicidio” al médico Ernesto Omar Ramp (55), ex director del hospital de Aristóbulo del Valle, detenido desde el 26 de diciembre por apuñalar durante una pelea a un gitano cuyo fallecimiento se produjo cinco días después.

El profesional de la salud fue trasladado hoy hacia el Juzgado de Instrucción Dos de Oberá, a cargo del magistrado Horacio Alarcón, donde fue notificado del agravamiento de la acusación en su contra y posteriormente volvió a ser trasladado a una celda de la comisaría Segunda, donde permanece privado de su libertad.

Con el cambio de carátula, la situación de Ramp se ve más que comprometida, dado que la imputación por homicidio prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión en caso de ser declarado culpable en un futuro debate oral.

Pelea y muerte

El hecho de violencia se registró el pasado 26 de diciembre, sobre calle Apóstoles Norte al 158, en Oberá, donde Ramp llegó para reclamar una deuda y mantuvo una discusión con Marco y dos de sus hijos, conflicto que acabó con la víctima trasladado de urgencia al hospital Samic, desde donde fue derivado a Posadas debido a su complejo cuadro de salud.

Según detallaron las fuentes, la herida le ocasionó a Marco perforación de pulmón y a pesar de los esfuerzos médicos perdió la vida en la mañana del 31 de diciembre, mientras seguía hospitalizado en Posadas.

Tras el hecho, en redes sociales se registraron múltiples comentarios a favor de Ramp, donde además aseguran que la versión del detenido apunta que él fue atacado en primera instancia y las agresiones se dieron en un acto de defensa.

En paralelo, allegados al médico también iniciaron una junta de firmas para solicitar la liberación del médico que en 2023 fue candidato a intendente de Aristóbulo del Valle.

Murió el gitano apuñalado durante una discusión con el médico Ernesto Ramp

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Grooming en Garupá: el padre de una las niñas se constituyó como querellante

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El padre de una de las niñas que escapó del hogar Papa Francisco de Garupá y terminó cautiva en una fábrica abandonada se constituyó como querellante particular en la causa que investiga por grooming y otros delitos a cuatro sospechosos, entre ellos un efectivo de la Policía misionera.

El requerimiento formal fue presentado ante el Juzgado de Instrucción Uno de Posadas y la solicitud fue aceptada por el magistrado Fernando Verón, en carácter subrogante legal de dicha dependencia judicial.

De esta manera, el padre de una de las víctimas, a través del abogado Roberto Oscar Oudin como querellante, podrá ser parte activa del proceso, participando de las audiencias, ofreciendo pruebas, solicitando medidas y emitiendo opinión en planteos defensivos y/o resoluciones del magistrado interviniente.

La causa continúa en trámite y tiene cuatro sospechosos imputados por “grooming”, aunque hasta el momento no se dictó prisión preventiva para ninguno. Ellos son Pedro G. (37), Eugenio A. (63), Samuel N. (63) y el policía Cristian Rolando M.(38).

Inicialmente hubo otros detenidos, el gomero Matías C. (19) y otro policía identificado como Mario Enrique M. (48), aunque ambos fueron excarcelados y aunque continúan supeditados a la causa sus respectivas defensas avanzan en los pedidos de sobreseimiento.

La hipótesis del caso es que una de las niñas del hogar Papa Francisco fue contactada por Instagram por un adulto que se hizo pasar por menor de edad y la convenció de escaparse para ir a dormir a otro lugar.

La invitación se extendió hacia otra menor, quienes finalmente lograron fugarse del hogar a pesar de la custodia y de esa forma cayeron en la trampa que, se presume, tenía fines de abuso y explotación sexual en el predio abandonado y sórdido descubierto ese 14 de octubre pasado.

Las pistas condujeron la pesquisa hacia el predio de la ex firma Envasadora Misionera en Ñu Porá, arrestaron a tres de los sospechosos y también encontraron a la niña que estaba desaparecida.

La menor estaba semidormida -se investiga si era producto de algún somnífero o estupefaciente- sobre una cama, tapada con una manta y en compañía de uno de los implicados, describieron las fuentes consultadas en su momento.

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Piden jury contra la jueza que condenó a Mónica Gurina y Leandro Sánchez

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El diputado provincial del Partido Agrario y Social (PAyS), Cristian Castro, presentó este viernes un pedido de jury contra la jueza en lo Correccional y de Menores N° 1, Marcela Alejandra Leiva, por la condena a prisión en suspenso para los sindicalistas docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez por desobediencia judicial y entorpecimiento del transporte, durante el acampe docente de 2024 que bloqueó la avenida Uruguay, de Posadas.

En la nota dirigida a la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Misiones, Rosanna Venchiarutti Sartori, Castro esgrime el artículo 7 de la Ley VIII Nº 5 y denuncia a Leiva por “mal desempeño en sus funciones”, “ignorancia inexcusable del derecho” y “arbitrariedad manifiesta”.

En el tercer punto del escrito, el diputado del PAyS solicita que se admita formalmente su denuncia, conforme lo establecido en el artículo 158 de la Constitución provincial, que establece que cualquier habitante puede acusar a magistrados ante el Jurado de Enjuiciamiento; y pide que “se disponga la apertura del procedimiento”, “se notifique a la magistrada denunciada”, “se sustancie el proceso conforme a la normativa vigente”, y “se dicte, al finalizar el proceso, la destitución de la magistrada denunciada”.

Al cierre de esta nota, el legislador agrario comentó a LVM que pasado el mediodía recibió una comunicación de la oficina de Venchiarutti Sartori para que comparezca personalmente el martes 23 próximo, a las 9:00 horas, a ratificar la denuncia contra Leiva, en el quinto piso del Palacio de Justicia.

Irregularidades

Según señala el diputado del PAyS, la actuación de Leiva en la causa contra Gurina y Sánchez “presenta un conjunto de irregularidades graves que justifican su análisis por parte del Jurado de Enjuiciamiento”.

Castro le achaca a la jueza en su nota, “deficiencias en la valoración de la prueba”, “valoración fragmentaria”, “omisión selectiva del material probatorio de elementos favorables a la defensa”, “utilización de presunciones no autorizadas por la sana crítica racional”, “falta de imparcialidad funcional” y “afectación del principio de inocencia”.

“Existen elementos del proceso que permiten sostener, prima facie, la existencia de un sesgo en la conducción del proceso, orientado hacia la convalidación de hipótesis acusatorias sin debida revisión crítica”, asegura.

“Se advierten razonamientos incompatibles con los estándares constitucionales de certeza que deben de regir toda sentencia condenatoria”, sostiene el legislador y señala que Leiva vulneró el artículo 18 de la Constitución Nacional, el 158 de la Constitución Provincial, y la doctrina del denominado ‘Fallo Casal’, de 2005, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que amplió las facultades del recurso de casación, fortaleciendo las garantías del imputado frente a la condena y alineando la jurisprudencia argentina con estándares internacionales.

Castro afirma que, por todo esto, la sentencia de Leiva contra Gurina y Sánchez “revela, con especial claridad, un patrón de razonamiento incompatible con los estándares constitucionales y convencionales vigentes en materia de protesta social, responsabilidad penal individual y principio de legalidad”.

Referentes

El diputado del PAyS sostiene que, en el fallo de Leiva, “se verifica una utilización extensiva y arbitraria del derecho penal, fundada exclusivamente en la condición de referentes gremiales de los imputados”.

“La magistrada da por acreditada la autoría penal no a partir de actos concretos, individualizados y probados, sino por la supuesta ‘visibilidad pública’ y liderazgo sindical de Gurina y Sánchez”, sostiene el legislador y advierte que “tal razonamiento importa una grave vulneración del principio de culpabilidad por el hecho, sustituyéndolo por una forma inadmisible de responsabilidad por el rol o la identidad, expresamente prohibida por el derecho penal constitucional”.

“Este criterio ha sido severamente cuestionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha advertido que los Estados suelen utilizar a referentes sociales y sindicales como ‘casos testigo’ para emitir mensajes aleccionadores hacia el conjunto de quienes ejercen el derecho a la protesta, generando un efecto intimidatorio o disuasivo incompatible con una sociedad democrática”, afirma Castro y asegura que la sentencia contra los docentes “se inscribe de lleno en ese patrón de criminalización selectiva”.

“En segundo término, la resolución judicial desconoce la naturaleza política y colectiva de los hechos juzgados, omitiendo un análisis riguroso del elemento subjetivo de los tipos penales aplicados”, señala el legislador en su escrito contra Leiva.

“En contextos de protesta social, el dolo no puede presumirse ni inferirse mecánicamente de la mera permanencia en el lugar de los hechos o del carácter prolongado de la manifestación”, expresa.

“La intención de los docentes fue, de manera inequívoca, visibilizar reclamos salariales y laborales frente a la ausencia de respuestas estatales, y no entorpecer el transporte ni desobedecer la autoridad judicial como finalidad autónoma”, argumenta Castro.

“La magistrada omite ponderar que la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido que las restricciones al derecho de reunión y de protesta deben ser excepcionales, estar previstas por ley, perseguir un fin legítimo y superar un estricto test de necesidad y proporcionalidad”, manifiesta.

El diputado del PAyS opina que la sentencia de Leiva contra Gurina y Sánchez “otorga preeminencia automática al derecho a circular por sobre el derecho a la protesta, desconociendo que este último constituye uno de los pilares del sistema democrático”.

Desobedientes

En otra parte del escrito, Castro se refiere a la valoración que hizo la jueza del delito de desobediencia judicial que se le imputaba a Gurina y Sánchez, y sostiene que tal imputación se construyó a partir de “la condición de referentes” de los docentes procesados, “asumiendo que la orden era ‘exigible’ a ellos”.

El diputado del PAyS sostiene, además, “inconducentes desde el punto de vista jurídico”, las referencias que hace la resolución judicial de Leiva sobre “supuestos perjuicios comerciales o molestias derivadas del humo”, que “no fueron debidamente acreditados” y que son “consideraciones ajenas al bien jurídico protegido por el art. 194 del Código Penal”.

“En síntesis, la condena de Gurina y Sánchez constituye un caso paradigmático de criminalización de la protesta social, con afectación directa de derechos constitucionales y convencionales, y revela un desempeño judicial que, prima facie, encuadra en las causales de mal desempeño, ignorancia inexcusable del derecho y arbitrariedad manifiesta, habilitando la intervención del Jurado de Enjuiciamiento”, señala el legislador en su nota y reafirma: “Dichas irregularidades constituyen una pauta objetiva de mal desempeño y deberán ser examinadas por el Jurado en su conjunto”.

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