Judiciales
Schaerer: abren por primera vez causa en Paraguay y realizan excavaciones
La tierra y los recuerdos vuelven a removerse en el caso Christian Schaerer. Nuevas excavaciones en búsqueda de sus restos se realizan desde esta mañana en Paraguay, donde por primera vez en casi dos décadas se abrió una causa penal para investigar el asesinato del joven correntino en suelo guaraní.
Los procedimientos con retroexcavadoras iniciados hoy en un descampado de San Pedro del Paraná, a unos 70 kilómetros de la vecina Encarnación, acapararon la atención de todos, pero detrás del operativo aparece una información trascendental.
Es que, por primera vez, el caso Schaerer será investigado formalmente en Paraguay, territorio que se supone -y cada vez con más fuerza- fue el último lugar en el que el joven estuvo con vida tras su largo derrotero en cautiverio.
De acuerdo a la información obtenida por La Voz de Misiones, el operativo de hoy se enmarca de una serie de diligencias ya iniciadas en el marco de una causa penal abierta en territorio paraguayo y que encabeza el fiscal Ever García, con colaboración de la abogada Noelia Núñez, en representación de la familia Schaerer, próxima a presentarse como querellante particular.
Según explicaron, este nuevo expediente no apuntará al secuestro del joven, hecho que ya fue investigado por la Justicia correntina, sino que irá más allá y buscará esclarecer el asesinato del muchacho.
“Cabe destacar que nunca se ha iniciado en Paraguay las investigaciones pertinentes para proseguir con la persecución de este hecho punible, porque si bien tenemos un secuestro en Argentina, en Paraguay ahora tenemos información preliminar de un homicidio doloso. Esto significa que tenemos un cuerpo, ahora tenemos que hallarlo y acá iniciamos este procedimiento”, detalló la letrada Núñez, en diálogo con LVM.
Que se abra una nueva causa es clave, teniendo en cuenta que significa el comienzo de una investigación, desde el punto cero, lo cual incluye la recepción de testimoniales, la realización de procedimientos y de pericias y la detención de posibles sospechosos.
A este punto se arribó mediante la aparición de un nuevo testigo -de identidad reservada-, quien a fines del año pasado aseguró tener información sobre Christian Schaerer. Al momento de declarar, afirmó que vio el momento exacto en el que el cadáver del joven correntino fue descartado en un bañado ubicado en cercanías al acceso a San Pedro del Paraná y a unos 8 kilómetros de la ruta principal.
El testimonio fue analizado y cotejado con toda la información previa que ya se tiene del caso y, en esa instancia, los investigadores constataron que los datos brindados coinciden con una testimonial tomada en 2006 en el marco de la pesquisa por el secuestro.
“Esta investigación del homicidio de Christian, posterior a su secuestro, surge con elementos que fueron rigurosamente analizados y fueron cotejados con una testimonial en el proceso que data del 2006, en donde otra testigo dice lo mismo que este testigo nuevo”, puntualizó la abogada de la familia Schaerer, y agregó: “Tal es así que tenemos un testigo ocular y otro que estuvo y tuvo conocimiento a través de información precisa porque estaba en medio de los que tenían en cautiverio al joven y logró escapar”.
“Estamos ante informaciones relevadoras que se encuadran exactamente con el hecho y hoy nos posicionan en este nuevo inicio de la investigación”, aseguró.
Fue en ese contexto que el fiscal García solicitó un allanamiento del lugar y la juez local dio lugar al pedido, lo cual derivó en los procedimientos iniciados hoy.

Las labores se realizan en un antiguo bañado ubicado cerca del acceso a San Pedro del Paraná.
Mapeo y preparación para excavar
Fue así que esta mañana arribó a la escena un comitiva integrada por funcionarios judiciales, efectivos del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional de Paraguay, operarios de retroexcavadoras y especialistas en geolocalización.
También estuvieron presentes Juan Schaerer, padre del joven desaparecido, la abogada Núñez y el testigo clave, que incluso se descompensó en un momento.
En primera instancia, se realizó un mapeo del lugar con dispositivos tecnológicos, pero las labores debieron ser suspendidas por las inclemencias del tiempo.
Por ello, los puntos señalados por el testigo fueron delimitados y allí las retroexcavadoras harán lo suyo cuando las condiciones lo permitan.
“Es importante que la ciudadanía sepa que estamos a 20 años del hecho buscando nuevamente poder concluir la investigación y que esto permita llegar a los responsables, porque más allá de encontrar el cuerpo, vamos a buscar llegar a los responsables de lo que le sucedió al joven”, profundizó Núnez.
“Acá hay una familia, una sociedad y dos países luchando por llegar a la verdad”, valoró la profesional, quien ya adelantó a LVM que solicitará nuevas testimoniales, indagatorias e incluso la extradición del Rodolfo José “Ruso” Lohrman, sindicado líder de la banda que perpetró el secuestro de Schaerer y detenido en Portugal tras permanecer 14 años prófugo con pedido de captura internacional.
La punta Delvalle
A estos nuevos avances registrados en San Pedro del Paraná, hay que sumarle otro eslabón que podría ser clave.
En septiembre del año pasado, fue detenido en Edelira, a unos 100 kilómetros de Encarnación, Ricardo Ariel Delvalle Arriola (42), acusado de un intento de secuestro perpetrado contra Juan Schaerer en Asunción en 2003 e investigado en su momento por el posterior rapto de su hijo Christian.
Delvalle, que era líder de la banda de Los Marihuaneros y tenía vínculos con Lohrman, fue detenido en 2006 junto a dos hermanos, Antonio y Arnaldo, e incluso extraditado a Argentina para comparecer ante las autoridades correntinas que investigaban el caso Schaerer, aunque luego todos fueron desvinculados por falta de pruebas.
En esa línea, para Núñez, este hombre puede ser un eslabón clave en la causa recientemente iniciada.
“Es una arista que se une a la serie de elementos que se tienen para análisis. Hay que tener en cuenta que esta persona fue uno de los señalados captores de Christian”, dijo, aunque señaló que “en el proceso en Corrientes tengo entendido que fueron sobreseídos”.
“Ahora con este nuevo hecho, que no es secuestro y es homicidio doloso, no se puede hablar de doble juzgamiento, porque estamos hablando de dos hechos distintos y hace de que volvamos a analizar todo y nada obstaculiza que estas personas vuelvan a ser requeridas por las autoridades para responder con sus descargos. Esa una persona elemental para la causa y se la va a tener en cuenta. Se le va a dar la oportunidad de que brinde información”, culminó.

Ariel Delvalle fue detenido en septiembre del año pasado y podría volver a ser investigado.
El secuestro de Schaerer, paso a paso
La investigación sobre el secuestro reconstruyó que el joven fue interceptado el 23 de septiembre de 2003 mientras llegaba a su casa en la barrio Las Tejas de la capital correntina y desde allí fue llevado, primero a Saladas, a unos 110 kilómetros de allí, y luego a Paso de los Libres.
En esa ciudad permaneció unos quince días hasta que sus captores lo cruzaron por el río Uruguay hasta la localidad brasileña de Uruguayana, donde permaneció otras dos semanas cautivo en distintos inmuebles.
En octubre de 2003 y, presuntamente desde territorio brasileño, se tuvo la última señal de vida de Schaerer. Fue una grabación enviada a su madre y a su hermano donde el muchacho, entre otras cosas, decía: “Estoy todo destruido, estoy todo quebrado, todo lastimado, todo ensangrentado. Estoy sin comer, estoy sin tomar agua; si no pagan, en pocos días me voy a morir”.
El 6 de noviembre, siguiendo las instrucciones de los secuestrados, la madre de Schaerer, Pompeya Gómez, viajó a Encarnación y luego a Ciudad del Este, donde la hicieron recoger varias postas con indicaciones hasta dejar los 277.000 dólares del rescate en el lugar elegido. Sin embargo, el joven nunca fue liberado.
El recorrido de Schaerer en cautiverio con pruebas fehacientes se pierde allí, en Paso de los Libres. Se estima que, después de Uruguayana, el joven volvió a ser cruzado a territorio argentino, pero desde ese punto no se pudo volver a reconstruir a ciencia cierta sus próximos destinos.
En los últimos años, tras las capturas de Lhorman y Maidana en Europa, se reactivaron operativos de búsqueda en esa zona, labores que incluyeron el dragado de un arroyo afluente del río Uruguay y excavaciones, pero no hubo resultados.
El caso Schaerer se transformó en el secuestro extorsivo más extenso en la historia del país.

Schaerer fue secuestrado en Corrientes en 2003 y hasta ahora permanece como desaparecido.
La “pista misionera” y su conexión con Paraguay
Fue a mediados de 2004, en tanto, que en la causa apareció la denominada “pista misionera”, la cual indicaba que, después de Paso de los Libres, Schaerer fue alojado en una casa quinta de Garupá y en un aserradero de Santa Ana.
Esa pista se conecta, a su vez, con la banda de Los Marihuaneros, ya que una hipótesis indica que desde Misiones el joven correntino fue cruzado a Paraguay, donde quedó en manos de la banda liderada por los hermanos Delvalle, donde uno de ellos, Ariel, ya había estado involucrado en el intento de secuestro de Schaerer padre.
En contra de Ariel -detenido en septiembre pasado- hasta hubo un testimonio que lo vinculaba directamente con Schaerer hijo. Fue su ex esposa, quien luego del doble homicidio de sus padres también acusó a Delvalle de haber tenido cautivo al muchacho correntino en distintas viviendas de Edelira. En esos lugares hubo allanamientos y recorridas en las que participó el padre del chico desaparecido.
En 2017, Juan Schaerer recordó sobre esa recorrida: “Yo estuve muy cerca de recuperarlo y no me voy a perdonar no haber dado el paso necesario para eso. Entre todos los operativos que realizamos con la Policía paraguaya y la fiscalía antisecuestro de Paraguay, estuvo uno en donde estuvimos en un lugar, frente a la toma de agua de la Papelera Misiones, donde había tres casas (…) en dos de ellas encontramos a parte de la banda y logramos obtener información respecto a las últimas horas de Cristian, pero la tercera casa estaba toda cerrada y tapiada y uno de los integrantes del grupo dijo que estaba abandonada, por eso no la revisamos”.
Juicios en Corrientes
La investigación sobre lo que se pudo reconstruir del secuestro en Corrientes derivó en dos juicios orales.
En el primero de ellos, realizado en 2007, fueron condenados el misionero Néstor Horacio Barzuck (25 años de prisión), el abogado Ángel Barbieri, quien habría prestado información de la víctima y logística a la banda (25 años) y Yudith Alvarenga (8 años).
En 2009 se celebró el segundo juicio, el cual culminó con varias absoluciones, pero el fallo fue revisado y en 2013 la Cámara Federal de Casación Penal, Sala III, decidió condenar a Carro Córdoba y a Raúl “Caniche” Salgán a 25 años de prisión.
También recibieron condena Gonzalo “Paragüita” Acosta (20 años), Miguel Ángel “El Patrón” Ramírez, ex sargento de la PFA que alertó de allanamientos a la banda de Paso de los Libres (18 años), los hermanos Sergio (fallecido en febrero) y Oscar Salgán, hijos de Caniche (17 años), María Esther Sudo (17 años), a su hijo, Jorge Sudo (11 años) y Cornelli Belén (12 años).
Sin embargo, en ninguno de los debates surgieron pistas que permitieran ubicar al muchacho desaparecido.
Cuando Lorhman y Maidana, líderes de la temible banda criminal que también se dedicaba a asaltos de bancos, cayeron en Europa en 2017, se encendió una última luz de esperanza, pero hasta el momento ninguno reveló información y para ser extraditados a la Argentina primero deben cumplir sus condenas por robos y asaltos en el viejo continente.
Judiciales
Acusado de abuso fue absuelto en 2022 y ahora condenado a 12 años de cárcel
Tras la anulación del fallo que dispuso su absolución por el beneficio de la duda en 2022, el Tribunal Penal Uno de Posadas realizó un nuevo debate oral contra el hijo de una ex funcionaria provincial acusado de abusos sexuales en perjuicio de una hija menor de edad y esta tarde lo condenó a una pena de 12 años de prisión efectiva.
La nueva sentencia fue dictada esta tarde, después de una extensa jornada de alegatos y después de varias audiencias de debate que incluyeron sucesivos cambios de defensa e incluso registró un faltazo del imputado, que luego argumentó haberse internado en una clínica de salud mental pero terminó siendo detenido.
El implicado se trata de J. R. G. -hijo de una ex funcionaria del Iprodha- quien en 2013 fue denunciado por abusos contra una hija de 5 años en ese entonces, causa que en 2022 llegó a debate oral y resultó absuelto por el beneficio de la duda, aunque ese fallo, dictado por los magistrados Viviana Cukla, Ángel Dejesús Cardozo y Juan Manuel Monte (subrogante), fue anulado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) al entender que hubo una errónea valoración de la prueba.
De esta manera, se ordenó la realización de un nuevo proceso oral que arrancó semanas atrás frente a un tribunal integrado por los magistrados Gustavo Bernie, Juan Carlos Sosa y Miguel Mattos, ambos subrogantes.
El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Vladimir Glinka, en tanto que como querellante particular volvió a participar el letrado Hugo Zapana, quienes hoy coincidieron al solicitar una pena de 16 años de prisión para el implicado.
Al comienzo del debate el imputado contó con la defensa de Eduardo Paredes, Mauricio Vergara y Florencia Romero, aunque uno a uno fueron renunciando, lo que derivó en demoras en la continuidad del proceso.
Finalmente, este martes el imputado -su identidad completa no se revela para no revictimizar a la víctima- contó con el patrocinio del defensor oficial Mario Ramírez y del abogado particular Federico Tilli, quienes insistieron en absolución del imputado o en forma subsidiaria solicitaron una pena de 3 años de prisión en suspenso por abuso simple.
Después de una larga deliberación, los jueces decidieron condenar a Ramos a la pena de 12 años de prisión efectiva como penalmente responsable del delito de “abuso sexual gravemente ultrajante calificado por el vínculo, dos hechos, en concurso real”.
El ahora condenado continuará privado de su libertad en una celda de la comisaría Cuarta de Posadas, hasta tanto el mismo tribunal analice un pedido de prisión domiciliaria solicitada por la defensa. Los fundamentos de la nueva sentencia se conocerán el 26 de marzo.
El STJ anuló sentencia que absolvió a imputado por abuso en Posadas
Judiciales
Muerte en edificio posadeño: detenido negó haber lanzado al vacío a la víctima
El expediente que investiga la muerte de Marcelo Ojeda Krejzezúk (31), registrada el viernes a la madrugada tras su caída desde el tercer piso de un edificio sobre la calle Gómez Portiño de Posadas, avanzó este lunes con la indagatoria al único detenido que tiene la causa, Marcos Andrés Á. (27), quien negó la acusación por homicidio que pesa en su contra y planteó la posibilidad de que la víctima se haya suicidado luego de la pelea mantenida en el departamento.
La audiencia de declaración indagatoria se concretó esta mañana, una vez que el magistrado Fernando Verón, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas por subrogancia legal, recibiera el sumario del caso y el informe de autopsia, examen que concluyó que la muerte de Ojeda fue consecuencia de un “politraumatismo craneal”, lesión compatible con el impacto del cuerpo contra el suelo.
La declaración del implicado se dio una vez formalizada la designación de Víctor Luciano Gómez como abogado defensor particular y su testimonio se extendió durante más de dos horas.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, ante el juez Verón y ante la fiscal Amalia Spinatto -conectada por Zoom-, Marcos brindó un pormenorizado relato de los sucesos ocurridos antes, durante y después del hecho que se investiga.

El detenido fue encontrado malherido y ensangrentado a cinco cuadras del lugar.
Bar, pelea y muerte
En ese marco, señaló que jueves a la noche asistió junto a Ojeda a un bar pub del microcentro posadeño, donde permaneció hasta las 2 del viernes, cuando decidieron regresar al departamento en el que convivían hace varios meses, dado que la víctima vino desde Esquina, Corrientes, para buscar trabajo y asentarse en Posadas.
Junto a ellos estuvo unos minutos un tercer joven que después dejó el inmueble y allí se desató el conflicto entre los involucrados, quienes mantenían una relación de confianza debido a que Marcos es ahijado del padre de Ojeda.
En su indagatoria, el detenido aseguró que en determinado momento decidió acostarse y Ojeda pretendió hacerlo junto a él, pero Marcos se negó y esa situación dio inicio a un enfrentamiento.
“Yo ahí dije ‘me voy’, pero él me atacó y después agarró un cuchillo con el que me hizo un corte. Yo ahí empecé a defenderme y al intentar sacarle el cuchillo los dos nos lastimamos también”, fue parte de su declaración.
En esas circunstancias -amplió el Marcos-, Ojeda se resbaló producto de la sangre desparramada en el piso y quedó tendido en el piso, situación que él aprovechó para retirarse del departamento en busca de ayuda.

Marcelo Ojeda tenía 31 años y era oriundo de Esquina, Corrientes.
El imputado sostuvo que recién se enteró de la muerte de su “primo” una vez trasladado a la comisaría, luego de que la Policía lo encontrara malherido, ensangrentado y en shock en el skate park de la costanera, a unas cinco cuadras del departamento ubicado en Gómez Portiño, casi Urquiza.
Ante las preguntas de las partes, el joven negó haber lanzando o empujado accidentalmente durante la pelea a la víctima por el balcón. A su entender, hipotetizó que quizás Ojeda pudo arrojarse por decisión propia.
Culminada la audiencia, el juez Verón imputó al muchacho por homicidio simple -que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión- y dispuso que continué privado de su libertad, aunque en paralelo la defensa presentó un pedido de excarcelación que ahora debe ser analizado por las partes.
Mientras tanto, el proceso continúa con la toma de testimoniales y se aguarda el resultado de las pericias científicas realizadas en la escena del hecho, principalmente en los estudios tendientes a determinar a quién corresponden las manchas de sangre detectadas en la baranda de la ventana balcón del departamento.
Judiciales
Fallo judicial ordena a Muni de Eldorado a informar sobre acuerdo con ETCE
Un fallo judicial hizo lugar parcialmente a una acción de amparo por acceso a la información pública presentada contra la Municipalidad de Eldorado y ordenó al Ejecutivo, a cargo del intendente Rodrigo “Pipo” Durán, a completar datos vinculados al servicio de transporte urbano de pasajeros.
La demanda fue presentada por los abogados José Luis Fuentes y María Mercedes Galeano, quienes solicitaron que el municipio entregue de manera completa y gratuita información relacionada con el sistema de transporte urbano en la ciudad, respaldándose en el derecho de acceso a la información pública reconocido por la Constitución Nacional, la Constitución de Misiones y la Ley IV N.º 58.
Según consta en el fallo del Juzgado Civil y Comercial Uno de la Tercera Circunscripción Judicial de Misiones, al que accedió La Voz de Misiones, los demandantes realizaron un pedido administrativo ante la Municipalidad de Eldorado el 2 de octubre de 2025. El municipio respondió el 20 del mismo mes mediante correo electrónico, aunque Fuentes y Galeano consideraron que la información brindada era parcial.
Concretamente, los letrados solicitan que la comuna informe sobre lo ocurrido con la empresa ETCE durante el paro total del servicio de transporte en la ciudad, que se produjo sin previo aviso y paralizó completamente la movilidad de los vecinos el 1 de octubre. En ese contexto, un día después el Ejecutivo firmó con la prestataria un acuerdo de reconocimiento de deuda por 1.400 millones de pesos, que luego fue validado por el Concejo Deliberante. Los demandantes buscan conocer los pormenores de esa decisión, según señalaron en un comunicado.
Respuesta de la Muni
La Municipalidad de Eldorado se presentó en el expediente a través de sus apoderados legales, contestó la demanda y solicitó su rechazo, negó en términos generales los hechos planteados por los demandantes, aportó documentación como prueba y dejó planteada la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En la causa también intervino el Ministerio Público Fiscal de Misiones, que en su dictamen consideró que la acción no sería procedente, al entender que los demandantes contaban con otras vías administrativas para realizar el reclamo. El organismo participó en el proceso en su rol de defensor del patrimonio del fisco.
El fallo
Al analizar el caso, el juzgado interviniente entendió que la vía del amparo resultaba formalmente procedente y que el derecho de acceso a la información pública constituye una herramienta para el control ciudadano de la gestión estatal. El fallo también señaló que los organismos públicos tienen la “obligación de facilitar el acceso a la información disponible o indicar el lugar donde puede ser consultada”.
Tras evaluar la documentación incorporada al expediente, el tribunal concluyó que el municipio respondió dentro de un plazo razonable, pero que la información entregada no cubría todos los puntos solicitados ni indicaba en dónde podía accederse a los datos faltantes.
Asimismo, la Justicia precisó además que el derecho de acceso a la información pública se “limita a la información existente en poder del Estado” y no obliga a la administración a generar documentos nuevos o elaborar informes especiales que no formen parte de sus registros.
Con ese contexto, la sentencia resolvió hacer lugar parcialmente al amparo de Fuentes y Galeano y ordenó a la Municipalidad de Eldorado que, en un plazo de diez días, entregue la información solicitada o indique de forma clara la dependencia u oficina donde se encuentre disponible para su consulta.
“Este fallo pone un límite muy claro a la opacidad del poder político. No se puede dejar a una ciudad entera sin transporte y al día siguiente reconocer una deuda de más de 1.400 millones de pesos sin que la sociedad sepa cómo se calculó, de dónde surge, qué se pagó, qué se condonó y qué expediente respalda todo eso. Si al concesionario se le termina pagando una suma que equivale a más de un millón de dólares, la ciudadanía tiene derecho a conocer hasta el último papel de esa decisión”, apuntó el abogado José Luis Fuentes tras conocerse la decisión de la Justicia misionera.
La Voz de Misiones consultó al Ejecutivo municipal sobre el fallo y una fuente señaló que la Municipalidad “respondió en su momento el pedido de información solicitado por los demandantes”. En ese sentido, indicó que, en cumplimiento de la resolución judicial, “se completará o se indicará el acceso a la documentación existente”.
Además, la misma fuente sostuvo que “desde el día uno sostuvimos que la gestión pública debe ser transparente, pero también responsable en el uso de los recursos administrativos”.
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