Policiales
Rescatan a más misioneros esclavizados en Brasil: la captadora cayó en Posadas
Otros nueve misioneros fueron rescatados de un campo de Brasil donde eran víctimas de explotación laboral tras denuncias radicadas a la Línea 145 y la investigación realizada por la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) derivó en la detención en Posadas de una mujer que presuntamente oficiaba como “captadora”.
Según detallaron fuentes de la fuerza federal, el caso comenzó a ser investigado el último viernes a partir de tres denuncias efectuadas a la Línea 145 de Protex -dependiente del ministerio de Justicia de la Nación- y en el hecho intervino el personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales y el Centro Internacional de Análisis del Delito Complejo en la Triple Frontera, unidad recientemente inaugurada.
En sus llamados, los denunciantes alertaban sobre un grupo de misioneros que habían viajado para trabajar en un campo ubicado en el municipio brasileño de Urubici, en el estado de Santa Catarina, a unos 600 kilómetros de la frontera con Argentina, pero las promesas laborales al poco tiempo fueron incumplidas, residiendo en el lugar en condiciones deplorables y siendo sometidos a explotación laboral.
Con los datos recolectados, el personal interviniente entró en contacto con la Policía Federal brasileña, que en poco tiempo logró ubicar el predio y acudir al lugar para rescatar a las víctimas, quienes actualmente se encuentran alojadas en un hotel, a la espera de regresar a Misiones.
Pero las labores no culminaron allí, dado que los pesquisas obtuvieron pistas que sobre posibles responsables de la maniobra de trata en Posadas y ayer ejecutaron tres allanamientos.
Según informaron, el operativo culminó con la detención de una mujer, quien fue apuntada como la responsable de captar y trasladar a las víctimas hacia Brasil bajo la promesa de un trabajo bien remunerado.
En el lugar los uniformados secuestraron seis teléfonos celulares, tres notebooks, cuadernos con anotaciones, dispositivos de almacenamiento masivo y dinero en efectivo. Todo será sometido a pericias y el expediente quedó en manos del Juzgado Federal de Posadas, a cargo de la magistrada Verónica Skanata.
Además de GNA, en el caso también intervinieron efectivos de la Policía de Misiones, del Comando Tripartito y de la Policía de Brasil, como así también Protex, la Cancillería argentina, el consulado argentino en Florianópolis, la Red de Fiscales de Iberoamérica y la Secretaría de Investigación del Ministerio Público de Brasil, entre otros organismos.
In vino veritas
De esta manera, ya son más de 30 misioneros rescatados de campos brasileños donde eran sometidos a condiciones de explotación laboral.
El primer procedimiento se dio el viernes en el municipio de Sao Marcos, unos 300 kilómetros al sur de Urubici.
En ese lugar, en el marco del operativo “In vino veritas”, uniformados de diversas fuerzas brasileñas rescataron a un total de 22 misioneros que habían viajado para trabajar en la cosecha de uva pero las promesas fueron incumplidas.
Los agentes intervinientes constataron que los argentinos fueron ubicados en una casilla en condiciones deplorables, sin agua potable y sin recibir los pagos prometidos. Las víctimas tienen entre 16 y 61 años.
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó penas de 1 año y 10 meses de prisión, respectivamente, para los docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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