Policiales
Postergaron por cuarta vez la indagatoria a fiscal federal investigado
A cuatro días de la última fecha fijada para que finalmente se concrete la ya dilatada audiencia de declaración indagatoria al fiscal Rubén González Glaría, investigado hace un año por una multiplicidad de delitos, el procedimiento judicial volvió a ser postergado tras un planteo efectuado por el nuevo abogado defensor del implicado, que se trata de, ni más ni menos, que de Maximiliano Rusconi, letrado que entre sus clientes tiene a Lázaro Báez, Julio De Vido y Diego Lagomarsino.
El reconocido letrado porteño y ex fiscal general de la Procuración General de la Nación asumió la defensa de González Glaría a fines de abril, escasos días antes del 2 de mayo, que era la fecha establecida para la indagatoria al imputado luego de que una junta médica confirmara que se encuentra en condiciones de afrontar el procedimiento.
Debido al cambio de abogado defensor, el magistrado José Luis Casals, titular por subrogancia del Juzgado Federal de Posadas, dispuso postergar la indagatoria al 16 de mayo, pero tampoco será así y la nueva citación quedó establecida para el próximo 7 de junio.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones en base a altas fuentes consultadas, la nueva postergación fue solicitada por Rusconi, quien alegó haber tenido poco tiempo para analizar en profundidad el “voluminoso” y “complejo” expediente para poder elaborar una estrategia defensiva.
También expuso que el cuadro de salud de su cliente dificulta “posibilidades de reunión” con él para coordinar el trabajo defensivo y planteó que el 16 de mayo tiene audiencia de debate en el Tribunal Oral Federal N°2 de Ciudad de Buenos Aires, lo cual le impediría estar presente en el acto de indagatoria a González Glaría.
Ante ello, el letrado defensor solicitó dejar sin efecto el llamado a indagatoria previsto para el lunes y planteó fijar una nueva fecha dentro de un plazo no menor a 30 días.
El pedido fue analizado por el juez Casals, quien ayer resolvió suspender la indagatoria “de manera excepcional y por última vez”, fijando como nueva fecha para la concreción del acto procesal el 7 de junio. La misma se realizará bajo la modalidad remota, es decir, a través de un soporte de videollamada.
Además, advirtieron que, en caso de que ese día Rusconi vuelva a tener audiencia de debate en Buenos Aires, podrá designar un abogado co-defensor para que éste participe de la indagatoria al fiscal investigado.
En su resolución, Casals advirtió de la dilación que conlleva el proceso y puso en relieve la proximidad de una fecha en la que González Glaría tendría programada una intervención quirúrgica, por lo cual consideró “imperante la realización del acto procesal”.
La investigación
La investigación contra el fiscal que ocupa el mayor cargo jerárquico del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) en Misiones, comenzó en abril de 2021 y ese año tuvo otras dos citaciones a indagatoria (en octubre y noviembre), aunque ambas audiencias fueron suspendidas ante la presentación de certificados médicos que diagnosticaban un cuadro de “trastorno depresivo” en el implicado.
Fue después de ello que el fiscal Pablo Turano, fiscal de la Procuración General de la Nación que impulsa la investigación, solicitó que una junta médica evalúe al funcionario denunciado para determinar si efectivamente ese diagnóstico le impide afrontar la indagatoria o si, simplemente, se trata de una estrategia para dilatar el proceso.
Ese pedido fue cumplido por el juez Casals y la pericia médica se llevó adelante el último 9 de marzo.
Los profesionales del Cuerpo Médico Forense de la Cámara Federal de Apelaciones, con un perito de parte solicitado por Turano, concluyeron que González Glaría, de 67 años y cursando un tratamiento oncológico, se encuentra en condiciones de afrontar la medida, aunque aclararon que la misma debe ser realizada teniendo en cuenta los cuidados y consideraciones pertinentes para un paciente de sus características.
El pedido de junta médica fue apelado por la anterior defensa del imputado, aunque el planteo fue rechazado por la Cámara Federal de Apelaciones y, en consecuencia, Casals fijó para el 2 de mayo el tercer llamado a indagatoria. Lo sucedido a partir de ahí, ya es conocido y ahora se espera la quinta citación del 7 de junio para concretar el dilatado procedimiento judicial.
La investigación contra el jefe de los fiscales federales de la provincia comenzó en abril de 2021 y las denuncias van desde solicitar una parte del sueldo a empleados judiciales y de usar vehículos oficiales de manera particular, hasta emitir resoluciones irregulares para beneficiar a cercanos.
En febrero, el fiscal apuntado rompió el silencio con La Voz de Misiones y se defendió de cada una de las acusaciones, afirmando que todo se trata de una conspiración en su contra con el objetivo de quedarse con su cargo.
“A mí me nombran en 1993 y la primera denuncia de que no soy intachable fue en el año 2018 o 2019. Con la cantidad de años y expedientes que pasaron, nunca jamás nadie me acusó ni de que lo miré feo y, de golpe y porrazo, aparecen todas estas denuncias”, sostuvo, entre otras cuestiones, en esa exclusiva entrevista a este medio.
Durante todo este tiempo, el fiscal investigado continúo cumpliendo funciones normalmente y una suspensión recién podría ser analizada después de un posible procesamiento, tal lo establecido tras las denuncias y escándalos que involucran a otros funcionarios judiciales del país, como el caso de Carlos Stornelli en Buenos Aires, entre otros.
Sin embargo, para que el procesamiento ocurra, primero el fiscal Turano debe completar la audiencia de declaración indagatoria y ese paso clave es el que se viene postergando una y otra vez.
Una joven de 21 años falleció y otro de 25 resultó gravemente herido esta madrugada en el despiste de un automóvil sobre la ruta nacional 12, a la altura de Colonia Mbopicuá, en Puerto Rico.
La fallecida se trata de una joven identificada como Gimena Daniela Cuba (21), quien viajaba como acompañante en un automóvil Volkswagen Gol Trend que era conducido por Nicolás C. (25).
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el vehículo circulaba en sentido Posadas-Puerto Iguazú hasta que, por causas que se intentan establecer, despistó hacia la banquina e impactó contra un árbol.
El siniestro ocurrió minutos antes de las 6 y en el lugar debieron intervenir bomberos voluntarios que procedieron a extraer a los ocupantes del rodado, instancia en la que constataron que la acompañante ya no tenía signos vitales.
El conductor, por su parte, fue rescatado con vida y fue internado de urgencia. Estaba inconsciente, con politraumatismos, hematomas y excoriaciones en diferentes partes del cuerpo.
La Policía Científica trabajó en el lugar para realizar las pericias de rigor, en tanto que el juzgado interviniente dispuso la entrega del cuerpo a sus familiares. Los restos de Cuba serán velados a partir de las 15.30 de hoy en la funeraria La Paz de Puerto Rico.
Hechos idénticos, mismo acusado y diferentes víctimas. Todo lo que un niño de 12 años denunció haber sufrido a manos de un comerciante del Mercado Concentrador de Posadas también lo padeció otro menor en 2016, causa por la cual el implicado admitió su culpabilidad y cumplió años en prisión.
Sí. Roberto Ramón Pereira (57), el hombre detenido el último jueves acusado de violar y filmar los vejámenes a un niño de 12 años al que había ofrecido trabajo, registra una condena por otros delitos de idénticas características.
El caso que cuenta como antecedente se descubrió en marzo de 2016, cuando Pereira fue detenido por abusos perpetrados contra un adolescente de 13 años al que le había ofrecido enseñarle el oficio de herrería en un domicilio en cercanías de la avenida Santa Cruz.
El contacto con el menor había iniciado casi un año antes, pero con el correr de los días empezó a abusar de él y, no solo eso, sino que también grabó las agresiones sexuales y esas imágenes luego fueron utilizadas para extorsionar y amenazar a la víctima a cambio de que no denuncia, accionar idéntico al denunciado esta semana por un niño de 12 años.
Por esa causa Pereira quedó proceso, fue sometido a proceso y en 2018 evitó ir a debate oral al admitir su culpabilidad mediante un acuerdo de juicio abreviado en el que aceptó ser condenado a seis años de prisión por los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, tres hechos en concurso real”. El acta fue homologada y transformada en sentencia por el Tribunal Penal Dos de Posadas.
Nuevo caso, nueva víctima, mismos hechos
Ahora el mismo sujeto se encuentra detenido por un hecho de idénticas características y en perjuicio de otro menor de edad que relató haber sufrido los mismos hechos.
Pereira fue detenido el jueves pasado en el vivero que atendía en el Mercado Concentrador de Posadas y ahora aguarda ser indagado por el Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos.
Su detención se dio después de que un niño de 12 años le revelara a un primo los abusos que estaba padeciendo. El menor contó que el hombre luego lo llevaba a su casa sobre calle Soria, casi Santa Cruz, donde supuestamente le iba a enseñar a “arreglar sillones”, pero terminó abusando de él y filmando los vejámenes.
En diálogo con La Voz de Misiones, la madre del niño relató que al momento de revelar los sucesos el hijo contó que Pereira además le mostraba videos suyos con otros chicos.
“Además de grabarle, después que abusaba de él le mostraba videos suyos con otros chicos. Le decía que le gustan los chicos mayores de 10 años. Así que hay más víctimas y por eso cuando vinimos a buscarlo queríamos recuperar si o si el celular, ahí está toda la evidencia”, contó.
El domicilio del sospechoso fue allanado el viernes a la tarde y en el lugar los investigadores incautaron aparatos telefónicos, un pen drive, un disco rígido y bajo la almohada de su cama hallaron un sugestivo elemento que podría ser clave: un ajo con un papel escrito con el nombre de un menor de edad.
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Una carga de 190 kilogramos de marihuana, valuados en más de 700 millones de pesos, fue incautada este viernes por agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) en una zona de monte cercana al límite internacional con Brasil en la localidad de Bernardo de Irigoyen.
El procedimiento fue realizado por los integrantes de la Brigada de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de Puerto Iguazú, quienes realizaban patrullajes preventivos en un camino terrado, aunque nada fue fortuito ya que previamente en ese mismo lugar se habían observado movimientos sospechosos a partir de una recorrida aérea con drone controlado por el personal de la División Video y Comunicaciones Aeronáuticas de la misma fuerza federal.
En el sobrevuelo, los agentes advirtieron movimientos sospechosos entre la vegetación y alcanzaron a divisar dos individuos que al notar la presencia policial se internaron en el monte y lograron evadir el cerco.
Los uniformados avanzaron entonces en un rastrillaje por la zona que finalmente dio con una carga de 200 panes de marihuana ocultos entre la vegetación. Lo incautado ascendió a los 190 kilogramos y arrojó un avalúo de 730 millones de pesos, siendo uno de los secuestros más significativos para la PFA en esa región fronteriza desde el inicio del Operativo de Prevención Federal “Plan Andrés Guacurarí”.
Los estupefacientes quedaron a disposición del Juzgado Federal de Iguazú, a cargo del magistrado Marcelo Cardozo, con intervención de la prosecretaria Margarita Leiva.
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