Policiales
Postergaron por cuarta vez la indagatoria a fiscal federal investigado
A cuatro días de la última fecha fijada para que finalmente se concrete la ya dilatada audiencia de declaración indagatoria al fiscal Rubén González Glaría, investigado hace un año por una multiplicidad de delitos, el procedimiento judicial volvió a ser postergado tras un planteo efectuado por el nuevo abogado defensor del implicado, que se trata de, ni más ni menos, que de Maximiliano Rusconi, letrado que entre sus clientes tiene a Lázaro Báez, Julio De Vido y Diego Lagomarsino.
El reconocido letrado porteño y ex fiscal general de la Procuración General de la Nación asumió la defensa de González Glaría a fines de abril, escasos días antes del 2 de mayo, que era la fecha establecida para la indagatoria al imputado luego de que una junta médica confirmara que se encuentra en condiciones de afrontar el procedimiento.
Debido al cambio de abogado defensor, el magistrado José Luis Casals, titular por subrogancia del Juzgado Federal de Posadas, dispuso postergar la indagatoria al 16 de mayo, pero tampoco será así y la nueva citación quedó establecida para el próximo 7 de junio.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones en base a altas fuentes consultadas, la nueva postergación fue solicitada por Rusconi, quien alegó haber tenido poco tiempo para analizar en profundidad el “voluminoso” y “complejo” expediente para poder elaborar una estrategia defensiva.
También expuso que el cuadro de salud de su cliente dificulta “posibilidades de reunión” con él para coordinar el trabajo defensivo y planteó que el 16 de mayo tiene audiencia de debate en el Tribunal Oral Federal N°2 de Ciudad de Buenos Aires, lo cual le impediría estar presente en el acto de indagatoria a González Glaría.
Ante ello, el letrado defensor solicitó dejar sin efecto el llamado a indagatoria previsto para el lunes y planteó fijar una nueva fecha dentro de un plazo no menor a 30 días.
El pedido fue analizado por el juez Casals, quien ayer resolvió suspender la indagatoria “de manera excepcional y por última vez”, fijando como nueva fecha para la concreción del acto procesal el 7 de junio. La misma se realizará bajo la modalidad remota, es decir, a través de un soporte de videollamada.
Además, advirtieron que, en caso de que ese día Rusconi vuelva a tener audiencia de debate en Buenos Aires, podrá designar un abogado co-defensor para que éste participe de la indagatoria al fiscal investigado.
En su resolución, Casals advirtió de la dilación que conlleva el proceso y puso en relieve la proximidad de una fecha en la que González Glaría tendría programada una intervención quirúrgica, por lo cual consideró “imperante la realización del acto procesal”.
La investigación
La investigación contra el fiscal que ocupa el mayor cargo jerárquico del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) en Misiones, comenzó en abril de 2021 y ese año tuvo otras dos citaciones a indagatoria (en octubre y noviembre), aunque ambas audiencias fueron suspendidas ante la presentación de certificados médicos que diagnosticaban un cuadro de “trastorno depresivo” en el implicado.
Fue después de ello que el fiscal Pablo Turano, fiscal de la Procuración General de la Nación que impulsa la investigación, solicitó que una junta médica evalúe al funcionario denunciado para determinar si efectivamente ese diagnóstico le impide afrontar la indagatoria o si, simplemente, se trata de una estrategia para dilatar el proceso.
Ese pedido fue cumplido por el juez Casals y la pericia médica se llevó adelante el último 9 de marzo.
Los profesionales del Cuerpo Médico Forense de la Cámara Federal de Apelaciones, con un perito de parte solicitado por Turano, concluyeron que González Glaría, de 67 años y cursando un tratamiento oncológico, se encuentra en condiciones de afrontar la medida, aunque aclararon que la misma debe ser realizada teniendo en cuenta los cuidados y consideraciones pertinentes para un paciente de sus características.
El pedido de junta médica fue apelado por la anterior defensa del imputado, aunque el planteo fue rechazado por la Cámara Federal de Apelaciones y, en consecuencia, Casals fijó para el 2 de mayo el tercer llamado a indagatoria. Lo sucedido a partir de ahí, ya es conocido y ahora se espera la quinta citación del 7 de junio para concretar el dilatado procedimiento judicial.
La investigación contra el jefe de los fiscales federales de la provincia comenzó en abril de 2021 y las denuncias van desde solicitar una parte del sueldo a empleados judiciales y de usar vehículos oficiales de manera particular, hasta emitir resoluciones irregulares para beneficiar a cercanos.
En febrero, el fiscal apuntado rompió el silencio con La Voz de Misiones y se defendió de cada una de las acusaciones, afirmando que todo se trata de una conspiración en su contra con el objetivo de quedarse con su cargo.
“A mí me nombran en 1993 y la primera denuncia de que no soy intachable fue en el año 2018 o 2019. Con la cantidad de años y expedientes que pasaron, nunca jamás nadie me acusó ni de que lo miré feo y, de golpe y porrazo, aparecen todas estas denuncias”, sostuvo, entre otras cuestiones, en esa exclusiva entrevista a este medio.
Durante todo este tiempo, el fiscal investigado continúo cumpliendo funciones normalmente y una suspensión recién podría ser analizada después de un posible procesamiento, tal lo establecido tras las denuncias y escándalos que involucran a otros funcionarios judiciales del país, como el caso de Carlos Stornelli en Buenos Aires, entre otros.
Sin embargo, para que el procesamiento ocurra, primero el fiscal Turano debe completar la audiencia de declaración indagatoria y ese paso clave es el que se viene postergando una y otra vez.
La Policía detuvo a un paraguayo de 38 años que, sorteando todos los filtros de seguridad, ejecutó una meticulosa maniobra de estafa al obtener una tarjeta de crédito a nombre de otra persona y efectuó compras por más de 40.000 dólares en dos semanas.
El implicado fue identificado como José Luis R. (38), oriundo de Paraguay, aunque con domicilio radicado en Puerto Iguazú.
El artífice de la señalada estafa fue detenido este mediodía, cuando se presentó en un banco en Posadas para retirar un segundo plástico con el que pretendía continuar con su fraudulenta maniobra.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, la investigación comenzó cuando un hombre detectó consumos irregulares en el resumen de su tarjeta de crédito y al interiorizarse en la situación advirtió que un desconocido había obtenido un plástico adicional.
El método fue aparentemente sencillo. El hombre llamó por teléfono al banco, se hizo pasar por el verdadero titular de la tarjeta y accedió a otro plástico, aunque lo alarmante del caso es que superó todos los filtros de seguridad, tanto el ingreso de información personal precisa como los métodos de validación.
De esa manera, el estafador culminó el trámite con éxito y acudió al banco para retirar la tarjeta con la cual registró consumos por 42.000 dólares mediante diferentes operaciones financieras concretadas entre el 5 y el 18 de noviembre.
Al advertir los movimientos, el titular de la tarjeta desconoció los gastos y el banco bloqueó el plástico, pero el estafador volvió a comunicarse, sorteando nuevamente los pasos de seguridad y solicitando la nueva emisión de un plástico.
A partir de esto, el caso fue elevado a la Justicia y fueron los efectivos de la Dirección Investigaciones Complejas de la Policía quienes trazaron una minuciosa investigativa para hallar el implicado.
Esas labores incluyeron tareas de vigilancia, análisis de cámaras de seguridad y coordinación con el personal bancario interviniente, trabajo que esta mañana permitió individualizar al sujeto y arrestarlo cuando se presentó a retirar la nueva tarjeta.
El extranjero quedó detenido a disposición del Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, a cargo del magistrado Fernando Verón, que en las próximas horas lo imputará por delitos de “estafa agravada, defraudación y falsedad ideológica”.
Tras casi una semana sin novedades sobre el paradero de su esposo, Yohana Moreira radicó una denuncia por la desaparición de Claudio Manuel Moreno (43), quién el pasado 21 de diciembre viajó al municipio brasileño Alfredo Wagner, ubicado en el estado de Santa Catarina, para trabajar en la cosecha de cebolla. El martes 23, el vecino de Corpus dejó de comunicarse con su familia.
“Mi esposo tiene problemas con el alcohol. Cada vez que deja de tomar le agarra abstinencia y en ese momento, cálculo, que salió del lugar en el que estaba trabajando. No tiene celular, lo único que tiene es mi número anotado en un papel, guardado en su billetera”, relató Yohana en conversación telefónica con La Voz de Misiones.
En esa línea, la mujer explicó que la oferta laboral para cosechar en el municipio del sur brasileño llegó por un mensaje que envió un concejal al grupo de WhatsApp de los vecinos de la localidad de Corpus.
“El concejal compartió el contacto del señor que estaba buscando gente para ir a cosechar cebolla en Brasil y mi marido fue. Le pregunté si podía averiguar algo, pero me dijo que no tenía información, que no podía hacer nada, que él pasó el contacto, nada más”, sostuvo Moreira y añadió: “Estoy desesperada, no sabemos nada”.
Sobre la última comunicación que tuvo con Claudio, su esposa recordó que fue el martes 23 de diciembre, alrededor de las 21. “Me dijo que dejó de tomar y que estaba vomitando. Después los compañeros me dijeron que él no durmió toda la noche”, contó.
Luego de perder contacto con su esposo, Yohana logró contactarse con los compañeros de Claudio que viajaron desde Corpus a Brasil: “Me dijeron que la Policía lo está buscando, pero que no saben nada de él. Y ahora perdí el contacto con ellos también”, añadió la mujer.
De acuerdo a lo que describió Yohana a LVM, Claudio Manuel Moreno mide aproximadamente 1,78 metros; tiene cabello castaño claro, barba y ojos marrones.
La denuncia por la desaparición del trabajador fue radicada en la comisaría de Corpus. La familia y la Policía de Misiones solicitan a la comunidad en general que, ante cualquier información sobre el paradero de Moreno, dirigirse a la dependencia policial más cercana o comunicarse a los números de emergencia (911).
Además de la fuerza provincial, la Policía Militar y la Brigada de Frontera de Brasil buscan al misionero, desaparecido hace seis días en el vecino país.
El -ahora- ex director del hospital de Aristóbulo del Valle, Ernesto Omar Ramp (55), lleva tres días detenido por apuñalar a un gitano durante una discusión por una deuda registrada el último viernes frente a una concesionaria de autos propiedad de la víctima en Oberá.
El caso se conoció a partir del ingreso al hospital Samic de Oberá de tres integrantes de la comunidad gitana heridos de arma blanca. Los heridos eran Daniel Marco (55) y sus hijos Brian (25) y Gustavo (24).
El mayor de gravedad fue Daniel, quien hasta ahora permanece internado en estado crítico, mientras que sus hijos sufrieron lesiones de menor gravedad y al momento recibir asistencia relataron que al autor de las agresiones fue Ramp, quien llegó al lugar para reclamar una deuda.
Todo eso ocurrió el viernes al mediodía, aunque Ramp fue detenido un día después, mientras Marco se debate entre la vida y la muerte en una sala del hospital Samic de Oberá, donde fue intervenido quirúrgicamente por una puñalada que le ocasionó una perforación de pulmón e hígado.
El médico fue arrestado por personal de la comisaría de Aristóbulo del Valle y por estas horas continúa a disposición del magistrado Horacio Alarcón, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Oberá.
La evolución de la víctima será determinante para el avance de la causa judicial.
En paralelo a su detención, desde el ministerio de Salud se resolvió separar a Ramp de su cargo como director del hospital local.
“Se comunica que se ha dado inicio a las investigaciones sumariales internas para determinar eventuales incumplimientos al Régimen Jurídico que regula el marco de derechos y obligaciones de los agentes de la Administración Pública Provincial, en virtud de lo cual, el agente Ramp ha sido apartado preventivamente de la función de Director del Hospital de Aristóbulo del Valle y de toda otra inherente al ámbito público”, señalaron oficialmente.
En redes sociales se registraron múltiples comentarios a favor de Ramp, donde además aseguran que la versión del detenido apunta que él fue atacado en primera instancia y las agresiones se dieron en un acto de defensa.
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