Policiales
Postergaron por cuarta vez la indagatoria a fiscal federal investigado
A cuatro días de la última fecha fijada para que finalmente se concrete la ya dilatada audiencia de declaración indagatoria al fiscal Rubén González Glaría, investigado hace un año por una multiplicidad de delitos, el procedimiento judicial volvió a ser postergado tras un planteo efectuado por el nuevo abogado defensor del implicado, que se trata de, ni más ni menos, que de Maximiliano Rusconi, letrado que entre sus clientes tiene a Lázaro Báez, Julio De Vido y Diego Lagomarsino.
El reconocido letrado porteño y ex fiscal general de la Procuración General de la Nación asumió la defensa de González Glaría a fines de abril, escasos días antes del 2 de mayo, que era la fecha establecida para la indagatoria al imputado luego de que una junta médica confirmara que se encuentra en condiciones de afrontar el procedimiento.
Debido al cambio de abogado defensor, el magistrado José Luis Casals, titular por subrogancia del Juzgado Federal de Posadas, dispuso postergar la indagatoria al 16 de mayo, pero tampoco será así y la nueva citación quedó establecida para el próximo 7 de junio.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones en base a altas fuentes consultadas, la nueva postergación fue solicitada por Rusconi, quien alegó haber tenido poco tiempo para analizar en profundidad el “voluminoso” y “complejo” expediente para poder elaborar una estrategia defensiva.
También expuso que el cuadro de salud de su cliente dificulta “posibilidades de reunión” con él para coordinar el trabajo defensivo y planteó que el 16 de mayo tiene audiencia de debate en el Tribunal Oral Federal N°2 de Ciudad de Buenos Aires, lo cual le impediría estar presente en el acto de indagatoria a González Glaría.
Ante ello, el letrado defensor solicitó dejar sin efecto el llamado a indagatoria previsto para el lunes y planteó fijar una nueva fecha dentro de un plazo no menor a 30 días.
El pedido fue analizado por el juez Casals, quien ayer resolvió suspender la indagatoria “de manera excepcional y por última vez”, fijando como nueva fecha para la concreción del acto procesal el 7 de junio. La misma se realizará bajo la modalidad remota, es decir, a través de un soporte de videollamada.
Además, advirtieron que, en caso de que ese día Rusconi vuelva a tener audiencia de debate en Buenos Aires, podrá designar un abogado co-defensor para que éste participe de la indagatoria al fiscal investigado.
En su resolución, Casals advirtió de la dilación que conlleva el proceso y puso en relieve la proximidad de una fecha en la que González Glaría tendría programada una intervención quirúrgica, por lo cual consideró “imperante la realización del acto procesal”.
La investigación
La investigación contra el fiscal que ocupa el mayor cargo jerárquico del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) en Misiones, comenzó en abril de 2021 y ese año tuvo otras dos citaciones a indagatoria (en octubre y noviembre), aunque ambas audiencias fueron suspendidas ante la presentación de certificados médicos que diagnosticaban un cuadro de “trastorno depresivo” en el implicado.
Fue después de ello que el fiscal Pablo Turano, fiscal de la Procuración General de la Nación que impulsa la investigación, solicitó que una junta médica evalúe al funcionario denunciado para determinar si efectivamente ese diagnóstico le impide afrontar la indagatoria o si, simplemente, se trata de una estrategia para dilatar el proceso.
Ese pedido fue cumplido por el juez Casals y la pericia médica se llevó adelante el último 9 de marzo.
Los profesionales del Cuerpo Médico Forense de la Cámara Federal de Apelaciones, con un perito de parte solicitado por Turano, concluyeron que González Glaría, de 67 años y cursando un tratamiento oncológico, se encuentra en condiciones de afrontar la medida, aunque aclararon que la misma debe ser realizada teniendo en cuenta los cuidados y consideraciones pertinentes para un paciente de sus características.
El pedido de junta médica fue apelado por la anterior defensa del imputado, aunque el planteo fue rechazado por la Cámara Federal de Apelaciones y, en consecuencia, Casals fijó para el 2 de mayo el tercer llamado a indagatoria. Lo sucedido a partir de ahí, ya es conocido y ahora se espera la quinta citación del 7 de junio para concretar el dilatado procedimiento judicial.
La investigación contra el jefe de los fiscales federales de la provincia comenzó en abril de 2021 y las denuncias van desde solicitar una parte del sueldo a empleados judiciales y de usar vehículos oficiales de manera particular, hasta emitir resoluciones irregulares para beneficiar a cercanos.
En febrero, el fiscal apuntado rompió el silencio con La Voz de Misiones y se defendió de cada una de las acusaciones, afirmando que todo se trata de una conspiración en su contra con el objetivo de quedarse con su cargo.
“A mí me nombran en 1993 y la primera denuncia de que no soy intachable fue en el año 2018 o 2019. Con la cantidad de años y expedientes que pasaron, nunca jamás nadie me acusó ni de que lo miré feo y, de golpe y porrazo, aparecen todas estas denuncias”, sostuvo, entre otras cuestiones, en esa exclusiva entrevista a este medio.
Durante todo este tiempo, el fiscal investigado continúo cumpliendo funciones normalmente y una suspensión recién podría ser analizada después de un posible procesamiento, tal lo establecido tras las denuncias y escándalos que involucran a otros funcionarios judiciales del país, como el caso de Carlos Stornelli en Buenos Aires, entre otros.
Sin embargo, para que el procesamiento ocurra, primero el fiscal Turano debe completar la audiencia de declaración indagatoria y ese paso clave es el que se viene postergando una y otra vez.
El debate oral por el crimen del bonaerense Martín Arredondo (37), previsto para este jueves 4 de diciembre, fue suspendido debido a un acuerdo de juicio abreviado entre la fiscalía y los seis jóvenes imputados por el hecho, quienes admitieron su culpabilidad y aceptaron ser condenados a penas de 16 y 18 años.
Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la audiencia de visu donde los seis imputados dieron el consentimiento para avanzar en el convenio de juicio abreviado se realizó esta mañana, circunstancia que derivó en la suspensión de las audiencias de debate oral que habían sido programadas para la semana entrante ante el Tribunal Penal Uno de Posadas.
Las mismas fuentes señalaron que los imputados admitieron su participación en el hecho y aceptaron recibir condenas de entre 16 y 18 años como responsables del delito de “homicidio en ocasión de robo”, figura menos gravosa que la acusación de “homicidio doblemente calificado por el concurso premeditados de dos o más personas y criminis causae” con la que fueron procesados en etapa de instrucción y que preveía prisión perpetua.
Los imputados en esta causa son Brisa Torres (24), Oriana Saucedo (24), su hermano Alan William Saucedo (26), Elías Nahuel Trinidad (26), Miguel Ángel López (25) y Juan Alberto Barrios (22).
Los tres primeros aceptaron una pena de 16 años de cárcel, mientras que la pena mayor recaerá contra Trinidad y López. Barrios, por su parte, era menor de edad al momento del hecho y por lo tanto será un juzgado correccional el que decida su sanción.
En representación del Ministerio Público Fiscal intervino la fiscal María Laura Álvarez, por subrogancia legal ante la licencia del fiscal Vladimir Glinka.
El acuerdo alcanzado entre las partes ahora deberá ser elevado al Tribunal Penal Uno, integrado por los magistrados Gustavo Bernie y Viviana Cukla, quienes deberán analizar el documento y en caso de no detectar irregularidades transformarán el acta en sentencia.
Pablo Martín Arredondo fue ultimado en su departamento sobre calle Bolívar de Posadas.
Golpeado y estrangulado
El crimen de Arredondo se descubrió el 23 de febrero de 2020, cuando los vecinos del departamento que alquilaba en un edificio sobre calle Colón, frente al colegio Roque González, alertaron sobre un olor putrefacto que provenía del lugar.
Al ingresar al inmueble, los efectivos policiales intervinientes se encontraron con el cadáver del bonaerense y la autopsia posterior determinó que fue golpeado y finalmente estrangulado con un cinto.
La investigación global estableció que el crimen se registró cuatro días antes, el 19 de febrero, en horas de la madrugada, cuando la víctima se reunió en su departamento junto a una de las jóvenes que aparentemente era su novia y un grupo de amigos de ellas.
En el lugar, se cree que Arredondo fue dopado con estupefacientes (ketamina) y que al departamento luego llegaron otros cómplices con la intención de sustraerle 300.000 pesos que el hombre tenía destinado a utilizar como parte de pago para la compra de un automóvil.
Mediante la revisión de cámaras de seguridad los investigadores pudieron reconstruir las últimas horas de la víctima y los últimos movimientos registrados en cercanías a su departamento, con lo cual fueron identificando uno a uno a los sospechosos.
Luego, la ciencia hizo el resto. En el marco de la causa constan pericias telefónicas que darían cuenta de comunicaciones entre los implicados planificando el hecho y rastros de ADN que ubican a al menos tres de los sospechosos en la escena del crimen.
El caso fue investigado por el Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, a cargo del magistrado Fernando Verón, quien en mayo de 2023 firmó el requerimiento de elevación a juicio del expediente, medida que meses después fue ratificada por la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores de la provincia.
Se reprogramó para el 4 de diciembre el juicio por el caso Arredondo
Ramón Alberto “Negrito” Muñoz (46), dueño de un frondoso prontuario por robos y hurtos millonarios, volvió a ser detenido este viernes durante un operativo ordenado por el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.
Según adelantaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la captura se concretó mediante un allanamiento que aún está en proceso en un inmueble del barrio Santa Clara, mismo vecindario donde en agosto de 2024 había sido detenido por última vez.
Del procedimiento fueron parte los agentes de la División Investigaciones de la Unidad Regional I de la Policía de Misiones, quienes junto a integrantes de otras dependencias venían siguiendo los pasos de Muñoz, dueño de un nombre ampliamente conocido en el mundo del hampa.
Muñoz está sindicado como autor de varios robos y hurtos millonarios, como así también está acusado de liderar un grupo dedicado a los mismos ilícitos.
Sin ir más lejos, a mediados de octubre la Policía puso tras las rejas a dos presuntos integrantes de la banda de Muñoz y cómplices en el robo de 15 millones de pesos a una empresa de transporte radicada en Santa Inés.
Dos detenidos y dos prófugos por robo millonario a una empresa de Garupá
Un grave episodio de violencia familiar se registró esta madrugada en Garupá, donde un hombre agredió a puñaladas a su pareja y también hirió a un niño de 10 años, tras lo cual fue capturado por la Policía.
Según consignaron fuentes policiales, el suceso ocurrió minutos antes de las 2, en una vivienda ubicada sobre la calle Tierra Roja del barrio Horacio Quiroga de Garupá.
A ese lugar fueron requeridos los efectivos de la comisaría jurisdiccional, debido a un llamado alertaba sobre un hecho de violencia de género y familiar.
Al llegar, los agentes se encontraron con una mujer de 31 años tendida en el suelo, consciente, pero con heridas cortantes en diversas partes del cuerpo, principalmente localizadas cuello, muñeca y boca.
También dieron con un niño de 10 años, hijo de la mujer agredida, quien también presentaba lesiones.
El sindicado agresor, por su parte, identificado como Diego R. (39), fue ubicado en el patio trasero del mismo inmueble, intentando ocultarse de la Policía.
Fuentes policiales señalaron que la mujer fue trasladada al hospital Madariaga. Al ser atendida se constató que presentaba lesiones y escoriaciones en diversas partes del cuerpo, además de registrar alcoholemia positiva.
El violento, en tanto, fue detenido y quedó alojado en una dependencia policial, donde permanecerá a disposición del Juzgado de Violencia Familiar y de Género.
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