Policiales
Postergaron por cuarta vez la indagatoria a fiscal federal investigado
A cuatro días de la última fecha fijada para que finalmente se concrete la ya dilatada audiencia de declaración indagatoria al fiscal Rubén González Glaría, investigado hace un año por una multiplicidad de delitos, el procedimiento judicial volvió a ser postergado tras un planteo efectuado por el nuevo abogado defensor del implicado, que se trata de, ni más ni menos, que de Maximiliano Rusconi, letrado que entre sus clientes tiene a Lázaro Báez, Julio De Vido y Diego Lagomarsino.
El reconocido letrado porteño y ex fiscal general de la Procuración General de la Nación asumió la defensa de González Glaría a fines de abril, escasos días antes del 2 de mayo, que era la fecha establecida para la indagatoria al imputado luego de que una junta médica confirmara que se encuentra en condiciones de afrontar el procedimiento.
Debido al cambio de abogado defensor, el magistrado José Luis Casals, titular por subrogancia del Juzgado Federal de Posadas, dispuso postergar la indagatoria al 16 de mayo, pero tampoco será así y la nueva citación quedó establecida para el próximo 7 de junio.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones en base a altas fuentes consultadas, la nueva postergación fue solicitada por Rusconi, quien alegó haber tenido poco tiempo para analizar en profundidad el “voluminoso” y “complejo” expediente para poder elaborar una estrategia defensiva.
También expuso que el cuadro de salud de su cliente dificulta “posibilidades de reunión” con él para coordinar el trabajo defensivo y planteó que el 16 de mayo tiene audiencia de debate en el Tribunal Oral Federal N°2 de Ciudad de Buenos Aires, lo cual le impediría estar presente en el acto de indagatoria a González Glaría.
Ante ello, el letrado defensor solicitó dejar sin efecto el llamado a indagatoria previsto para el lunes y planteó fijar una nueva fecha dentro de un plazo no menor a 30 días.
El pedido fue analizado por el juez Casals, quien ayer resolvió suspender la indagatoria “de manera excepcional y por última vez”, fijando como nueva fecha para la concreción del acto procesal el 7 de junio. La misma se realizará bajo la modalidad remota, es decir, a través de un soporte de videollamada.
Además, advirtieron que, en caso de que ese día Rusconi vuelva a tener audiencia de debate en Buenos Aires, podrá designar un abogado co-defensor para que éste participe de la indagatoria al fiscal investigado.
En su resolución, Casals advirtió de la dilación que conlleva el proceso y puso en relieve la proximidad de una fecha en la que González Glaría tendría programada una intervención quirúrgica, por lo cual consideró “imperante la realización del acto procesal”.
La investigación
La investigación contra el fiscal que ocupa el mayor cargo jerárquico del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) en Misiones, comenzó en abril de 2021 y ese año tuvo otras dos citaciones a indagatoria (en octubre y noviembre), aunque ambas audiencias fueron suspendidas ante la presentación de certificados médicos que diagnosticaban un cuadro de “trastorno depresivo” en el implicado.
Fue después de ello que el fiscal Pablo Turano, fiscal de la Procuración General de la Nación que impulsa la investigación, solicitó que una junta médica evalúe al funcionario denunciado para determinar si efectivamente ese diagnóstico le impide afrontar la indagatoria o si, simplemente, se trata de una estrategia para dilatar el proceso.
Ese pedido fue cumplido por el juez Casals y la pericia médica se llevó adelante el último 9 de marzo.
Los profesionales del Cuerpo Médico Forense de la Cámara Federal de Apelaciones, con un perito de parte solicitado por Turano, concluyeron que González Glaría, de 67 años y cursando un tratamiento oncológico, se encuentra en condiciones de afrontar la medida, aunque aclararon que la misma debe ser realizada teniendo en cuenta los cuidados y consideraciones pertinentes para un paciente de sus características.
El pedido de junta médica fue apelado por la anterior defensa del imputado, aunque el planteo fue rechazado por la Cámara Federal de Apelaciones y, en consecuencia, Casals fijó para el 2 de mayo el tercer llamado a indagatoria. Lo sucedido a partir de ahí, ya es conocido y ahora se espera la quinta citación del 7 de junio para concretar el dilatado procedimiento judicial.
La investigación contra el jefe de los fiscales federales de la provincia comenzó en abril de 2021 y las denuncias van desde solicitar una parte del sueldo a empleados judiciales y de usar vehículos oficiales de manera particular, hasta emitir resoluciones irregulares para beneficiar a cercanos.
En febrero, el fiscal apuntado rompió el silencio con La Voz de Misiones y se defendió de cada una de las acusaciones, afirmando que todo se trata de una conspiración en su contra con el objetivo de quedarse con su cargo.
“A mí me nombran en 1993 y la primera denuncia de que no soy intachable fue en el año 2018 o 2019. Con la cantidad de años y expedientes que pasaron, nunca jamás nadie me acusó ni de que lo miré feo y, de golpe y porrazo, aparecen todas estas denuncias”, sostuvo, entre otras cuestiones, en esa exclusiva entrevista a este medio.
Durante todo este tiempo, el fiscal investigado continúo cumpliendo funciones normalmente y una suspensión recién podría ser analizada después de un posible procesamiento, tal lo establecido tras las denuncias y escándalos que involucran a otros funcionarios judiciales del país, como el caso de Carlos Stornelli en Buenos Aires, entre otros.
Sin embargo, para que el procesamiento ocurra, primero el fiscal Turano debe completar la audiencia de declaración indagatoria y ese paso clave es el que se viene postergando una y otra vez.
Policiales
Policías resguardaron a dos bebés que estaban solos en una casa de Apóstoles
Dos menores de aproximadamente 1 año y medio fueron encontrados sin la presencia de adultos en una vivienda de la ciudad de Apóstoles, en un hecho ocurrido el jueves por la noche que derivó en la intervención de la Policía de Misiones y organismos de protección de la niñez.
El episodio se registró cerca de las 21.30, a partir de un llamado telefónico que alertó sobre la presencia de dos niños solos en un inmueble ubicado sobre la calle Miguel Zubryski, entre las avenidas 9 de Julio y Belgrano de la localidad.
Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría de la Mujer constataron la situación: se trataba de dos pequeños de alrededor de 1 año y medio de edad, quienes se encontraban sin ningún adulto responsable y vestidos únicamente con pañales, en condiciones consideradas precarias, según precisaron fuentes policiales.
Ante este escenario, los agentes dispusieron su inmediato resguardo y dieron intervención a la Dirección de la Niñez y Adolescencia. Los menores fueron trasladados a un espacio de contención dentro de la dependencia policial, donde permanecieron bajo cuidado.
Posteriormente, se hicieron presentes autoridades del área de niñez, entre ellas profesionales como una abogada, una licenciada y el director de Acción Social, quienes evaluaron el caso y definieron las medidas a seguir para garantizar la protección de los niños.
Horas más tarde, una mujer de 24 años se presentó en la comisaría y manifestó ser la madre de los menores. Según indicó, los había dejado momentáneamente en el lugar mientras realizaba compras.
Finalmente, desde la Dirección de la Niñez se dispuso que la progenitora deberá concurrir al Centro Integrador Comunitario (CIC) para cumplimentar los trámites y evaluaciones correspondientes, en tanto el caso continuará bajo seguimiento de los organismos competentes.
Judiciales
Nueve militares a juicio por “bautismo” que dejó parapléjico al cabo Verón
Un total de nueve militares irán a juicio oral y público por -entre otros delitos- provocar las graves lesiones que dejaron parapléjico al soldado Michael Natanael Verón durante un violento “bautismo de ascenso” realizado en julio de 2022 en un predio del Regimiento de Infantería de Monte 30 de Apóstoles.
Los imputados son Gustavo Daniel Martínez (Teniente primero), Edgardo Jesús Díaz (Suboficial principal), Jorge Ricardo Leites (Sargento), Ramón Dos Santos (Sargento), Miguel Ariel Fleitas (Cabo primero), Manuel Antonio Heredia (Cabo primero), Marcelo Alejandro Morales (Sargento), Mauro Fabián González (Jefe de Grupo) y Antonio Maximiliano Matozo (Cabo).
Todos ellos deberán responder como imputados por delitos de “abuso de autoridad, en concurso con los delitos de lesiones gravísimas y abandono de persona agravado”, en calidad de autores.
La medida fue dispuesta por la magistrada María Verónica Skanata, titular del Juzgado Federal de Posadas, que este mismo jueves firmó el requerimiento de elevación a juicio de la causa formulado por la Fiscalía Federal de Posadas.
En su resolución, Skanata rechazó los planteos de oposición y al pedido de sobreseimiento efectuados por las diferentes defensas, ante lo cual declaró clausurada la instrucción de la causa y decretó la elevación a juicio del expediente que ahora deberá ser remitido al Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas para que avance en la realización del debate oral donde se juzgará la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

Los involucrados pertenecían al Regimiento Brigada de Monte 30 de Apóstoles.
Bautismo y violencia
Los hechos que se ventilarán en juicio ocurrieron el 8 de julio de 2022, durante una “celebración de ascenso” realizada en el Club Achalay del Ejército Argentino en Apóstoles, donde además de Verón había otros cuatro suboficiales recién ascendidos, quienes -según la investigación- fueron sometidos a prácticas denigrantes, humillantes y físicamente riesgosas en un contexto de ejercicio abusivo de autoridad por parte de sus superiores.
De acuerdo a lo volcado en el expediente, los ascendidos debieron comprar y cocinar la carne correspondiente al asado de almuerzo, aunque no pudieron comer ningún bocado.
Durante el evento, además, fueron obligados a consumir mezclas de bebidas alcohólicas en exceso, realizar ejercicios físicos extenuantes como corridas, flexiones y vueltas en la arena, y prácticas o retos de resistencia como “la búsqueda de petróleo”, que consiste en dar trompos con el extremo de un palo apoyado en la cabeza y el otro en el suelo.
Lo más extremo de la rutina de “bienvenida” fue obligar a los soldados a lanzarse a una pileta con bajo caudal de agua y el soldado Verón se arrojó tres veces. En la tercera su cráneo impactó contra el fondo y sufrió una lesión medular que lo dejó internado varios meses y con la imposibilidad de volver a caminar de por vida.

Michael Verón no podrá volver a caminar.
“Sos muy tierno”
En su declaración ante la Justicia, la víctima narró que después de ese golpe permaneció tirado en el piso pidiendo ayuda, pero sus superiores le respondían “tierno” y le pedían que se arrojara nuevamente.
“’Sos muy tierno’, volvé a la pileta me decían. Yo les decía que no me podía levantar, sentía frío. Yo les pedía por favor que me asistan. Eso fue a las 16 y recién me asistieron a las 20”, contó Verón un año después en una entrevista periodística.
Después de ser asistido, Verón quedó internado y fue sometido a múltiples operaciones.
Sobre aquellos días, el soldado recordó que “estuve internado y cuando me despierto habían pasado 21 días. Ahí me llevé la peor parte. No sabía que día era, estaba perdido, todo entubado, comiendo por sonda. Quería mover las piernas y los brazos y no podía”.
Con operaciones, tratamientos y rehabilitación, Verón recuperó la movilidad de los brazos, no así la de las piernas. “La medicina dice que no voy a volver a caminar”, lamentó en entrevistas.
Apóstoles: soldado quedó internado grave tras bautismo del Ejército
Judiciales
Apelaciones anuló el archivo de la causa por la muerte de Juanita Sirimarco
La Cámara de Apelaciones de la provincia declaró la nulidad de la resolución que archivó la investigación por la muerte de la pequeña Juanita Milargos Sirimarco Díaz (13), registrada el 12 de octubre de 2024 tras el regreso de un viaje de egresados a Córdoba.
La medida fue resuelta por la Sala I del tribunal de alzada, con la firma de los vocales Pedro Benito Piriz y Marisa Ruth Dilaccio, quienes consideraron que la desestimación de la causa por parte del magistrado Ricardo Balor, titular del Juzgado de Instrucción Seis de Posadas, presentaba una fundamentación insuficiente.
El caso llegó a manos de la Cámara de Apelaciones en virtud de una apelación presentada por el letrado Miguel Cassettai, en carácter de querellante particular en representación de la madre de la niña fallecida.
En su planteo, la querella argumentó que en la resolución del juez Balor hubo una “falta de valoración íntegra” de los testimonios recabados en la causa, entre ellos las del chofer del micro, de su guarda y de otra adolescente que viajaba con Juanita, lo cual derivó en una “insuficiente fundamentación”, agravio que los magistrados de la cámara consideraron pertinente y resolvieron en coincidencia.
De esta manera, Apelaciones decretó hoy la nulidad de la resolución alcanzada en instancia previa y, en consecuencia, el expediente deberá volver a etapa de instrucción para que se abra un nuevo período de análisis de la prueba.
En su dictamen de mayo del año pasado, el juez Balor había dispuesto el archivo de la causa por “inexistencia de delito”, al entender ninguna de las acciones realizadas configuraba una conducta culposa o negligente que reprochar a los adultos responsables del viaje.
“Conforme a la prueba colectada, las personas implicadas demuestran ‘haber empleado toda la diligencia de un buen padre de familiar para prevenir el daño’. Se corrobora el haber realizado todo lo necesario en base a sus conocimientos médicos y experiencias de anteriores viajes de egresados para que la menor Juanita Sirimarco Díaz pudiera mejorarse, por lo que no existe alguna conducta negligente”, había planteado Balor en aquella resolución, pero ahora, después de una apelación de la querella, la Cámara de Apelaciones entendió que las fundamentaciones esgrimidas eran insuficientes.
Final trágico
La muerte de Juana Milagros Sirimarco Díaz se produjo el sábado 12 de octubre de 2024 en el hospital de Pediatría, días después de llegar en severo estado de salud del viaje de egresados que había realizado a Carlos Paz (Córdoba) con sus compañeros del Instituto Cristiano República Argentina (Icra), en un servicio contratado con la empresa de turismo Viaturex.
Según relató en ese momento Claudia Díaz, su madre, en medio de las actividades realizadas en Córdoba, la niña sufrió una lesión en la rodilla que mereció atención médica y en paralelo comenzó a experimentar dolores de garganta, pero el doctor le comentó que los analgésicos recetados para la lesión de rodilla también harían efecto sobre esa dolencia.
Fue el lunes 7 de octubre, a la noche, que el contingente emprendió el regreso a casa y durante el trayecto la niña empeoró su estado. Desde Posadas, su madre hacía el seguimiento de su estado de salud a través de una maestra que viajó como acompañante.
Claudia añadió que a la madrugada siguiente Juanita vomitó y tuvo diarrea, amaneciendo muy descompuesta. También subió de temperatura y el médico del seguro del viaje recomendó la aplicación de dipirona.
“De casualidad, en el otro colectivo viajaba una mamá que es enfermera y ella tenía una ampolla de dipirona y se la aplicó. Después de eso, según los mensajes de la maestra, le bajó la temperatura, pero seguía vomitando y con diarrea”, contó la mujer en diálogo con diversos medios de comunicación, tanto de Misiones como de Buenos Aires, ya que la noticia tomó repercusión nacional.
Díaz narró que en varias oportunidades pidió que su hija sea atendida por un profesional y que fuese llevada a un hospital, pero los reclamos fueron desoídos. La última vez que solicitó esto fue cuando el colectivo estaba en Virasoro, Corrientes, pero los responsables del viaje decidieron continuar camino hacia Posadas.
El último pedido, según planteó la madre en aquel momento, fue que se gestionara con el seguro para que la niña bajase en Garupá, donde se quedaban otros compañeros que formaban parte del contingente, para que desde allí sea trasladada en ambulancia a Posadas.
Cuando Juanita ingresó al hospital Pediatría su estado ya era grave. “Tenía la boca negra y los ojos rojos, estaba en shock. La llevaron a emergencia y le pusieron un montón de líquidos en vena, estaba totalmente deshidratada, su corazoncito estaba latiendo mal y su presión estaba bajísima, con apenas 8/2. Como no lograron levantarle la presión arterial la llevaron directamente a terapia intensiva”, relató Claudia.
En el hospital se confirmó que la niña tenía Influeza B, cuadro que pudo haberle provocado la sepsis generalizada que la llevó a la muerte, aunque esto no pudo determinarse con certeza científica debido a que después del deceso la familia tomó la decisión de cremar el cuerpo.
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