Policiales
Perpetua a Puzin por matar a mazazos a su esposa y ocultar el cuerpo en Oasis
Pablo Lotario Puzin fue condenado este mediodía a la pena de prisión perpetua, tras ser declarado responsable del femicidio de su esposa Estela Fidencia Arapayú (49), a quien asesinó a mazazos mientras dormía y luego ocultó su cadáver en un desagüe de agua en desuso que tenían en la propiedad que compartían en la localidad de Colonia Oasis.
La sentencia fue impartida hoy, minutos antes de las 12, por parte del Tribunal Penal Dos de Posadas, cuyos magistrados declararon al imputado autor del delito de “homicidio triplemente agravado por el vínculo de pareja, alevosía y femicidio”, figura contemplada por el artículo 80, incisos 1, 2 y 11, del Código Penal de la Nación argentina.
El fallo se ajustó de manera plena al pedido efectuado por el fiscal Vladimir Antonio Glinka durante la exposición de sus alegatos y contrastó con lo planteado por la defensora oficial Inés Belloni, quien sostuvo que el crimen fue cometido bajo un estado de emoción violenta y solicitó que, bajo ese encuadre, el imputado reciba la pena mínima (10 años de prisión).
El hecho por el cual Puzin fue condenado ocurrió el 7 de mayo de 2019 en Colonia Oasis, a unos 13 kilómetros de Jardín América.
Según lo que se pudo reconstruir, esa madrugada, cerca de la 1, Puzin aprovechó mientras su esposa dormía para asesinarla a mazazos en la cabeza. Luego, el hombre limpió la escena, ocultó el cadáver en un desagüe de agua y al día siguiente inventó que la mujer desapareció luego de acudir al hospital.
La versión del ahora condenado se mantuvo durante una semana, hasta que las pruebas comenzaron a emerger y la investigación lo dejó acorralado. La punta del ovillo fue una mancha de sangre en el teléfono celular de la víctima y el corolario fue el hallazgo del cuerpo.
Una vez confirmado el crimen de Arapayú, Puzin confesó el hecho al momento de prestar declaración indagatoria, pero afirmó que no recordaba de qué manera lo hizo.
“Cuando me despierto la veo ensangrentada, pero no recuerdo nada. No puedo explicar cómo fue porque no me acuerdo. Cuando levanto las sábanas cae el martillo. Ahí no sabía cómo tratar el problema, tenía miedo por mis hijos y la llevé al pozo”, fueron sus palabras.
El hombre cursaba un tratamiento por un cuadro de depresivo y la defensa pretendió relacionar el asesinato a un asalto de emoción violenta, pero el tribunal desestimó esa teoría.
Mazazos en la noche
Esta mañana, previo al dictado de la sentencia, se desarrolló la ronda de alegatos, donde tanto el fiscal Glinka como la defensora Belloni expusieron sus conclusiones finales y efectuaron sus respectivos pedidos.
El primero en exponer fue Glinka, quien dio por acreditado tanto el hecho como la autoría de parte de Puzin, pero para reforzar su hipótesis consideró necesario contar “la historia” desde el comienzo.
Fue así que el fiscal reconstruyó la relación que mantenían Puzin y Arapayú. “Esto comienza con una relación muy larga, con varios hijos en común. Pero en un momento se separan, hay una denuncia por violencia familiar de por medio y ella se va”, relató Glinka.
Luego, añadió que tras la ruptura, Arapayú inició una nueva relación con Ricardo Cholfo -que declaró como testigo en la segunda jornada de juicio-, pero al cabo de tiempo decidió volver con Puzin para poder estar cerca de sus hijos, ya que ella no tenía un domicilio fijo y sabía que no estaba en igualdad de condiciones para luchar por la tenencia de los pequeños.
El fiscal Glinka recreó el crimen utilizando la maza incautada en el expediente.
“Ella decide volver a la casa por sus hijos, no por Puzin. Y regresa bajo estrictas condiciones de convivencia. Una de esas fue casarse. Para Puzin ella era su mujer, era de su propiedad”, apuntó el fiscal.
Luego, recordó que el 6 de mayo -el día previo al crimen- Arapayú acudió al hospital para atenderse una infección en el cuello, pero como el turno se demoró terminó encontrándose con Cholfo, con quien ella tenía pensado retomar la relación cuando las condiciones estén dadas.
Según la hipótesis acusatoria, desconfiado, Puzin fue hasta el pueblo para buscar a su esposa y cuando la encontró dudó de todo.
“A Puzin no le cerraba qué pasó esa tarde. Como ella en su momento volvió con él, él pensaba que ella le debía muchas cosas, que si no era su mujer, no sería de nadie. Entonces, esperó a que todos se durmieran y, con un elemento contundente, le rompe la cabeza a su esposa. Luego limpió la sangre, agrandó el pozo, escondió el cuerpo e hizo como si no pasó nada”, relató Glinka, que en un tramo de su exposición tomó la maza utilizada como arma homicida para recrear la escena ante los jueces.
El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la relación de Arapayú con Cholfo “no era un secreto”, que todos lo sabían, incluido los hijos de la mujer, pero Puzin nunca lo asimiló.
“Por supuesto que medió violencia de género en este caso. Ella se separó por violencia en su momento. Siempre hubo posesión de parte de Puzin. Él la tenía controlada y sentir que estaba perdiendo esa posesión la llevó a matarla y actuó sobre seguro, mientras ella dormía, por eso también hay alevosía”, consideró Glinka.
Emoción violenta
A su turno, la defensora oficial Belloni, insistió en los pedidos de nulidad de todas las actuaciones al considerar que Puzin brindó una declaración confesional de manera irregular.
Luego, señaló que el fiscal “relató los hechos en forma de película” y sostuvo que la relación entre Puzin y Arapayú tenía “vaivenes”, pero que no existieron situaciones de violencia de género.
Belloni sostuvo que, tras la separación, Puzin inició un tratamiento por un “trastorno depresivo” y eso fue el preludio de su hipótesis relacionada a un cuadro de “emoción violenta”.
“Al momento del hecho sufrió una conmoción que desordenó su comportamiento e hizo que no controlara sus acciones. Eso no significa que estaba en estado de inimputabilidad, sino de una conmoción que lo llevó a cometer el delito, por factores externos”, expresó.
Puzin deberá continuar preso hasta 2054 en la UP I de Loreto.
Y profundizó: “Él ese día estaba angustiado, porque fue a buscar a su esposa y no la encontró. Estaba ese sentimiento de sospecha, de humillación y esa angustia se agigantó”.
Para Belloni, esa conmoción se denota en el “ímpetu” y en la “forma torpe” en la que Puzin cometió el hecho, haciendo referencia a las pistas que dejó. “Él perdió su freno reflexivo y sus marcos inhibitorios”, agregó.
En esa línea, la defensora procedió a solicitar la aplicación de la figura de “emoción violenta” y consideró que su defendido debía ser condenado a la pena mínima bajo ese encuadre (10 años), argumentando que Puzin “ha colaborado y no tiene antecedentes”.
En la etapa de réplicas y dúplicas, el fiscal Glinka refutó la hipótesis. “Él no la estranguló en un momento. Él se paró, fue a buscar un martillo, se paró a su lado y le rompió la cabeza. Hay una temporalidad que lo perjudica”, concluyó.
Tras los alegatos, el tribunal presidido por César Yaya e integrado por Gregorio Busse y Carlos Giménez dieron un cuarto intermedio que culminó poco después con el dictado del fallo condenatorio.
Puzin volvió a ser trasladado a la Unidad Penal I de Loreto, donde deberá purgar su condena de 35 años de prisión efectiva. El hombre está detenido desde 2019 y deberá continuar tras las rejas hasta 2054.
Un joven de 25 años falleció anoche tras permanecer diez días internado en estado crítico como consecuencia de la puñalada que recibió durante un ataque registrado en la localidad de Alba Posse.
La víctima se trata de Mario Dornelles (25), cuyo deceso se confirmó anoche en el hospital Samic de Oberá, donde estaba internado desde el 16 de noviembre, cuando fue blanco de un grave ataque por parte de otros tres jóvenes que ahora serán investigados por homicidio.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el hecho ocurrió en el paraje San Francisco de Asís, en Alba Posse, donde Dornelles caminaba junto a otro muchacho a la vera de la ruta provincial 8 y fueron emboscados por tres sujetos.
En esa instancia, ambos jóvenes fueron agredidos y Dornelles recibió una puñalada en la zona del tórax que derivó en su internación en estado crítico.
Tras el ataque, la Policía montó un operativo cerrojo y rastrillajes en zona de monte del paraje Libertad, donde horas más tarde detuvieron a los tres sospechosos: Josías D. S. (28), Elías D. S. (19) y Walter Nahuel E. (23).
En ese procedimiento también se secuestraron una motocicleta Corven Mirage 110, un casco y un machete que habría sido utilizado en la agresión.
Con la confirmación del fallecimiento de Dornelles, se dio aviso al juez interviniente, quien dispuso la autopsia en la Morgue Judicial de Posadas para determinar la causa precisa de la muerte, mientras que los tres detenidos continúan a disposición de la Justicia.
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
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