Policiales
Murió de un disparo en la mandíbula en Iguazú: hay dos demoradas
La Policía investiga las circunstancias de la muerte de Ernesto Genaro Y., de 22 años, caso por el cual hay dos jóvenes demoradas en Puerto Iguazú.
Según se informó desde la fuerza, el confuso episodio ocurrió alrededor de las 1 de la madrugada de este miércoles, en una vivienda ubicada en la calle Juan José Paso, del barrio Las Leñas.
Hasta allí llegaron los efectivos de la Seccional Tercera, donde constataron que la víctima yacía sin vida producto de un disparo en la zona de la mandíbula.
Por su parte, el médico policial que examinó el cuerpo confirmó que tenía una herida de arma de fuego sin orificio de salida, lo que le produjo la muerte al instante.
Las dos muchachas que se encontraban en el lugar, identificadas como Belén F. (18), quien sería pareja de la víctima, y Camila I. (17), quedaron demoradas a disposición de la Justicia para el esclarecimiento del hecho.
En ese sentido, la novia del fallecido declaró que se encontraban en el domicilio ingiriendo bebidas alcohólicas cuando, en un determinado momento, Ernesto comenzó a manipular un revolver y efectuó un disparo sobre la parte baja de su pómulo derecho.
Precisamente, se secuestró un revolver calibre 32 con tres cartuchos, de los cuales uno estaba intacto, una vaina servida percutada y un cartucho percutado.
Además, se incautó un teléfono celular marca LG modelo Nexus y prendas de vestir.
Cabe mencionar que en el lugar del hecho, se encontraban dos mujeres de 18 y de 17 años, quienes quedaron demoradas a disposición de la Justicia para el esclarecimiento del hecho.
En la causa, interviene el Juez de Instrucción Tres, a cargo de Martín Brítez, quien además ordenó que se realice examen toxicológico y que se proceda al cierre de la vivienda con custodia policial.
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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