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La taxista tenía dos puntazos en el cuello y fue arrojada sin vida al pozo

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Si bien los indicios eran evidentes, ahora la Justicia cuenta con dos certezas irrefutables sobre las cuales avanzar respecto a la investigación del caso Claudia Benítez. Una es que el cuerpo hallado ayer en un pozo de agua de Nemesio Parma corresponde a la taxista posadeña y otra es que la mujer fue asesinada bajo circunstancias de extrema violencia y brutalidad, tópicos que además sustentan la tesis de que fue un crimen “premeditado”, con la intervención de dos o más personas.

A estas conclusiones -entre otras-, se arribó esta tarde, una vez culminado el complejo examen de autopsia que se extendió durante varias horas en la sala de operaciones de la Morgue Judicial de Posadas.

Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, hasta las 16 de hoy la familia de la taxista no había realizado el reconocimiento formal de los restos, pero el cadáver ya cuenta con una identificación científica obtenida a partir del cotejo de huellas dactilares.

Otra información clave obtenida mediante la autopsia fue que la causal de muerte de la taxista fueron dos puntazos en el cuello, uno de los cuales ocasionó un orificio de salida en la parte posterior, es decir que la lesión perforante literalmente atravesó de punta a punta esa región del cuerpo.

Como ya se mencionó en la víspera, al momento del hallazgo el cuerpo tenía las manos atadas hacia atrás y el rostro cubierto, pero ahora también se estableció que todas esas acciones fueron realizadas con la víctima en completo estado de indefensión y que la mujer ya estaba muerta al momento de ser arrojada al pozo de agua donde fue encontrada, dado que los forenses no detectaron líquidos en los pulmones ni ningún otro indicio que haga suponer que la taxista tuvo posibilidades de sobrevida en ese lugar.

Ahora, los investigadores aguardarán los resultados de la batería de análisis científicos que se realizarán a partir de las muestras obtenidas en la autopsia y también resta establecer qué tipo de elemento fue utilizado como arma homicida. A partir de ello, la Justicia sabrá -por ejemplo- qué buscar con mayor precisión en los futuros procedimientos que puedan desencadenarse en las próximas horas.

La vivienda donde la víctima residía junto a su pareja está bajo custodia y sería inminente un allanamiento del lugar.

“Fue un crimen brutal. Las características del hecho denotan un trabajo fino y premeditado”, describió un pesquisa consultado por LVM, quien afirmó que ante todas estas circunstancias se estima que el asesinato fue cometido con la intervención de dos o más personas.

Hasta el momento, el único sospechoso que se encuentra bajo la lupa es Juan Andrés R. (39), pareja de la taxista, quien pasó de estar demorado a formalmente detenido en el marco de la investigación luego del hallazgo del cadáver reportado ayer a la mañana.

Benítez tenía 32 años, era madre de dos hijos pequeños y residía en Itaembé Miní.

La pesquisa: del taxi en llamas y al pozo en Parma

La investigación del caso Benítez comenzó el martes a la mañana, cerca de las 9, cuando vecinos del paraje Nemesio Parma reportaron el hallazgo de un taxi Chevrolet Corsa ardiendo en llamas a un costado de la avenida del Té, una de las arterias que conduce al alejado paraje de la zona sur posadeña.

Al lugar acudieron efectivos de la Comisaría Decimonovena, quienes constataron que el rodado le pertenecía a Claudia Benítez, de 32 años, domiciliada en Itaembé Miní y muy conocida en la ciudad por ser una de las pioneras de la red de taxis “Entre Nosotras”, que prestaba servicio exclusivamente a mujeres, chicas y adolescentes.

Sin embargo, para ese entonces, ya nadie sabía nada sobre el paradero de la mujer, que además es madre de dos niños pequeños.

Es que cuando los primeros efectivos intervinientes acudieron hasta Itaembé Miní y se entrevistaron con su pareja, quien aseguró que esa mañana la taxista salió de la casa minutos antes de las 6 para cumplir un viaje con tres pasajeros hasta la zona de Nemesio Parma.

Desde ese allí todo fue misterio e incertidumbre, sentimientos que ayer se transformaron en dolor y bronca tras el hallazgo del cadáver.

El cuerpo fue encontrado dentro de un pozo de agua ubicado en el fondo de una propiedad abandonada detrás del Parque Industrial y a unos 2.000 metros del lugar donde se halló el taxi en llamas de la víctima.

Hasta ese punto arribaron los investigadores mediante el testimonio de un testigo de identidad reservada que llamó al 911 para alertar que ese martes a la mañana, minutos después de las 6.30, vio estacionado y sin ocupantes el taxi de Benítez frente a ese lugar.

Un grupo de los más de 100 uniformados que ese día iniciaron el operativo de búsqueda acudieron hasta el punto indicado y las pistas halladas hicieron el resto.

Las fuentes describieron que en el lugar detectaron marcas de arrastre y manchas de sangre que funcionaron como guía hasta llegar a el pozo de unos 7 metros de profundidad donde la taxista fue descartada.

En ese lugar trabajó ayer el personal de la Dirección de Policía Científica, quienes operaron en absoluta soledad para prevenir la contaminación de la escena. Cada hoja, cada rama, cada piedra que presentaba alguna mancha similar a sangre, fue objeto de hisopados para la toma muestras que en un futuro podrían servir para identificar algún ADN distinto al de Benítez.

Lograr eso sería el anhelo de cualquier investigación criminal, dado que permitiría ubicar sospechosos en la escena.

En ese marco, los investigadores también aguardan los informes finales sobre el relevamiento de cámaras de seguridad y de las pericias telefónicas realizadas sobre los aparatos incautados.

Según pudo averiguar LVM, distintas cámaras de video-vigilancia del 911 captaron el recorrido del Chevrolet Corsa de Benítez en dirección hacia Nemesio Parma en el horario aportado por su pareja, pero se espera que, mediante un análisis más minucioso de las imágenes, se pueda determinar si efectivamente era ella quien iba al mando del vehículo, ya que no se descarta que el o los asesinos estuvieran frente al volante en ese momento.

El taxi de Benítez captado por cámaras de seguridad en dirección a Nemesio Parma ayer a la mañana.

Por otro lado, las autoridades al frente de la pesquisa ya cuentan con la información de que previo al inicio de la cuarentena por la pandemia del Covid-19 Benítez radicó una denuncia por violencia de género contra su pareja y hasta recibió una restricción que no fue renovada tras su vencimiento.

Eso, sumado a una serie de chats en los cuales la mujer aparentemente le manifiesta a una amiga que sufría maltratos de parte de su pareja, dejan aún más bajo la lupa al hombre, aunque los investigadores insisten en mantener la cautela hasta tanto no se recolecte mayor información.

Es por eso que tampoco descartan otras líneas investigativas y, aunque se supone que en el hecho participaron más personas, hasta el momento no existen otros posibles sospechosos en la mira. Ante este panorama, aún hay más preguntas que respuestas, pero en base al metódico trabajo realizado por los investigadores especializados en diversas áreas, las autoridades confían en obtener más resultados prontamente.

Para ello se aguardan los informes de las cámaras de seguridad que faltan y el resultado de las pericias científicas realizadas en base a los elementos recolectados en las distintas escenas del hecho.

Por último, se cree que él o los homicidas conocían perfectamente la ubicación del pozo en el cual finalmente descartaron el cadáver, dado que es un punto de difícil acceso y cubierto de una abundante vegetación que incluso impedía su detección durante las recorridas aéreas realizadas con el helicóptero de la Policía.

Por lo pronto, la pareja de la taxista continúa detenido como único sospechoso y se supo que ya cuenta con la defensa legal de letrados integrantes del estudio jurídico Alejandro Jabornicky y asociados.

Se estima que, una vez que el sumario policial sea elevado a la Justicia, el hombre será citado a prestar declaración indagatoria.

En las últimas horas también se supo que Benítez fue quien, en octubre del año pasado, filmó el momento exacto en que un efectivo policial hería de un disparo a una joven a la salida de un boliche sobre la avenida Cabred en un procedimiento. Por ese hecho, un agente quedó detenido, otros tres fueron separados de la fuerza y los jefes del Comando Radioeléctrico Oeste fueron removido de sus cargos.

Por otro lado, la familia de la víctima puso sobre el tapete un confuso episodio en el que Benítez discutió con una abogada y su pareja a la salida de un local nocturno sobre la avenida Maipú. Eso ocurrió el fin de semana y aseguran que luego de ello la mujer comenzó a recibir amenazas.

En la causa interviene el Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos.

Policiales

Joven apuñalado en Alba Posse murió tras diez días de agonía en el hospital

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alba posse

Un joven de 25 años falleció anoche tras permanecer diez días internado en estado crítico como consecuencia de la puñalada que recibió durante un ataque registrado en la localidad de Alba Posse.

La víctima se trata de Mario Dornelles (25), cuyo deceso se confirmó anoche en el hospital Samic de Oberá, donde estaba internado desde el 16 de noviembre, cuando fue blanco de un grave ataque por parte de otros tres jóvenes que ahora serán investigados por homicidio.

De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el hecho ocurrió en el paraje San Francisco de Asís, en Alba Posse, donde Dornelles caminaba junto a otro muchacho a la vera de la ruta provincial 8 y fueron emboscados por tres sujetos.

En esa instancia, ambos jóvenes fueron agredidos y Dornelles recibió una puñalada en la zona del tórax que derivó en su internación en estado crítico.

Tras el ataque, la Policía montó un operativo cerrojo y rastrillajes en zona de monte del paraje Libertad, donde horas más tarde detuvieron a los tres sospechosos: Josías D. S. (28), Elías D. S. (19) y Walter Nahuel E. (23).

En ese procedimiento también se secuestraron una motocicleta Corven Mirage 110, un casco y un machete que habría sido utilizado en la agresión.

Con la confirmación del fallecimiento de Dornelles, se dio aviso al juez interviniente, quien dispuso la autopsia en la Morgue Judicial de Posadas para determinar la causa precisa de la muerte, mientras que los tres detenidos continúan a disposición de la Justicia.

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Judiciales

Acampe docente: condenan a Gurina y Sánchez por desobediencia y corte de calle

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condenas a Monica Gurina y Leandro Sanchez

Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.

Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.

Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.

Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.

La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.

“No hay derecho absoluto”

El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.

Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.

En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.

Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.

“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.

En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.

La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.

Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.

“Fue un hecho público y multitudinario”

En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.

En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).

“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.

Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.

También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.

En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.

Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.

La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.

 

Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”

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La defensa pidió la absolución y hay cuarto intermedio hasta sentencia

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Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.

Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.

Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.

A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”

Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.

Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.

La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez

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