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La querella pidió perpetua para tres policías por el caso Wasyluk

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Wasyluk

La querella que representa a la familia de Hugo Miguel Wasyluk (38), hallado muerto dentro de una comisaría obereña en 2011, pidió esta mañana la prisión perpetua para tres de los trece policías que están siendo juzgados por la muerte del agricultor.

El pedido fue formulado por los letrados Rafael Pereyra Pigerl y María Vignolles, representantes de Bárbara Chitouski y Lucas Wasyluk, madre e hijo de la víctima, respectivamente, durante el inicio de la ronda de alegatos desarrollada hoy en el Tribunal Penal Uno de Oberá.

En detalle, la querella pidió que los uniformados Pedro De Mattos, Carlos Antonio Gómez y Ricardo Javier Rodríguez sean condenados a la pena de prisión perpetua como coautores del delito de “tortura seguida de muerte”.

Por su parte, plantearon que Jorge Antonio Heijo y Wilson Ricardo González reciban 15 y 10 años, respectivamente, por el delito de omisión de evitar la comisión de tortura y omisión de denunciar el delito de tortura, ambos en concurso real, y en concurso ideal con el delito de encubrimiento.

Según determinó la investigación, estos cinco imputados iban en el patrullero Toyota Hilux que el 25 de abril de 2011 interceptó y detuvo Wasyluk en plena ruta provincial 103, en cercanías de la localidad de Villa Bonita.

Los primeros tres uniformados habrían sido los encargados de golpear y torturar al agricultor, mientras que a los restantes, como expuso ahora la querella, fueron acusados de no denunciar lo sucedido.

Pero los pedidos de la querella no acabaron allí. Pereyra Pigerl y Vignolles también pidieron que Miguel Ángel Espíndola reciba 5 años de prisión y que los restantes efectivos policiales Gustavo Javier Fontana, Rosana Andrea Harasimezuk, Luis Alberto Silva, Alejandro Fabián Núñez y Carlos Ariel Lentini sean condenados a una pena de 2 años de cárcel, más una inhabilitación por el doble de tiempo.

En su alegato, la querella consideró que todos ellos cometieron el delito de “encubrimiento por omisión de denuncia de un delito cuya existencia conocieron en el ejercicio de sus funciones”.

Por último, para el médico policial José Orlando Morales pidieron que una pena de multa máxima e inhabilitación absoluta por un año.

El juicio contra los uniformados comenzó el 24 de noviembre y todos llegaron a esta instancia en libertad, pero en su alegato la querella solicitó, como medida cautelar y en virtud de la gravedad del pedido, que los primeros cinco efectivos sean detenidos y aguarden el final del proceso en esa condición.

Hoy también expusieron sus alegatos los letrados Héctor Sánchez y Luciano Wall, por la acción civil.

Mañana, en tanto, será el turno de alegar a los representantes del Ministerio Público Fiscal, Miryam Silke y Elías Bys, al tiempo que luego arrancarán con sus exposiciones los letrados defensores.

La sentencia podría darse el viernes o el lunes, dependiendo de cómo avancen estas últimas jornadas.

El debate oral es observado desde el comienzo por integrantes de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura (CPPT) de Misiones.

El caso

Wasyluk fue detenido el 25 de abril de 2011 tras ser denunciado por amenazas por su hermana.

Después de ello, fue trasladado hasta la Comisaría de Villa de Bonita, de donde lo sacaron esa misma noche y lo llevaron hasta la Comisaría Segunda de Oberá, donde no quisieron recibirlo.

Finalmente, fue alojado en la Comisaría Primera, donde falleció poco más de 24 horas después como consecuencia de una hemorragia masiva y una asfixia por aspiración de líquido intestinal, lesiones que fueron producto de los golpes sufridos, según determinó la autopsia.

A lo largo del debate oral declararon más de 25 testigos, entre efectivos policiales, peritos forenses e internos alojados en las comisarías donde Wasyluk estuvo durante sus últimas horas. Además, antes las partes se expuso imágenes revisión médica y de la autopsia al fallecido como manera de dimensionar las lesiones padecidas por la víctima.

Los estudios médicos indicaron que Wasyluk fue agredido a golpes, patadas y bastonazos. Incluso, constataron que no tenía lesiones defensivas y que tenía las marcas de sus esposas, ante lo cual se infiere que fue golpeado en estado de indefensión.

Foto: Misiones Online

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Una usurpación, el trasfondo de la balacera a una casa en Garupá

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usurpación garupá

Un conflicto de usurpación habría sido el trasfondo de la balacera contra una casa registrada ayer a la tarde en el barrio 110 Viviendas de Garupá, hecho por el cual la Policía continúa en busca de sospechosos.

Tal como publicó La Voz de Misiones, el violento episodio tuvo lugar a las 18.30 de ayer, en una vivienda ubicada sobre las calles Tuti Rotoli y Hugo Amable, donde desde un Volkswagen Bora se abrió fuego en al menos cinco o seis oportunidades.

Los impactos de bala dieron en paredes y portones del inmueble, sin registrarse lesionados, afortunadamente.

En la investigación abierta, los efectivos constataron que, casi en paralelo al ataque, una joven de 26 años denunció que un pariente de una ex pareja suya, junto a otras personas, habrían aprovechado su ausencia para ingresar y ocupar su casa.

La joven relató que la vivienda había sido adquirido hace cinco años atrás mediante un boleto de compraventa y actualmente se encontraba en trámite de regularización.

Fue casi al mismo tiempo la mujer acusada de la usurpación, de 62 años, alertó sobre el ataque armado perpetrado desde en automóvil negro, razón por la cual ahora los pesquisas entienden que los hechos podrían estar vinculados.

Por disposición del juzgado interviniente, se ordenó determinar quién ocupaba efectivamente el inmueble y desde cuándo, además de localizar a los autores de los disparos. Por el momento, la vivienda permanece desocupada y bajo resguardo policial, mientras continúa la investigación para esclarecer el caso.

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Balearon una casa en el barrio 110 Viviendas en Garupá: buscan un auto negro

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110 viviendas garupá

Un grave hecho de violencia se registró esta tarde en el barrio 110 Viviendas de Garupá, donde una casa fue blanco de una ráfaga de disparos efectuados desde un automóvil que escapó de la escena.

El episodio ocurrió minutos antes de las 18.30, en inmediaciones a las calles Tuti Rottoli y Hugo Amable del mencionado vecindario de Garupá.

“Estábamos todos adentro porque estuvo fresco hoy y de repente empezamos a escuchar unos disparos. Fueron como seis en total. Ahí vimos que un auto sin patente y vidrios polarizados se fue a toda la velocidad”, relató un vecino que se contactó con La Voz de Misiones.

En el hecho intervino el personal del Comando Radioeléctrico Santa Clara, dependiente de la Unidad Regional X, quienes fueron los primeros en llegar al lugar y constataron vestigios de al menos cinco disparos que dieron contra el frente de una vivienda, aunque todavía se aguarda el trabajo de los peritos de Criminalística.

En el lugar reside una señora de 62 años. Los primeros datos señalan que el ataque fue perpetrado por desconocidos que se movilizaban en un vehículo tipo Volkswagen Bora negro.

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Prefectura desactivó un kiosco de drogas en el barrio Yacyretá: un detenido

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drogas yacyretá

La Prefectura Naval Argentina (PNA) desactivó un punto de venta de drogas en el barrio Yacyretá de Posadas y detuvo a un sospechoso, además de incautar estupefacientes, celulares y otros elementos de interés que serán sometidos a pericias para extender la pesquisa.

En total fueron dos los procedimientos ejecutados entre la noche del jueves y la madrugada del viernes. Uno tuvo lugar en inmediaciones a las avenidas Blas Parera y Zapiola, mientras que el otro inmueble allanado se ubicado sobre calle 66 casi avenida Aguado.

En uno de esos operativos, los investigadores de la PNA detuvieron a un hombre, mientras que también arrestaron a una mujer que luego recuperó la libertad supeditada a la causa.

En cuanto a lo incautado, detallaron que fueron dos kilogramos de marihuana, como así también bochas de cocaína, dos balanzas de precisión, ocho teléfonos celulares y una motocicleta presuntamente utilizado para el reparto de los estupefacientes en modo delivery. El aforo de lo secuestrados ascendió a los 12 millones de pesos.

Todo quedó a disposición del Juzgado Federal de Posadas, a cargo de la magistrada Verónica Skanata, quien ahora decidirá los próximos pasos a seguir.

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