Policiales
La Justicia pidió a Interpol la captura internacional de los hermanos Kiczka
El juez Miguel Ángel Faría emitió esta tarde un pedido de captura internacional a Interpol contra los hermanos Germán y Sebastián Kiczka, entre otras medidas tendientes a evitar que los implicados en una causa por tenencia y distribución de archivos con contenido de abuso sexual infantil evadan el accionar de la Justicia.
El magistrado titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles también envió los correspondientes oficios a los diferentes puestos migratorios del país solicitando la prohibición de salida para ambos y su consecuente captura, además de alertar sobre la búsqueda de los implicados a todas las fuerzas federales.
Mientras tanto, en territorio misionero la Policía provincial continúa realizando labores de inteligencia y ejecutando allanamientos. Esta tarde los agentes irrumpieron en la vivienda un familiar en el centro de Apóstoles, pero nuevamente obtuvieron resultados negativos.
La Policía de Misiones conformó un grupo especial que se abocará a la búsqueda de los hermanos y además solicitó ayuda a sus pares tanto de Paraguay como de Brasil, en el marco de los diferentes mecanismos de cooperación internacional alcanzados recientemente.
Los Kizcka no dejaron registros de salidas recientes en migraciones, lo cual no significa que continúen en la provincia, dado que pudieron aprovechar la porosidad de la frontera para escapar a través de pasos clandestinos.
Ahora, con el pedido de captura internacional librado, las fuerzas de los 196 países que trabajan con Interpol están alertadas sobre la fuga de los hermanos y pueden proceder a su detención.
Los hermanos Germán y Sebastián Kiczka, actualmente.
Hermanos en fuga
Los hermanos Kiczka están investigados en una causa por la tenencia y la distribución de al menos 603 archivos con contenido de abuso sexual infantil y zoofilia con menores.
El pedido de detención contra ambos fue firmado por el juez Faría el martes a la noche e inmediatamente remitido, tanto a la Policía como a la Cámara de Representantes, dado que en el caso de Germán primero había que proceder a su desafuero a través del voto de los demás legisladores.
El desafuero se dio ayer a la tarde y recién a partir de ese momento la Justicia tenía potestad plena de accionar contra el ex dirigente de Activar, dado que hasta ese momento era protegido por la inmunidad que gozaba como legislador.
Sin embargo, cuando la Policía acudió a su casa en Apóstoles el diputado ya no se encontraba, al igual que su hermano Sebastián, quien es buscado desde las primeras horas del miércoles. Se cree que ambos huyeron juntos.
Durante la sesión del jueves, quien se refirió al tema fue la diputada Anazul Centeno, quien informó ante el pleno que el diputado Kiczka había presentado una comunicación notificando su ausencia al recinto, aunque advirtió que el documento puede contener una firma apócrifa.
“Hay un informe preliminar que concluye que la firma de este documento no arroja coincidencias con firmas de documentos anteriores. Esta Cámara iniciará la investigación correspondiente para establecer lo que ha sucedido”, alertó la diputada de la Renovación, situación que avalaría la teoría de que el diputado realizó maniobras deliberadas para escapar de la Justicia y lograr su impunidad.
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó penas de 1 año y 10 meses de prisión, respectivamente, para los docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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