Los ex agentes Iván y Alejandro Arrieta, Adolfo Guirula y Diego Correa, detenidos en la cárcel de Loreto hace cinco meses por una causa caratulada como “sedición” y “conspiración”, iniciaron una huelga de hambre en reclamo a la “falta de respuestas” por parte del juez Fernando Verón.

La medida de fuerza se conoció a partir de un comunicado fechado el 21 de marzo, con la firma de los cuatro policías detenidos, donde manifiestan: “Iniciamos huelga de hambre sólida en reclamo por nuestras detenciones arbitrarias. Retraso en las tramitaciones, imparcialidad, violación de los derechos a la defensa y violación a los derechos humanos”.

Luego, argumentan: “Consideramos que es necesario tomar esta medida drástica sobre nuestra situación y exigir justicia. El objetivo es que se tomen cartas inmediatas con respecto al tiempo ya transcurrido de nuestras detenciones indebidas”.

A su vez, aseguran estar “dispuestos” a mantener la huelga por tiempo indeterminado, hasta que “se resuelva de manera justa y fiable”.

Mediante la misiva, también solicitaron mantener en conocimiento de la medida al juez interviniente, Fernando Verón, como así también a sus familias y a sus abogados defensores.

Finalmente, apuntaron: “Hacemos responsable al Juzgado de Instrucción III y al Servicio Penitenciario Provincial por posibles represalias, amenazas, malos tratos y traslados de unidad penal”.

Policías destituidos por “sedición” presentaron un amparo contra el gobierno

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Tras más de 200 días detenidos, el ex diputado Germán Kiczka (44) y su hermano Sebastián (47) serán juzgados a partir del 31 de marzo en un juicio que promete ser histórico, y no solo por la trascendencia que alcanzó el caso, sino también por otros dos hitos que marcarán al poder judicial de la provincia: será la primera causa por archivos Masi que se ventile en debate oral en Misiones y el proceso contará con dos fiscales de tribunal como otro dato sin precedentes.

Será un litigio largo, que se extenderá a lo largo de doce jornadas consecutivas y con fecha estipulada para el dictado de sentencia para el 16 de abril. El debate se realizará en el SUM del Palacio de Justicia y estará a cargo del Tribunal Penal Uno de Posadas, integrado por los magistrados Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya (subrogante).

Como representante del Ministerio Público Fiscal actuará Martín Alejandro Rau, quien a su vez contará con la colaboración de Antonio Vladimir Glinka como fiscal de tribunal adjunto, hecho que no encuentra precedentes en la historia reciente de los debates orales en la tierra colorada.

La participación de un segundo fiscal de tribunales en el juicio se dio a partir de una solicitud planteada por Rau y la designación de Glinka fue resuelta por el flamante Procurador General de la provincia Carlos Giménez.

“Para Misiones es el primer juicio oral en esta temática por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. La sociedad misionera necesita saber qué pasó. Yo creo que va a ser uno de los juicios más importantes en la historia de Misiones”, apreció el procurador en Canal 12.

Y remarcó: “A los fiscales les pedí que la teoría o la construcción de la acusación esté basada en hechos ciertos, apoyado en prueba sólida y fundada en derecho. Yo creo que, como servidores públicos, como funcionarios judiciales, nos debemos a un servicio de justicia eficiente y oportuno”.

El debate contará con dos audiencias abiertas a la prensa y al público en general. Serán el primer y último día, donde las partes darán sus respectivos alegatos de apertura y de cierre. El resto de las jornadas se realizarán a puertas cerradas, teniendo en cuenta que el delito investigado afecta la integridad sexual de terceros cuya intimidad debe ser resguardada.

En total hay 67 testigos admitidos por el tribunal, entre los que se destacan peritos informáticos, profesionales de diversas áreas, investigadores y “consultores técnicos” solicitados por ambas partes para legitimar y/o desacreditar las pruebas que obran en el expediente, las cuales en su gran mayoría consisten en evidencias digitales, lo que a su vez plantea un nuevo paradigma en materia judicial en la provincia.

Los imputados, por su parte, serán defendidos por abogados particulares. En representación de Germán Kiczka continuará -como desde el primer día- Gonzalo De Paula, mientras que junto a Sebastián Kiczka estará el experimentado Eduardo Paredes.

Ambos hermanos enfrentan cargos por el delito de “tenencia, facilitación y distribución de material de explotación sexual infantil (Masi), agravado por ser las víctimas menores de 13 años de edad, varios hechos”, aunque a Sebastián también se lo acusa de “abuso sexual sin acceso carnal” tras una denuncia radicada por una joven que acudió a la Justicia vez desatado el escándalo que dejó a Apóstoles en la mira de todo el país.

Evidencia digital y paradigma

“Es un expediente que tiene su particularidad desde el inicio, porque surge como consecuencia de un reporte que viene desde Estados Unidos hasta Argentina, puntualmente a la fiscalía de Daniela Dupuy, en Buenos Aires. Ellos reciben una serie de reportes que analizan y a partir de ahí se establecen una serie de objetivos para desarticular cierto tráfico de Masi”, precisó sobre el caso el fiscal Rau durante una charla con La Voz de Misiones.

Uno de esos “objetivos”, establecidos a partir de direcciones de IP, estaba en Apóstoles, ni más ni menos que en el domicilio del padre de los hermanos Kiczka. Esa información motivó el primer allanamiento realizado el 28 de febrero del año pasado, procedimiento donde se secuestraron dispositivos electrónicos con más de 600 archivos Masi, cifra que ascendió a 913 tras la incautación de más aparatos. 

“Se ha hecho una investigación muy profunda y casi todo surge a consecuencia del análisis de laboratorio forense de dispositivos informativos. Ahora estamos en un período de estudio profundo de todo el expediente y trabajando en la teoría del caso que vamos a plantear”, añadió Rau a casi una semana del inicio del juicio.

El fiscal Martín Rau contará con el apoyo de Vladimir Glinka como fiscal de tribunal adjunto. FOTO: Marcos Otaño.

“Estamos poniendo todo nuestro empeño y esfuerzo para representar a la sociedad de la mejor manera. Como fiscales estamos abocados al 100% a este expediente, sin descuidar nuestras tareas habituales. Es una tarea que nos obliga a redoblar o triplicar esfuerzos. No se puede para la Justicia, pero tampoco podemos dejar de darle la relevancia que merece este expediente”, afirmó.

Durante la charla, Rau subrayó la importancia de este proceso, como así también resaltó las complejidades de la causa y el paradigma que podría representar este caso para la provincia.

“En este caso nos encontramos con algo que excede el marco normal de un expediente, porque hay un paradigma distinto, que es la evidencia digital. Eso transforma el proceso en una manera diversa a lo habitual y marco esto casi por una cuestión académica, porque no es lo mismo investigar un delito en el ciberespacio que en el mundo físico”, aseveró.

Y puntualizó: “Cuando el camino de la evidencia digital está bien hecho es muy difícil cuestionar la autoría, porque es casi como una prueba de ADN, es un vínculo directo difícil de contrarrestar”.

Si bien el expediente del caso está conformado íntegramente por prueba digital, para el juicio hay 67 testigos admitidos y citados. Rau explicó: “Cuando investigamos un delito necesitamos la asistencia de determinadas personas que manejan una experticia distinta a la nuestra. Entonces, al debate van a ir muchos técnicos que procesaron distintos elementos informáticos, por ejemplo. Es algo propio para exigir la legitimidad de todo el cuerpo probatorio que se ha recolectado”.

De Emule y archivos Masi

Durante el juicio, ambos imputados tendrán la oportunidad de declarar ante el tribunal cuando lo deseen. Al momento de ir a indagatoria, el ex diputado de Activar habló durante tres horas, aunque prácticamente se abstuvo a todas las preguntas formuladas.

En la ocasión, Kiczka admitió consumir pornografía y reconoció utilizar el programa E-Mule (utilizado para el intercambio de archivos tipo P2p, peer-to-peer o red de pares), pero rechazó que su búsqueda de material se concentre en menores de edad y también negó haber distribuido archivos de manera intencional.

Como explicación respecto a los archivos Masi hallados en sus aparatos informáticos el ex diputado argumentó que “las descargas se dan a ciegas. Uno no sabe lo que es hasta que descarga”.

Para la Justicia, nada de esto alcanzó para rebatir las sospechas que recaían en su contra. Más aún teniendo en cuenta los elementos probatorios recolectados mediante peritajes informáticos, los cuales marcaron el hallazgo de un total de 913 archivos Masi y la presencia del programa E-Mule en las dos computadoras relacionadas al diputado, una Acer incautada en la casa de su padre y una Lenovo secuestrada el 6 de agosto de 2024 en el allanamiento a su casa.

Además, los peritos detectaron conversaciones relacionadas al intercambio de material Masi en Telegram y envíos de archivos por Whatsapp.

Germán Kiczka estuvo una semana prófugo tras su desafuero como legislador provincial.

Pero no es todo. También constataron que ese 28 de febrero al mediodía, mientras la Policía Federal Argentina (PFA) allanaba la casa de su padre en el barrio Illía de Apóstoles, Kiczka se encontraba en Brasil y desde allí cambió el nombre de la carpeta Incoming, que se crea de forma automática al momento de la instalación del programa E-Mule para el almacenamiento de las descargas. Los detectives que participaron de la instrucción creen que eso fue una maniobra deliberada con la intención de no dejar rastros de su actividad.

En su declaración, el dirigente expulsado del partido Activar también intentó desligarse de la notebook Acer secuestrada en la casa de su padre y hermano, argumentando que la dejó de usar en 2019 y que solo utilizaba de manera esporádica cuando visitaba la vivienda familiar.

Sin embargo, esto también se contradice con la prueba. El aparato no solo que tenía registrado tanto su nombre de su usuario, como su email y un backup de archivos y facturas a su nombre, sino que en el análisis de todos los dispositivos incautados también se hallaron dos fotografías de 2023 que lo muestran a él junto a las dos notebooks secuestradas dentro de la oficina que el ex legislador ocupaba como comisionista de Cigarros Misioneros, empresa propiedad de la familia Puerta.

Todos estos elementos fueron suficientes como para que el 13 de septiembre el juez Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, dicte la prisión preventiva en su contra, medida que luego se replicaría a su hermano Sebastián y es así como ambos continúan sin ver la calle, encerrados hace más de 200 días en celdas de la UP VIII.

Prisión preventiva para Germán Kiczka: su defensa y las pruebas en contra

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El domingo pasado, un hombre atropelló, mató y se dio a la fuga a bordo de un vehículo Renault que finalmente fue identificado y secuestrado por personal policial en las últimas horas. En tanto, el conductor continúa prófugo y no sería el titular del auto en cuestión.

El siniestro que se cobró la vida del joven mbya Walter Lucas Flores (16), sobre ruta 7 a la altura de la colonia Cuña Pirú, ocurrió el domingo pasado. Finalmente, ayer jueves la Policía de Misiones realizó un operativo en horas del mediodía mediante el cual logró identificar y secuestrar el rodado. 

El hallazgo se produjo en una vivienda del barrio Rocho de Aristóbulo del Valle, propiedad de un hombre de 62 años, quien sería el suegro del conductor. Mientras tanto, el presunto responsable del hecho habría escondido el auto tras el choque e inmediatamente se dio a la fuga sin dejar rastros hasta el momento. 

El procedimiento se desarrolló en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado N.º 2 de Oberá, con la cual, agentes policiales de la Unidad Regional IV irrumpieron en el lugar hasta encontrar el Renault Scenic.

Al observar que presentaba daños en la zona frontal derecha y coincidir con las pistas arrojadas por testigos, el rodado fue trasladado a la sede policial, para ser peritado por el gabinete científico, quedando depositado a disposición de la Justicia. 

Antecedente similar

En noviembre de 2021 un siniestro vial se cobró la vida de un niño de 8 años sobre esa misma ruta, por lo que las cuatro comunidades que habitan la zona realizaron un corte para pedir más señalización y lomos de burros sobre ese tramo.

La víctima era integrante de la comunidad Tekoa Kapi’i Poty, la cual se movilizó junto a otras tres comunidades asentadas sobre el Valle del Cuña Pirú, solicitando a las autoridades correspondientes que “vean el peligro que implica la falta de señalización en la zona desde Aristóbulo del Valle a Jardín América, donde hay 11 escuelas. Se necesita más control de velocidad. Hoy lamentamos la muerte de un niño de la comunidad”, expresó entonces el cacique.

El niño intentaba cruzar la ruta cuando fue embestido por un vehículo y “perdió la vida en el acto por el impacto”, afirmaron testigos que se encontraban en el lugar. 

El vehículo en cuestión era un Fiat Fiorino al mando de un joven de 23 años a quien la Justicia instruyó de la causa y procedió al secuestro del rodado. 

Desde el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen, aseguran que “hubo otros accidentes que no fueron mediatizados” y ante el peligro se gestionó la colocación de serruchos para reducir la velocidad, los cuales hoy “se encuentran muy gastados por el uso”.  

Adolescente mbya murió arrollado en la ruta 7 y buscan un auto Renault

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