Judiciales
Villalba admitió un “procedimiento malo” y pidió perdón a la familia Rosa
Los ex policías Aldo Villalba (35) y Luis Rotela (43), enjuiciados desde la semana pasada por “incumplimiento de sus deberes como funcionario público y abandono de persona agravado por el resultado de muerte” en perjuicio de la docente jubilada con esquizofrenia Mirta Carmen Rosa (47), registrado hace más de una década en Garupá, finalmente declararon hoy.
En esa instancia, ambos se desligaron del trágico final y el principal acusado pidió perdón a la familia de la víctima, por la “falencia” en el procedimiento realizado.
Tal como estaba previsto, para hoy sólo se aguardaban las declaraciones de los imputados, dado que el testimonio de los demás testigos que fueron desistidos o que no fueron hallados iba a ser incorporados por lectura. De esa manera, la etapa de recolección de pruebas se declararía cerrada, para dar paso a la ronda de alegatos fijada para el próximo miércoles desde las 8.30.
El primero en pasar frente al tribunal fue Aldo Villalba, que al momento del hecho era oficial de servicio en la comisaría Quinta de Garupá y estuvo a cargo de la comisión que el 14 de febrero de 2013 salió a atender el requerimiento de una familia del barrio Nuevo Garupá, quienes solicitaron asistencia ante la presencia de la señora Rosa, una mujer de 47 años diagnóstica con “trastorno psicótico esquizofrénico”, que ese mediodía llegó desorientada al lugar.
La reconstrucción del hecho señala que Villalba, acompañado de Rotela como chofer, subieron a Rosa al patrullero y se la llevaron del lugar, pero nada más se supo de la mujer hasta que, horas después, su cadáver apareció en una cancha del barrio Los Potrillos, a varias cuadras de distancia. Qué sucedió en el medio es lo que se intenta determinar en este juicio. Al principio los ex uniformados fueron acusados de homicidio calificado, pero luego la figura se redujo a la imputación actual.
En el comienzo del debate, los dos acusados se abstuvieron de declarar, aunque advirtieron que podrían hacerlo durante el transcurso de las audiencias y el momento llegó hoy.
Los abogados José Luis Rey y Mónica Olivera, junto al imputado Villalba en el fondo.
“La vi bien y la bajé”
Ya frente al tribunal, Villalba se defendió de las acusaciones, aunque sin responder preguntas. En primera instancia narró que, al llegar a la casa desde donde pidieron asistencia, se encontró con Rosa y dialogó con ella.
“Yo me entrevisto con la señora sentada. Me presento y le hago preguntas de rigor. La señora me manifestó que se llamaba Rosa, que era de San Javier, que sus hijos y marido vivían ahí. La familia del lugar dijo que no hubo ningún problema, que sólo quería que retiremos a la señora”, relató el imputado, que actualmente trabaja como chef.
Añadió entonces que subieron a Rosa en el patrullero para dirigirse a la comisaría y, dentro del móvil, continuaron dialogando sin inconvenientes, hasta que poco antes de llegar “a la colectora, cerca de los bomberos”, la mujer pidió bajarse aduciendo que tenía familiares viviendo cerca.
“Yo le digo al chofer (Rotela) que pare. Bajo, abro la puerta y le vuelvo a preguntar a la señora si estaba bien y me vuelve a decir que tenía un familiar que vivía cerca. Entonces se baja y nosotros nos retiramos hacia la comisaría”, señaló Villalba.
Y continuó: “Como yo veo que ella estaba bien, que me contestó su nombre, que dijo de dónde era, que tenía familia y que no evidenciaba lesiones, ni nadie dijo nada sobre algún dolor o padecimiento, para mí fue una comisión normal y a requerimiento de la señora lo más simple o la solución más humana, la que más correcta me pareció fue bajar a la señora en la colectora. Nunca tuve una sensación de alerta o de peligro, la vi bien y la bajé”.
Aldo Villalba tiene 37 años y actualmente es chef.
Bajo estas circunstancias, el imputado agregó que al regresar a la comisaría le pasó los datos de la comisión realizada “al cabo de cuarto”, aunque le informó que todo fue “sin novedad”, porque consideró que no había pasado nada “grave” o “relevante”.
“Jamás pensé que un ‘sin novedad’ iba a desembocar en todo esto’”, lanzó, refiriéndose a que también le endilgan el delito de “falsificación ideológica de instrumento público”.
En la continuidad de su relato, además, Villalba contradijo al que era su jefe en la Quinta, José Cerdán, quien ayer declaró que, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Rosa, el oficial imputado nunca le contó sobre la comisión que habían realizado con ella horas antes.
“Cuando se halla el cuerpo, yo reservo la escena e informo a los superiores. Cuando llega el jefe, tengo un diálogo con él y le digo que con esa señora nosotros tuvimos contacto, le expliqué la comisión, que fue sin novedad, que simplemente la trasladamos hasta la colectora, que se bajó y nos fuimos. Le dije que no pasó nada más y me respondió que esperáramos qué decían el juez y el médico, pero que mientras tanto yo siga con las instrucciones del caso”, se explayó.
De esta manera, Villalba respondió las acusaciones que daban cuenta de que, durante casi un mes, él llevó adelante las actuaciones del hecho sin que nadie supiese que había realizado el traslado de Rosa horas antes de su aparición sin vida.
Perdón y pedido de respuestas
Por último, y de pie, el ex policía pidió perdón a la familia de la víctima y también reclamó respuestas y justicia, tanto para la mujer fallecida como para él y su consorte de causa.
“Quiero pedir perdón a la familia si por mi procedimiento malo o con la falla o la falencia de mi procedimiento le causé dolor. Jamás fue mi intención hacer daño a alguien. Todo lo que hice fue dentro de lo que aprendí, creí que lo hice bien, creí que hice un bien, pero tuvo un final muy malo, lo sabemos todos”, exclamó.
E insistió: “Pido perdón a la familia porque sé el dolor que deben estar sintiendo, sé la bronca que deben tener porque son diez años, porque deben querer respuesta y lo mismo quiero yo y Rotela. Queremos respuestas. De la misma forma que la hija nos deseó, le deseo a ella, que Dios la bendiga y que ilumine el camino a la Justicia para que se pueda dilucidar todo lo que le pasó a esta señora después de que nosotros la bajamos”.
Rotela también habló
A su turno, también pasó al frente del estrado el ex cabo Rotela, quien también se excusó de responder preguntas.
El hombre, que se desempeñaba como chofer de la comisaría Quinta, también se desligó del trágico final de Rosa y aseguró que únicamente cumplió su función y que no hizo nada más allá de lo que su rol ameritaba.
También pidió perdón a la familia de la víctima y recordó que, como consecuencia de esta causa, estuvo un año detenido, período en el cual fue exonerado de la fuerza provincial y debió reinventarse como remisero para mantener a su familia, aunque sufre de discriminación porque “la gente me reconoce y no quiere que la lleve”.
Luis Albino Rotela era chofer de la comisaría Quinta y ahora es remisero.
Alegatos el miércoles
Tras la palabra de Rotelo, el Tribunal Penal Dos, presidido por el magistrado Gregorio Busse e integrado por César Yaya y Fernando Verón (subrogante) dio por cerrada la etapa de incorporación de pruebas y dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles para avanzar con la ronda de alegatos.
En esa instancia, las partes expondrán sus conclusiones finales y elevar sus respectivos pedidos ante el tribunal.
El primero en exponer será el fiscal Vladimir Glinka, quien ya en la primera jornada de debate brindó un breve alegato de apertura en el cual adelantó que la muerte de Rosa fue consecuencia “del accionar de los imputados”, sobre quienes apuntó que “nos han mentido durante muchos años”.
En segundo orden alegarán los abogados defensores particulares Mónica Olivera, en representación de Villalba, y José Luis Rey por Rotela.
El debate oral programado para hoy contra el ex gendarme Carlos Ramón Gómez, imputado por el asesinato de su esposa María Esther Barreda (36), cometido el 9 de diciembre de 2001, fue suspendido en virtud de “maniobras dilatorias” de sus abogados advertidas por el Tribunal Penal Dos de Posadas, que resolvió diferir el inicio de las audiencias y designar un defensor oficial sustituto para evitar que el accionar se repita en la próxima fecha a definir.
La decisión se tomó luego de que el imputado notificara un último cambio de defensa, designando a la letrada Olga Anahí Tabacchi, ex fiscal en Santo Tomé y con condena ratificada por la Corte Suprema por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, en lugar de la abogada posadeña María Laura Alvarenga.
En ese marco, el tribunal presidido por el magistrado César Antonio Yaya advirtió que la medida pudo corresponderse a una “maniobra dilatoria”, alegando que los anteriores abogados de Gómez (Eduardo Paredes y Mauricio Vergara) “exhibieron idéntica conducta procesal” en otros tres causas puntuales en las que renunciaron o solicitaron cambios a último momento, entre otros planteos.
Ante ese panorama, y a fin de asegurar el derecho de defensa del imputado y garantizar la realización del debate sin nuevas dilaciones, las autoridades resolvieron suspender la audiencia de hoy y pautar una nueva fecha de inicio, aunque antes de ello ordenó designar un defensor oficial sustituto para que actúe en caso de una nueva renuncia o cambio de abogado a último momento.
Gómez llega a esta instancia libertad y enfrenta cargos por “homicidio calificado”, figura bajo la cual puede ser condenado a prisión perpetua, pena que al momento del hecho preveía 25 años de cárcel.
El expediente quedó habilitado para tratarse en debate oral luego de que el pasado 7 de julio la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) fallara en contra de uno de los tantos planteos defensivos que los diferentes abogados de Gómez presentaron a lo largo de dos décadas.
Crimen y derrotero judicial
El hecho que se pretende esclarecer se registró el 9 de diciembre de 2001 y la víctima fue María Esther Barreda, una mujer de 36 años que estaba en pareja con el ex gendarme acusado.
Según lo reconstruido en su momento, el crimen ocurrió en una vivienda del barrio San Lucas, a pocas cuadras del club Centro de Cazadores de Posadas, donde Gómez habría encontrado a su pareja con otro hombre y la atacó a balazos con su arma reglamentaria.
La mujer recibió un total de cuatro disparos y falleció en el lugar, mientras que el ex uniformado huyó de la escena para un día después entregarse en el puesto de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) de San José.
Inicialmente, la causa quedó en manos del Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, presidido en ese entonces por el magistrado Eduardo D’Orsaneo, aunque más tarde el caso ingresó en un largo proceso recursivo y el derrotero judicial que se extendió durante más de 20 años.
Tras las primeras actuaciones, el juez D’Orsaneo dictó la prisión preventiva para el imputado e incluso más tarde la fiscal Margarita Wenner avanzó con el requerimiento de elevación a juicio.
La defensa, por su parte, jugó otra carta. Se opuso al requerimiento y pidió el sobreseimiento de Gómez alegando una “inimputabilidad” de su cliente en razón de haber actuado en forma “enceguecida” por encontrar a su pareja con un presunto amante.
Para 2003, en el expediente intervino el Tribunal Penal Uno de Posadas, que resolvió revocar la elevación a juicio y dictar el sobreseimiento de Gómez, cuya ejecución fue apelada, no así la resolución que lo dispuso.
De ahí, el asunto pasó a manos del Tribunal Penal Dos, actuando como Cámara de Apelaciones, cuyas autoridades consideraron que el caso debía seguir siendo investigado y en consecuencia remitió las actuaciones al Juzgado de Instrucción Uno, entonces presidido por Horacio Gallardo (fallecido), que liberó al sospechoso y estableció una prórroga extraordinaria para resolver si Gómez debía ir al banquillo o no.
Los años pasaron y recién en 2013 el ex gendarme volvió a ser detenido para enfrentar el juicio. El inicio de las audiencias estuvo programado para 2018, pero fue suspendido por el pedido de licencia del fiscal.
En ese lapsus, la defensa volvió a jugar otra carta y recurrió al máximo órgano judicial del país aludiendo el sobreseimiento dictado en su momento a favor de Gómez, entre otros planteos como de prescriptibilidad, arbitrariedad y violación del principio de defensa en juicio por preclusión.
Ese planteo es el que recientemente respondió de manera negativa la Corte, aunque sin analizar la cuestión de fondo. Tras ese revés, Gómez quedó sin más posibilidades recursivas y, por eso, hoy debía sentarse en el banquillo de los acusados aunque el inicio del debate volvió a ser postergado.
Ex gendarme irá a juicio por el crimen de su esposa 24 años después
El hombre de 82 años detenido desde el viernes pasado por el crimen de su ex yerno, el empresario y piloto Alfredo Wiebel (48), continúa internado en Puerto Iguazú y la Justicia ordenó que sea sometido a una junta médica para determinar si su estado de salud le permite comparecer en audiencia de declaración indagatoria.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones mediante diversas fuentes consultadas, el detenido, identificado como Ángel Ramón Zalazar (82), continúa internado con custodia policial en la misma clínica privada a la que se presentó el viernes a la tarde mientras era intensamente buscado por el crimen registrado horas antes.
Si bien los certificados médicos aún no fueron elevados formalmente a las autoridades intervinientes, el implicado además de atención por patologías de base recibiría tratamientos de salud de mental, factor que la Justicia pretende esclarecer y para ello se ordenó que el Cuerpo Médico Forense realice una evaluación integral del paciente para determinar si puede comparecer en audiencia de indagatoria.
En paralelo, siguen en curso otras medidas de prueba como la toma de testimoniales y la realización de diversas pericias.
En la causa ahora interviene César Lirussi, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Eldorado, magistrado que quedó a cargo de la investigación tras la inhibición de Martín Brites, del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú.
Crimen
El crimen de Wiebel ocurrió el 11 de septiembre a la mañana, cerca de las 11, en una obra en construcción ubicada sobre la avenida República Argentina, en el barrio Industrial de la Ciudad de las Cataratas.
En ese lugar habría mantenido una discusión con Zalazar hasta que, en determinado momento, fue atacado a balazos ante la vista de varios albañiles que trabajaban en el predio y fueron testigos del crimen.
Fueron ellos mismos quienes narraron que después del ataque Zalazar se fue caminando hasta una su empresa ubicada en la zona y allí escapó al mando de una camioneta Toyota SW4.
El sospechoso estuvo prófugo unas horas hasta que, a las 16, se reportó su ingreso a una clínica de la ciudad, donde quedó internado con custodia policial.
La posterior autopsia reveló que Wiebel recibió cinco balazos, cuatro de ellos “mortales”. La información se sumó al hecho de que el sábado la Policía allanó la vivienda del único sospechoso y en el lugar incautaron una pistola calibre 9 milímetros que, se presume, podría tratarse del arma homicida. La certeza llegará una vez que los peritos en criminalística realicen los estudios correspondientes y arriben a una conclusión científica al respecto.
Wiebel, además de piloto de automovilismo, era empresario del rubro turístico, con negocios hoteleros y gastronómicos. Zalazar, en tanto, también es un hombre de negocios, vinculados a la importación y exportación.
Ambos compartían algunas de esas actividades y una hipótesis sostiene que el crimen pudo deberse a diferencias económicas que complicaron la relación.
La autopsia reveló que Wiebel recibió cinco balazos, cuatro de ellos mortales
El Tribunal Penal Uno de Oberá resolvió condenar a penas de 14 y 16 años de prisión a los dos jóvenes acusados de matar a golpes a un hombre en situación de calle durante un hecho registrado en agosto de 2024.
La sentencia impartida por los magistrados Horacio Paniagua, David Milicich y Graciela Heppner (subrogante) coincidió plenamente con el pedido efectuado minutos antes por el fiscal Juan Pablo Fernández Rissi durante la ronda de alegatos.
En su exposición, el fiscal calificó que los acusados actuaron con una “violencia irrefrenable contra la humanidad de la víctima” y entendió que ambos debían ser condenados.
El pedido fue formulado a media mañana, durante el inicio de la ronda de alegatos, desarrollada luego de la etapa de incorporación de pruebas en la que declararon una decena de testigos del hecho ocurrido el 21 de agosto de 2024 en perjuicio de Miguel Ángel García (55).
Fernández Rissi consideró acreditado el hecho y también la coautoría de los imputados Franco Ezequiel Paz (25) y Sergio Fabián Valenzuela (36) en el delito de “homicidio simple”.
“Sometimiento sin defensa”
El fiscal reconstruyó que ese 21 de agosto, a las 3 de la madrugada, García, que estaba en situación de calle, dormía frente a la sede de Rentas en Oberá, donde se encontraba junto a otras personas hasta que fue abordado y atacado por los acusados.
Según sus palabras, los imputados “propinaron una brutal agresión con golpes de puño y patadas y también con un elemento contundente tipo palo, provocando severísimas lesiones en la cabeza” de la víctima.
Se apoyó en el testimonio de los demás presentes en el lugar del hecho para afirmar que “la víctima estaba acostada, en estado de indefensión” y que “el ataque se prolongó durante varios minutos en los cuales anularon la defensa que pudieran intentar las personas que estaban con García”.
“Esto fue un homicidio doloso. Hubo un sometimiento sin defensa. Hubo dolo de golpear indiscriminadamente, en zonas vitales y sin detenerse por voluntad propia”, resumió Fernández Rissi.
En ese marco, pidió que ambos imputados sean condenados por homicidio simple. Para Paz pidió 14 años de prisión, mientras que para Valenzuela pidió 16 en virtud de registrar antecedentes condenatorios.
Filmaciones
El defensor oficial Matías Olivera, en tanto, cuestionó que durante la instrucción no se ordenaron las medidas suficientes para recabar filmaciones de cámaras de seguridad que pudieran dar certezas sobre lo ocurrido y alegó que esa situación vulneró el derecho de defensa de sus pupilos.
Olivera sostuvo que sus defendidos no niegan su presencia en el lugar del hecho, aunque consideró que no se pudo acreditar qué golpe fue causante de la fractura de cráneo en la víctima, como así tampoco quién fue el autor de dicha agresión.
“A lo mejor el golpe con el palo lo dio otro en medio del tumulto con las otras personas estaban en el lugar”, estimó Olivera.
En ese marco, solicitó que sus defendidos sean condenados a penas de 2 y 3 años como autores del delito de “lesiones graves en riña” y no por homicidio al considerar que García tuvo posibilidad de “sobrevida”.
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