Judiciales
Villalba admitió un “procedimiento malo” y pidió perdón a la familia Rosa
Los ex policías Aldo Villalba (35) y Luis Rotela (43), enjuiciados desde la semana pasada por “incumplimiento de sus deberes como funcionario público y abandono de persona agravado por el resultado de muerte” en perjuicio de la docente jubilada con esquizofrenia Mirta Carmen Rosa (47), registrado hace más de una década en Garupá, finalmente declararon hoy.
En esa instancia, ambos se desligaron del trágico final y el principal acusado pidió perdón a la familia de la víctima, por la “falencia” en el procedimiento realizado.
Tal como estaba previsto, para hoy sólo se aguardaban las declaraciones de los imputados, dado que el testimonio de los demás testigos que fueron desistidos o que no fueron hallados iba a ser incorporados por lectura. De esa manera, la etapa de recolección de pruebas se declararía cerrada, para dar paso a la ronda de alegatos fijada para el próximo miércoles desde las 8.30.
El primero en pasar frente al tribunal fue Aldo Villalba, que al momento del hecho era oficial de servicio en la comisaría Quinta de Garupá y estuvo a cargo de la comisión que el 14 de febrero de 2013 salió a atender el requerimiento de una familia del barrio Nuevo Garupá, quienes solicitaron asistencia ante la presencia de la señora Rosa, una mujer de 47 años diagnóstica con “trastorno psicótico esquizofrénico”, que ese mediodía llegó desorientada al lugar.
La reconstrucción del hecho señala que Villalba, acompañado de Rotela como chofer, subieron a Rosa al patrullero y se la llevaron del lugar, pero nada más se supo de la mujer hasta que, horas después, su cadáver apareció en una cancha del barrio Los Potrillos, a varias cuadras de distancia. Qué sucedió en el medio es lo que se intenta determinar en este juicio. Al principio los ex uniformados fueron acusados de homicidio calificado, pero luego la figura se redujo a la imputación actual.
En el comienzo del debate, los dos acusados se abstuvieron de declarar, aunque advirtieron que podrían hacerlo durante el transcurso de las audiencias y el momento llegó hoy.
Los abogados José Luis Rey y Mónica Olivera, junto al imputado Villalba en el fondo.
“La vi bien y la bajé”
Ya frente al tribunal, Villalba se defendió de las acusaciones, aunque sin responder preguntas. En primera instancia narró que, al llegar a la casa desde donde pidieron asistencia, se encontró con Rosa y dialogó con ella.
“Yo me entrevisto con la señora sentada. Me presento y le hago preguntas de rigor. La señora me manifestó que se llamaba Rosa, que era de San Javier, que sus hijos y marido vivían ahí. La familia del lugar dijo que no hubo ningún problema, que sólo quería que retiremos a la señora”, relató el imputado, que actualmente trabaja como chef.
Añadió entonces que subieron a Rosa en el patrullero para dirigirse a la comisaría y, dentro del móvil, continuaron dialogando sin inconvenientes, hasta que poco antes de llegar “a la colectora, cerca de los bomberos”, la mujer pidió bajarse aduciendo que tenía familiares viviendo cerca.
“Yo le digo al chofer (Rotela) que pare. Bajo, abro la puerta y le vuelvo a preguntar a la señora si estaba bien y me vuelve a decir que tenía un familiar que vivía cerca. Entonces se baja y nosotros nos retiramos hacia la comisaría”, señaló Villalba.
Y continuó: “Como yo veo que ella estaba bien, que me contestó su nombre, que dijo de dónde era, que tenía familia y que no evidenciaba lesiones, ni nadie dijo nada sobre algún dolor o padecimiento, para mí fue una comisión normal y a requerimiento de la señora lo más simple o la solución más humana, la que más correcta me pareció fue bajar a la señora en la colectora. Nunca tuve una sensación de alerta o de peligro, la vi bien y la bajé”.
Aldo Villalba tiene 37 años y actualmente es chef.
Bajo estas circunstancias, el imputado agregó que al regresar a la comisaría le pasó los datos de la comisión realizada “al cabo de cuarto”, aunque le informó que todo fue “sin novedad”, porque consideró que no había pasado nada “grave” o “relevante”.
“Jamás pensé que un ‘sin novedad’ iba a desembocar en todo esto’”, lanzó, refiriéndose a que también le endilgan el delito de “falsificación ideológica de instrumento público”.
En la continuidad de su relato, además, Villalba contradijo al que era su jefe en la Quinta, José Cerdán, quien ayer declaró que, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Rosa, el oficial imputado nunca le contó sobre la comisión que habían realizado con ella horas antes.
“Cuando se halla el cuerpo, yo reservo la escena e informo a los superiores. Cuando llega el jefe, tengo un diálogo con él y le digo que con esa señora nosotros tuvimos contacto, le expliqué la comisión, que fue sin novedad, que simplemente la trasladamos hasta la colectora, que se bajó y nos fuimos. Le dije que no pasó nada más y me respondió que esperáramos qué decían el juez y el médico, pero que mientras tanto yo siga con las instrucciones del caso”, se explayó.
De esta manera, Villalba respondió las acusaciones que daban cuenta de que, durante casi un mes, él llevó adelante las actuaciones del hecho sin que nadie supiese que había realizado el traslado de Rosa horas antes de su aparición sin vida.
Perdón y pedido de respuestas
Por último, y de pie, el ex policía pidió perdón a la familia de la víctima y también reclamó respuestas y justicia, tanto para la mujer fallecida como para él y su consorte de causa.
“Quiero pedir perdón a la familia si por mi procedimiento malo o con la falla o la falencia de mi procedimiento le causé dolor. Jamás fue mi intención hacer daño a alguien. Todo lo que hice fue dentro de lo que aprendí, creí que lo hice bien, creí que hice un bien, pero tuvo un final muy malo, lo sabemos todos”, exclamó.
E insistió: “Pido perdón a la familia porque sé el dolor que deben estar sintiendo, sé la bronca que deben tener porque son diez años, porque deben querer respuesta y lo mismo quiero yo y Rotela. Queremos respuestas. De la misma forma que la hija nos deseó, le deseo a ella, que Dios la bendiga y que ilumine el camino a la Justicia para que se pueda dilucidar todo lo que le pasó a esta señora después de que nosotros la bajamos”.
Rotela también habló
A su turno, también pasó al frente del estrado el ex cabo Rotela, quien también se excusó de responder preguntas.
El hombre, que se desempeñaba como chofer de la comisaría Quinta, también se desligó del trágico final de Rosa y aseguró que únicamente cumplió su función y que no hizo nada más allá de lo que su rol ameritaba.
También pidió perdón a la familia de la víctima y recordó que, como consecuencia de esta causa, estuvo un año detenido, período en el cual fue exonerado de la fuerza provincial y debió reinventarse como remisero para mantener a su familia, aunque sufre de discriminación porque “la gente me reconoce y no quiere que la lleve”.
Luis Albino Rotela era chofer de la comisaría Quinta y ahora es remisero.
Alegatos el miércoles
Tras la palabra de Rotelo, el Tribunal Penal Dos, presidido por el magistrado Gregorio Busse e integrado por César Yaya y Fernando Verón (subrogante) dio por cerrada la etapa de incorporación de pruebas y dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles para avanzar con la ronda de alegatos.
En esa instancia, las partes expondrán sus conclusiones finales y elevar sus respectivos pedidos ante el tribunal.
El primero en exponer será el fiscal Vladimir Glinka, quien ya en la primera jornada de debate brindó un breve alegato de apertura en el cual adelantó que la muerte de Rosa fue consecuencia “del accionar de los imputados”, sobre quienes apuntó que “nos han mentido durante muchos años”.
En segundo orden alegarán los abogados defensores particulares Mónica Olivera, en representación de Villalba, y José Luis Rey por Rotela.
El Tribunal Penal Dos de Posadas juzgará desde este martes a dos ciudadanos brasileños acusados de asesinar a balazos al comerciante Cristian Javier Díaz, en un hecho ocurrido en mayo de 2022 en el barrio Yacyretá de la capital provincial. Ambos enfrentan una acusación por homicidio doblemente calificado y podrían recibir prisión perpetua en caso de ser hallados culpables.
Los imputados son Gabriel Junio Guimaraes Da Silva y David Weslley de Oliveira Silva, oriundos de Porto Alegre y sospechados de integrar la organización narcocriminal brasileña Comando Vermelho.
Los dos implicados permanecen detenidos y llegan a esta instancia acusados de haber ejecutado el ataque contra Díaz, quien tenía 34 años al momento del crimen.
El debate se desarrollará ante el Tribunal Penal Dos, integrado por los jueces César Antonio Yaya -presidente-, Martín Alejandro Rau y Gregorio Augusto Busse. La acusación está a cargo del fiscal Vladimir Glinka.
La causa llegó a juicio después de que el juez de Instrucción Siete de Posadas, Miguel Mattos, dispusiera en febrero de 2024 la elevación del expediente. La calificación legal establecida fue la de homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos personas y alevosía, figura que contempla como pena la prisión perpetua.
Los extranjeros fueron detenidos pocas horas después.
El crimen
El homicidio ocurrió durante la madrugada del 8 de mayo de 2022, en la vivienda de Díaz, ubicada en la chacra 94, en jurisdicción del barrio Yacyretá.
Según la reconstrucción realizada durante la investigación, cerca de las 3.30 dos hombres llegaron hasta el kiosco que funcionaba en el frente del inmueble y llamaron a la ventana. Cuando Díaz se acercó para atender, fue atacado a tiros.
En la escena fueron levantados vestigios de siete disparos y seis impactos fueron encontrados en el cuerpo de la víctima, principalmente en cuello, tórax y abdomen. La lesión en el cuello fue considerada mortal.
La investigación de la Dirección Homicidios de la Policía de Misiones permitió avanzar rápidamente a partir de testimonios y del análisis de cámaras de seguridad. Los investigadores identificaron un Fiat Duna blanco con desperfectos en las luces traseras que había circulado por la zona después del ataque.
El vehículo fue localizado en una vivienda del barrio Luis Piedrabuena. Allí también se estableció que habían estado alojados los dos brasileños.
Los investigadores continuaron con las tareas de seguimiento y detectaron que ambos habían abandonado el inmueble en un remís rumbo a la terminal de ómnibus de Posadas. Fueron detenidos allí cuando, según la pesquisa, se disponían a tomar un colectivo para regresar a Brasil.
El Duna blanco, una pista clave.
La trama narco detrás
El expediente también estuvo atravesado por una hipótesis relacionada con el narcotráfico.
En octubre de 2021, Gendarmería Nacional había secuestrado 155 kilogramos de marihuana en un vehículo abandonado frente al inmueble del barrio Luis Piedrabuena donde posteriormente se estableció que habían permanecido los dos acusados.
A partir de esa conexión, el juez Mattos inicialmente se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la Justicia Federal, al considerar que el homicidio podía estar relacionado con una investigación por narcotráfico. Sin embargo, la Justicia Federal rechazó la competencia y la causa regresó al fuero provincial.
Sicarios brasileños van a juicio por acribillar a un kiosquero en Posadas
Tras la condena a 16 de años de prisión impartida contra la empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48), acusada por la muerte de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15), el abogado defensor oficial se despachó con críticas hacia parte del tribunal encargado de emitir la sentencia y adelantó que recurrirá el fallo, aunque tampoco confía que el Superior Tribunal Justicia (STJ) revierta la medida.
“Primó el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada sobre las desigualdades que ha sufrido una mujer”, manifestó Miguel Ángel Varela, haciendo referencia a los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos, quienes por mayoría decidieron condenar a la imputada y se impusieron frente a la jueza Viviana Cukla que opinó por la absolución.
Para el funcionario, hubo dos factores clave en el fallo: la “ignorancia” y la “falta de perspectiva de género”.
“En el caso de las vecinas, que supieron de la existencia de Belén, cinco años antes, no sabían de la enfermedad y es comprensible que confundieran, pero que el médico que hizo la autopsia no supiera nada de las manifestaciones y síntomas del Síndrome de Rett y que en base a esa ignorancia se condene a una mujer sin que se sepa la causa de muerte me parece lamentable”, apuntó.
Y sobre el segundo punto planteó que “no tener la perspectiva de género es vergonzoso”, instancia en la que también aprovechó para lanzar críticas hacia el fiscal Vladimir Glinka.
“Se la pasa llevando información a los diarios y no sé si será parte de una campaña de él para un cargo superior. Yo no busco prensa, esto es una cosa que surge del debate. Yo no llamo a la prensa ni buscando una foto”, disparó.
En esa línea, Varela adelantó que recurrirá la sentencia, aunque no espera una revisión favorable por parte del STJ.
“No sé si en el STJ se revierte esto, por el poder que tiene el señor fiscal y el cuál está usando. Quiero creer que la Corte Suprema sí va a revertir”, cerró.
Caso Belén: su madre fue condenada por homicidio y recibió 16 años de prisión
La empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48) fue declarada responsable por el homicidio de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15) y fue condenada a 16 años de prisión, pena que desde hoy comenzará a cumplir en la Unidad Penal V de Mujeres de Miguel Lanús.
La sentencia fue impartida este mediodía por el Tribunal Penal Uno de Posadas, con los votos mayoritarios de los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos (subrogante), quienes se impusieron ante la jueza Viviana Cukla que se inclinó por la absolución.
De acuerdo a la parte resolutiva del fallo, Ramírez fue declarada penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo con circunstancias de atenuación, razón por la cual recibió 16 años de prisión y no perpetua, como había solicitado el fiscal Vladimir Antonio Glinka en su alegato.
Con una votación idéntica, el tribunal también resolvió disponer la inmediata detención de Ramírez, que llegó a este debate libre y se retiró esposada dentro de un vehículo del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), mientras sus familiares desde la vereda reprochan a gritos la resolución.
Los jueces Mattos y Bernie se impusieron con los votos y la decisión final fue condenar a la imputada.
El caso
La muerte de Belén López se registró el 23 de julio de 2013 en la casa de su madre, donde estuvo en forma transitoria durante diez días porque su abuela y tía materna, quienes la cuidaron gran parte de su vida, hicieron un viaje a Corrientes.
La autopsia determinó que la causa de muerte fue vinculante a un cuadro de desnutrición, deshidratación e hipotermia. Apoyado en esa conclusión y en el testimonio vertido por casi una veintena de testigos, el fiscal Glinka consideró que la mujer actuó en forma deliberada y desatendió a su hija con el objetivo de dejarla morir de hambre y sed para “eliminarla de su proyecto de vida”.
A partir de esa hipótesis, el fiscal amplió la acusación inicial de “abandono de persona doblemente agravado por el vínculo y por el resultado muerte” a “homicidio agravado por el vínculo en su modalidad por omisión”.
La defensa, en tanto, encabezada por el defensor oficial Miguel Ángel Varela, cuestionó severamente el informe forense y aseveró que la muerte se dio por causas naturales propias a la enfermedad Síndrome de Rett, factor que no fue tenido en cuenta por el médico encargado de efectuar la autopsia.
También criticó que el fallo no tuvo perspectiva de género y apuntó contra “el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada de las desigualdades que ha sufrido una mujer”.
Varela adelantó que recurrirá la resolución, aunque no confía en que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) revierta la medida y sí en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Mariela Ramírez se quebró al recibir el abrazo de su hija y familiares después de la sentencia.
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