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Golpes, extorsión y coimas: el esquema que montaron policías y presos en la UR V

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policías y presos iguazú

La detención de dos suboficiales que cumplían funciones en la sección Resguardo de Detenidos de la Unidad Regional V de Puerto Iguazú destapó un esquema de corrupción policial que incluía apremios y extorsión para algunos detenidos, como así también beneficios a cambio de dinero para otros internos.

La medida alcanzó al sargento Rafael A. y al agente Rodrigo A., quienes además de ser apartados de la institución policial también enfrentarán una causa penal bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, dependencia presidida por el magistrado Martín Brites.

La propia fuerza provincial informó que las detenciones se concretaron este miércoles a la mañana, partir de una investigación que se inició tras la denuncia de un detenido que expuso una serie de irregularidades que marcaban el funcionamiento del sector que tiene capacidad para alojar a unas 50 personas.

Complicidades

En ese marco, fuentes consultadas por La Voz de Misiones permitieron reconstruir que el esquema de corrupción que imperaba en esa área funcionaba hace varios meses gracias a una red de complicidades tendida entre los uniformados detenidos y al menos cuatro de los internos de mayor antigüedad.

Según detallaron, estos internos se encargaban de golpear a los detenidos “recién llegados” para luego amenazarlos y exigirle el pago de un determino monto de dinero a cambio de seguridad.

Ese pago era cubierto por los familiares de los agredidos y quienes oficiaban de “cobradores” no eran otros que los uniformados ahora detenidos, quienes permitían los hechos de violencia y se quedaban con una porción del dinero.

En esa red de complicidades, en tanto, también había un grupo de detenidos de “mayor jerarquía” que gozaban de ciertos beneficios como uso de celulares, ingreso de elementos prohibidos y hasta un régimen de visitas diferentes al resto de la población. Para todo ello también había dinero de por medio para los agentes involucrados.

En la investigación trazada se identificaron al menos ocho involucrados: los dos policías, cuatro detenidos que se encargaban de golpear a los recién llegados y otros dos detenidos que pagaban para beneficios especiales.

Además de las detenciones ordenadas, el juzgado que dirige Brites también dispuso una serie de allanamientos e incautaciones, principalmente teléfonos celulares que ahora serán sometidos a pericias en busca de más pistas que permitan reconstruir de qué manera funcionaba el esquema.

Apartados

En paralelo a la causa penal, desde la Jefatura de Policía también se abrió una investigación internada que quedó a cargo de la Dirección Asuntos Internos y se avanzó en el apartamiento de la institución de ambos involucrados.

“La intervención reafirma el criterio establecido por la Jefatura de Policía de investigar con el mismo rigor cualquier irregularidad, incluso cuando pueda involucrar a integrantes de la propia institución, fortaleciendo los mecanismos de control interno y la política de tolerancia cero frente a conductas contrarias a la ley”, señalaron en un comunicado difundido esta mañana.

En el mismo parte indicaron que los hechos investigados “podrían encuadrarse en los delitos de extorsión, exacciones ilegales, cohecho pasivo, apremios ilegales, vejaciones y encubrimiento”.

Detuvieron a dos policías por maltrato y extorsión a un preso en Iguazú

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Oberá: arranca el juicio a dos acusados de matar a golpes a un indigente

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Este martes, desde las 8.30, el Tribunal Penal Uno de Oberá juzgará a los dos jóvenes acusados de propinar una golpiza que derivó en la muerte de un hombre en situación de calle.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 21 de agosto de 2024 y la víctima fue identificada como Miguel Ángel García (55), un hombre que solía pasar las noches en el edificio de Rentas, ubicada sobre la avenida Sarmiento, entre calles Erasmie y 12 de Octubre de Oberá.

En ese lugar, aproximadamente a las 3 de la madrugada de aquel día, fue atacado a golpes de puños y patadas por dos jóvenes que más tarde fueron identificados como Franco Ezequiel Paz y Sergio Fabián Valenzuela, quienes finalmente fueron detenidos y ahora enfrentarán debate oral.

Como consecuencia de los golpes, García sufrió lesiones gravísimas y una semana después murió en el hospital con cuadro de hemorragia intracraneal.

Los dos acusados están imputados por el delito de “homicidio simple”, figura que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión. Uno de ellos arrastra en su prontuario una condena anterior por robo calificado. Hay nueve testigos citados a declarar. 

El tribunal encargado de llevar adelante el proceso estará integrado por los magistrados Horacio Paniagua, David Milicich y Graciela Heppner (subrogante). En la fiscalía intervendrá Juan Pablo Fernández Rissi, en tanto que como defensor oficial estará Matías Olivera, que aguarda acuerdo legislativo para ser designado como juez del mismo organismo.

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Judiciales

Imputado por muerte del gendarme Barreto pidió perdón: “No quise hacer daño”

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“Nunca quise hacer daño, fue un accidente y quiero pedir disculpas a la familia”, expresó esta mañana Rodrigo Dias Da Silva (27) en el inicio del juicio oral donde se determinará su responsabilidad por chocar y matar al gendarme Chato Barreto a bordo de una camioneta repleta de cigarrillos de contrabando dos años atrás en Santa Ana.

Da Silva llegó a esta instancia detenido y así continuará debido a que el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, presidido por la magistrada Ruth María Ponce de León e integrado por Gustavo Cardozo y Enrique Bosch (subrogante), prorrogó su prisión preventiva.

En la audiencia de hoy se leyó el auto de elevación a juicio del expediente, se resolvieron cuestiones preliminares planteadas por las partes y el tribunal le dio al imputada la posibilidad de declarar. Da Silva rechazó la oportunidad, aunque si aprovechó para dar unas palabras.

“Durante mucho tiempo se habló mucho de mí, pero no soy malo. Sé que el cigarrillo no es un delito mayor, yo nunca tuve quise hacer daño, lo que hice fue un accidente, fue todo muy rápido y salió mal”, expresó el joven oriundo de Oberá, aunque con domicilio en San Vicente ante el tribunal.

Y, entre lágrimas, pidió perdón: “Quiero pedirle disculpas a la familia y mis condolencias. Nunca, jamás, quise hacer daño”.

El debate oral continuará el próximo lunes con la declaración de los primeros testigos citados. En la fiscalía interviene Pablo Di Loreto, en tanto que también abogadas representantes de Defensorías Públicas de Víctimas, mientras que Da Silva es defendido por el letrado particular Carlos Luis Ferreyra. 

Dias Da Silva no declaró y solo se limitó a expresar disculpas por el hecho.

Fuga, choque y muerte

El hecho que se ventila en debate ocurrió hace exactamente dos años, sobre la ruta provincial 103, poco después del ingreso al Parque Temático de la Cruz de Santa Ana.

Robert David “Chato” Barreto (31) era uno de los gendarmes apostados sobre la ruta cuando Da Silva embistió el control vehicular a toda velocidad.

Según la reconstrucción del hecho, Barreto estaba apostado sobre la doble línea amarilla de la ruta, al lado de un cono vial, y al ver que la camioneta Volkswagen Amarok avanzaba en contramano corrió hacia la banquina para resguardarse.

En esas circunstancias, fue embestido, quedó tendido sobre el capot y fue arrastrado varios metros hasta que se produjo el despiste de la camioneta y fue despedido violentamente.

El gendarme atropellado quedó severamente herido al costado de la ruta y alcanzó a ser asistido, aunque falleció horas después en el hospital.

La camioneta que era conducida por Da Silva tenía pedido de secuestro por robo en la ciudad bonaerense de Quilmes y en su interior transportaba 20.000 paquetes de cigarrillos Eight valuados en más de 22 millones de pesos.

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Camioneta de Gendarmería Nacional atropelló y mató a peatón en Pozo Azul

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Una persona, que hasta el momento no fue identificada, murió anoche tras ser embestida por una camioneta sobre la ruta 17, a la altura del kilómetro 60, en jurisdicción de Pozo Azul.  

El siniestro se registró este domingo alrededor de las 20.30, cuando una Toyota Hilux, conducida por un integrante de Gendarmería Nacional, circulaba en sentido Eldorado-Pozo Azul y, por circunstancias que son materia de investigación, embistió a un peatón.

Tras el impacto, la víctima quedó tendida sobre la cinta asfáltica y, cuando arribó la comisión policial de la Comisaría de Pozo Azul, se constató que ya no presentaba signos vitales. 

En la camioneta, que pertenecía a Gendarmería Nacional, viajaban tres integrantes de la fuerza, uno de ellos al mando del rodado. Los ocupantes permanecieron en el lugar mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes.

Personal de la División Policía Científica realizó las pericias en la escena para establecer la mecánica del siniestro y determinar las circunstancias en las que se produjo el impacto. Además, se dispuso que el cuerpo de la víctima sea sometido a una autopsia. En tanto, continúan las diligencias para establecer su identidad.

Imagen ilustrativa

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