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Un forense ratificó que a Guirula le fracturaron las costillas a patadas

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El juicio para esclarecer la muerte del albañil Carlos Guirula tuvo otra jornada clave este martes, con la declaración de tres mujeres que estuvieron presentes en aquella noche trágica del 19 de julio de 2014 en el motel Park de Posadas y la de un médico forense que dio pormenorizados detalles sobre la causa del deceso y las marcas de violencia que exhibía el cuerpo de la víctima.

En orden cronológico, las primeras en declarar fueron las dos trabajadoras sexuales que esa noche estuvieron con la víctima y sus dos amigos, compartiendo diferentes habitaciones, y una de las mucamas del complejo.

Las tres coincidieron en que el conflicto se inició a raíz de una consumición de whisky que Guirula se negaba a pagar. En lo que difirieron fue que las dos primeras mujeres negaron haber visto situaciones agresivas, mientras que la mucama Andrea Lorena Sosa describió que el hombre “se puso muy violento y empezó a golpear la puerta de vidrio” de la conserjería.

Esa situación motivó que ella misma llamara a la Policía, más precisamente a la comisaría Decimotercera, de cuya dependencia salió el primer patrullero que arribó al lugar. Ese móvil era una Toyota Hilux que llevaba a la oficial Lourdes Beatriz Tabarez (42) como encargada, al sargento primero Claudio Marcelo Servian como chofer y al cabo Carlos Alberto Da Silva (35) como acompañante.

Más tarde arribaron como refuerzos desde el Comando Radioeléctrico Centro el cabo Ricardo Rafael Escobar (42), el oficial subayudante Carlos Alberto Zidorak (35) y el cabo Lucas Nahuel Saravia Allosa (37). Ahora, los seis están imputados por “tortura agravada seguida de muerte” y “ocultamiento de pruebas”, figura bajo la cual pueden ser condenados a prisión perpetua al final de proceso, previsto para el 19 de noviembre.

Todos los imputados cuentan con abogados defensores diferentes.

La señora policía

“Cuando llegó la Policía procedieron ellos y nosotros nos volvimos a encerrar. Después escuché gritos e interpreté que el señor -por Guirula- ingresó al auto para que la policía no le lleve”, recordó la mucama citada como testigo.

La mujer añadió que “supongo que en el forcejo él le pega a la señora policía y ahí ella se exaltó. Después de eso pudieron sacarlo a la fuerza y le empezaron a pegar. En el intento por reducirlo, por ponerle las esposas, empezaron a pegarle. Estábamos todos expectantes de lo que pasaba y cuando él ya estaba reducido le seguían pegando, le pateaban la cabeza y le pisaban la cabeza”.

Su declaración se tornaba a cada más segundo más trascendental y por esa razón el fiscal Vladimir Glinka ahondó en la cuestión y preguntó si la testigo identificaba a algunos de los imputados presentes en aquella escena. La respuesta fue certera: “Sí, la señora policía. El señor estaba boca abajo y la señora policía le pisaba la cabeza”.

De igual manera, en otro tramo relató que “se ve que le pateaban por todos lados, porque el señor no paraba de quejarse y de moverse”. La testigo calculó que toda esa escena duró entre 10 y 15 minutos.

La oficial Lourdes Tabarez fue apuntada por otros imputados y testigos como autora de patadas contra la víctima.

Tres lesiones con potencial letal

Todos ese relato de golpes, sumado a los testimonios recogidos en las tres audiencias anteriores del juicio, se vincularon más tarde al testimonio del médico forense Carlos Wolhein, uno de los encargados de efectuar la autopsia sobre el cuerpo del albañil fallecido.

El médico, de extensa trayectoria en materia de autopsias e investigaciones tanatológicas, dio una pormenorizada explicación de cada una de las lesiones que provocaron la muerte del albañil y conectó cada una de ellas con la posible mecánica del hecho.

Wolhein precisó que el cuerpo presentaba tres lesiones que tenían “potencial letal sin el tratamiento debido”, ya sean “juntas o por separado”.

La primera lesión sobre la cual hizo hincapié fue un “traumatismo de cráneo de intensidad moderada, eventualmente grave” que, a su entender, fue causada por lesiones “puntiformes” generados por compresión.

La segunda consistía en la fractura de tres costillas del lado izquierdo que provocó una hemorragia interna masiva que dirigió el 40% de la sangre del cuerpo hacia el pulmón de ese lado y lo hizo colapsar por completo.

El forense vinculó este diagnóstico con una seria de marcas externas en la piel que tenían un “calcado compatible con la plantilla de un calzado”. “Eso para nosotros es referencial a un puntapié de patadas”, resumió.

Y a pedido del fiscal fue aún más conciso: “Vemos una impronta en la piel que asumo que es un golpe. Pueden haber más golpes que no dejaron marcas, pero hubo un golpe que fracturó tres costillas”.

Rafael Escobar fue otro de los incriminados por su ex camaradas. Lo acusaron de ir “saltando” sobre Guirula durante el traslado.

La última lesión, aunque no en orden de producción sino en la descripción trazada en el informe forense, consistió en la fractura lineal de seis costillas del lado derecho, con la diferenciación de que esas heridas oseas no se produjeron por un golpe sino por “una fuerza de apoyo” ejercida en otro lugar.

Wolhein indicó que todas las lesiones son “atendibles” y “tienen tiempo de sobrevida”, aunque también resaltó que Guirula tenía 3,2 gramos de alcohol en sangre, circunstancia que lo ubicaba en estado de indefensión, ante lo cual el cuerpo pierde capacidad de resistencia ante golpes.

La conclusión, para el especialista, fue que la sumatoria de estas tres lesiones ocasionaron un paro cardiorespiratorio que sesgó la vida del albañil durante aquel procedimiento de hace 11 años atrás.

El debate continuará mañana con más testimoniales. El proceso ya lleva cuatro jornadas realizadas, período en el cual declararon doce testigos.

El juicio se realiza en el Tribunal Penal Dos de Posadas, presidido por el magistrado Gregorio Busse e integrado por los jueces de instrucción Fernando Verón y Miguel Mattos como vocales subrogantes. Los seis imputados cuentan con abogados defensores diferentes.

El juicio, día a día:

Día 1: Caso Guirula: tres de los seis policías imputados pidieron declarar mañana

Día 2: Policía imputado declaró que Escobar y Tabarez patearon a Guirula en el piso

Día 3: Escobar se defendió y apuntó a Tabarez: “Le tiró patadas de punta” a Guirula

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Imputaron al ex convicto detenido por el crimen del productor Von Steiger

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El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.

La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.

Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.

De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.

El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.

El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.

De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.

El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.

Atrapan a ex convicto acusado de matar a machetazos al productor Von Steiger

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Fopea “deplora” el intento de censura del ex juez Reyes contra LVM

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El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.

El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.

En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.

“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.

El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.

 

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Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción

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La Corte Suprema ratificó en 2021 la destitución de José Reyes como juez

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José Antonio Reyes, el abogado que pidió censurar a La Voz de Misiones por una nota sobre entrega de bebés que involucraba a dos de sus defendidos, fue juez penal de Apóstoles hasta su destitución en 2007, aunque eso ya se sabía y múltiples publicaciones dan cuenta de ello.

En contrapartida, lo que en estos años pasó desapercibido es que la destitución de Reyes fue ratificada en 2021 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hasta donde el ex magistrado recurrió para tratar de revertir el fallo que le quitó el cargo por incumplimiento de sus deberes.

La medida del máximo órgano judicial del país fue firmada por los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, quienes analizaron el recurso de casación interpuesto y desestimaron uno por uno los argumentos esgrimidos  por Reyes en su escrito.

La resolución tiene 17 páginas, es información pública en internet y en uno de sus apartados los jueces la Corte concluyen, sin vueltas: “Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por un cargo definido, en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos”.

De esta manera, quedó ratificada la destitución resuelta por el jurado de enjuiciamiento que analizó el caso en 2007 y encontró a Reyes responsable de “incumplimiento de sus deberes”.

El pedido de jury había sido formulado por Gabriel Díaz, por aquel entonces gerente regional del banco Macro, quien acusó a Reyes de emitir un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE” pese a no ser competente.

Esa resolución le permitió a la empresa extraer unos 3 millones de pesos del banco, supuestamente en concepto por pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.

Antes de llegar al jury, el magistrado presentó la renuncia, pero el gobierno no se la aceptó. Tras su destitución, Reyes habló con el diario El Territorio y prometió: “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”.

Décadas después, la contienda judicial llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados entendieron que a Reyes no le asistía la razón. 

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