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Todo listo para que se fije fecha de juicio contra el músico Andrés González

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Andrés González

El expediente contra Andrés González, el músico que pasó de testigo a acusado en el accidente automovilístico que le costó la vida a su novia Melina Sosa Labandera (25) y la turista mendocina Melisa Caram (27) en marzo de 2019, se encuentra en etapa de ofrecimiento de pruebas, instancia en la que la Fiscalía adelantó que se opondrá a un posible suspensión de juicio a prueba (probation), ante lo cual la causa indefectiblemente deberá ser ventilada en debate oral.

Tras la elevación a juicio de la causa decretada en abril por el magistrado Juan Manuel Monte, del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, el expediente ahora se encuentra bajo la órbita del Juzgado Correccional y de Menores Uno, cuyas autoridades, con la magistrada Marcela Leiva a la cabeza, iniciaron los trámites correspondientes para programar una fecha para el inicio de las audiencias.

La Voz de Misiones pudo saber que actualmente la causa se encuentra en etapa de ofrecimiento de pruebas por parte de los actores judiciales que intervendrán en el debate oral: María Laura Álvarez en representación de la Fiscalía y Federico Tilli como abogado defensor particular.

En ese marco, fuentes consultadas por LVM indicaron que en los recientes planteos la fiscal Álvarez solicitó la citación de una decena testigos para que presten declaración testimonial, entre ellos Facundo Chemes y Samir Gabriel Daou, ambos sobrevivientes del siniestro. Daou, incluso, al comienzo del caso fue apuntado como el conductor del rodado, aunque mediante pericias se estableció que en realidad solo era un acompañante más en el auto que tenía a González al volante.

Además, la fiscal también adelantó en su escrito que denegará la concesión de una posible suspensión de juicio a prueba o probation, mecanismo que pretende extinguir la acción penal contra un imputado a cambio del cumplimiento de determinas reglas de conducta o labores comunitarias.

En su planteo, Álvarez argumentó que la aplicación de este instituto no debería ser procedente en virtud de que el caso tiene comprometido cuestiones de seguridad e interés público.

De esta manera, el único camino que asoma es la realización del debate oral. “Solo resta que se fije fecha para el inicio de las audiencias”, indicó una fuente tribunalicia.

En esa instancia, González deberá enfrentar a la Justicia y responder bajo una acusación por “homicidio culposo calificado dos hechos, lesiones graves culposas calificadas dos hechos y lesiones gravísimas calificadas, todo en concurso ideal”.

Dicha calificación fue impuesta por el fiscal de instrucción Christian Antúnez y avalada luego por el juez Monte, que en abril dispuso la elevación del expediente que investiga el siniestro vial.

accidente andrés gonzález

El siniestro ocurrió en marzo de 2019 sobre la ruta nacional 12, en Gobernador Roca.

De testigo a acusado

El siniestro se registró el 5 de marzo de 2019, sobre la ruta nacional 12, a la altura de Gobernador Roca.

En ese lugar se produjo una colisión frontal entre una Chevrolet S-10 con dos personas en su interior y un Ford Fiesta con cinco ocupantes, dos de los cuales fallecieron y tres resultaron con severas heridas en diferentes partes del cuerpo.

Las pericias accidentológicas establecieron que el impacto se produjo a gran velocidad y durante una maniobra de sobrepaso realizada por el Ford Fiesta en una zona de doble línea amarilla.

Los ocupantes de ese Ford Fiesta eran el músico Andrés González, su novia Melina Sosa Labandera (fallecida), la turista mendoncina Melisa Caram (también fallecida), el amigo de Caram, Samir Gabriel Daou, y un amigo de Sosa, Facundo Chemes.

Conocido el hecho, los primeros datos apuntaron a Samir Daou como conductor del automóvil siniestrado y así fue informado a la prensa por fuentes policiales, pero meses después la investigación dio un giro al establecer que en realidad el hombre al mando del rodado era González, quien como consecuencia de las lesiones sufridas estuvo varias semanas internado y en su primera declaración negó haber ido al volante del Ford Fiesta.

A partir de ahí se recolectaron testimoniales, se analizaron pericias y se ordenaron nuevos estudios a partir de los cuales el Juzgado determinó que efectivamente era González el conductor del auto al momento del siniestro fatal, ante lo cual pasó de víctima/testigo a imputado por doble homicidio culposo.

Sobrevivió a un accidente fatal y lo culparon a él: “Solo busco la verdad”

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Admitió que intentó matar a su ex y firmó un abreviado por 14 años de prisión

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femicidio prisión

Un hombre imputado por intento de femicidio contra su ex pareja en un paraje de Salto Encantado en 2023 aceptó su culpa y firmó un acuerdo de juicio abreviado por 14 años de prisión.

El debate contra Marino Ángel Dutra (42) debía comenzar mañana ante el Tribunal Penal Uno de Oberá, pero la audiencia fue suspendido en virtud de un acuerdo rubricado entre el imputado, su abogado defensor y el fiscal Juan Pablo Fernández Rissi.

De esta manera, Dutra se reconoció culpable y aceptó ser condenado a 14 años de prisión como autor de los delitos de femicidio agravado por el vínculo y por la violencia de género en grado de tentativa, desobediencia judicial y daño, acuerdo que ahora debe ser homologado por el tribunal integrado por los magistrados Horacio Paniagua, David Milicich y un tercer vocal subrogante.

El hecho que debía ventilarse en debate oral ocurrió el 6 de abril de 2023, cuando Dutra irrumpió en la vivienda de su ex pareja en el paraje Cerro Moreno de Salto Encantado y atacó a cuchillazos a la mujer.

La víctima, de 32 años en aquel entonces, sufrió al menos dos lesiones punzo-cortantes, una en un brazo y otra en el abdomen, heridas que requirieron de atención médica urgente en el hospital de Aristóbulo del Valle.

Después del ataque, el acusado escapó del lugar y fue capturado horas después, instancia donde además se confirmó que para perpetrar el ataque incumplió una medida de restricción de acercamiento que estaba vigente por una denuncia por violencia de género radicada previamente.

Ahora, más de tres años después de aquel hecho, Dutra admitió su culpabilidad y deberá continuar tras las rejas un largo tiempo más.

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Johan Bodji, el “rey de las mulas narco”, y su banda serán juzgados en Posadas

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El Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas albergará en agosto uno de los juicios más importantes del año: un surinamés conocido como ‘el rey de las mulas’, un empresario farmacéutico con antecedentes y otros cinco imputados, entre ellos una joven misionera, serán juzgados por integrar una sofisticada organización narco transnacional que enviaba cocaína a Europa y como contraprestación recibía drogas sintéticas para comercializas en Argentina.

Se estima que, de no mediar imprevistos o recursos judiciales que obliguen a modificar lo estipulado, las audiencias se desarrollen entre el 19 y el 21 de agosto próximo, con varios de los imputados conectados en forma telemática, como será el caso de Johan Bodji (52), también conocido como Dominique Harry Rayngsentre otras identidades-, sindicado líder de la organización y actualmente detenido bajo el régimen de presos de alto riesgo en el cárcel federal de Ezeiza.

La figura de Bodji es que la que concentra la mayor atención. El extranjero fue catalogado como “el rey de las mulas” y sobre él recae una imputación como organizador y financista de “tráfico ilícito de estupefacientes, bajo la modalidad de comercio agravado por la intervención de tres o más personas”, además de otros delitos atribuidos como falsificación de documentos públicos y desobediencia.

El otro imputado de alto perfil es Ricardo Francisco Bruno (62), el “farmacéutico”, que aparece como “coautor” de las maniobras de narcotráfico y que entre sus antecedentes registra una condena por venta de medicamentos truchos y otra como “partícipe secundario” en el homicidio de Miriam Alencar Da Silva, una joven brasileña que en 2017 murió al no poder expulsar 66 de las 94 cápsulas de éxtasis que había ingerido para ser utilizada como transporte humano de droga.

Los demás acusados son Jorge Antonio Sandoval (47); Crainer Odyllie Abauna (37), de nacionalidad surinamesa; Jackeline Polo Carlo (41), peruano; Karen Aldana Guzmán (27), oriunda de Chaco; y la misionera Carla Luján Grondona (22). Todos están imputados como coautores de tráfico de estupefacientes.

Bruno, Sandoval, Polo Carlo y Abauna se repartían tareas vinculadas a la logística, coordinación, acompañamiento y seguimiento de las mulas, entre cuales figura la chaqueña Guzmán, mientras que la misionera Grondona cumplía funciones como apoyo logístico en Bernardo de Irigoyen, localidad en frontera seca con Brasil que la organización utilizaba como punto fijo en la hoja de ruta de los “corres humanos” con droga que llegaban hasta ciudades como Lisboa, Madrid y Paris.

Dada la complejidad de la causa, el debate contará con una doble acusación, integrada por los fiscales propios del TOF y por fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), tal como ocurrió en el juicio oral contra el narco-sicario Néstor Fabián “El Negro” Rojas (50), condenado a prisión perpetua en septiembre de 2024.

Valijas con éxtasis incautadas en San José en 2023, hecho que dio origen a toda la investigación.

San José, el origen

El expediente llega a esta instancia luego de que el Juzgado Federal de Posadas, a cargo de la magistrada Verónica Skanata, firmara el requerimiento de elevación a juicio formulado el 12 de junio del año pasado por la fiscal federal Silvina Gutiérrez y el fiscal coadyudante de Procunar Martín Uriona.

La investigación fue el desprendimiento de un hecho registrado el 7 de junio de 2023, cuando en el puesto Centinela de San José la Gendarmería detuvo a una pareja de jóvenes bonaerenses que viajaban desde Bernardo de Irigoyen hacia Ciudad de Buenos Aires en un colectivo con 23,425 kilogramos de MDA o éxtasis.

La pareja fue detenida, imputada, procesada y más tarde condenada a penas de cinco años de prisión en en juicio abreviado, pero lo más sustancioso provino después, gracias al peritaje de sus teléfonos celulares, aparatos de donde surgieron las pistas iniciales para develar todo el ardid y dar con todos los eslabones de la estructura criminal.

En principio se estableció que los pasajeros detenidos ese 7 de junio de 2023 habían sido parte de esta estructura, pero no eran los únicos y que las maniobras continuaban ejecutándose.

La investigación continuó en silencio y los fiscales siguieron solicitando medidas hasta que descubrieron que a mediados de octubre de 2024 se iba a llevar adelante otro ardid, para el cual iban a ser utilizadas dos jóvenes chaqueñas, una de las cuales ya tenía experiencia y conocimientos sobre el itinerario a realizar como sobre la ingesta de las cápsulas.

Las pistas fueron certeras y el otro episodio clave ocurrió el 17 de octubre de 2024, cuando las dos mulas chaqueñas fueron atrapadas en el aeropuerto Silvio Pettirossi de Asunción a punto de embarcar un vuelo hacia Madrid, España, con droga en sus estómagos.

Las chicas llevaban 154 cápsulas de cocaína en su interior y apenas confirmada la maniobra, los investigadores argentinos profundizaron la pesquisa contra el resto de los involucrados, concretando una decena de allanamientos en distintos puntos del país y capturando a los involucrados que ahora serán juzgados en el TOF posadeño.

Cápsulas de cocaína que las mulas transportaban hacia Europa en sus estómagos.

Va cocaína, llega éxtasis

Para ese entonces los investigadores intervinientes ya conocían al detalle el ardid desplegado, solo faltaba dar el golpe. La reconstrucción realizada consigna que la organización liderada por Bodji reclutaba jóvenes en situación de vulnerabilidad para utilizarlas como mulas para traficar cocaína hacia Europa, para luego recibir drogas sintéticas como contraprestación por el servicio.

La hoja de ruta era la siguiente. La primera etapa unía Buenos Aires con Bernardo de Irigoyen. Desde allí, las mulas iban hacia San Pablo -o Asunción-, donde ingerían las cápsulas y tomaban un vuelo que normalmente hacía escala en Natal antes de aterrizar en ciudades europeas como Lisboa, Madrid o Paris. El itinerario de regreso, en tanto, incluía una estadía en Isla Martinica, en pleno caribe, como “mini-vacaciones” o retribución por el éxito de la maniobra, además del pago de hasta dos millones de pesos por viaje.

El extenso expediente cuenta con una amplia carga probatoria, que incluye tareas de vigilancia, escuchas telefónicas, chats recuperados, transacciones bancarias, informes de aerolíneas y registros migratorios como los que ubican a Bodji en territorio misionero en varias oportunidades.

El surinamés se manejaba libremente por todo el país utilizando una serie de documentos apócrifos mediante los cuales burlaba los controles migratorios, dado que sobre su identidad verdadera pesaba una prohibición de reingreso permanente a la Argentina por una causa narco de 2010, cuando también arbitró los medios necesarios para enviar una mula desde Ezeiza a Vietnam.

Entre los chats recuperados surgen conversaciones donde al menos una de las chicas utilizadas como “correo humano” admite dedicarse a estas actividades ilícitas desde hace ocho años y también se desprenden operaciones fallidas: como cuando una de ellas no pudo ingerir las 112 cápsulas solicitadas o como cuando dos jóvenes “rebotaron” en el aeropuerto de París y debieron aguantarse varios días con las bochas en su estómago, con el elevado riesgo que eso representaba.

La investigación tienen a un total de 18 involucrados identificados, aunque son siete los que irán a juicio en esta causa que se ventilará en debate oral en Posadas, los demás están detenidos en Paraguay, mientras que otros se encuentran prófugos.

Bolsas de drogas sintéticas incautadas en los allanamientos realizados en Bernardo de Irigoyen en 2024.

 

Irigoyen, ruta clave para red internacional de mulas de cocaína y éxtasis

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La Justicia suspendió desalojo de escuela campesina Ñande Kokue en Montecarlo

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El Juzgado Civil y Comercial Tres de Eldorado resolvió suspender de manera provisoria el desalojo en los lotes 48 y 49 de Montecarlo, previsto para este jueves, lo que habría afectado a 112 familias de campesinos que asisten a la escuela de formación agroecológica aledaña, espacio que sería trasladado a otra zona próximamente.

Luego de la mesa de diálogo concretada el pasado lunes 8 de junio, entre campesinos y docentes de la escuela Ñande Kokue, donde funciona el Bachillerato Provincial (BOP) 126, el ministro de Gabinete Carlos “Kako” Sartori, entre otras autoridades del gobierno provincial, el juzgado interviniente decidió postergar el desalojo “atento a las delicadas circunstancias sociales y humanas relevadas en las actuaciones efectuadas”.

En la resolución, a la que accedió La Voz de Misiones, la Justicia determinó que “corresponde imperioso destacar la preeminencia del orden institucional y el compromiso social que debe guiar la actividad jurisdiccional”. 

En ese contexto, también advirtió sobre la configuración social del grupo en cuestión y la necesidad de garantizar los derechos humanos básicos: “Ante situaciones que evidencian un estado de vulnerabilidad de los sujetos que concurren -menores y adultos, días sábados- al inmueble, el servicio de justicia no puede permanecer ajeno a las derivaciones materiales de sus pronunciamientos, resultando indispensable articular mecanismos de contención interinstitucional que resguarde los derechos fundamentales en juego”.

En este sentido, asumieron el compromiso de diseñar y ejecutar medidas de apoyo específicas, por lo que también reiteraron la inmediata intervención a los organismos competentes: la secretaría de Niñez del municipio, la Dirección de Acción Social municipal, el Ministerio de Educación de la provincia, el Ministerio de Gobierno y la Secretaría de Gobierno e intendencia municipal. 

A estos se sumarían la Secretaría de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras de la provincia y la Dirección de Catastro del municipio, a fin de adoptar las “medidas conducentes para la reubicación de las actividades de formación en oficios”, que actualmente se desarrollan en el mencionado espacio.

Finalmente, el juzgado interviniente dictaminó que, las instituciones mencionadas deberán informar, dentro del plazo de tres días de notificados, las acciones implementadas y, posteriormente, remitir informes periódicos cada cinco días hasta la efectiva solución de la situación planteada. 

De esta manera, la sentencia de desalojo, firme ante la Cámara de Apelaciones, quedó suspendida provisoriamente, lo que “no altera ni afecta la firmeza de la sentencia de desalojo, limitándose exclusivamente a diferir temporalmente su ejecución material a fin de posibilitar la intervención coordinada, y de carácter urgente, de los organismos estatales involucrados en resguardo de la paz social y la tutela judicial efectiva para efectivizar la desocupación del inmueble”.

Abren mesa de diálogo entre La Misionera y campesinos de Montecarlo

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