Judiciales
Testigos contradijeron a enjuiciado por accidente y doble muerte en ruta 105
A sólo unos días de cumplirse el quinto aniversario del hecho, esta mañana comenzó en Posadas el juicio oral para esclarecer el siniestro vial que ocasionó las muertes de Juan Gabriel Mendoza (19) y Víctor Javier González (19), quienes fueron arrollados por un auto mientras empujaban una motocicleta pinchada sobre la banquina de la ruta 105, a la altura de Fachinal.
El debate se realiza en la sala de debates del Palacio de Justicia, ante un tribunal unipersonal presidido por la magistrada Marcela Leiva, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Posadas, y en el banquillo de los acusados se sienta Enrique Gabriel Pana (26), el automovilista involucrado e imputado por el delito de “homicidio culposo”.
Ante una sala repleta de familiares, tanto de ambas víctimas como del acusado, el juicio comenzó minutos después de las 8 con la lectura del auto de elevación a juicio de la causa.
En dicho documento la Fiscalía de Instrucción Tres reconstruyó que el siniestro se produjo el 3 de junio de 2018, cerca de las 5.30, mientras Pana conducía un Chevrolet Agile sobre la ruta provincial 105 y los amigos fallecidos empujaban una moto Honda Wave pinchada sobre la banquina asfaltada. Todos iban en sentido San José-Posadas y regresaban de un encuentro de motos.
Las pericias asentadas en el expediente indican que el impacto se produjo sobre la calzada correspondiente a la banquina -zona indebida para la circulación- y se dio mientras el auto viajaba a una velocidad estimada de 113 kilómetros por hora.
Los estudios de alcoholemia arrojaron resultado negativo en el imputado, pero otros automovilistas circunstanciales mencionaron haber visto al Agile de Pana circular de manera zigzagueante e imprudente instantes previos al siniestro.
Todo ello es materia de discusión en el debate que comenzó hoy, donde tanto Pana como los peritos involucrados y los mencionados testigos debieron prestaron declaración ante las partes.
Pana estuvo cuatro meses detenido tras el hecho y llegó al debate en libertad.
La versión de Pana
“Antes que nada quiero darle mis pésames a la familia de los chicos”, arrancó Pana, quien contó que trabaja como camionero desde hace aproximadamente cinco años.
El joven recordó que regresaba de un encuentro de moto con otros dos muchachos, ratificó que no bebió alcohol, negó haber conducido de manera imprudente o realizando zigzag por la ruta 105 y afirmó que nunca invadió la banquina. También sostuvo que había “mucha neblina” y que iba “pegado al volante” porque se le empañaba el parabrisas.
Sobre el momento del impacto recordó que “en ningún momento vi que era una moto. Pensé que era una vaca o un carpincho. Recién cuando me bajé vi todo. Los chicos no murieron en el acto. El accidente fue cerca de las 3. Yo llamé a mi papá y llamé 6 veces al 911”, contradiciendo en ese punto el horario del suceso plasmado en el expediente.
También describió que “los chicos se podían haber salvado, tenían los ojos abiertos. Estuvieron agonizando. Yo todavía tengo esa imagen en mi mente”.
A continuación, llegó el momento de los testigos, quienes a su turno contradijeron varios puntos de su declaración.
Banquina y zigzag
El primero en pasar a la sala fue el licenciado en Criminalística Martín Duarte, quien confeccionó la pericia accidentológica del caso en conjunto con Juan Carlos Vázquez, ambos de vasta trayectoria en la Policía de Misiones e intervención en innumerables sucesos policiales registrados en la provincia.
Duarte ratificó cada punto de la pericia. “En el carril no hay evidencias. Todo empieza en la banquina”, reconstruyó y añadió que “la primera evidencia se halla en la banquina asfáltica. Ahí había indicios de arrastre de la moto. El impacto se da a 1,70 centímetros de la banquina terrada”.
El profesional describió que, tras ese primer impacto, Pana aplicó el freno por primera vez y culminó unos 80 metros después, ya sobre la banquina terrada.
Con todo lo expuesto y ante las consultas tanto de la fiscalía María Laura Álvarez, como del abogado defensor particular Jorge Guimaraes, el perito apuntó que “el accidente no ocurre porque iba a 200 kilómetros por hora, sino porque iba por la banquina, por un lugar indebido. Si circulaba correctamente, el accidente no se hubiera producido”.
Las partes en debate: la fiscal Álvarez, la jueza Leiva, el testigo Vázquez y el defensor Guimaraes.
Luego declaró Vázquez y también una bioquímica que ratificó que Pana dio negativo en los test de alcoholemia, tanto por pipeta como por sangre, pero lo más trascendental llegó después, cuando fue el momento de los automovilistas que se cruzaron con el Agile antes del siniestro sobre la ruta 105.
Los tres, un joven y dos mujeres, recordaron haber visto al Agile gris circular de manera zigzagueante y realizando maniobras imprudentes.
“En la rotonda vi que cuando quiso avanzar se le apagó el auto. Nosotros le pasamos y después se acercaba mucho a nosotros. Parecía como que nos iba a chocar de atrás”, narró Leonardo Aguirre.
“En ese momento me pareció que era una persona que no sabía manejar o que iba bajo los efectos de algo. No quiero juzgar, pero eso no hace una persona consciente”, agregó.
Mabel Rodríguez y Cintia Pimienta, en tanto, testificaron en la misma sintonía. “Cuando íbamos atrás de él nos cerraba el paso”, señaló la primera, mientras que la restante manifestó que “iba zigzagueando. Tuve que ir a 120 para poder pasarle. El de ese auto venía como un inconsciente, me podía haber pasado a mí y a mi familia, pero le pasó a esos dos chicos inocentes”.
Los tres testigos coincidieron en mencionar que a pesar del horario había una visibilidad que les permitió observar a los dos chicos empujando la moto al costado de la ruta. Negaron que haya habido neblina en ese momento.
Víctor González, una de las víctimas, era hijo de la cantante Vanessa Avellaneda.
Para mañana se espera un solo testimonio. Será por videoconferencia con uno de los jóvenes que iba en el auto de Pana al momento del hecho. El otro, José Luis, declaró hoy, aunque solo señaló que él iba durmiendo y que recién se despertó con el impacto.
Luego será el turno de la ronda de alegatos, donde tanto la fiscal como la defensa tendrán la oportunidad de exponer sus conclusiones finales y elevar sus respectivos pedidos ante el tribunal.
Se prevé que la jueza Leiva posteriormente dicte sentencia. Pana enfrenta una posible pena máxima de seis años de prisión.
El magistrado Martín Brites, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, dictaminó la prisión preventiva por femicidio contra Ismael Centurión (29), único acusado por el asesinato de su ex pareja Juana Maciel, cometido dentro de la comunidad mbya guaraní Yryapú, donde ambos residían.
La resolución se firmó esta martes y mantiene la imputación del sospechoso por el delito de “homicidio doblemente agravado por haber sido cometido contra una persona con la que mantuvo una relación de pareja y en un contexto de violencia de género”, figura que prevé una pena de prisión perpetua.
El dictamen firmado por el juez Brites también dispone el traslado de Centurión hacia una unidad penitenciaria, donde continuará detenido mientras avance la causa que se instruye en su contra.
Femicidio en Yryapú
El hecho que se investiga se registró en la noche del 4 de mayo dentro de la comunidad mbya guaraní Yryapú de Puerto Iguazú, donde Juana Maciel (23) fue asesinada de 27 puñaladas.
El crimen fue alertado a la Policía por uno de los integrantes de la comunidad y al llegar la Policía encontró el cadáver de Maciel a unos 20 metros de su casa, mientras que bajo la lupa quedó su ex pareja, quien fue detenido poco después durante un rastrillaje por la zona.
El sospechoso se trata de Centurión y, según señalaron fuentes consultadas por LVM en ese entonces, el hombre se había separado de Maciel pocos meses antes, tras ser acusado de un intento de abuso en contra de una sobrina de la víctima, hecho que aunque no fue denunciado formalmente habría generado conflictos en la relación.
Se cree que por ese mismo motivo esa noche de mayo se desató una nueva discusión que acabó en femicidio. En el lugar la Policía también secuestró un cuchillo que pudo haber sido utilizado como arma homicida.
De acuerdo a las conclusiones forenses, el cuerpo de la muchacha presentaba 27 lesiones cortantes localizadas en cabeza, cara, cuello y miembros superiores, estos últimos de características defensivas.
De ese total de puñaladas, uno alcanzó a penetrar en la zona del hemitórax anterior izquierdo y a perforar un pulmón, lesión que finalmente provocó la muerte de la víctima.
Femicidio en comunidad mbya: Juana recibió 27 puñaladas e imputaron a su ex
Quince años de prisión fue la condena impuesta por el Tribunal Penal Uno de Oberá contra un hombre acusado de abusos sexuales cometidos en perjuicio de dos hijas menores de su concubina.
El imputado es oriundo de San Javier y la investigación en su contra comenzó en agosto de 2022 por una denuncia de violación contra una hijastra de 10 años.
De acuerdo a lo reconstruido, ese hecho sucedió en una vivienda del barrio Nueva Esperanza, donde el hombre residía junto a su concubina, a las dos hijas menores de ella y a otros niños que tuvieron en común.
El abuso de la niña de 10 años se habría registrado mientras su madre no se encontraba en la casa y después de ese primer hecho la otra niña reveló haber padecido lo mismo años antes en otra vivienda.
Tras la denuncia, el acusado identificado como Antonio M. fue detenido y ahora llegó a instancia de juicio oral, donde finalmente fue condenado a 15 años de prisión, pena que deberá ser cumplida en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.
El fallo fue dictado por los magistrados Horacio Paniagua como presidente y Jorge Erasmo Villaba y Teresa Hedman como vocales en carácter de subrogantes.
En representación de la fiscalía intervino David Milicich, que en su alegato solicitó la misma pena impuesta, mientras que también hubo un querellante particular que había pedido 35 años de prisión contra el acusado y la defensa requirió la absolución.
El imputado fue condenado como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia, dos hechos en concurso real”.
Un día antes de enfrentar a la Justicia desde el banquillo de los acusados en un juicio oral, Fernando Ariel Skuarek (41) decidió reconocer su responsabilidad en la causa que se le seguía desde 2017 por “suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual” contra dos adolescentes posadeñas y firmó un acuerdo de juicio abreviado por 9 años de prisión.
El debate oral en su contra debía comenzar este miércoles a la mañana en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero todo quedó suspendido en virtud de un cambio de postura en el imputado, quien decidió admitir su culpabilidad y aceptar los 9 años prisión que la fiscalía propuso como pena.
Según adelantaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, Skuarek firmó el acuerdo ayer y este miércoles el acta sumó las rúbricas de los fiscales, del abogado defensor del imputado y de los letrados que intervinieron en la causa como querellantes particulares en representación de las dos denunciantes.
Además de los 9 de años de prisión establecidos como pena, el acuerdo también contempla una reparación integral para las víctimas. Todo lo firmado deberá ser analizado por los magistrados del TOF y posteriormente homologado como sentencia.
Resta determinar si el implicado continúa internado en una clínica especializada en salud mental o cumpla su condena con prisión efectiva en una unidad carcelaria de Misiones.
La causa
La investigación contra el imputado data desde 2017, cuando los padres de una adolescente denunciaron la privación de la libertad de su hija de 17 años.
Luego se sumó otra denunciante y las acusaciones avanzaron. Los señalamientos eran que Skuarek suministraba estupefacientes a las chicas, tras lo cual las exponía a contextos de encierro, violencia y abuso sexual.
Los hechos ocurrieron en diferentes departamentos que el muchacho habitaba en el microcentro posadeño y las denunciantes narraron haber sido drogadas con cócteles de alcohol, cocaína, éxtasis y ketamina, episodios que provocaron trastornos de salud mental que hasta ahora requieren tratamiento terapéutico.
El implicado, oriundo de Aristóbulo del Valle e hijo de un contador con vínculos políticos, más tarde fue procesado con prisión preventiva en orden a los delitos de suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual en perjuicio de dos adolescentes. Todo ello configura una violación a la ley 26.364 de Trata de Personas.
De ahí en más se sucedieron presentaciones judiciales y recursos de apelación. En mayo de 2023 quedó detenido por el revocamiento de una prisión domiciliaria, aunque más tarde consiguió que le acepten su internación en una clínica, condición que ahora podría volver a cambiar.
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