Judiciales
Testigos contradijeron a enjuiciado por accidente y doble muerte en ruta 105
A sólo unos días de cumplirse el quinto aniversario del hecho, esta mañana comenzó en Posadas el juicio oral para esclarecer el siniestro vial que ocasionó las muertes de Juan Gabriel Mendoza (19) y Víctor Javier González (19), quienes fueron arrollados por un auto mientras empujaban una motocicleta pinchada sobre la banquina de la ruta 105, a la altura de Fachinal.
El debate se realiza en la sala de debates del Palacio de Justicia, ante un tribunal unipersonal presidido por la magistrada Marcela Leiva, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Posadas, y en el banquillo de los acusados se sienta Enrique Gabriel Pana (26), el automovilista involucrado e imputado por el delito de “homicidio culposo”.
Ante una sala repleta de familiares, tanto de ambas víctimas como del acusado, el juicio comenzó minutos después de las 8 con la lectura del auto de elevación a juicio de la causa.
En dicho documento la Fiscalía de Instrucción Tres reconstruyó que el siniestro se produjo el 3 de junio de 2018, cerca de las 5.30, mientras Pana conducía un Chevrolet Agile sobre la ruta provincial 105 y los amigos fallecidos empujaban una moto Honda Wave pinchada sobre la banquina asfaltada. Todos iban en sentido San José-Posadas y regresaban de un encuentro de motos.
Las pericias asentadas en el expediente indican que el impacto se produjo sobre la calzada correspondiente a la banquina -zona indebida para la circulación- y se dio mientras el auto viajaba a una velocidad estimada de 113 kilómetros por hora.
Los estudios de alcoholemia arrojaron resultado negativo en el imputado, pero otros automovilistas circunstanciales mencionaron haber visto al Agile de Pana circular de manera zigzagueante e imprudente instantes previos al siniestro.
Todo ello es materia de discusión en el debate que comenzó hoy, donde tanto Pana como los peritos involucrados y los mencionados testigos debieron prestaron declaración ante las partes.
Pana estuvo cuatro meses detenido tras el hecho y llegó al debate en libertad.
La versión de Pana
“Antes que nada quiero darle mis pésames a la familia de los chicos”, arrancó Pana, quien contó que trabaja como camionero desde hace aproximadamente cinco años.
El joven recordó que regresaba de un encuentro de moto con otros dos muchachos, ratificó que no bebió alcohol, negó haber conducido de manera imprudente o realizando zigzag por la ruta 105 y afirmó que nunca invadió la banquina. También sostuvo que había “mucha neblina” y que iba “pegado al volante” porque se le empañaba el parabrisas.
Sobre el momento del impacto recordó que “en ningún momento vi que era una moto. Pensé que era una vaca o un carpincho. Recién cuando me bajé vi todo. Los chicos no murieron en el acto. El accidente fue cerca de las 3. Yo llamé a mi papá y llamé 6 veces al 911”, contradiciendo en ese punto el horario del suceso plasmado en el expediente.
También describió que “los chicos se podían haber salvado, tenían los ojos abiertos. Estuvieron agonizando. Yo todavía tengo esa imagen en mi mente”.
A continuación, llegó el momento de los testigos, quienes a su turno contradijeron varios puntos de su declaración.
Banquina y zigzag
El primero en pasar a la sala fue el licenciado en Criminalística Martín Duarte, quien confeccionó la pericia accidentológica del caso en conjunto con Juan Carlos Vázquez, ambos de vasta trayectoria en la Policía de Misiones e intervención en innumerables sucesos policiales registrados en la provincia.
Duarte ratificó cada punto de la pericia. “En el carril no hay evidencias. Todo empieza en la banquina”, reconstruyó y añadió que “la primera evidencia se halla en la banquina asfáltica. Ahí había indicios de arrastre de la moto. El impacto se da a 1,70 centímetros de la banquina terrada”.
El profesional describió que, tras ese primer impacto, Pana aplicó el freno por primera vez y culminó unos 80 metros después, ya sobre la banquina terrada.
Con todo lo expuesto y ante las consultas tanto de la fiscalía María Laura Álvarez, como del abogado defensor particular Jorge Guimaraes, el perito apuntó que “el accidente no ocurre porque iba a 200 kilómetros por hora, sino porque iba por la banquina, por un lugar indebido. Si circulaba correctamente, el accidente no se hubiera producido”.
Las partes en debate: la fiscal Álvarez, la jueza Leiva, el testigo Vázquez y el defensor Guimaraes.
Luego declaró Vázquez y también una bioquímica que ratificó que Pana dio negativo en los test de alcoholemia, tanto por pipeta como por sangre, pero lo más trascendental llegó después, cuando fue el momento de los automovilistas que se cruzaron con el Agile antes del siniestro sobre la ruta 105.
Los tres, un joven y dos mujeres, recordaron haber visto al Agile gris circular de manera zigzagueante y realizando maniobras imprudentes.
“En la rotonda vi que cuando quiso avanzar se le apagó el auto. Nosotros le pasamos y después se acercaba mucho a nosotros. Parecía como que nos iba a chocar de atrás”, narró Leonardo Aguirre.
“En ese momento me pareció que era una persona que no sabía manejar o que iba bajo los efectos de algo. No quiero juzgar, pero eso no hace una persona consciente”, agregó.
Mabel Rodríguez y Cintia Pimienta, en tanto, testificaron en la misma sintonía. “Cuando íbamos atrás de él nos cerraba el paso”, señaló la primera, mientras que la restante manifestó que “iba zigzagueando. Tuve que ir a 120 para poder pasarle. El de ese auto venía como un inconsciente, me podía haber pasado a mí y a mi familia, pero le pasó a esos dos chicos inocentes”.
Los tres testigos coincidieron en mencionar que a pesar del horario había una visibilidad que les permitió observar a los dos chicos empujando la moto al costado de la ruta. Negaron que haya habido neblina en ese momento.
Víctor González, una de las víctimas, era hijo de la cantante Vanessa Avellaneda.
Para mañana se espera un solo testimonio. Será por videoconferencia con uno de los jóvenes que iba en el auto de Pana al momento del hecho. El otro, José Luis, declaró hoy, aunque solo señaló que él iba durmiendo y que recién se despertó con el impacto.
Luego será el turno de la ronda de alegatos, donde tanto la fiscal como la defensa tendrán la oportunidad de exponer sus conclusiones finales y elevar sus respectivos pedidos ante el tribunal.
Se prevé que la jueza Leiva posteriormente dicte sentencia. Pana enfrenta una posible pena máxima de seis años de prisión.
Tanto la hermana como la pareja del penitenciario Julio César Argüello (45), asesinado de un disparo en la cabeza, comparecieron este miércoles en audiencia de declaración indagatoria, instancia en la que la primera de ellas guardó silencio y la otra se desligó de la acusación, al tiempo que ambas fueron imputadas por el crimen y continuarán detenidas mientras avanza la investigación que se tramita ante el Juzgado de Instrucción Siete de Posadas.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, ambas mujeres fueron trasladadas esta mañana hacia dicha dependencia judicial, donde la primera en comparecer ante el magistrado Miguel Mattos fue Lidia Rosa Argüello (54), hermana de la víctima.
La mujer ya había estado en ese mismo juzgado el lunes, cuando designó como defensor legal a un abogado particular y ahora estaba citada para prestar declaración indagatoria, aunque optó por guardar silencio.
De igual manera, Lidia fue notificada del hecho que se investiga, oyó al detalle el listado de indicios que se registran en su contra y provisoriamente fue imputada como autora del homicidio, que podría sumar el agravante del vínculo existente con la víctima, lo que elevaría la expectativa de pena que podría recibir en su contra en caso de declararse su responsabilidad en el hecho en un futuro debate oral y público.
La que pisó por primera vez el juzgado que dirige Mattos fue Paola Z. (35), pareja del penitenciario, quien en contrapartida su cuñada eligió declarar y negó haber prestado su complicidad en el crimen.
La joven fue imputada como encubridora del homicidio y por el momento también continuará detenida hasta que las autoridades dispongan nuevas medidas en el marco de la causa que aún aguarda el resultado de pericias balísticas.
Lidia Argüello fue imputada como autora del homicidio.
Crimen y sospechas
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 milímetros encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica y será sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
Un revólver calibre 32 que se investiga como arma homicida fue incautada en la casa de la hermana de la víctima.
Muerte de penitenciario se investiga como homicidio y detuvieron a su hermana
El miércoles fue el día establecido por la Justicia para citar en audiencia de declaración indagatoria a Lidia Rosa Argüello (54), detenida desde el último viernes como sospechosa del crimen de su hermano, el agente penitenciario Julio César Argüello (45), herido de un disparo en la cabeza en su casa y fallecido una semana después en el hospital Madariaga.
Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la mujer fue trasladada este lunes al Juzgado de Instrucción Siete de Posadas y designó a un abogado defensor, mientras que la indagatoria ante el juez Miguel Mattos fue postergada al miércoles.
En esa instancia, la sospechosa podrá brindar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar. También será notificada del hecho que se investiga, de los elementos de prueba que se registran en su contra y sería imputada.
Cabe mencionar que la causa tiene una segunda persona detenida, que se trata, ni más ni menos, que de la pareja de la víctima, quien fue aprehendida como presunta encubridora del crimen.
El caso
Según lo que se pudo reconstruir, todo comenzó el viernes 6 de febrero, minutos antes de las 9, cuando Lidia alertó haber encontrado a su hermano herido dentro de su casa sobre la calle Puerto Rico de Posadas.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en severo estado de salud hasta que este jueves se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos se destacan una cámara de seguridad que la muestra ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 milímetros encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica.
Crimen del penitenciario Argüello: detuvieron a su pareja por encubrimiento
Roberto Ramón Pereira (57), el hombre que estuvo seis años preso por abuso de menores y volvió a ser detenido el jueves pasado por el mismo delito, se abstuvo a declarar esta mañana por el nuevo caso y fue imputado por “producción de archivos Masi, abuso sexual y amenazas”.
Tal como estaba previsto, el comerciante que tenía a su cargo un vivero en el Mercado Concentrador fue trasladado este lunes hacia el Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, para comparecer en audiencia de declaración indagatoria ante el magistrado Miguel Mattos.
Antes de pasar frente al juez, el implicado designó un abogado particular para que se haga cargo de su defensa y luego se abstuvo de declarar, tal como lo ampara su derecho.
En la misma audiencia fue notificado de los hechos que se investigan, de las pruebas que se registran en su contra y provisoriamente fue imputado por los delitos de “producción de material de abuso sexual infantil (Masi), delito contra la integridad sexual y amenazas”.
De esta manera, Pereira continuará detenido mientras avanza la investigación que lo tiene nuevamente tras las rejas desde el jueves pasado, cuando un niño de 12 años reveló los vejámenes que sufría era llevado a la casa del hombre sobre calle Soria, casi avenida Santa Cruz, donde supuestamente el ahora sospechoso le iba a enseñar “a arreglar sillones”.
Abuso y filmación
Según el relato del niño, contado por su madre en una entrevista con La Voz de Misiones, el menor empezó a ir a la casa de Pereira en diciembre y en las primeras visitas ya se habrían concretado los abusos que, además, fueron filmados para que luego utilizar esas imágenes como extorsión.
“Además de grabarle, después que abusaba de él le mostraba videos suyos con otros chicos. Le decía que le gustan los chicos mayores de 10 años. Así que hay más víctimas y por eso cuando vinimos a buscarlo queríamos recuperar si o si el celular, ahí está toda la evidencia”, contó la madre del pequeño.
El domicilio del sospechoso fue allanado el viernes a la tarde y en el lugar los investigadores incautaron tres aparatos telefónicos, un pen drive, un disco rígido y bajo la almohada de su cama hallaron un sugestivo elemento que podría ser clave: un ajo con un papel escrito con el nombre de un menor de edad.
Todos los dispositivos quedaron en manos de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic), cuyo personal será el encargado de realizar las pericias correspondientes en busca de más pruebas que puedan robustecer la acusación. También servirán, en todo caso, para comprobar la existencia de más víctimas.
En su contra, además, Pereira cuenta con un severo antecedente. En 2016 fue detenido por el mismo delito y por esa causa en 2018 firmó un acuerdo de juicio abreviado en el que se declaró culpable y fue condenado a seis años de prisión.
El hombre purgó esa pena en un complejo penitenciario de la provincia y en 2024 recuperó la libertad. Ahora está nuevamente preso, enfrentando un expediente que podría significarle una pena mucho mayor.
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