Judiciales
Revés judicial para ex candidato de JxC imputado por contrabando de soja
Fue candidato a diputado provincial y prometía mejoras en la gestión del puerto de Colonia Alicia, entre otras cosas, pero no llegó a alcanzar la banca legislativa y cuatro años fue hallado in fraganti en una maniobra de contrabando de soja en un embarcadero clandestino de la zona, hecho que lo mantiene procesado en un expediente que se instruye ante la Justicia Federal de Misiones.
El protagonista de esta historia es Marcos Marcelo Cassol, un agricultor de Colonia Aurora que en 2019 fue candidato a diputado provincial por Juntos por el Cambio (JxC), pero que en 2023 fue interceptado por la Prefectura Naval Argentina (PNA) mientras se preparaba una operación de contrabando de soja en el paraje Londero, en la costa del río Uruguay.
Como noveno candidato titular, Cassol integró la lista que en las elecciones generales de 2019 encabezaba Humberto Schiavoni como postulante a la gobernación de la provincia.
“Para defender al misionero que trabaja, para garantizar el acceso a la vivienda, para recuperar la salud pública, para acompañar al agro. Necesitamos diputados de los trabajadores”, era el speech de campaña de Cassol en aquel entonces, lo cual se traducía en diversos flyers difundidos en redes sociales.
También prometía mejoras en la gestión del puerto de Colonia Alicia y mayores beneficios para los productores del Alto Uruguay.
Sin embargo, los resultados de aquellas elecciones marcaron una abultada derrota de Schiavoni frente al candidato renovador Oscar Herrera Ahuad y, en consecuencia, el agricultor de Aurora quedó muy lejos de alcanzar una banda en la Cámara de Representantes de la provincia.
Los flyers de campaña de Cassol en 2019.
Operativo en paraje Londero
Exactamente cuatro años después de esos comicios, la realidad lo ubicaba a Cassol en una posición muy diferente a la de aquel político con promesas para la comunidad.
El día que todo cambió fue el 31 de julio de 2023, cuando agentes de la PNA patrullaban las costas del río Uruguay en el paraje Londero, en el municipio de Colonia Auroria, hasta que advirtieron movimientos compatibles con una maniobra de contrabando.
Utilizando visores de alto alcance detectaron a varias personas transportando bolsas de arpillera desde un tractor con acoplado hasta una embarcación casera remolcada por otra con motor fuera de borda.
Los uniformados, pertenecientes a la Delegación Inteligencia Criminal e Investigaciones de PNA, avanzaron hasta el puerto clandestino, interceptando a cuatro personas, entre las cuales se encontraba el ex candidato Marcos Marcelo Cassol.
Unas 14 toneladas de expeller de soja listos para ser cruzados ilegalmente a Brasil fueron incautados en el procedimiento del año pasado.
Según consta en el expediente, en determinado momento los implicados huyeron por una barranca y volvieron a ser ubicados luego de una persecución, lo cual también permitió llegar hasta un galpón donde se encontraron más bolsas de granos, además de varias armas de fuego.
El reporte final arrojó el secuestro de 14 toneladas de expeller de soja, distribuido en un total de 316 bolsas, carga que superó los 2,3 millones de pesos en aquel entonces.
También se incautaron un tractor, un acoplado, un motor fuera de borda, un revólver, una escopeta, una carabina y municipios de distintos calibres, además de celulares y dinero en efectivo, de acuerdo al parte emitido por el ministerio de Seguridad de la Nación.
Procesamiento
Tras el procedimiento, Cassol y los demás involucrados fueron notificados del inicio de una causa por tentativa de contrabando que hoy lo encuentra con un procesamiento dictado por el Juzgado Federal de Oberá y ratificado en dos ocasiones por la Cámara Federal de Apelaciones.
La primera resolución en contra el agricultor fue firmada el pasado 26 de junio, cuando los camaristas decidieron no hacer lugar a una apelación presentada por los cuatro imputados y la segunda se conoció el último viernes, a instancias de la misma institución, esta vez declarando inadmisible un recurso casación articulado en contra de medida ulterior.
Las fotografías del operativo fueron difundidas por el ministerio de Seguridad de la Nación.
De esta manera, la Cámara de Apelaciones desestimó los planteos de la defensa de los implicados y confirmó todo lo actuado por el juzgado de primera instancia, lo cual incluía el procesamiento sin prisión preventiva para los cuatro agricultores por el delito de tentativa de contrabando.
En sus planteos, la defensa apuntaba a declarar la nulidad del procedimiento, aunque los argumentos esgrimidos no alcanzaron para convencer a los camaristas.
“El tribunal observa que los agravios formulados por la defensa se asientan en una mera discrepancia con la decisión adoptada en tanto no demostró la existencia de un perjuicio real, concreto y actual con proyección en las garantías constitucionales que amparan a sus asistidos a efectos de declarar la nulidad que postula”, concluyeron los magistrados de la cámara en su dictamen de junio.
El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.
La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.
Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.
De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.
El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.
El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.
De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.
El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.
Atrapan a ex convicto acusado de matar a machetazos al productor Von Steiger
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción
José Antonio Reyes, el abogado que pidió censurar a La Voz de Misiones por una nota sobre entrega de bebés que involucraba a dos de sus defendidos, fue juez penal de Apóstoles hasta su destitución en 2007, aunque eso ya se sabía y múltiples publicaciones dan cuenta de ello.
En contrapartida, lo que en estos años pasó desapercibido es que la destitución de Reyes fue ratificada en 2021 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hasta donde el ex magistrado recurrió para tratar de revertir el fallo que le quitó el cargo por incumplimiento de sus deberes.
La medida del máximo órgano judicial del país fue firmada por los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, quienes analizaron el recurso de casación interpuesto y desestimaron uno por uno los argumentos esgrimidos por Reyes en su escrito.
La resolución tiene 17 páginas, es información pública en internet y en uno de sus apartados los jueces la Corte concluyen, sin vueltas: “Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por un cargo definido, en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos”.
De esta manera, quedó ratificada la destitución resuelta por el jurado de enjuiciamiento que analizó el caso en 2007 y encontró a Reyes responsable de “incumplimiento de sus deberes”.
El pedido de jury había sido formulado por Gabriel Díaz, por aquel entonces gerente regional del banco Macro, quien acusó a Reyes de emitir un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE” pese a no ser competente.
Esa resolución le permitió a la empresa extraer unos 3 millones de pesos del banco, supuestamente en concepto por pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Antes de llegar al jury, el magistrado presentó la renuncia, pero el gobierno no se la aceptó. Tras su destitución, Reyes habló con el diario El Territorio y prometió: “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”.
Décadas después, la contienda judicial llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados entendieron que a Reyes no le asistía la razón.
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