El Tribunal Oral Federal (TOF) de San Juan ordenó que el represor misionero Jorge Antonio Olivera (72), condenado en dos oportunidades a prisión perpetua y con un tercer pedido de pena similar por delitos de lesa humanidad, vuelva a la cárcel por adulterar un certificado médico.

La medida fue dispuesta el viernes, cuando los magistrados del mencionado TOF analizaron el planteo en el que la fiscalía advirtió la adulteración de un certificado médico con el cual Olivera, a través de su defensa, solicitaba autorización para salir de su casa donde cumplía arresto domiciliario con el fin de realizar actividades físicas por razones de salud.

A pesar de sus antecedentes de fuga, De Olivera fue beneficiado con la prisión domiciliaria con tobillera electrónica en marzo de 2021 y desde ese momento se encontraba en su casa, pero comenzó a pedir autorización para salir a realizar ejercicios. Para ello presentó certificados médicos y su primer planteo fue rechazado en diciembre de ese mismo año.

En diciembre de 2022, en tanto, volvió a insistir con su pedido y continuó anexando certificados, aunque en esta oportunidad el fiscal interviniente constató que se trababa de un documento adulterado, al cual le habían borrado la fecha de emisión porque consistía en el mismo papel presentado anteriormente.

Al detectar el ardid, el fiscal general Francisco Maldonado consideró que De Olivera “intentó burlar la investidura del Tribunal y Ministerio Público Fiscal”, demostrando “una vez más, el poco apego al sistema de Justicia”, según consignó El Diario de Cuyo.

Al analizar la cuestión, los magistrados Daniel Doffo y Carolina Pereira, calificaron la maniobra como “grave” e “irregular”, agregando que el acusado “mediante un ardid, que consistió en la presentación de una copia de certificado médico con fecha cierta suprimida, desplegó una conducta indebida a fin de obtener una autorización para salir del domicilio de manera periódica”.

Con ello, resolvieron, por mayoría, ordenar el cese de la prisión preventiva en favor del misionero y dispusieron que la Policía Federal Argentina (PFA) se encargue del traslado del represor hasta la Unidad 34 – Instituto Penal Federal de Campo de Mayo.

Megacausa III

Actualmente, De Olivera enfrenta en San Juan el juicio por la denominada “Megacausa III” que se le sigue a 24 policías, militares y ex funcionarios judiciales imputados por delitos de lesa humanidad cometidos en esa provincia cuyana con anterioridad y posterioridad al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

El debate comenzó el 25 de junio de 2019 y hasta la fecha se desarrollaron 106 jornadas. El fiscal de juicio, Dante Vega, solicitó la pena de prisión perpetua para el misionero en junio del año pasado y ahora las defensas están en proceso de exposición de sus alegatos.

En la denominada Megacausa III se acumularon seis expedientes con hechos padecidos por un total de 96 víctimas, de las cuales trece permanecen desaparecidas y cinco fueron ejecutadas. También se investigan secuestros, torturas y casos de violencia sexual.

Según consta en los registros oficiales, De Olivera nació en Posadas el 10 de agosto de 1950 y en San Juan se desempeñaba bajo el rango de Teniente y operaba como jefe de Inteligencia del RIM 22 (Regimiento de Infantería de Montaña), en una de las esferas de mayor poder dentro de la estructura. Ahora volvió a quedar preso y está a las puertas de una tercera condena de prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

Condenas e historial de fuga

El primer fallo en contra del misionero fue dictado en julio de 2013, mientras que la segunda fue impartida en octubre de 2018. Entre las víctimas de las desapariciones, secuestros y torturas que se investigaron en las causas donde Olivera fue imputado aparecen la francesa criada en Misiones, Marie Anne Erize, y el actual diputado y ex gobernador de San Juan en tres oportunidades, José Luis Gioja.

Tras el otorgamiento de su prisión domiciliaria, en 2021, la medida generó repudio y polémica de organizaciones por la Memoria, Verdad y Justicia, dado que los problemas de salud esgrimidos -insomnio, hipertensión arterial, hipoacusia del oído derecho, tabaquismo y sedentarismo- no representarían gravedad y el único fundamento para la morigeración de su prisión preventiva fue haber superado los 70 años.

Sin embargo, en esa instancia también volvió a ponerse sobre el tapete el largo historial de maniobras ejecutadas por el militar misionero para evadir a la Justicia, según pudo reconstruir La Voz de Misiones.

Ese tendal de antecedentes comienza ya en la década del 2000, cuando viajó a refugiarse a Italia pero fue detenido tras un pedido de la Justicia de Francia que investigaba la desaparición de la joven Marie Anne Erize, aunque solo permaneció 43 días tras las rejas.

Es que sus defensores presentaron un documento que consignaba una supuesta fecha de fallecimiento de la joven francesa y los magistrados locales entonces entendieron que el delito estaba prescripto, aunque todo se trató de una maniobra fraudulenta y un certificado falso, dado que el paradero de Erize aún no fue revelado.

Posteriormente a ello, llegó la primera condena en Argentina contra Olivera. Fue el 3 de julio de 2013 y tan sólo 22 días logró escapar junto Gustavo De Marchi -otro represor condenado- del hospital militar Cosme Argerich de Buenos Aires, donde habían sido trasladados desde el Penal de Chimbas (San Juan) por supuestas dolencias.

Olivera permaneció en condición de prófugo de la Justicia y recién fue recapturado el 30 de enero de 2017, durante un allanamiento realizado en la casa de su esposa, Marta Ravasi, en la localidad bonaerense de San Isidro. El represor estaba escondido en el baúl de un auto.

Tras su recaptura, el misionero regresó a San Juan, donde quedó detenido y en 2018 fue condenado por segunda vez. Luego obtuvo la domiciliaria, pero desde el viernes regresó a la cárcel.

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