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Represor misionero volvió a la cárcel por adulterar un certificado médico

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El Tribunal Oral Federal (TOF) de San Juan ordenó que el represor misionero Jorge Antonio Olivera (72), condenado en dos oportunidades a prisión perpetua y con un tercer pedido de pena similar por delitos de lesa humanidad, vuelva a la cárcel por adulterar un certificado médico.

La medida fue dispuesta el viernes, cuando los magistrados del mencionado TOF analizaron el planteo en el que la fiscalía advirtió la adulteración de un certificado médico con el cual Olivera, a través de su defensa, solicitaba autorización para salir de su casa donde cumplía arresto domiciliario con el fin de realizar actividades físicas por razones de salud.

A pesar de sus antecedentes de fuga, De Olivera fue beneficiado con la prisión domiciliaria con tobillera electrónica en marzo de 2021 y desde ese momento se encontraba en su casa, pero comenzó a pedir autorización para salir a realizar ejercicios. Para ello presentó certificados médicos y su primer planteo fue rechazado en diciembre de ese mismo año.

En diciembre de 2022, en tanto, volvió a insistir con su pedido y continuó anexando certificados, aunque en esta oportunidad el fiscal interviniente constató que se trababa de un documento adulterado, al cual le habían borrado la fecha de emisión porque consistía en el mismo papel presentado anteriormente.

Al detectar el ardid, el fiscal general Francisco Maldonado consideró que De Olivera “intentó burlar la investidura del Tribunal y Ministerio Público Fiscal”, demostrando “una vez más, el poco apego al sistema de Justicia”, según consignó El Diario de Cuyo.

Al analizar la cuestión, los magistrados Daniel Doffo y Carolina Pereira, calificaron la maniobra como “grave” e “irregular”, agregando que el acusado “mediante un ardid, que consistió en la presentación de una copia de certificado médico con fecha cierta suprimida, desplegó una conducta indebida a fin de obtener una autorización para salir del domicilio de manera periódica”.

Con ello, resolvieron, por mayoría, ordenar el cese de la prisión preventiva en favor del misionero y dispusieron que la Policía Federal Argentina (PFA) se encargue del traslado del represor hasta la Unidad 34 – Instituto Penal Federal de Campo de Mayo.

Megacausa III

Actualmente, De Olivera enfrenta en San Juan el juicio por la denominada “Megacausa III” que se le sigue a 24 policías, militares y ex funcionarios judiciales imputados por delitos de lesa humanidad cometidos en esa provincia cuyana con anterioridad y posterioridad al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

El debate comenzó el 25 de junio de 2019 y hasta la fecha se desarrollaron 106 jornadas. El fiscal de juicio, Dante Vega, solicitó la pena de prisión perpetua para el misionero en junio del año pasado y ahora las defensas están en proceso de exposición de sus alegatos.

En la denominada Megacausa III se acumularon seis expedientes con hechos padecidos por un total de 96 víctimas, de las cuales trece permanecen desaparecidas y cinco fueron ejecutadas. También se investigan secuestros, torturas y casos de violencia sexual.

Según consta en los registros oficiales, De Olivera nació en Posadas el 10 de agosto de 1950 y en San Juan se desempeñaba bajo el rango de Teniente y operaba como jefe de Inteligencia del RIM 22 (Regimiento de Infantería de Montaña), en una de las esferas de mayor poder dentro de la estructura. Ahora volvió a quedar preso y está a las puertas de una tercera condena de prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

Condenas e historial de fuga

El primer fallo en contra del misionero fue dictado en julio de 2013, mientras que la segunda fue impartida en octubre de 2018. Entre las víctimas de las desapariciones, secuestros y torturas que se investigaron en las causas donde Olivera fue imputado aparecen la francesa criada en Misiones, Marie Anne Erize, y el actual diputado y ex gobernador de San Juan en tres oportunidades, José Luis Gioja.

Tras el otorgamiento de su prisión domiciliaria, en 2021, la medida generó repudio y polémica de organizaciones por la Memoria, Verdad y Justicia, dado que los problemas de salud esgrimidos -insomnio, hipertensión arterial, hipoacusia del oído derecho, tabaquismo y sedentarismo- no representarían gravedad y el único fundamento para la morigeración de su prisión preventiva fue haber superado los 70 años.

Sin embargo, en esa instancia también volvió a ponerse sobre el tapete el largo historial de maniobras ejecutadas por el militar misionero para evadir a la Justicia, según pudo reconstruir La Voz de Misiones.

Ese tendal de antecedentes comienza ya en la década del 2000, cuando viajó a refugiarse a Italia pero fue detenido tras un pedido de la Justicia de Francia que investigaba la desaparición de la joven Marie Anne Erize, aunque solo permaneció 43 días tras las rejas.

Es que sus defensores presentaron un documento que consignaba una supuesta fecha de fallecimiento de la joven francesa y los magistrados locales entonces entendieron que el delito estaba prescripto, aunque todo se trató de una maniobra fraudulenta y un certificado falso, dado que el paradero de Erize aún no fue revelado.

Posteriormente a ello, llegó la primera condena en Argentina contra Olivera. Fue el 3 de julio de 2013 y tan sólo 22 días logró escapar junto Gustavo De Marchi -otro represor condenado- del hospital militar Cosme Argerich de Buenos Aires, donde habían sido trasladados desde el Penal de Chimbas (San Juan) por supuestas dolencias.

Olivera permaneció en condición de prófugo de la Justicia y recién fue recapturado el 30 de enero de 2017, durante un allanamiento realizado en la casa de su esposa, Marta Ravasi, en la localidad bonaerense de San Isidro. El represor estaba escondido en el baúl de un auto.

Tras su recaptura, el misionero regresó a San Juan, donde quedó detenido y en 2018 fue condenado por segunda vez. Luego obtuvo la domiciliaria, pero desde el viernes regresó a la cárcel.

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Sobreseyeron a dos gendarmes misioneros investigados por homicidio en La Quiaca

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La Quiaca

El avance de la causa por el homicidio de Ivo Rodrigo Torres, el joven indígena de 22 años asesinado durante una persecución de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en La Quiaca (Jujuy), derivó en el sobreseimiento de dos efectivos misioneros que habían sido imputados en el expediente judicial.

Se trata del subalférez Alexander Gunther, oriundo de Aristóbulo del Valle, y del cabo primero Marcos Leonardo Wisniewski, oriundo de Santa Rita, quienes integraban la patrulla del Escuadrón 21 al momento del hecho ocurrido el 6 de febrero de 2025.

La resolución fue adoptada por la Justicia Federal de Jujuy tras considerar que no existían elementos suficientes para atribuirles participación directa en los disparos que terminaron con la vida del joven motociclista.

La investigación determinó, a partir de pericias balísticas y reconstrucciones técnicas, que los proyectiles mortales provinieron de un único arma reglamentaria, utilizada por el sargento primero Walter Daniel Álvarez, otro integrante del operativo.

En una primera etapa, los dos efectivos misioneros, junto a la cabo Juliana Enciso, habían quedado imputados por homicidio agravado, aunque con el correr de la instrucción fueron desvinculados del hecho principal.

Los sobreseimientos fueron firmados el 27 de febrero y el 4 de marzo pasado, por el juez de Garantías N° 1 de Jujuy Eduardo Hansen.

Ivo Rodrigo Torres fue asesinado de un disparo en la espalda en febrero del año pasado.

Un gendarme a juicio

Con la elevación de la causa, el único acusado que llegará a juicio oral será el sargento primero Álvarez, señalado como autor de los dos disparos efectuados durante la persecución que se extendió por varios kilómetros en inmediaciones de la frontera entre Argentina y Bolivia.

Según la acusación fiscal, uno de los proyectiles impactó por la espalda en Torres y le provocó heridas fatales. Por ese hecho, Álvarez deberá responder por homicidio doblemente agravado, tanto por alevosía como por su condición de integrante de una fuerza de seguridad.

La acusación es impulsada por el fiscal federal Federico Zurueta, mientras que la querella, en representación de la familia de la víctima, sostiene que existió un uso desproporcionado de la fuerza durante el procedimiento.

Dos gendarmes misioneros detenidos por el crimen de un joven indígena en Jujuy

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Brasileño con antecedentes en su país irá a juicio por un homicidio en Fracrán

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El Tribunal Penal Uno de Oberá se prepara para albergar, a mediados de mayo, el juicio oral contra Levi Necke Da Silva (31), un brasileño con múltiples antecedentes delictivos en su país y detenido en Misiones desde marzo de 2024 por el homicidio de un hombre en la localidad de Fracrán.

Las audiencias de debate están fijadas para los días 13 y 14 de mayo próximos. El tribunal estará integrado por los magistrados Horacio Paniagua, David Milicich y Jorge Erasmo Villalba (subrogante), mientras que en representación del Ministerio Público Fiscal estará Juan Pablo Fernández Rissi.

El extranjero está imputado por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma” y hay un total de quince testigos citados a prestar declaración testimonial ante el tribunal obereño.

“Ya maté unos cuantos”

El hecho que se ventilará en juicio ocurrió el 16 de marzo de 2024, cuando el ciudadano Nazareno Faier murió de un disparo durante un hecho ocurrido en su casa de Fracrán.

La acusación contra Neike señala que el brasileño arribó a ese lugar para reclamar por una motocicleta tipo Cross y en medio de una discusión, con amenazas de por medio, se produjo el desenlace mortal.

El hecho ocurrió ante la presencia de la pareja de la víctima, quien alcanzó a oír como, entre sus amenazas, el sospechoso advirtió: “Conmigo nadie se mete, en Brasil ya mate unos cuantos”.

Faier falleció como consecuencia de un disparo en la cara, mientras que el sospechoso escapó y fue detenido poco después, oculto bajo una casa del barrio San Miguel de San Pedro.

Prontuario

En la comisaría se constató que la identidad del implicado era Levi Necke Da Silva, un nombre con extenso prontuario en su país.

En su historial criminal se registran acusaciones por hechos de narcotráfico, asaltos armados e incluso una tentativa de homicidio. Los hechos datan desde 2006 y ocurrieron en los estados de Santa Catarina y Rio Grande Do Sul.

Al momento de su detención registraba un pedido de captura emitido en su país, ante lo cual luego de rendir cuentas ante la Justicia argentina podría ser extraditado para ser entregado a las autoridades brasileñas que también lo requieren.

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Nueve militares a juicio por “bautismo” que dejó parapléjico al cabo Verón

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Un total de nueve militares irán a juicio oral y público por -entre otros delitos- provocar las graves lesiones que dejaron parapléjico al soldado Michael Natanael Verón durante un violento “bautismo de ascenso” realizado en julio de 2022 en un predio del Regimiento de Infantería de Monte 30 de Apóstoles.

Los imputados son Gustavo Daniel Martínez (Teniente primero), Edgardo Jesús Díaz (Suboficial principal), Jorge Ricardo Leites (Sargento), Ramón Dos Santos (Sargento), Miguel Ariel Fleitas (Cabo primero), Manuel Antonio Heredia (Cabo primero), Marcelo Alejandro Morales (Sargento), Mauro Fabián González (Jefe de Grupo) y Antonio Maximiliano Matozo (Cabo).

Todos ellos deberán responder como imputados por delitos de “abuso de autoridad, en concurso con los delitos de lesiones gravísimas y abandono de persona agravado”, en calidad de autores.

La medida fue dispuesta por la magistrada María Verónica Skanata, titular del Juzgado Federal de Posadas, que este mismo jueves firmó el requerimiento de elevación a juicio de la causa formulado por la Fiscalía Federal de Posadas.

En su resolución, Skanata rechazó los planteos de oposición y al pedido de sobreseimiento efectuados por las diferentes defensas, ante lo cual declaró clausurada la instrucción de la causa y decretó la elevación a juicio del expediente que ahora deberá ser remitido al Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas para que avance en la realización del debate oral donde se juzgará la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

Los involucrados pertenecían al Regimiento Brigada de Monte 30 de Apóstoles.

Bautismo y violencia

Los hechos que se ventilarán en juicio ocurrieron el 8 de julio de 2022, durante una “celebración de ascenso” realizada en el Club Achalay del Ejército Argentino en Apóstoles, donde además de Verón había otros cuatro suboficiales recién ascendidos, quienes -según la investigación- fueron sometidos a prácticas denigrantes, humillantes y físicamente riesgosas en un contexto de ejercicio abusivo de autoridad por parte de sus superiores.

De acuerdo a lo volcado en el expediente, los ascendidos debieron comprar y cocinar la carne correspondiente al asado de almuerzo, aunque no pudieron comer ningún bocado.

Durante el evento, además, fueron obligados a consumir mezclas de bebidas alcohólicas en exceso, realizar ejercicios físicos extenuantes como corridas, flexiones y vueltas en la arena, y prácticas o retos de resistencia como “la búsqueda de petróleo”, que consiste en dar trompos con el extremo de un palo apoyado en la cabeza y el otro en el suelo.

Lo más extremo de la rutina de “bienvenida” fue obligar a los soldados a lanzarse a una pileta con bajo caudal de agua y el soldado Verón se arrojó tres veces. En la tercera su cráneo impactó contra el fondo y sufrió una lesión medular que lo dejó internado varios meses y con la imposibilidad de volver a caminar de por vida.

Michael Verón no podrá volver a caminar.

“Sos muy tierno”

En su declaración ante la Justicia, la víctima narró que después de ese golpe permaneció tirado en el piso pidiendo ayuda, pero sus superiores le respondían “tierno” y le pedían que se arrojara nuevamente.

“’Sos muy tierno’, volvé a la pileta me decían. Yo les decía que no me podía levantar, sentía frío. Yo les pedía por favor que me asistan. Eso fue a las 16 y recién me asistieron a las 20”, contó Verón un año después en una entrevista periodística.

Después de ser asistido, Verón quedó internado y fue sometido a múltiples operaciones.

Sobre aquellos días, el soldado recordó que “estuve internado y cuando me despierto habían pasado 21 días. Ahí me llevé la peor parte. No sabía que día era, estaba perdido, todo entubado, comiendo por sonda. Quería mover las piernas y los brazos y no podía”.

Con operaciones, tratamientos y rehabilitación, Verón recuperó la movilidad de los brazos, no así la de las piernas. “La medicina dice que no voy a volver a caminar”, lamentó en entrevistas.

Apóstoles: soldado quedó internado grave tras bautismo del Ejército

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