Judiciales
Rechazaron recusar al juez de la causa contra el fiscal González Glaría
La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, subrogada por magistrados correntinos, rechazó el último planteo presentado por la defensa del fiscal federal Rubén González Glaría para apartar de la investigación al juez que instruye la causa argumentando un “temor de parcialidad” debido a la “filtración” de información en los medios de comunicación, entre otras cuestiones.
El planteo de recusación fue presentado por el letrado penalista Maximiliano Rusconi horas antes del 7 de junio, última fecha que había sido programada para concretar la indagatoria al fiscal investigado y que debió ser suspendida por quinta vez desde el inicio del proceso en abril del año pasado.
En esa presentación, Rusconi, abogado con amplia trayectoria como defensor en causas mediáticas a nivel nacional como las pesquisas contra Lázaro Báez, Julio De Vido y Diego Lagomarsino, argumentó la existencia de un “temor de parcialidad” por parte del magistrado José Luis Casals, titular del Juzgado Federal de Posadas que lleva adelante la investigación contra González Glaría, argumentando -entre otros términos- la “anticipatoria difusión mediática del caso”.
La defensa del jefe de los fiscales federales de la provincia argumentó que en las publicaciones mediáticas se vierten planteos defensivos que desde su parte nunca informaron a la prensa, por lo cual “cabe entonces dudar acerca de cómo ésta se ha ‘filtrado'”. Ante ello, consideran que “resulta demostrativo de que el juez no adoptó los recaudos necesarios” y eso supone un “razonable temor para su asistido -en referencia a González Glaría-“.
En su planteo la defensa también agrega que la difusión mediática de los avances de la causa es utilizada en forma direccionada hacia una “condena social” y pone sobre el tapete que el máximo temor se fundamenta en la posibilidad de que el juez Casals haya “participado de algún modo en la campaña mediática de desprestigio y persecución en su contra”.
Rusconi también hace referencia a una “llamativa prisa” por parte del juez para concretar la indagatoria, haciendo alusión a que en la suspensión de la audiencia programada para mayo Casals mencionó que la postergación del acto se daba de “manera excepcional” y “por última vez”, términos apuntados como inadecuados o sugestivos.
La respuesta de Casals
Tras esta presentación, el propio Casals analizó la cuestión y se opuso a su recusamiento, arguyendo que la presunta parcialidad que alega la defensa por la difusión mediática del caso no se encuentra acreditada mediante pruebas aportadas.
Sobre la supuesta “prisa”, Casals respondió, en otras palabras, que han pasado nueve meses desde el primer llamado a indagatoria y que la misma ha sido demorada en reiteradas ocasiones por las presentaciones defensivas, ante lo cual “no puede alegarse que exista una prisa infundada para disponer su cumplimiento, sino solo el afán de evitar que se sigan efectuando planteos dilatorios”.
El rechazo final de la Cámara
Ante esta situación, en la resolución de la recusación tuvo que intervenir la Cámara Federal de Posadas, aunque sus magistrados decidieron inhibirse y ante ello participaron camaristas correntinos en carácter de subrogantes.
La decisión final fue firmada el viernes, mediante una resolución publicada en el Centro de Información Judicial (CIJ), en el cual la Cámara resolvió rechazar el planteo de recusación y mantener a Casals al frente del expediente, recomendándole extremar los recaudos y medidas necesarios para el resguardo de la información.
“En el caso, observo que los hechos sobre los cuales se estructura el planteo no alcanzan a demostrar la configuración de acciones puntuales realizadas por el magistrado cuyo apartamiento se pretende demostrativas de que se halla afectada su imparcialidad. A ese respecto, y de conformidad al consolidado criterio en la materia, la mera sospecha de parcialidad no constituye un supuesto que habilite a apartar al juez del conocimiento de las actuaciones”, argumentó la Cámara en el documento que lleva la firma del magistrado Ramón Luis González y al cual La Voz de Misiones tuvo acceso.
Respecto al planteo de la supuesta filtración de información a los medios, cuya responsabilidad la defensa apunta al juez Casals, la Cámara sostuvo que “tampoco tendrán acogida los argumentos por los cuales la defensa funda el temor de parcialidad del magistrado a partir de la información que ha sido divulgada por la prensa. Sobre el punto, debo señalar que no surgen extremos que permitan individualizar a su autor o autores, menos aún elementos que involucren al magistrado en dichas maniobras –quien se expidió por el rechazo de los argumentos de la defensa–”.
Sobre ello, consideran que “se impone exhortar a los operadores judiciales que intervienen en el expediente a que, con la seriedad y responsabilidad que demandan las causas penales en las que se encuentra comprometido el interés público, que observen y extremen los recaudos y medidas idóneas del caso a efectos de resguardar la información vinculada a la causa”.
La investigación contra González Glaría, fiscal que ocupa el mayor cargo jerárquico del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) en Misiones, comenzó en abril de 2021 y las denuncias van desde solicitar una parte del sueldo a empleados judiciales y de usar vehículos oficiales de manera particular, hasta emitir resoluciones irregulares para beneficiar a cercanos.
La investigación es impulsada por Pablo Turano, fiscal de la Procuración General de la Nación que impulsa la investigación.
El funcionario bajo la lupa ya fue citado a declaración indagatoria en cinco oportunidades, las cuales fueron suspendidas una y otra vez por diversos motivos y planteos. En el medio hubo una pericia médica que confirmó que el fiscal está en condiciones de afrontar el acto procesal.
Tras la condena a 16 de años de prisión impartida contra la empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48), acusada por la muerte de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15), el abogado defensor oficial se despachó con críticas hacia parte del tribunal encargado de emitir la sentencia y adelantó que recurrirá el fallo, aunque tampoco confía que el Superior Tribunal Justicia (STJ) revierta la medida.
“Primó el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada sobre las desigualdades que ha sufrido una mujer”, manifestó Miguel Ángel Varela, haciendo referencia a los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos, quienes por mayoría decidieron condenar a la imputada y se impusieron frente a la jueza Viviana Cukla que opinó por la absolución.
Para el funcionario, hubo dos factores clave en el fallo: la “ignorancia” y la “falta de perspectiva de género”.
“En el caso de las vecinas, que supieron de la existencia de Belén, cinco años antes, no sabían de la enfermedad y es comprensible que confundieran, pero que el médico que hizo la autopsia no supiera nada de las manifestaciones y síntomas del Síndrome de Rett y que en base a esa ignorancia se condene a una mujer sin que se sepa la causa de muerte me parece lamentable”, apuntó.
Y sobre el segundo punto planteó que “no tener la perspectiva de género es vergonzoso”, instancia en la que también aprovechó para lanzar críticas hacia el fiscal Vladimir Glinka.
“Se la pasa llevando información a los diarios y no sé si será parte de una campaña de él para un cargo superior. Yo no busco prensa, esto es una cosa que surge del debate. Yo no llamo a la prensa ni buscando una foto”, disparó.
En esa línea, Varela adelantó que recurrirá la sentencia, aunque no espera una revisión favorable por parte del STJ.
“No sé si en el STJ se revierte esto, por el poder que tiene el señor fiscal y el cuál está usando. Quiero creer que la Corte Suprema sí va a revertir”, cerró.
Caso Belén: su madre fue condenada por homicidio y recibió 16 años de prisión
La empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48) fue declarada responsable por el homicidio de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15) y fue condenada a 16 años de prisión, pena que desde hoy comenzará a cumplir en la Unidad Penal V de Mujeres de Miguel Lanús.
La sentencia fue impartida este mediodía por el Tribunal Penal Uno de Posadas, con los votos mayoritarios de los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos (subrogante), quienes se impusieron ante la jueza Viviana Cukla que se inclinó por la absolución.
De acuerdo a la parte resolutiva del fallo, Ramírez fue declarada penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo con circunstancias de atenuación, razón por la cual recibió 16 años de prisión y no perpetua, como había solicitado el fiscal Vladimir Antonio Glinka en su alegato.
Con una votación idéntica, el tribunal también resolvió disponer la inmediata detención de Ramírez, que llegó a este debate libre y se retiró esposada dentro de un vehículo del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), mientras sus familiares desde la vereda reprochan a gritos la resolución.
Los jueces Mattos y Bernie se impusieron con los votos y la decisión final fue condenar a la imputada.
El caso
La muerte de Belén López se registró el 23 de julio de 2013 en la casa de su madre, donde estuvo en forma transitoria durante diez días porque su abuela y tía materna, quienes la cuidaron gran parte de su vida, hicieron un viaje a Corrientes.
La autopsia determinó que la causa de muerte fue vinculante a un cuadro de desnutrición, deshidratación e hipotermia. Apoyado en esa conclusión y en el testimonio vertido por casi una veintena de testigos, el fiscal Glinka consideró que la mujer actuó en forma deliberada y desatendió a su hija con el objetivo de dejarla morir de hambre y sed para “eliminarla de su proyecto de vida”.
A partir de esa hipótesis, el fiscal amplió la acusación inicial de “abandono de persona doblemente agravado por el vínculo y por el resultado muerte” a “homicidio agravado por el vínculo en su modalidad por omisión”.
La defensa, en tanto, encabezada por el defensor oficial Miguel Ángel Varela, cuestionó severamente el informe forense y aseveró que la muerte se dio por causas naturales propias a la enfermedad Síndrome de Rett, factor que no fue tenido en cuenta por el médico encargado de efectuar la autopsia.
También criticó que el fallo no tuvo perspectiva de género y apuntó contra “el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada de las desigualdades que ha sufrido una mujer”.
Varela adelantó que recurrirá la resolución, aunque no confía en que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) revierta la medida y sí en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Mariela Ramírez se quebró al recibir el abrazo de su hija y familiares después de la sentencia.
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Los 17 policías, entre activos y retirados, detenidos en el marco de la investigación por la desaparición forzada de Mario Fabián Golemba, ocurrida en marzo de 2008, quedaron este jueves bajo arresto domiciliario por disposición de la Justicia Federal de Posadas.
La medida fue adoptada por la magistrada María Verónica Skanata, titular del Juzgado Federal de Posadas, y la fiscal Silvina Gutiérrez analiza si presenta un recurso de apelación.
El beneficio alcanza a los 16 efectivos que habían sido detenidos durante los allanamientos realizados el lunes a la mañana y a Alfredo Lorenzo Ortiz, quien se presentó posteriormente de manera espontánea ante el juzgado.
De esta manera, los 17 sospechosos continuarán sujetos al proceso, aunque ya no permanecerán alojados en dependencias de Gendarmería Nacional. La resolución todavía puede ser apelada por la Fiscalía Federal Dos de Posadas, a cargo de Silvina Gutiérrez.
La investigación busca determinar qué ocurrió con Golemba, quien fue visto por última vez el 27 de marzo de 2008, cuando regresaba a su domicilio en la zona de Dos de Mayo después de haber viajado a Oberá.
La hipótesis de la desaparición forzada
La principal hipótesis que impulsa la Fiscalía Federal sostiene que Golemba fue privado ilegalmente de su libertad y que, posteriormente, habría sido trasladado y sometido a violencia en dependencias policiales.
De acuerdo con los elementos reunidos durante la investigación, distintos testimonios ubicaron al joven dentro de la comisaría de Dos de Mayo durante las horas posteriores a su desaparición.
La pesquisa también apunta a determinar la existencia de un presunto “pacto de silencio institucional” entre integrantes de la Policía para ocultar lo ocurrido y garantizar la impunidad de los responsables.
En ese sentido, la fiscalía analiza no solamente la posible participación de quienes pudieron haber intervenido directamente en la privación de la libertad de Golemba, sino también las conductas de aquellos funcionarios que eventualmente hayan colaborado con el encubrimiento o hayan omitido actuar ante lo sucedido.
Entre los imputados se encuentra el comisario retirado Ewaldo Katz, quien estaba al frente de la comisaría de Dos de Mayo al momento de la desaparición y durante su indagatoria decidió abstenerse de declarar.
Una causa que lleva 18 años
Golemba tenía 27 años cuando desapareció. El 27 de marzo de 2008 había viajado desde Dos de Mayo hasta Oberá para asistir a una consulta médica y posteriormente emprendió el regreso.
Sin embargo, nunca llegó a su casa y desde entonces nada se supo de su paradero.
La causa tuvo durante años una investigación en el ámbito de la Justicia provincial, hasta que posteriormente pasó al fuero federal. Con el avance de la pesquisa comenzaron a incorporarse nuevos testimonios y elementos que permitieron poner el foco sobre el accionar de policías que se encontraban en funciones durante los días posteriores a la desaparición.
Las detenciones concretadas esta semana marcaron un giro significativo en una investigación que llevaba casi dos décadas sin personas imputadas por la desaparición del joven.
Ahora, con los 17 acusados bajo arresto domiciliario, la Justicia Federal deberá avanzar con el análisis de las pruebas y determinar la situación procesal de cada uno de ellos.
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