La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, subrogada por magistrados correntinos, rechazó el último planteo presentado por la defensa del fiscal federal Rubén González Glaría para apartar de la investigación al juez que instruye la causa argumentando un “temor de parcialidad” debido a la “filtración” de información en los medios de comunicación, entre otras cuestiones.

El planteo de recusación fue presentado por el letrado penalista Maximiliano Rusconi horas antes del 7 de junio, última fecha que había sido programada para concretar la indagatoria al fiscal investigado y que debió ser suspendida por quinta vez desde el inicio del proceso en abril del año pasado.

En esa presentación, Rusconi, abogado con amplia trayectoria como defensor en causas mediáticas a nivel nacional como las pesquisas contra Lázaro Báez, Julio De Vido y Diego Lagomarsino, argumentó la existencia de un “temor de parcialidad” por parte del magistrado José Luis Casals, titular del Juzgado Federal de Posadas que lleva adelante la investigación contra González Glaría, argumentando -entre otros términos- la “anticipatoria difusión mediática del caso”.

La defensa del jefe de los fiscales federales de la provincia argumentó que en las publicaciones mediáticas se vierten planteos defensivos que desde su parte nunca informaron a la prensa, por lo cual “cabe entonces dudar acerca de cómo ésta se ha ‘filtrado'”. Ante ello, consideran que “resulta demostrativo de que el juez no adoptó los recaudos necesarios” y eso supone un “razonable temor para su asistido -en referencia a González Glaría-“.

En su planteo la defensa también agrega que la difusión mediática de los avances de la causa es utilizada en forma direccionada hacia una “condena social” y pone sobre el tapete que el máximo temor se fundamenta en la posibilidad de que el juez Casals haya “participado de algún modo en la campaña mediática de desprestigio y persecución en su contra”.

Rusconi también hace referencia a una “llamativa prisa” por parte del juez para concretar la indagatoria, haciendo alusión a que en la suspensión de la audiencia programada para mayo Casals mencionó que la postergación del acto se daba de “manera excepcional” y “por última vez”, términos apuntados como inadecuados o sugestivos.

La respuesta de Casals

Tras esta presentación, el propio Casals analizó la cuestión y se opuso a su recusamiento, arguyendo que la presunta parcialidad que alega la defensa por la difusión mediática del caso no se encuentra acreditada mediante pruebas aportadas.

Sobre la supuesta “prisa”, Casals respondió, en otras palabras, que han pasado nueve meses desde el primer llamado a indagatoria y que la misma ha sido demorada en reiteradas ocasiones por las presentaciones defensivas, ante lo cual “no puede alegarse que exista una prisa infundada para disponer su cumplimiento, sino solo el afán de evitar que se sigan efectuando planteos dilatorios”.

El rechazo final de la Cámara

Ante esta situación, en la resolución de la recusación tuvo que intervenir la Cámara Federal de Posadas, aunque sus magistrados decidieron inhibirse y ante ello participaron camaristas correntinos en carácter de subrogantes.

La decisión final fue firmada el viernes, mediante una resolución publicada en el Centro de Información Judicial (CIJ), en el cual la Cámara resolvió rechazar el planteo de recusación y mantener a Casals al frente del expediente, recomendándole extremar los recaudos y medidas necesarios para el resguardo de la información.

“En el caso, observo que los hechos sobre los cuales se estructura el planteo no alcanzan a demostrar la configuración de acciones puntuales realizadas por el magistrado cuyo apartamiento se pretende demostrativas de que se halla afectada su imparcialidad. A ese respecto, y de conformidad al consolidado criterio en la materia, la mera sospecha de parcialidad no constituye un supuesto que habilite a apartar al juez del conocimiento de las actuaciones”, argumentó la Cámara en el documento que lleva la firma del magistrado Ramón Luis González y al cual La Voz de Misiones tuvo acceso.

Respecto al planteo de la supuesta filtración de información a los medios, cuya responsabilidad la defensa apunta al juez Casals, la Cámara sostuvo que “tampoco tendrán acogida los argumentos por los cuales la defensa funda el temor de parcialidad del magistrado a partir de la información que ha sido divulgada por la prensa. Sobre el punto, debo señalar que no surgen extremos que permitan individualizar a su autor o autores, menos aún elementos que involucren al magistrado en dichas maniobras –quien se expidió por el rechazo de los argumentos de la defensa–”.

Sobre ello, consideran que “se impone exhortar a los operadores judiciales que intervienen en el expediente a que, con la seriedad y responsabilidad que demandan las causas penales en las que se encuentra comprometido el interés público, que observen y extremen los recaudos y medidas idóneas del caso a efectos de resguardar la información vinculada a la causa”.

La investigación contra González Glaría, fiscal que ocupa el mayor cargo jerárquico del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) en Misiones, comenzó en abril de 2021 y las denuncias van desde solicitar una parte del sueldo a empleados judiciales y de usar vehículos oficiales de manera particular, hasta emitir resoluciones irregulares para beneficiar a cercanos.

La investigación es impulsada por Pablo Turano, fiscal de la Procuración General de la Nación que impulsa la investigación.

El funcionario bajo la lupa ya fue citado a declaración indagatoria en cinco oportunidades, las cuales fueron suspendidas una y otra vez por diversos motivos y planteos. En el medio hubo una pericia médica que confirmó que el fiscal está en condiciones de afrontar el acto procesal.

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