Judiciales
Procesan por estafa a misionero que se hizo pasar por hijo de desaparecidos
La jueza federal porteña, María Eugenia Capuchetti, procesó este martes a cinco personas acusadas de conformar una organización criminal que estafaba al Estado con el cobro de las reparaciones para víctimas y familiares de la última dictadura.
Entre los procesados, se encuentra Adrián Martínez Moreira, un misionero que hace años se presenta como hijo de una pareja de militantes paraguayos desaparecidos durante el régimen del general Alfredo Stroessner, y que viene acumulando denuncias desde 2015.
Moreira, está sindicado como el líder del grupo procesado por la justicia, integrado entre otros por un supuesto abogado identificado como Omar García, Leticia G. y Nicole Carolina G., que habrían oficiado de “secretarias” de los letrados.
Según la investigación judicial, la banda liderada por el misionero comenzó a operar en 2013, a través de una organización llamada “Comisión Nacional y Popular de Leyes Reparatorias”, con la que contactaba con víctimas y familiares del terrorismo de Estado y ofrecía representarlos en gestiones y demandas por sus indemnizaciones.
El grupo llegó, incluso, a tramitar casos de dudosa veracidad, algunos rechazados por la justicia en primera instancia, y aprobados posteriormente en la Cámara de Apelaciones.
Martínez Moreira y su socio García se presentaban como abogados, pero distintas investigaciones periodísticas sostienen que no hay registro de ninguno de los dos en los colegios profesionales de Caba y la provincia de Buenos Aires.
El misionero afirmaba, además, ser sociólogo graduado en la UBA, y haber cursado el secundario en el Colegio Nacional de Buenos Aires.
Hijo del horror
Valiéndose de las redes sociales, Martínez Moreira se construyó un relato a la medida de los planes y actividades del grupo ahora procesado por la justicia federal.
Decía ser hijo del paraguayo Adrián Martín Martínez, militante comunista desde su juventud, y la misionera María Santa Moreira, secuestrados el 8 de noviembre de 1988, en la casa del barrio Herrera, de Asunción, donde vivían.
Martínez Moreira afirmaba que en la capital paraguaya, con dos años de edad, fue entregado a un militar argentino que lo anotó como Matías Ezequiel López.
En su relato, el misionero aseguraba que sus padres desaparecidos habían sido miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de Enrique Gorriarán Merlo, y que inclusive habían participado del atentado contra el dictador nicaragüense Anastasio Somoza, en Asunción, en 1980.
En su historia, Martínez Moreira cita nombres de supuestos tíos y primos desaparecidos en Paraguay, y cuenta que, a los siete años, en 1993, fue localizado por su abuela materna, Leontina Delart de Moreira.
Habla de un exilio de sus padres en Brasil, de un divorcio en 1984; de una relación de su madre con un militante del MIR chileno, con quien tuvo una niña que bautizaron María Luz; del reencuentro de la pareja en Jardín América, donde su madre lo da a luz en 1986; y describe espeluznantes pesadillas infantiles, en que vuelve una y otra vez a un mismo basural.
La historia, que Martínez Moreira relataba con verdaderos dotes actorales, estremeció. Diarios y canales de televisión le dedicaron sendos reportajes y entrevistas. Página/12 llegó a dedicarle la tapa del suplemento Soy, que aborda la temática LGTBQ+, por el relato de abusos con que el misionero engordó su personaje de hijo de la “generación diezmada”.
La realidad
En 2016, el abogado porteño Javier Garín denunció a Martínez Moreira por la falsificación de su firma y el uso de su matrícula profesional en el patrocinio de causas de víctimas de lesa humanidad que desconocía.
Garín radicó una denuncia ante la Fiscalía 43, Juzgado de Instrucción Criminal y Correccional 22 de Caba. El abogado identificó unas 50 causas iniciadas con su número de Cuit ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
La justicia ordenó el allanamiento del domicilio del misionero en la ciudad de Buenos Aires, donde encontró toda la evidencia que sirvió a la jueza Capuchetti para ordenar el procesamiento de Martínez Moreira y sus cómplices.
La justicia constató también denuncias falsas de Martínez Moreira contra periodistas, magistrados , funcionarios de la secretaría de derechos humanos, sobrevivientes del terrorismo de estado, organismos, familiares, hijos de desaparecidos que habían descubierto el funcionamiento de la banda y habían alertado a las autoridades o la justicia.
“Se trata de una gigantesca maniobra defraudatoria. Este sujeto, además, estaría prometiendo indemnizaciones y pidiendo dinero a damnificados, según me refirió una de las actoras en uno de esos juicios falsificados”, afirmó en la ocasión, Garín, a Infobae.
El misionero fue investigado por la Procuración General de la Nación, que determinó que no es hijo de desaparecidos y que toda su historia es falsa.
Según PGN, su nombre real es Ovidio Martínez, nacido el 30 de abril de 1993 en el hospital de Jardín América, hijo de Santa Moreira y Emilio Martínez, domiciliados en Puerto Leoni, quienes lo entregaron con fines adoptivos en la Defensoría Oficial de Puerto Rico.
Su nueva familia lo inscribió en el Renaper como Matías Ezequiel López, a partir de una sentencia judicial de adopción plena.
Falsa identidad
En 2013, con documentación apócrifa, pruebas falsas de ADN, y una retórica estremecedora, Matías Ezequiel López, de 20 años, consiguió que la justicia le reconociera su nueva identidad.
Así nació el personaje de Adrián Martínez Moreira. Más tarde agregaría “de Zanotti” a su apellido, en referencia a Pablo Zanotti, una de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Once, en febrero de 2012, con quien el misionero aseguraba estar casado legalmente, lo que fue siempre desmentido por la familia del hombre.
Martínez Moreira visitó la tierra colorada en varias ocasiones. La primera vez fue el 16 de septiembre de 2013, en un taller debate que se realizó en el aula magna de la Facultad de Humanidades de la Unam, sobre la calle San Lorenzo, en Posadas.
La actividad estuvo organizada por la Fundación Defensora de los Derechos Humanos “Germania”, y Martínez Moreira participó como disertante invitado, junto a los militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) Angel Fleitas y Ricardo Ortellado, y la entonces diputada nacional Silvia Risko.
El misionero fue presentado como “nieto recuperado de padres desaparecidos del Plan Cóndor e integrante de la organización Hijos Paraguay”, un sello creado por el mismo Martínez Moreira.
En el acto, la ex presa política y actual miembro del Mecanismo de Prevención de la Tortura (MPT) de Misiones, Amelia Báez, le entregó los libros de la memoria de la provincia, el Nunca Más de la tierra colorada.
“El manejaba muy bien el discurso, tenía tal capacidad de predicamento, tal capacidad para fabular; era impresionante su relato”, recordó Báez, consultada por La Voz de Misiones.
“Yo no sé si tenía o no títulos de grado, pero era evidente que tenía educación, no era un iletrado, y así pudo engañar a todo el mundo”, agregó.
Por entonces, Martínez Moreira se encontraba tramitando judicialmente su partida de nacimiento y frecuentaba el Ministerio de Derechos Humanos de la provincia.
En 2014, en otro viaje a Misiones, el falso hijo de desparecidos retiró de la oficina del Registro Nacional de las Personas (Renaper) de Posadas, la nueva partida de nacimiento ordenada por la Cámara Federal de Apelaciones, con la que finalmente consiguió su primer ejemplar de DNI como Adrián Martínez Moreira, el 5 de noviembre de ese año.
“Hoy terminó una parte de mi historia. Hoy se cierra un circulo en mi historia”, afirmó aquella mañana, entrevistado en el programa “A Calzón Quitado”, de Radio Mas, de Posadas.
Una consulta de LVM en la base de datos del Renaper arrojó que Martínez Moreira renovó su DNI cinco veces desde entonces, y ahora va por el ejemplar F, con fecha de emisión el 20 de abril de 2022.
El gobernador Hugo Passalacqua elevó la propuesta del fiscal Andrés Poujade para ocupar un lugar en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones, en el marco del proceso institucional para cubrir una vacante en el máximo órgano judicial de la provincia.
De acuerdo a lo comunicado, la postulación resalta el perfil académico y la trayectoria judicial de Poujade, actual fiscal de Cámara en lo Penal y de Menores de Misiones, cargo al que accedió en 2013 mediante concurso público y posterior acuerdo legislativo.
Nacido en Posadas, Poujade es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con estudios de posgrado en el país y en el exterior. Entre sus antecedentes académicos figura una maestría en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías cursada en Francia.
También destaca su participación en instancias de formación vinculadas al derecho penal, derechos humanos, políticas públicas y gestión judicial, además de su paso por la docencia universitaria.
En el ámbito institucional, además de desempeñarse como fiscal de Cámara, Poujade integra como vocal titular el Tribunal Electoral de Misiones.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la propuesta apunta a fortalecer el Poder Judicial con perfiles que combinen experiencia, formación y trayectoria dentro del sistema judicial misionero.
La nominación deberá seguir ahora el procedimiento institucional correspondiente para su tratamiento legislativo y su designación cubriría la vacante que dejó Ramona Velázquez, tras su renuncia por jubilación el año pasado.
Una investigación de la Justicia Federal de San Martín (Buenos Aires) por el tráfico de 18,5 kilogramos de pastillas de éxtasis valuadas en $650 millones tiene a Misiones como uno de los puntos centrales de la maniobra, con al menos tres personas oriundas de la provincia involucradas y una hipótesis judicial que ubica a la Triple Frontera como nueva vía de ingreso de drogas sintéticas al país.
En la causa se contabilizan dos prófugos y uno de ellos es Dyonathan Leonardo da Silva, de 31 años, oriundo de Oberá e hijo de un pastor, sobre quien pesa un pedido de captura internacional y una recompensa oficial de 5 millones de pesos para quien aporte datos que permitan localizarlo. El otro involucrado que elude a la Justicia es Ernesto Lionel Godoy, con último domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
Según la investigación, ambos aparecen vinculados a una estructura que habría coordinado el envío de un cargamento de comprimidos de alto poder desde el norte del país hacia Buenos Aires, con presunto origen en Paraguay o Brasil. Los investigadores sostienen que la ruta utilizada muestra un desplazamiento del tráfico de drogas sintéticas hacia corredores vinculados con la Triple Frontera.
El portal porteño Infobae reconstruyó que la causa se originó el 29 de mayo de 2025, cuando personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) detectó una encomienda sospechosa durante un control en el kilómetro 240 de la ruta nacional 14, en la provincia de Entre Ríos. El paquete había sido despachado desde Puerto Esperanza y tenía como destino el partido bonaerense de San Martín. Un perro detector marcó la carga y permitió hallar las pastillas ocultas en el interior del envío.
Por ese tramo de la causa quedaron procesados otros dos misioneros, Ruth Engel (26) y su pareja Juan Sandobal, ambos oriundos de Puerto Esperanza. De acuerdo con el expediente, fueron señalados por empleados de la empresa de transporte utilizada para despachar la encomienda y permanecen con prisión preventiva y embargo de 15 millones de pesos cada uno.
El misionero entre los más buscados del país.
El gendarme y la pista
La resolución judicial también menciona la intervención de un gendarme nacido en Misiones, actualmente radicado en San Miguel, provincia de Buenos Aires, quien habría sido convocado para retirar el paquete una vez arribado al conurbano bonaerense. Según declaró, aceptó realizar el traslado a cambio de 50 mil pesos, bajo la explicación de que se trataba de una caja con perfumes.
El efectivo fue detenido en la sucursal donde debía retirar la encomienda, aunque luego obtuvo falta de mérito tras entregar su teléfono celular y aportar información sobre el contacto que lo convocó, identificado por la Justicia como Sandobal.
En paralelo, la pesquisa vincula a Da Silva con el número telefónico usado para recibir el cargamento y con la importación de una máquina para fabricar pastillas adquirida en Hong Kong, elemento que abrió otra línea de investigación sobre una posible estructura de producción o fraccionamiento.
La jueza federal Alicia Vence y el secretario Juan Ignacio Furia sostienen que los movimientos detectados entre Misiones, Paraguay, Brasil y Buenos Aires consolidan una nueva modalidad de tráfico de drogas sintéticas, con la provincia de Misiones como punto de salida dentro del circuito investigado.
Cayó gendarme que fue a retirar 18 kilos de éxtasis enviados desde Misiones
A un día de cumplirse el decimoctavo aniversario de la desaparición de Mario Fabián Golemba, su hermano Eliezer, anunció que “el tiempo del silencio se está terminando” y adelantó que pronto habrán novedades judiciales que ayudarán a esclarecer el caso que se mantiene en la impunidad.
“Se cumplen 18 años sin Mario, pero a diferencia de años anteriores, hoy sabemos qué pasó. Hoy conocemos la verdad”, señaló Eliezer, en un breve video publicado por la cuenta Caíco Periodismo.
“Nunca fue un capricho: papá tenía razón. A Mario no se lo tragó la tierra. A Mario lo secuestraron. A Mario lo desaparecieron”, apuntó en la continuidad del audiovisual.
Eliezer adelantó que “estamos ante la inminente definición del caso” e indicó que “pronto la Justicia ordenará las medidas necesarias para esclarecer esta historia. El tiempo del silencio se está terminando. Falta poco”.
El hermano Mario Golemba resaltó que los avances judiciales se dieron a partir de una nueva denuncia radicada por los abogados Rafael Pereyra Pigerl y Vanesa Vignoles, quienes recurrieron a la Justicia Federal para investigar lo sucedido hace casi dos décadas atrás.
“La Justicia Federal hizo lo que la Justicia provincial no quiso hacer”, resaltó Eliezer.
Las últimas novedades que se habían registrado en la causa fueron a mediados de 2022, cuando la Justicia Federal ordenó excavaciones e inspecciones oculares en predios e instalaciones de la Comisaría de Dos Mayo.
Los procedimientos fueron ordenados en base a la línea investigativa que sigue la hipótesis de que Golemba fue detenido, golpeado y desaparecido por agentes de la Policía de Misiones.
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El caso
Mario Golemba fue visto por última vez el 27 de marzo de 2008. Ese día, el joven de 27 años en aquel entonces, salió de su casa en Picada Indumar -Dos de Mayo- con dirección hacia Oberá para asistir a una consulta médica con una nutricionista porque quería aumentar de peso para su boda.
La reconstrucción indica que el muchacho llegó a la consulta y esa nutricionista fue la última persona, comprobada fehacientemente, que vio con vida al agricultor. Cerca de las 15 de ese mismo día Golemba mandó un mensaje a su familia avisando que volvería más tarde, pero eso nunca sucedió y nada más se supo de él desde ese momento.
A partir de ahí se tejieron innumerables hipótesis, desde un suicidio hasta la posibilidad de que el joven se haya ido del país por voluntad propia. Sin embargo, nada de eso tenía sentido para la familia. Mario ansiaba casarse, soñaba con ir a estudiar Historia. Es decir, tenía muchos planes por delante.
Fue a comienzos de 2009 cuando dos detenidos se entrevistaron con el padre de Mario y aportaron un testimonio que apuntaba hacia lo peor.
Los dos detenidos relataron que ese 27 de marzo de 2008, mientras estaban presos en la Comisaría de Dos de Mayo, vieron cuando los efectivos de esa dependencia policial tenían a Mario esposado en el lugar. Sus testimonios fueron tan fuertes como coincidentes: ambos recordaron haber oído que golpeaban a Mario y que él repetía una y otra vez que no había hecho nada.
La declaración de los dos presos culmina cuando aseguran que después de los golpes oyeron que el joven que ellos identificaron como Mario Golemba fue subido a un patrullero y llevado a otro lugar con destino incierto.
En mayo de 2010, en tanto, se realizaron excavaciones en un ex destacamento de la comisaría local, pero el resultado fue negativo.
Desde ese momento la causa no registró avances, hasta que, a mediados de 2021, la querella logró que el expediente sea remitido a la Justicia Federal y que el caso sea investigado como “desaparición forzada de persona”.
Ahí la investigación se reactivó, se volvieron a recolectar elementos de prueba y dos testigos de identidad reservada declararon haber visto a Golemba detenido en la comisaría, donde lo habrían golpeado.
Inspección ocular coincide con testimonios que ubican a Golemba en comisaría
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