Judiciales
Preventiva para Hernán Mareco, acusado de abuso y prófugo durante cuatro años
La Justicia dictó el procesamiento con prisión preventiva para Hernán Gabriel Mareco (29), el joven oriundo de Jardín América que a fines de 2020 fue denunciado por drogar, golpear y abusar sexualmente de una estudiante de esa misma localidad, para luego pasar a la clandestinidad y permanecer cuatro años prófugo con un pedido de captura internacional en su contra.
La medida fue dictada por el Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, aunque con la intervención del magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, quien interviene en el expediente tras un planteo de recusación efectuado contra el juez original de la causa.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, entre los fundamentos planteados a la hora de dictar la prisión preventiva el magistrado en cuestión tuvo en cuenta dos cuestiones trascendentales. Por un lado la gravedad del caso, ya que la imputación contra Mareco es por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos personas”, que prevé penas de entre 8 y 20 años de prisión.
En segundo término, pero concatenado con el primero, se consideró que ante dicha pena en expectativa el implicado podría intentar evadir a la Justicia en caso de recuperar la libertad, más aún teniendo en cuenta que permaneció en condición de prófugo durante casi cuatro años.
After y abuso
La causa contra Mareco se inició el 6 de septiembre de 2020, cuando una estudiante de Jardín América denunció ante la Comisaría de la Mujer de esa localidad que dos conocidos habían abusado sexualmente de ella después de un “after”.
Los denunciados no eran personajes desconocidos en el pueblo. Uno de ellos Mareco, integrante de una reconocida familia dedicada y condenada por contrabando de cigarrillos en la zona, mientras que el otro apuntado era Néstor Gian Lucas Galarza, hijo de un ex intendente de General Urquiza.
En su presentación, la víctima narró que la madrugada anterior, es decir el 5 de septiembre, ella estuvo con una amiga en un bar de Jardín América, hasta que a las 3 fueron buscadas por dos muchachos. El plan consistía en acudir a un “after” del cual habrían participado más personas.
Las dos amigas permanecieron en dicha reunión social, hasta que comenzaron a sentirse mal. La primera de ellas se retiró del lugar por su cuenta, mientras que la víctima se quedó hasta las 5.30, cuando uno de los organizadores del evento (ilegal por las restricciones vigentes durante la emergencia sanitaria por Covid-19) se ofreció a llevarla hasta su casa, ubicada prácticamente en la misma zona.
De esa forma, la muchacha fue llevada hasta su casa por los mismos dos jóvenes que horas antes la habían pasado a buscar por el bar. Por el camino, la víctima comenzó a sufrir un malestar e incluso aseguró que llegó a perder el conocimiento.
En su denuncia, la joven dejó asentado que desde ese momento no recuerda más nada de lo sucedido, hasta horas del mediodía, cuando se levantó y se encontró desnuda sobre su cama, con moretones en el cuerpo y el interior de su vivienda desordenada.
Tras de la denuncia, la Justicia dispuso la detención de los dos denunciados. Galarza fue detenido, procesado y aguarda el juicio oral en libertad tras ser excarcelado en 2022, con una restricción acercamiento hacia la víctima.
Mareco, por su parte, se dio a la fuga tras la denuncia y permaneció en la clandestinidad durante más de cuatro años, evadiendo en todo ese tiempo un pedido de captura internacional emitido en su contra.
Su situación cambió en noviembre de 2024, cuando decidió presentarse ante la Justicia para someterse a proceso y desde ese momento se encuentra detenido. La reciente prisión preventiva dictada en su contra establece, además, su alojamiento en la Unidad Penal VII de Puerto Rico.
Liberan al hijo de un exintendente imputado por violación en Jardín América
El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.
La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.
Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.
De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.
El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.
El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.
De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.
El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.
Atrapan a ex convicto acusado de matar a machetazos al productor Von Steiger
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción
José Antonio Reyes, el abogado que pidió censurar a La Voz de Misiones por una nota sobre entrega de bebés que involucraba a dos de sus defendidos, fue juez penal de Apóstoles hasta su destitución en 2007, aunque eso ya se sabía y múltiples publicaciones dan cuenta de ello.
En contrapartida, lo que en estos años pasó desapercibido es que la destitución de Reyes fue ratificada en 2021 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hasta donde el ex magistrado recurrió para tratar de revertir el fallo que le quitó el cargo por incumplimiento de sus deberes.
La medida del máximo órgano judicial del país fue firmada por los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, quienes analizaron el recurso de casación interpuesto y desestimaron uno por uno los argumentos esgrimidos por Reyes en su escrito.
La resolución tiene 17 páginas, es información pública en internet y en uno de sus apartados los jueces la Corte concluyen, sin vueltas: “Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por un cargo definido, en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos”.
De esta manera, quedó ratificada la destitución resuelta por el jurado de enjuiciamiento que analizó el caso en 2007 y encontró a Reyes responsable de “incumplimiento de sus deberes”.
El pedido de jury había sido formulado por Gabriel Díaz, por aquel entonces gerente regional del banco Macro, quien acusó a Reyes de emitir un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE” pese a no ser competente.
Esa resolución le permitió a la empresa extraer unos 3 millones de pesos del banco, supuestamente en concepto por pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Antes de llegar al jury, el magistrado presentó la renuncia, pero el gobierno no se la aceptó. Tras su destitución, Reyes habló con el diario El Territorio y prometió: “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”.
Décadas después, la contienda judicial llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados entendieron que a Reyes no le asistía la razón.
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