Judiciales
Preventiva a Angelotti: asociación ilícita, trata, abuso y pedofilia
En su procesamiento dictado el lunes, el juez Javier Sánchez Sarmiento consideró que la banda conformada por el misionero Francisco Rolando Angelotti Notarbartolo (46) y sus dos cómplices han tenido un “accionar delictivo” sistematizado y perfeccionado conforme el paso del tiempo.
Según consignó el portal oficial del Ministerio Público Fiscal de la Nación, en su resolución dictada recientemente, el magistrado a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 48 de Ciudad de Buenos Aires, sostuvo que las pruebas recolectadas en el marco de la causa permitían advertir la existencia de “una organización dedicada a captar menores de edad con el fin de abusarlos sexualmente, corromperlos y prostituirlos”.
Además, señaló que se observaba en los implicados “una conducta que nunca ha cesado y que el paso del tiempo no ha hecho otra cosa que sistematizar y perfeccionar su accionar delictivo”.
En el mismo dictamen, el magistrado destacó que aún restaban los resultados de diversos peritajes ordenados, aunque consideró que “aún cuando no se hubiere tomado declaración a todas la víctimas, de lo recabado hasta ahora se traduce un evidente contexto de fragilidad que es aprovechado por quienes los acogen, en cuyo marco establecen vínculos con adultos en claras relaciones de asimetría para con los jóvenes”.
De esa manera, concluyó que Angelotti y Andrés Fernando Charpenet (53) eran “quienes introducen a los niños al circuito de explotación sexual” y que parte de ello residía “en la facilitación de los menores hacia terceras personas para que los victimicen sexualmente”. También indicó que la estructura de la organización develaba una “asignación de roles en la que por un lado se encuentran quienes llevan a cabo la conducta descripta y, por el otro, quienes las consumen”.
En este contexto, se advirtió que el tercer implicado, Raúl Ignacio Mermet (43), recibió niños o jóvenes a través de Angelotti mientras que con respecto al ex Gran Hermano Marcelo Corazza consideró que “se ha verificado un solo acto sin ningún tipo de durabilidad ni de interconexión con los demás, al menos hasta el presente”.
Fue en ese sentido que resolvió procesar con prisión preventiva a Angelotti, Charpenet y Mermet como miembros activos de la organización dedicada a la captación y explotación sexual de menores de edad -entre otros delitos- y reducir la acusación a Corazza, que ese mismo lunes recuperó la libertad, aunque la fiscalía interviniente apeló esa decisión.
En detalle, el trío implicado fue procesado como coautores de los delitos de “asociación ilícita y trata de personas agravada por la cantidad de víctimas y por haber sido perpetrada en contra de menores de 18 años y aprovechándose de su situación de vulnerabilidad”.
Angelotti y Mermet, en tanto, también fueron procesados por “abuso sexual continuado con acceso carnal gravemente ultrajante perpetrado en contra de menores de 13 años” y, como si fuera poco, el misionero sumó otra acusación por “por promoción de la prostitución de menores de 18 años, pornografía infantil y corrupción de menores de trece años”.
A todos ellos, el juez Sánchez Sarmiento les trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 10 millones de pesos cada uno.
Por otro lado, Corazza fue procesado sin prisión preventiva como autor de los delitos de “corrupción de menores de 13 años y exhibiciones obscenas a un menor de 13 años” y lo embargó por 2 millones de pesos.
Fue así que ese mismo lunes ordenó la inmediata liberación del ex GH, pero le prohibió salir del país y le impuso la obligación de presentarse personalmente en el juzgado todos los meses y, cada 15 días, presentar una nota donde indique estar a derecho.
De esta manera, el magistrado dispuso la falta de mérito de Corazza, para ser procesado o sobreseído, en relación a la imputación por asociación ilícita, medida que ahora fue apelada por fiscal Patricio Lugones, que solicitó que el imputado vuelva a ser detenido mientras avanza la investigación.
La causa podría pasar en las próximas horas a la Justicia Federal, ya que el juez Sánchez Sarmiento declinó su competencia al considerar que el delito de trata de personas excede la materia del fuero ordinario.
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
Crimen del penitenciario: su hermana se abstuvo y su pareja negó complicidad
El gobernador Hugo Passalacqua elevó la propuesta del fiscal Andrés Poujade para ocupar un lugar en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones, en el marco del proceso institucional para cubrir una vacante en el máximo órgano judicial de la provincia.
De acuerdo a lo comunicado, la postulación resalta el perfil académico y la trayectoria judicial de Poujade, actual fiscal de Cámara en lo Penal y de Menores de Misiones, cargo al que accedió en 2013 mediante concurso público y posterior acuerdo legislativo.
Nacido en Posadas, Poujade es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con estudios de posgrado en el país y en el exterior. Entre sus antecedentes académicos figura una maestría en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías cursada en Francia.
También destaca su participación en instancias de formación vinculadas al derecho penal, derechos humanos, políticas públicas y gestión judicial, además de su paso por la docencia universitaria.
En el ámbito institucional, además de desempeñarse como fiscal de Cámara, Poujade integra como vocal titular el Tribunal Electoral de Misiones.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la propuesta apunta a fortalecer el Poder Judicial con perfiles que combinen experiencia, formación y trayectoria dentro del sistema judicial misionero.
La nominación deberá seguir ahora el procedimiento institucional correspondiente para su tratamiento legislativo y su designación cubriría la vacante que dejó Ramona Velázquez, tras su renuncia por jubilación el año pasado.
Una investigación de la Justicia Federal de San Martín (Buenos Aires) por el tráfico de 18,5 kilogramos de pastillas de éxtasis valuadas en $650 millones tiene a Misiones como uno de los puntos centrales de la maniobra, con al menos tres personas oriundas de la provincia involucradas y una hipótesis judicial que ubica a la Triple Frontera como nueva vía de ingreso de drogas sintéticas al país.
En la causa se contabilizan dos prófugos y uno de ellos es Dyonathan Leonardo da Silva, de 31 años, oriundo de Oberá e hijo de un pastor, sobre quien pesa un pedido de captura internacional y una recompensa oficial de 5 millones de pesos para quien aporte datos que permitan localizarlo. El otro involucrado que elude a la Justicia es Ernesto Lionel Godoy, con último domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
Según la investigación, ambos aparecen vinculados a una estructura que habría coordinado el envío de un cargamento de comprimidos de alto poder desde el norte del país hacia Buenos Aires, con presunto origen en Paraguay o Brasil. Los investigadores sostienen que la ruta utilizada muestra un desplazamiento del tráfico de drogas sintéticas hacia corredores vinculados con la Triple Frontera.
El portal porteño Infobae reconstruyó que la causa se originó el 29 de mayo de 2025, cuando personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) detectó una encomienda sospechosa durante un control en el kilómetro 240 de la ruta nacional 14, en la provincia de Entre Ríos. El paquete había sido despachado desde Puerto Esperanza y tenía como destino el partido bonaerense de San Martín. Un perro detector marcó la carga y permitió hallar las pastillas ocultas en el interior del envío.
Por ese tramo de la causa quedaron procesados otros dos misioneros, Ruth Engel (26) y su pareja Juan Sandobal, ambos oriundos de Puerto Esperanza. De acuerdo con el expediente, fueron señalados por empleados de la empresa de transporte utilizada para despachar la encomienda y permanecen con prisión preventiva y embargo de 15 millones de pesos cada uno.
El misionero entre los más buscados del país.
El gendarme y la pista
La resolución judicial también menciona la intervención de un gendarme nacido en Misiones, actualmente radicado en San Miguel, provincia de Buenos Aires, quien habría sido convocado para retirar el paquete una vez arribado al conurbano bonaerense. Según declaró, aceptó realizar el traslado a cambio de 50 mil pesos, bajo la explicación de que se trataba de una caja con perfumes.
El efectivo fue detenido en la sucursal donde debía retirar la encomienda, aunque luego obtuvo falta de mérito tras entregar su teléfono celular y aportar información sobre el contacto que lo convocó, identificado por la Justicia como Sandobal.
En paralelo, la pesquisa vincula a Da Silva con el número telefónico usado para recibir el cargamento y con la importación de una máquina para fabricar pastillas adquirida en Hong Kong, elemento que abrió otra línea de investigación sobre una posible estructura de producción o fraccionamiento.
La jueza federal Alicia Vence y el secretario Juan Ignacio Furia sostienen que los movimientos detectados entre Misiones, Paraguay, Brasil y Buenos Aires consolidan una nueva modalidad de tráfico de drogas sintéticas, con la provincia de Misiones como punto de salida dentro del circuito investigado.
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