Judiciales
Policía imputado declaró que Escobar y Tabarez patearon a Guirula en el piso
De los seis policías sentados en el banquillo de los acusados por la muerte del albañil Carlos Raúl Guirula (33) en un procedimiento realizado en 2014, dos optaron por declarar hoy ante el Tribunal Penal Dos de Posadas y uno de ellos incriminó en forma directa a los imputados Lourdes Beatriz Tabarez (42) y Ricardo Rafael Escobar (42) como quienes “patearon en el piso” y “en la cabeza” a la víctima.
El testimonio se correspondió a Claudio Alberto Da Silva (35), que al igual que Carlos Alberto Zidorak (35), Lucas Nahuel Saravia Allosa (37), Claudio Marcelo Servián, más los ya mencionados Escobar y Tabarez, afrontan una imputación por “tortura seguida de muerte” y “ocultamiento de pruebas”, acusación bajo la cual son pasibles de ser condenados a prisión perpetua.
En aquella madrugada del 19 de julio de 2014, Da Silva fue uno de los primeros agentes en acudir al motel Park, donde el conserje del lugar solicitó la intervención policial ante la presencia del albañil Guirula, que en forma violenta se negaba a pagar dos botellas de wiskis a la salida de un turno.
Da Silva era un agente recién recibido y fue parte de la patrulla de la comisaría Decimotercera que acudió al lugar en una Toyota Hilux con el cabo Servian como chofer y con la oficial Tabarez como encargada.
El imputado narró que llegaron al motel cerca de las 3.20 y encontraron a Guirula ubicado en el asiento trasero de un Renault 19 que era propiedad de un compañero de trabajo suyo con el que había compartido la salida esa noche.
Para ese entonces, según ratificaron más testigos, el conflicto por el saldo de las bebidas ya se había solucionado, aunque de igual manera “Tabarez da la orden para detenerlo” a Guirula.
Da Silva relató que cuando eso sucedió Guirula pretendió encerrarse dentro del vehículo, lo cual fue impedido por Servian que atajó una puerta y juntos intentaron hacerlo descender, pero no pudieron.
“Ahí Tabarez ingresó por la puerta del otro lado y trató de empujarlo hacia afuera. Ahí a Guirula se escapa de nosotros y le pega un manotazo a la oficial”, continuó el acusado ante la atenta mirada del resto de los imputados.
Después de esa primera secuencia, Da Silva contó que logró colocarle una esposa a Guirula pero volvió a “alterarse” y recién logró ser extraído del vehículo cuando el cabo Escobar llegó como refuerzo del Comando Radioeléctrico.

Da Silva -el primero a la izquierda- fue uno de los imputados que declaró hoy.
Patadas y saltos
“Logramos sacarle del vehículo y lo paramos a un costado del auto, no podíamos reducirlo. Servián le propina tres golpes en el abdomen y tampoco pudimos. Ahí llega Zidorak, que le toma de la mano que tenía la esposa y Guirula cae boca abajo. Zidorak se acomoda con la rodilla sobre el hombro de la persona y me pasa la mano que no tenía la esposa”, describió.
Y continúa el relato de una de las secuencias del hecho que es una de las claves para esclarecer el caso: “Queríamos esposarlo por completo y en ese momento veo que Escobar le patea en la cabeza y Tabarez también. Zidorak los saca de un manotazo, pero Tabarez se va para atrás y vuelve a patearlo de frente”.
Da Silva añadió que una vez que lograron esposarlo por completo, levantan a Guirula para llevarlo hacia el patrullero, pero vuelve a resistirse y en medio de los nuevos forcejos cae sobre unas piedras.
Después logran subirlo en la cajuela de la camioneta Hilux, donde Saravia Allosa accionó un gas pimienta contra la víctima “a pedido de Escobar”, a quien Da Silva continuó incriminando.
“En el camino yo me fui del lado izquierdo de Guirula, Tabarez iba enfrente mío. Del otro lado estaba Bogado -otro policía que no fue imputado-, y Escobar estaba hacia el lado de la cabina. Él se paró arriba de Guirula y en reiteradas ocasiones le saltó encima con las dos piernas. Con Saravia le dijimos que se baje, que la persona ya estaba esposada, detenida, pero no logramos que se bajara”, apuntó.
Según Da Silva, el recorrido desde el motel Park hasta la comisaría Decimotercera habría durado “unos cinco minutos”, pero afirmó que al llegar a la dependencia Guirula ya no reaccionaba.
“Me dicen que le tiremos agua para que se despertara porque por ahí estaba dormido, pero no lo logramos. Savaria se acercó, le tocó y dice que no tenía pulso”, cerró el oriundo de El Soberbio.
El otro policía que declaró este miércoles fue el oficial subayudante Zidorak, que integraba el segundo patrullero del comando que llegó en apoyo y uno de los que participó en la reducción de Guirula.
“Lo acostamos en el suelo, apoyo mi rodilla en el hombro derecho porque esta persona seguía gritando y moviéndose por todos lados. Estaba Da Silva tratando de ayudar a colocarle las esposas, pero la persona siguió resistiéndose. Ahí Escobar apoya el pie sobre esta persona y de atrás aparece otra persona que patea la costilla derecha de esta persona”, añade, aunque sin tantas precisiones como el otro imputado que declararía en segundo turno.
De los agentes apuntados en estas declaraciones, hasta el momento solo Escobar manifestó su intención de dar su versión de los hechos, aunque lo hará más adelante por recomendación de su abogada Mónica Olivera.
Tabarez, que es representada por el defensor oficial Mario Ramírez, decidió abstenerse, aunque pueden cambiar de estrategia cuando lo consideren necesario. Lo mismo corre tanto para Saravia Allosa como para Servian. Todos los imputados cuentan con abogados defensores diferentes.

Escobar es apuntado como por golpear y además “saltar encima” de la víctima durante su traslado en la cajuela de un patrullero.
Wiskis pagos
Tras oír a dos de los imputados, el tribunal presidido por el magistrado Gregorio Busse e integrado por subrogancia por los jueces de instrucción Fernando Verón y Miguel Mattos, dio inicio a la etapa de testimoniales.
En esa instancia, uno a uno declararon la mucama, el encargado de seguridad y el conserje del motel Park, como así también uno de los compañeros que estaba junto a Guirula en aquella noche que terminó en forma trágica.
Los cuatro coincidieron que el conflicto se inició cuando el albañil se negó a pagar dos botellas de wiski. Describieron que en ese momento el hombre se encontraba “eufórico” y “violento”, razón por la cual decidieron acudir a la Policía.
No obstante, tanto la mucama como el conserje del lugar ratificaron que la deuda ya había sido saldada por el amigo de Guirula cuando llegó la patrulla encabezada por Tabarez.
“Yo salgo a recibir a la Policía y le aviso que me acababan de pagar, que ya estaba todo solucionado. Ahí me dicen ‘bueno, pero tenemos que proceder’. Después de eso volví a mi oficina”, señaló el conserje Rodolfo González.
Continuidad
El debate continuará mañana con más testimoniales. La programación trazada consigna que el proceso se extenderá hasta el 19 de noviembre y se espera la comparecencia de casi 90 testigos.
La muerte de Guirula se produjo esa madrugada del 14 de julio de 2014. En el requerimiento de elevación a juicio, la fiscal de instrucción Amalia Spinatto, consideró que uniformados actuaron en forma excesiva y concluyó que el deceso de la víctima se produjo como consecuencia de la golpiza recibida.
Para arribar a esa conclusión se basó en el testimonio de todos los testigos que ahora deben ratificar o rectificar esas declaraciones en el juicio, como así también el informe de autopsia, donde se asentó que Guirula murió como consecuencia de una serie de traumatismos que le provocaron fracturas de costillas, entre otras lesiones de gravedad.

Lourdes Tabarez -en el fondo- era la encargada de la comisión que intervino en el motel.
Caso Guirula: tres de los seis policías imputados pidieron declarar mañana
Judiciales
Passalacqua pidió que el intendente denunciado por abuso se tome licencia
El gobernador Hugo Passalacqua le solicitó al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, denunciado por abuso sexual contra una trabajadora del Concejo Deliberante de esa localidad, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia.
El mandatario provincial hizo público su pedido a través de un posteo en su cuenta de X, donde esta noche escribió: “Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”.
Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera…
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) March 12, 2026
Denuncia y ratificación
El pedido del gobernador llega luego de que se hiciera público una grave denuncia que data contra el intendente desde el 25 de febrero pasado, cuando una empleada del Concejo Deliberante de Caraguatay acudió a la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico para realizar una presentación en la que acusaba al jefe comunal por hechos de acoso y abuso sexual.
El asunto tomó mayor relevancia este miércoles, luego de la que muchacha compareciera ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, para ampliar su denuncia y en dicha audiencia ratificara cada una de las acusaciones.
En esa instancia, la mujer dio un pormenorizado relato de los hechos padecidos, con precisión de días, horarios, circunstancias y modos.
Según pudo saber La Voz de Misiones, la joven relató que los hechos ocurrieron el año pasado. El primer suceso se dio el 8 de julio del año pasado, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, entre lágrimas y visiblemente conmovida, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Meses más tarde la mujer encontró contención en una abogada local que se interiorizó en el caso y le recomendó accionar penalmente, lo cual finalmente ocurrió el pasado 25 de febrero, cuando radicaron la denuncia inicial ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, que en ese momento era subrogado por Jorge Fernández y que ahora nuevamente se encuentra a cargo de su titular Héctor Simón.
Como cierre de su testimonio, la denunciante agregó que el último sábado, a la medianoche, el intendente pasó en cercanías a su a casa a bordo de la camioneta del municipio y efectuó gestos amenazantes contra su hija de menor.
Con los elementos recolectados hasta el momento y atento a la inmunidad de arresto que Peyer goza por sus fueros como intendente, el juez Balanda Gómez dispuso una restricción de acercamiento hacia la denunciante, entre otras medidas, principalmente de contención a la víctima y de recolección de pruebas para avanzar con la causa que, preliminarmente, configuraría delitos de “abuso sexual con acceso carnal”.
Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay
Judiciales
Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay
Contundente, detallado y angustiante. Así fue catalogada la ratificación de la denuncia por abuso sexual realizada hoy por una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay contra el intendente del mismo municipio, Mario Peyer, quien goza de inmunidad de arresto por sus fueros como alcalde pero que ya fue notificado de la instrucción de una causa penal en su contra y recibió una restricción de acercamiento hacia la víctima, entre otras medidas preventivas dispuesta por la Justicia.
Aunque los hechos descritos ocurrieron el año pasado, la denuncia que disparó el caso fue radicada el pasado 25 de febrero ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico y esta mañana la mujer fue citada a ratificar su presentación ante el Juzgado de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, donde brindó un pormenorizado relato de los sucesos padecidos ante el alcalde.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la mujer se presentó ante el juzgado que dirige el magistrado Manuel Balanda Gómez acompañada de su abogada y en su declaración ratificó las acusaciones, brindando un detallado relato con precisiones de días, horarios, lugares, circunstancias y modos en que ocurrieron los hechos.
La mujer contó que todo comenzó con miramientos, tocamientos y expresiones indebidas del intendente hacia ella, pero la situación se agravó el último 4 de septiembre, cuando el acusado se presentó en el Concejo Deliberante con obsequios para las trabajadores del lugar en el marco del Día de la Secretaria.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina donde estaba la denunciante y tras entregarle una caja de bombones y después de compartir una breve conservación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, entre lágrimas y visiblemente conmovida, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Meses más tarde la mujer encontró contención en una abogada local que se interiorizó en el caso y le recomendó accionar penalmente, lo cual finalmente ocurrió el pasado 25 de febrero, cuando radicaron la denuncia inicial ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, que en ese momento era subrogado por Jorge Fernández y que ahora nuevamente se encuentra a cargo de su titular Héctor Simón.
Como cierre de su testimonio, la denunciante agregó que el último sábado, a la medianoche, el intendente pasó en cercanías a su a casa a bordo de la camioneta del municipio y efectuó gestos amenazantes contra su hija de menor.
Con los elementos recolectados hasta el momento y atento a la inmunidad de arresto que Peyer goza por sus fueros como intendente, el juez Balanda Gómez dispuso una restricción de acercamiento hacia la denunciante, entre otras medidas, principalmente de contención a la víctima y de recolección de pruebas para avanzar con la causa que, preliminarmente, configuraría delitos de “abuso sexual con acceso carnal”.
Es la Ley Orgánica de Municipales que protege a Peyer de una medida coercitiva en su contra, aunque no impide que el implicado sea objeto de una investigación penal e incluso puede ser citado a prestar declaración indagatoria, lo cual podría ocurrir en los próximos días.
En ese panorama, fuentes de LVM explicaron que el Concejo Deliberante local tiene la potestad de actuar de oficio, solicitar informes a la Justicia y en base a eso decidir si avanza o no en un posible juicio política para desaforar al intendente.
Intendente de Caraguatay fue denunciado por abuso a una empleada del Concejo
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Intendente de Caraguatay fue denunciado por abuso a una empleada del Concejo
El intendente de Caraguatay, Mario Darío Peyer, enfrenta una denuncia por acoso y abuso sexual radicada por una trabajadora del Concejo Deliberante de esa misma localidad y, mientras se investigan los hechos señalados, la Justicia le impuso al jefe comunal una restricción de acercamiento hacia la mujer.
La presentación que dio inicio a una causa penal fue realizada el 25 de febrero ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo de Héctor Simón, aunque los hechos habrían ocurrido a mediados del año pasado.
Según la denuncia radicada, uno de los sucesos tuvo lugar el 8 de julio de 2024, cuando el intendente citó a la mujer de 30 años en su despacho para tratar una cuestión laboral y le terminó acariciando las manos de manera indebida.
El siguiente episodio ocurrió el 4 de septiembre, cuando presuntamente el jefe comunal fue hasta el Concejo Deliberante para llevarle una caja de bombones a la denunciante por el Día de la Secretaria.
En esa ocasión mantuvieron una conversación dentro de una oficina, pero en determinado momento -según la denuncia- Peyer trabó la puerta, forcejó con la mujer y abusó de ella.
En su presentación la mujer indicó que en ese momento le dejó en claro al acusado que iba a radicar la denuncia por el hecho, pero el intendente amenazó con tomar represalias labores contra su esposo y por eso se mantuvo en silencio los meses siguientes, hasta que decidió accionar penalmente.
Al momento de la denuncia, la fiscalía estaba a cargo de Jorge Fernández como subrogante, quien realizó el requerimiento de instrucción formal.
La trabajadora fue citada este miércoles para realizar una ampliación de su denuncia ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez.
Según consignaron fuentes consultadas, en la audiencia de hoy la mujer ratificó cada una de sus acusaciones e incluso nombró a una persona que fue testigo de los hechos ocurridos el 8 de julio, quien ahora será citada a prestar declaración testimonial.
Las mismas fuentes recordaron que el jefe comunal no puede ser detenido por contar con fueros, aunque como medida preventiva recibió una restricción de acercamiento hacia la denunciante.
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