Judiciales
Pidieron investigar por falso testimonio a una hermana Esteche en el juicio



La sexta audiencia del juicio oral por el femicidio de Irma Ferreyra Da Rocha (47), cometido en diciembre de 2016 en Garupá, tuvo su punto álgido esta mañana, cuando la Fiscalía solicitó el inicio de una investigación por falso testimonio contra una hermana del imputado Alejandro Esteche al marcar “contradicciones” entre las declaraciones vertidas por la mujer durante el proceso.
El pedido fue formulado por el fiscal Martín Rau contra Elizabeth González, hermana de Alejandro Guillermo “Porteño” Esteche (34), único acusado del hecho e imputado por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización, seguido de muerte”, que prevé una pena de prisión perpetua.
El representante del Ministerio Público Fiscal argumentó que el planteo deviene de las contradicciones que advirtió entre las declaraciones vertidas por la mujer a lo largo del proceso. “Los dichos de hoy ni siquiera son similares a las de otras oportunidades”, apuntó el fiscal y minutos más tarde reforzó su postura al mencionar que la testigo “ha variado completamente sus dichos, pero no sólo de ella, sino de otros testigos”.

El fiscal Rau y la testigo González durante la testimonial de hoy.
En orden cronológico, González fue la cuarta testigo en brindar su testimonio en la jornada de hoy y lo hizo a pesar de que no tenía la obligación de hacerlo al ser familiar directo del imputado.
En esa instancia, la joven recordó que ese 16 de diciembre de 2016 por la noche ella estaba trabajando en la fiesta de año que se realizaba en el predio de “La Economía” de Garupá, celebración a la cual acudió parte de su familia, incluida su pareja de ese momento -Facundo Uboldi, quien declaró ayer por videoconferencia desde Buenos Aires-, la ex concubina de su hermano -Verónica Otazu- y el imputado Guillermo Esteche.
A partir de ahí, González señaló que se retiró de la fiesta porque Uboldi tuvo conflictos con otra persona y no supo más nada de su hermano hasta la tarde del día siguiente, cuando el hombre apareció por su casa.
La testigo agregó que para ese entonces “su jefe” le había contado que la noche previa “hubo un problema con una señora que se fue de la fiesta” y que en el barrio empezaron a decir que “buscaban a una persona que era como Ale -por Esteche-. Pero yo hablé con él y me dijo que no, que nada que ver”.
González continuó su relato y señaló que al día siguiente -domingo 18 de diciembre- su cuñada la llamó para contarle que la Policía se llevó a Esteche detenido. Casi en paralelo, otra comisión buscó del trabajo a Uboldi y ambos quedaron en la Comisaría Quinta de Garupá.
Allí la testigo comenzó a declarar en coincidencia con lo vertido por el imputado en la primera audiencia de debate, cuando denunció apremios, amenazas y presiones para autoincriminarse por el crimen de Irma Ferreyra.
“Mientras Facundo estaba ahí hablé con él por mensaje. Me decía que estaba en una pieza oscura y que le insultaban, hasta que le sacaron el celular”, declaró González, al tiempo que mencionó que vio a Hugo Martínez -primer demorado de la causa y luego desvinculado del hecho- salir del mismo lugar con “quemaduras de cigarrillo” en los brazos.
Hasta allí González declaró sin interrupciones y cuando culminó el fiscal Rau comenzó con sus intervenciones.

González declaró a pesar de que no tenía la obligación de hacerlo al ser familiar directa del imputado.
Testimonio cuestionado
“¿Usted sabe que en la causa se hicieron pericias telefónicas?”, preguntó Rau a la testigo, quien respondió que “sí”, a lo que el fiscal sumó “bueno, ese intercambio de mensajes que usted menciona es inexistente”.
Rau también interrogó a la testigo sobre una discusión registrada el día siguiente al hecho entre ella, Esteche y Otazu.
Esta mañana, González señaló que no hubo ninguna discusión, al tiempo que al momento de declarar en la etapa de investigación indicó que cuando Otazu se encontró con Esteche le reprendió por haber regresado tarde y ella también le recriminó por no haber acudido a ella en vez de quedarse a dormir en la calle.
“Yo ahí le dije que no sabía dónde estaba él, pero discusión para mí es otra cosa, por eso dije que no”, replicó la testigo.
Rau también fue incisivo sobre el lugar donde presuntamente Esteche durmió esa madrugada. En la etapa de instrucción González indicó que su hermano dijo haber dormido “en las vías del tren”, en tanto que hoy señaló que el hombre pernoctó “cerca de la playita de Garupá”.
Luego intervino el defensor particular de Esteche, el letrado Edgardo Cabrera, quien volvió a hacer énfasis en la escena de González en la comisaría Quinta esperando novedades de su pareja y su hermano.
“Facundo -Uboldi- después me contó que lo tenían a oscuras, que le sacaron el cinto, los cordones y le decían que iba a quedar a detenido. Que le convenía cantar porque ellos (por los policías) ya sabían lo que habían hecho”, manifestó la mujer, aunque en su declaración Uboldi no mencionó nada de ello.
En otro tramo de la testimonial también intervino César Yaya, uno de los magistrados -por subrogancia- del Tribunal Penal Uno de Posadas, quien preguntó si la testigo denunció todas esas situaciones de apremios que indicó, a lo que González contestó que no.

El magistrado César Yaya integra por subrograncia el Tribunal Penal Uno de Posadas.
Después de ello, el fiscal Rau volvió a la escena y pidió que la testigo sea investigada por el delito de falso testimonio. “Merece una investigación y esa es mi petición”, lanzó.
El Tribunal, completado por Viviana Cukla y Ángel Dejesús Cardozo, dispuso un breve cuarto intermedio y al regreso resolvió que se extraigan copias de las actuaciones pertinentes para girar los documentos a la Fiscalía de Instrucción Tres en turno, a fin de que su titular evalúe si existe la posibilidad de investigar un hecho de falso testimonio por parte de González.
La jornada se completó con la declaración de otros cuatro testigos y la etapa de testimoniales continúa hoy, a partir de las 8.30.
El caso
Según reconstruyó la Fiscalía de Instrucción Siete, a cargo de Patricia Clérici, la víctima y el imputado se conocieron y bailaron en una fiesta de fin de año que se realizó en la noche del 16 de diciembre de 2016 en el predio La Economía de Garupá.
Cerca de la medianoche, ambos se retiraron de la fiesta y fueron hasta un túnel peatonal ubicado en inmediaciones a la calle 246 y la avenida Alberto Roth.
Para la fiscalía, en primera instancia hubo relaciones consentidas, pero luego la mujer fue golpeada y en un baldío próximo al túnel fue ultrajada sexualmente con la rama de un árbol que destrozó varios órganos internos, lesiones que le provocaron la muerte después de 30 horas de agonía en el hospital Madariaga.
En la indagatoria realizada en la etapa de instrucción, Esteche declaró que haber tenido relaciones sexuales consentidas pero “extremas” con la víctima, al tiempo que al comienzo del debate oral cambió su versión: admitió haberse retirado con Irma de la fiesta, pero aseguró que después de ello no hubo ningún tipo de contacto sexual debido al estado de alcoholemia en el que ambos se encontraban. Además, apuntó que previamente se autoincriminó por apremios recibidos en la comisaría.
Las tres primeras personas que auxiliaron a la víctima malherida declararon, tanto en la instrucción como ahora en el juicio, vieron salir a Esteche del mismo lugar donde Irma fue encontrada agonizante y gimiendo de dolor.
Otros dos testigos, un efectivo y una médica policial, añadieron que al momento de su detención el imputado tenía lesiones en ambas manos.
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Fallo a favor de gendarme que pide volver a Eldorado para cuidado de familiares

Un fiscal de Capital Federal falló a favor del pedido planteado por una gendarme misionera que solicitó regresar a Eldorado para atender a su madre y su hermano, ambos con cuadros de discapacidad, dictaminó que un juez le ordene a la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) dar tratamiento urgente al traslado peticionado.
La resolución fue firmada por el titular de la Fiscalía en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Federal N°8, Fabián Canda, quien intervino en el caso a partir de una acción de amparo presentada por la agente de Gendarmería demandante, quien todavía tiene abierto un proceso administrativo dentro de la fuerza para resolver el pedido de traslado.
Según consignaron en el portal oficial del Ministerio Público de la Nación, todo comenzó en octubre de 2022, cuando la uniformada solicitó a GNA ser trasladada y cumplir funciones en el Escuadrón 10 de Eldorado, en virtud de atender a su madre y a su hermano, quienes residen en esa localidad y ambos presentan un cuadro de discapacidad.
Sin embargo, el trámite administrativo ingresó análisis de distintas dependencias y áreas de la institución, sin llegar a una pronta resolución.
Ante esta situación, la gendarme involucrada decidió recurrir a la vía de una acción de amparo contra el Estado Nacional, el Ministerio de Seguridad y la GNA, a fin de que se ordene a la fuerza federal que disponga su “traslado inmediato y urgente al Escuadrón Eldorado”, con el “fin de con el fin de continuar prestando servicio en la institución y también para atender a su madre y hermano, que padecen una discapacidad”.
En su momento, el representante legal de GNA que intervino en el caso, señaló que “un cambio de destino se efectúa de acuerdo a las necesidades del comendo y de servicio, y no por circunstancias particulares de las y los agentes, y que todo cambio de destino, pase o traslado obedece a una facultad no susceptible de revisión judicial, siempre que no se incurra en arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, circunstancia que no ocurriría en el caso”.
Además, desde la GNA enfatizaron que “si cada gendarme que pretende un cambio por razones particulares o individuales interpusiera un amparo con ese fin, la Gendarmería -a la que voluntaria y libremente se unen- no podría cumplir su labor”.
Las posturas de ambas partes fueron analizadas por el fiscal Canda, quien ahora emitió su resolución y en la misma decidió rechazar la acción de amparo al considerar que esta vía judicial no estaba habilitada en virtud de que todavía había un trámite administrativo abierto, aunque sí dictaminó en favor de que el juez interviniente le ordene a la GNA a le dé trámite urgente a la solicitud de traslado de la gendarme y que fije un plazo para que se dicte una resolución.
Entre sus consideraciones, el fiscal sostuvo que “hasta el momento, la demandada ha demostrado desplegar una aceptable actividad procedimental tendiente a considerar en forma fundada y razonable la petición de la parte actora” y añadió que los elementos aportados por la gendarme “no permiten concluir que la conducta de la Fuerza se base en un balance manifiestamente irrazonable de los delicadísimos intereses en juego, que debe conciliar el legítimo derecho invocado, con la elevada misión de una fuerza federal de seguridad”.
Según concluyeron desde fiscales.gob, el dictamen del fiscal Canda “procuró atender la potestad de una fuerza de seguridad para disponer de sus agentes del modo más eficaz y el derecho de la gendarme en relación a la atención de la salud de sus familiares”.
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Detenidos por crimen de agricultor en Andresito declaran el miércoles

Los dos hermanos detenidos por el crimen del agricultor Antonio Adir Sorensen (57), asesinado el sábado en su chacra de Comandante Andresito, fueron citados a prestar declaración indagatoria ante la Justicia el miércoles, según pudo averiguar La Voz de Misiones.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por este medio, los sospechosos identificados como Ramón (50) y su hermano Daniel F. (58) serán trasladados el miércoles a la mañana hasta la sede del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, donde serán sometidos a una audiencia de declaración indagatoria ante el magistrado Martín Brites.
En esa instancia, ambos implicados serán notificados del hecho que se investiga como así también de los elementos de prueba que por el momento se tiene en sus contra. Luego serán consultados si desean brindar su versión de los hechos o si prefieren abstenerse de declarar, tal como los ampara su derecho y sin que ese silencio les signifique presunción de culpabilidad alguna.
Además, las mismas fuentes señalaron a LVM que el examen de autopsia practicado a Sorensen concluyó que la causa de muerte fue una herida de arma blanca en el cuello.
Toda esta información, sumado a los informes policiales correspondiente a la etapa investigativa inicial, serán elevados a la brevedad al juzgado a cargo del magistrado Brites, que luego definirá los próximos pasos a seguir.
El crimen de Sorensen, de nacionalidad brasileña, se descubrió el sábado a la mañana, cuando un vecino alertó del hallazgo de un cadáver que estaba siendo devorado por cerdos en una chacra ubicada en el paraje La Selva, a unos 20 kilómetros del casco urbano de Comandante Andresito.
La reconstrucción del caso señala que el día previo los hermanos estuvieron junto a Sorensen compartiendo una ronda de caña y serían las últimas personas que vieron con vida al agricultor.
Además, al momento de ser entrevistados por los efectivos policiales, los dos incurrieron en varias contradicciones que los dejaron bajo la lupa.
En el lugar la Policía secuestró machetes y prendas de vestir que ahora serán sometidas a pericias.
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Imputan a ex intendente en causa impulsada por actual jefe comunal de San Vicente

Waldomiro “Valdir” Dos Santos (58), ex intendente de San Vicente y actual candidato, fue imputado por el delito de “malversación de caudales públicos y violación de los deberes de funcionario público en concurso real”, por la presunta venta fraudulenta de terrenos municipales.
Según pudo establecer La Voz de Misiones, en base a documentación de la causa, la indagatoria se concretó el último lunes 20 de marzo ante las autoridades del Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, presidido por Gerardo Casco.
En la audiencia, el actual postulante a jefe comunal escuchó los elementos en su contra y decidió abstenerse de declarar, tal y como lo ampara su derecho. Por disposición judicial, Dos Santos seguirá en libertad a la espera de los avances de la instrucción del caso.
La denuncia fue impulsada en 2020 por el actual jefe comunal, que ahora busca la reelección, Sergio Fabián Rodríguez, cuando formaba parte de las filas del Partido Agrario y Social (Pays).
Los hechos señalados en las acusaciones contra su contrincante en la arena política de cara a las elecciones del 7 de mayo están fechados antes de que se termine el último mandato de Valdir Dos Santos. Llamativamente, recién ahora se concretó la audiencia indagatoria y la imputación formal.
De acuerdo a las fuentes consultadas, el expediente tiene otros dos imputados, quienes fueron citados y cumplieron con la formalidad en los últimos días -aunque antes que Valdir, que fue el último- y también habrían elegido el camino del silencio: Hugo Rubén Barovicz, ex secretario de Administración y Hacienda, y Juan Ladomiro Néstor, ex jefe de Recaudaciones de la Municipalidad.
Pagos anulados en San Vicente
Como se informó oportunamente, la maniobra consistía en vender terrenos remanentes de la ruta nacional 14 pertenecientes a la comuna, aunque una vez hecha la transacción -con su correspondiente comprobante-, “se anulaba el pago en el sistema, pero el dinero nunca era devuelto al contribuyente que efectuó el pago”, dice la denuncia.
En este sentido, también habrían detectado que, luego de anular la compra, se introducían en el sistema valores inferiores con el mismo número de recibo, o bien se aplicaban descuentos en la adquisición de los terrenos cuando no correspondía.
En la acusación al ex alcalde, aparece citado un caso, sobre un terreno identificado como “Lote E Manzana XX”, por el cual un contribuyente pagó 402.130 pesos el 25 de octubre del 2019 a las 15.10, es decir, fuera del horario de atención al público de la comuna.
De esa operación, siempre según la acusación formal, no obran copia de contrato compra-venta en el área de Hacienda del municipio. Asimismo, en el sistema se pudo corroborar que el recibo fue anulado y al día hábil siguiente, el 28 de octubre, se emitió un recibo con el mismo número pero por un monto mucho menor: 713 pesos.
Un detalle que surge del documento, al que accedió LVM, es que algunas fechas de las operaciones están mal consignadas: dicen 2020 y no 2019, que es cuando ocurrieron los hechos denunciados.
“Estas irregularidades o hechos no pudieron realizarse sin su activa participación, debido a que usted, en su carácter de intendente municipal, suscribía los contratos de compra-venta, habiendo firmado cada uno de ellos, además de tener la capacidad y las claves correspondientes para anular y modificar el recibo Nº XXXX, ocasionando un perjuicio patrimonial enorme a la Municipalidad de la ciudad de San Vicente, debido a que los montos antes señalados no han ingresado a las arcas del estado municipal, ni fueron ingresados a la cuenta especial creada a tal, que debió ser destinada a la compra de bienes de capital”, se consigna en el escrito acusatorio.
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