Un fiscal de Capital Federal falló a favor del pedido planteado por una gendarme misionera que solicitó regresar a Eldorado para atender a su madre y su hermano, ambos con cuadros de discapacidad, dictaminó que un juez le ordene a la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) dar tratamiento urgente al traslado peticionado.

La resolución fue firmada por el titular de la Fiscalía en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Federal N°8, Fabián Canda, quien intervino en el caso a partir de una acción de amparo presentada por la agente de Gendarmería demandante, quien todavía tiene abierto un proceso administrativo dentro de la fuerza para resolver el pedido de traslado.

Según consignaron en el portal oficial del Ministerio Público de la Nación, todo comenzó en octubre de 2022, cuando la uniformada solicitó a GNA ser trasladada y cumplir funciones en el Escuadrón 10 de Eldorado, en virtud de atender a su madre y a su hermano, quienes residen en esa localidad y ambos presentan un cuadro de discapacidad.

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Sin embargo, el trámite administrativo ingresó análisis de distintas dependencias y áreas de la institución, sin llegar a una pronta resolución.

Ante esta situación, la gendarme involucrada decidió recurrir a la vía de una acción de amparo contra el Estado Nacional, el Ministerio de Seguridad y la GNA, a fin de que se ordene a la fuerza federal que disponga su “traslado inmediato y urgente al Escuadrón Eldorado”, con el “fin de con el fin de continuar prestando servicio en la institución y también para atender a su madre y hermano, que padecen una discapacidad”.

En su momento, el representante legal de GNA que intervino en el caso, señaló que “un cambio de destino se efectúa de acuerdo a las necesidades del comendo y de servicio, y no por circunstancias particulares de las y los agentes, y que todo cambio de destino, pase o traslado obedece a una facultad no susceptible de revisión judicial, siempre que no se incurra en arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, circunstancia que no ocurriría en el caso”.

Además, desde la GNA enfatizaron que “si cada gendarme que pretende un cambio por razones particulares o individuales interpusiera un amparo con ese fin, la Gendarmería -a la que voluntaria y libremente se unen- no podría cumplir su labor”.

Las posturas de ambas partes fueron analizadas por el fiscal Canda, quien ahora emitió su resolución y en la misma decidió rechazar la acción de amparo al considerar que esta vía judicial no estaba habilitada en virtud de que todavía había un trámite administrativo abierto, aunque sí dictaminó en favor de que el juez interviniente le ordene a la GNA a le dé trámite urgente a la solicitud de traslado de la gendarme y que fije un plazo para que se dicte una resolución.

Entre sus consideraciones, el fiscal sostuvo que “hasta el momento, la demandada ha demostrado desplegar una aceptable actividad procedimental tendiente a considerar en forma fundada y razonable la petición de la parte actora” y añadió que los elementos aportados por la gendarme “no permiten concluir que la conducta de la Fuerza se base en un balance manifiestamente irrazonable de los delicadísimos intereses en juego, que debe conciliar el legítimo derecho invocado, con la elevada misión de una fuerza federal de seguridad”.

Según concluyeron desde fiscales.gob, el dictamen del fiscal Canda “procuró atender la potestad de una fuerza de seguridad para disponer de sus agentes del modo más eficaz y el derecho de la gendarme en relación a la atención de la salud de sus familiares”.

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Los dos hermanos detenidos por el crimen del agricultor Antonio Adir Sorensen (57), asesinado el sábado en su chacra de Comandante Andresito, fueron citados a prestar declaración indagatoria ante la Justicia el miércoles, según pudo averiguar La Voz de Misiones.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por este medio, los sospechosos identificados como Ramón (50) y su hermano Daniel F. (58) serán trasladados el miércoles a la mañana hasta la sede del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, donde serán sometidos a una audiencia de declaración indagatoria ante el magistrado Martín Brites.

En esa instancia, ambos implicados serán notificados del hecho que se investiga como así también de los elementos de prueba que por el momento se tiene en sus contra. Luego serán consultados si desean brindar su versión de los hechos o si prefieren abstenerse de declarar, tal como los ampara su derecho y sin que ese silencio les signifique presunción de culpabilidad alguna.

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Además, las mismas fuentes señalaron a LVM que el examen de autopsia practicado a Sorensen concluyó que la causa de muerte fue una herida de arma blanca en el cuello.

Toda esta información, sumado a los informes policiales correspondiente a la etapa investigativa inicial, serán elevados a la brevedad al juzgado a cargo del magistrado Brites, que luego definirá los próximos pasos a seguir.

El crimen de Sorensen, de nacionalidad brasileña, se descubrió el sábado a la mañana, cuando un vecino alertó del hallazgo de un cadáver que estaba siendo devorado por cerdos en una chacra ubicada en el paraje La Selva, a unos 20 kilómetros del casco urbano de Comandante Andresito.

La reconstrucción del caso señala que el día previo los hermanos estuvieron junto a Sorensen compartiendo una ronda de caña y serían las últimas personas que vieron con vida al agricultor.

Además, al momento de ser entrevistados por los efectivos policiales, los dos incurrieron en varias contradicciones que los dejaron bajo la lupa.

En el lugar la Policía secuestró machetes y prendas de vestir que ahora serán sometidas a pericias.

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Waldomiro “Valdir” Dos Santos (58), ex intendente de San Vicente y actual candidato, fue imputado por el delito de “malversación de caudales públicos y violación de los deberes de funcionario público en concurso real”, por la presunta venta fraudulenta de terrenos municipales.

Según pudo establecer La Voz de Misiones, en base a documentación de la causa, la indagatoria se concretó el último lunes 20 de marzo ante las autoridades del Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, presidido por Gerardo Casco.

En la audiencia, el actual postulante a jefe comunal escuchó los elementos en su contra y decidió abstenerse de declarar, tal y como lo ampara su derecho. Por disposición judicial, Dos Santos seguirá en libertad a la espera de los avances de la instrucción del caso.

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La denuncia fue impulsada en 2020 por el actual jefe comunal, que ahora busca la reelección, Sergio Fabián Rodríguez, cuando formaba parte de las filas del Partido Agrario y Social (Pays).

Los hechos señalados en las acusaciones contra su contrincante en la arena política de cara a las elecciones del 7 de mayo están fechados antes de que se termine el último mandato de Valdir Dos Santos. Llamativamente, recién ahora se concretó la audiencia indagatoria y la imputación formal.

De acuerdo a las fuentes consultadas, el expediente tiene otros dos imputados, quienes fueron citados y cumplieron con la formalidad en los últimos días -aunque antes que Valdir, que fue el último- y también habrían elegido el camino del silencio: Hugo Rubén Barovicz, ex secretario de Administración y Hacienda, y Juan Ladomiro Néstor, ex jefe de Recaudaciones de la Municipalidad.

Pagos anulados en San Vicente

Como se informó oportunamente, la maniobra consistía en vender terrenos remanentes de la ruta nacional 14 pertenecientes a la comuna, aunque una vez hecha la transacción -con su correspondiente comprobante-, “se anulaba el pago en el sistema, pero el dinero nunca era devuelto al contribuyente que efectuó el pago”, dice la denuncia.

En este sentido, también habrían detectado que, luego de anular la compra, se introducían en el sistema valores inferiores con el mismo número de recibo, o bien se aplicaban descuentos en la adquisición de los terrenos cuando no correspondía.

En la acusación al ex alcalde, aparece citado un caso, sobre un terreno identificado como “Lote E Manzana XX”, por el cual un contribuyente pagó 402.130 pesos el 25 de octubre del 2019 a las 15.10, es decir, fuera del horario de atención al público de la comuna.

De esa operación, siempre según la acusación formal, no obran copia de contrato compra-venta en el área de Hacienda del municipio. Asimismo, en el sistema se pudo corroborar que el recibo fue anulado y al día hábil siguiente, el 28 de octubre, se emitió un recibo con el mismo número pero por un monto mucho menor: 713 pesos.

Un detalle que surge del documento, al que accedió LVM, es que algunas fechas de las operaciones están mal consignadas: dicen 2020 y no 2019, que es cuando ocurrieron los hechos denunciados.

“Estas irregularidades o hechos no pudieron realizarse sin su activa participación, debido a que usted, en su carácter de intendente municipal, suscribía los contratos de compra-venta, habiendo firmado cada uno de ellos, además de tener la capacidad y las claves correspondientes para anular y modificar el recibo Nº XXXX, ocasionando un perjuicio patrimonial enorme a la Municipalidad de la ciudad de San Vicente, debido a que los montos antes señalados no han ingresado a las arcas del estado municipal, ni fueron ingresados a la cuenta especial creada a tal, que debió ser destinada a la compra de bienes de capital”, se consigna en el escrito acusatorio.

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