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Perito afirmó que el relato de Monzón “no impresionaba como verosímil”

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Juicio Horacelia Marasca - Martín Monzón

Una vecina y dos peritos forenses cerraron hoy la etapa de testimoniales el juicio oral por el femicidio de Horacelia Marasca (16) y ahora las partes se preparan para exponer mañana sus alegatos finales, tras lo cual el Tribunal Penal Dos de Posadas podría dictar sentencia contra Martín Fernando Monzón (39), ex pareja de la víctima e único imputado en la causa.

La audiencia de hoy, la sexta desde el inicio del proceso oral, comenzó minutos después de las 9 y la primera en pasar a la sala de debates fue María Melgarejo, quien hace 28 años tiene un carrito de hamburguesas en la esquina del banco Macro de Villa Cabello y compartió varias noches de charla con Horacelia.

Justamente, la mujer fue convocada para recordar el tenor de esas conversaciones con la víctima y en esa instancia Melgarejo aseguró que la adolescente iba “día o día de por medio al carrito para hablar conmigo. Se quedaba una o dos horas por ahí, siempre con su bebé”.

Melgarejo afirmó que la joven le confesó los pesares que sufría en su relación, aunque aclaró en ningún momento observó nada, solo retransmitió lo que Horacelia le contó. “Ella me contó que su marido la hacía prostituirse para su cerveza, para su cigarrillo y para su droga. Yo le ofrecía hamburguesas porque decía que estaba sin cenar. Me decía que él la trataba mal y solo juntaba plata para tomar con su mala junta. Ella siempre estaba triste y venía a refugiarse conmigo”, relató.

La testigo describió a Horacelia como una persona “chiquitita” y “buenita”, al tiempo que aseguró que un momento se cruzó con Monzón y lo increpó para saber qué había sucedido con la adolescente que estuvo cerca de diez días en condición de desaparecida hasta que su cuerpo apareció descuartizado en varias alcantarillas de la zona Oeste de Posadas.

“Yo me crucé con él, le miré a la cara y le pregunté qué había hecho. Él me dijo que ella lo dejó y se fue con uno del Ejército. Estaba con el bebé en brazos, de verdad era como Judas”, sostuvo.

María Melgarejo, respondiendo las preguntas de Miguel Ángel Varela, defensor oficial de Monzón.

La junta psiquiátrica, en debate

En segundo orden, declararon Cintia Dipliotti y Jorge Spada, ambos peritos forenses que realizaron una junta psiquiátrica al imputado y fueron requeridos a prestar su testimonio por el defensor oficial Miguel Ángel Varela, quien buscada tener precisiones sobre el procedimiento y las metodologías utilizadas para arribar a las conclusiones expuestas en el informe final.

Tanto Dipliotti como Spada fueron claros al mencionar que el examen realizado por ellos no pretendía trazar un perfil del acusado, sino determinar si Monzón presentaba alguna patología mental que le impidiera comprender la criminalidad de sus actos, lo cual fue descartado por la pericia.

El testimonio de Spada fue resaltado tanto por el fiscal Vladimir Glinka como por el presidente del tribunal César Yaya, dado su nivel de didáctica, precisión y paciencia para atender todas las preguntas.

Es que Monzón asegura que la entrevista con la junta médica duró escasos minutos y solo fue preguntado por sus datos personales, pero Spada lo contradijo a punto tal que recordó las preguntas realizadas durante el procedimiento y repasó algunas de las respuestas brindadas por el imputado.

En esa línea, Spada aclaró todas las veces que fueron necesarias que Monzón siempre se refirió al crimen como “un accidente” y recordó que “en su relato él afirmó haberse sentido muy dolido por una hipotética infidelidad y que hubo una discusión al respecto donde él ejerció una defensa”.

También sostuvo que durante ese relato del hecho Monzón “no demostró un compromiso afectivo muy exagerado”.

A continuación, intervino el magistrado Gregorio Busse, para consultar a Spada si mediante sus conocimientos profesionales y su opinión personal creyó en el relato del acusado.  El defensor Varela se opuso a la pregunta, pero el juez insistió: “No litigue contra el tribunal. Tendrá su momento de alegar. Al tribunal le interesa saber la opinión del perito”.

Autorizado a seguir, Spada se explayó: “Nosotros notamos contradicciones en su relato. El relato era completamente desafectivizado. De esto no puedo tener certezas, pero si alguien hubiera sido atacado y se produjera ese ‘accidente’ en general tendría que haber una repercusión de un tinte afectivo más intenso. No impresionaba como verosímil”.

En otro tramo del interrogatorio, el defensor Varela puso sobre la tapate la figura de la “emoción violenta”, a lo cual Spada explicó que se trata de un término jurídico y no médico.

Juicio Horacelia Marasca - Martín Monzón

Monzón puede ser condenado a prisión perpetua, lo que equivale a 35 años de prisión efectiva.

El debate continuará mañana, a partir de las 8.30, con la ronda de alegatos. El primero en exponer será el fiscal Glinka, quien ya adelantó que se apoyará en un muñeco de RCP para su reconstruir el hecho. Luego será el turno del defensor Varela, que desde comienzo planteó la hipótesis de que el crimen se produjo en el marco de un acto de defensa por parte del acusado.

Culminada la exposición de las conclusiones de ambas partes, el tribunal definirá los próximos pasos a seguir. Una posibilidad es que se dicte sentencia ese mismo día o el veredicto se posterga al viernes.

Monzón está acusado por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”, que prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser hallado autor penalmente responsable del hecho. De recibir dicha condena, deberá cumplir 35 años de prisión efectiva y recién en 2050 estaría habilitado a solicitar la libertad condicional.

En su defensa, el imputado planteó que actuó en defensa propia, dado que Horacelia lo atacó primero con un cuchillo y que luego de un forcejeo el arma acabó incrustada en el pecho de la adolescente. No niega el descuartizamiento del cadáver.

En instancias previas solicitó declarar bajo los efectos de pentotal sódico o suero de la verdad, pero el planteo fue rechazo una y otra vez.

Al inicio del juicio, al imputado volvió a plantear la misma cuestión: “Como sabía que desde el principio no me iban a creer, había solicitado a través de mi defensa que se me tome declaración bajo los efectos del suero de la verdad, porque encontraba en eso la única manera de hacer creíble mi relato”, sostuvo en la primera jornada del juicio.


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Gitano acusado de homicidio se negó a declarar y fue trasladado a una cárcel

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gitano homicidio

Sebastián Jonás Jesús Marcos (19), el gitano detenido desde anoche por el asesinato del Daniel Jesús Traico (24) -integrante de la misma comunidad-, se abstuvo de declarar esta mañana ante la Justicia, fue imputado por homicidio y continuará el avance de la causa alojado en una unidad penal.

El joven fue trasladado a primeras horas de este jueves hasta el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, donde debía comparecer en audiencia de declaración indagatoria ante el magistrado Juan Manuel Monte.

Según detallaron las fuentes de La Voz de Misiones, el implicado designó abogado defensor oficial y luego de cumplimentar ese trámite optó por abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho.

En la misma audiencia fue notificado de las pruebas que hasta el momento obran en su contra y fue imputado por el delito de “homicidio simple”, figura que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Por razones de seguridad, culminado los trámites de rigor, las autoridades judiciales intervinientes dispusieron que Marcos sea alojado en una unidad penal de la provincia para preservar su integridad y evitar cualquier clase de ataque, represalia o episodio de violencia en su contra.

Prácticamente acorralado por los agentes que estaban en su búsqueda y persuadido también por su propio padre, el implicado se entregó anoche ante la Policía tras permanecer una semana prófugo.

Crimen y venganza

El crimen de Traico se registró el 29 de enero. El joven fue atropellado intencionalmente mientras cruzaba la colectora de la avenida Quaranta, en cercanías a la estación de transferencia y de su casa.

La víctima fue arrollada por un automóvil Peugeot 308 que era conducido por Marcos, ahora detenido e imputado por homicidio.

Después del hecho, Traico fue trasladado de urgencia al hospital Madariaga, aunque desafortunadamente falleció horas después como consecuencia de las graves lesiones sufridas. Su deceso desató una cacería por parte de sus familiares, quienes esa misma mañana incendiaron dos viviendas relacionadas a los Marcos.

“Hay más casas para incendiar si no meten presos al acusado. Si nadie hace nada vamos a hacer justicia por mano propia. Una casa, un auto, se recupera. Una vida no”, habían amenazado ese mismo día y es por ello que tanto la Justicia como la Policía extrema medidas seguridad en torno al caso.

En su denuncia, la familia de la víctima acusó un homicidio planificado, con varios actores más involucrados, a quienes apuntan como encubridores. En ese marco, el día siguiente al crimen fueron detenidos otros dos jóvenes de la misma comunidad, quienes en las próximas horas podrían ser excarcelados y continuar el proceso en libertad dado que el principal sospechoso ya se encuentra tras las rejas.

Homicidio entre gitanos y casas incendiadas por venganza en Posadas


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Su papá está preso y le ordenan a su hermano cumplir con cuota alimentaria

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cuota alimentaria

El Juzgado Multifuero de Apóstoles intervino una demanda de cuota alimentaria en favor de una niña (13 años) cuyo padre se encuentra purgando una condena por femicidio y, basándose en el principio de solidaridad familiar, resolvió que la demanda sea absorbida por un hermano de la menor, resolución que quedó firme en las últimas semanas.

El litigio comenzó hace varios años, cuando la madre de la niña se presentó ante la Justicia solicitando el cumplimiento de una cuota alimentaria por parte del padre de la menor, aunque la medida era imposible de ejecutar dado que el hombre se encuentra privado de su libertad, cumpliendo desde 2015 una pena por un hecho de homicidio calificado por el vínculo cometido en 2010, con una consecuente certificación negativa de Anses ya que no tenía ingresos activos bajo estas circunstancias.

Ante esta situación, la demanda recayó contra un hermano paterno de la niña. Se trata de un joven mayor de edad que es hijo del mismo hombre, aunque con diferente madre. 

La Justicia analizó el caso y certificó que el demandado es propietario de un importante comercio en Posadas, con bienes e ingresos activos que lo ubicaban con capacidad económica como para afrontar la demanda requerida por su hermana quien, en contrapartida, se encontraba atravesando un contexto de vulnerabilidades.

Durante el proceso, las partes intentaron arribar a un acuerdo pero al no poder lograrlo fue la Justicia, por intermedio del magistrado Juan Manuel Lezcano, a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar -multifuero- de Apóstoles, quien dirimió la cuestión.

En su resolución, el juez Lezcano planteó que jurisprudencia relacionada al caso dejó sentado que “el fundamento de la prestación alimentaria, en el marco de las relaciones de familia, debe buscarse en términos de solidaridad humana y, más precisamente, en la necesidad de que todos quienes estén ligados por lazos de sangre concurran a hacer posible el bien personal de los integrantes de la comunidad familiar”.

En esa línea, y considerando la situación en la que se encuentra el padre de la niña, Lezcano sostuvo que la cuota alimentaria debía ser afrontada por “quien pueda responder mejor a la naturaleza del derecho en juego porque evitar dilaciones innecesarias y obtener una rápida satisfacción de la prestación alimentaria”, además de anteponer ante todo “el interés superior del niño”.

En consecuencia, y en base al criterio de solidaridad familiar, el magistrado resolvió imponer al hermano mayor de la niña demandante una cuota alimentaria equivalente al 35% del salario mínimo, vital y móvil, dinero que deberá ser depositado de manera mensual hasta el febrero de 2032.

La resolución ya fue notificada a los actores y comunicada en lenguaje claro al demandado. El fallo fue confirmado en instancias superiores de análisis.

Año récord para el juzgado multifuero de Apóstoles con 386 sentencias dictadas


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Maldonado, el agresor del periodista Ortiz, pagó 1 millón y quedó en libertad

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El abogado Gustavo Maldonado recuperó la libertad este viernes tras presentarse ante el Juzgado de Instrucción Cinco de Alem, dondé prestó testimonial y pagó una fianza de 1 millón de pesos en el marco de una denuncia poramenazas agravadas y lesiones leves contra el periodista Enrique Ortiz.

La medida se concretó de inmediato tras la fianza “otorgada por dos personas como garantes de que cumplirá con las medidas y se presentará ante el juzgado cuando sea llamado”, según confirmó a LVM el juez Pedro Piris, titular subrogante del mencionado juzgado.

De esta manera, le fue otorgada la libertad provisional con medidas de restricción que incluyen la prohibición de contacto, ausentarse del país y presentarse periódicamente, con posibilidad de implementación de un botón de pánico a los denunciantes, entre los que se encuentran el periodista Ortiz y su pareja.

También quedó en libertad Gastón Machado, quien estuvo detenido durante una semana por acompañar a Maldonado el día en que se produjo la agresión contra el periodista.

Tanto el abogado Maldonado como Machado, seguirán imputados por el delito de “amenazas agravadas” y “lesiones leves” y deberán continuar a disposición del Juzgado de Instrucción Cinco de Alem.

Antecedentes

El miércoles 16 de enero el abogado y secretario legislativo del Honorable Concejo Deliberante de Posadas (HCD), se presentó en el domicilio del periodista, Enrique Ortiz (49), a quien propició golpes y empujones. En ese momento, estuvo acompañado por Gastón Machado, quien habría portado un arma de fuego, según los videos viralizados en redes sociales.

Hasta el mes de diciembre, Maldonado fue certificado por su trabajo como planta permanente en la legislatura local. El documento que circuló en forma de denuncia, expone una lista de 17 trabajadores en la misma condición, cuyas actividades fueron aprobadas por el concejal Pablo Velázquez, que estampó su firma al final de la nota titulada: Certificación de Servicios.

Tras la denuncia por “amenazas agravadas y lesiones leves” y el inicio de la causa judicial, el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Misiones (Cademis), solicitó la suspensión inmediata de la matrícula profesional de su agresor, por lo menos, hasta que se resuelva su situación procesal y jurídica.

La institución analizará su desempeño por presuntas vinculaciones con autoridades del gobierno provincial, lo que viola el código de ética de la mencionada institución en sus artículos 26 y 27.

Piden suspensión de la matrícula del abogado Gustavo Maldonado


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