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Ordenaron la detención inmediata del cirujano misionero Aníbal Lotocki

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Finalmente, tras la confirmación de su procesamiento por homicidio simple en el marco de la causa que investiga el fallecimiento de su paciente Cristian Zárate, registrada en 2021 en una clínica porteña, la Justicia ordenó esta mañana la inmediata detención del médico cirujano misionero Rubén Aníbal Lotocki (53).

La medida fue ordenada por la Sala VI de la Cámara Criminal y Correccional, la misma que ayer ratificó la imputación de Lotocki por homicidio simple, figura que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.

La detención del médico ahora quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (Ufecri), área de captura de prófugos de la Procuración que está a cargo del fiscal José Campagnoli, quien a su vez debe determinar qué fuerza se encargará de localizar y aprehender al cirujano oriundo de Oberá.

“En ese sentido, al monto y modo en el que inexorablemente deberá ser cumplida la pena en expectativa y las consecuencias de su eventual acumulación con la sentencia anterior, se agrega la gravedad de las imputaciones que han merecido hasta el momento un pronunciamiento en acorde a los artículos 306 y 308 del Código Procesal Penal de la Nación”, afirmaron los jueces Hernán López, Ignacio Rodríguez Varela y Julio Luciani en la resolución a la que accedió y difundió el portal de noticias Infobae.

El mismo medio agregó que en la disposición judicial los jueces agregan que “porque al reproche inicial por falsificación de documentos se ha agregado el de haber provocado la muerte de Cristian Zárate, por un obrar por demás desaprensivo, cuando intervino al nombrado quirúrgicamente sin haber adoptado los recaudos mínimos para eliminar los riesgos de comorbilidad en su paciente, así como la posterior y deliberada omisión de brindarle la atención que requería la gravedad de su cuadro clínico, sumiéndolo finalmente en agonía”.

La muerte de Zárate

El hecho por el cual Lotocki será finalmente detenido está relacionado a la muerta del paciente Christian Adolfo Zárate (50), registrado en abril de 2021.

Según se reconstruyó, Zárate ingresó a la clínica Cemeco, ubicada en el barrio porteño de Caballito, para realizarse una “dermolipoctomía programada”, intervención consistente en la remoción de tejidos en distintas partes del cuerpo.

Después de la operación, el hombre quedó en observación, pero luego se descompensó y fue intubado.

Allí “el personal de la clínica se comunicó con su obra social, desde la que enviaron una ambulancia, cuyos médicos advirtieron la complejidad del cuadro y convocaron a una segunda ambulancia, los profesionales que intervinieron señalaron que el hombre estaba “mal intubado”, consignaron en el fiscales.gob.ar.

Posteriormente, Zárate sufrió un paro cardíaco y falleció luego de que intentaran reanimarlo.

Los estudios prequirúrgicos de Zárate revelaron que había padecido COVID-19 y que era diabético. Además, se conoció que era fumador. Pese a esos signos de riesgo, el médico misionero decidió seguir adelante con la cirugía estética.

Esta causa comenzó a ser investigada como “homicidio culposo”, pero prevé hasta 5 años de prisión, pero luego de la fiscalía interviniente pidió agravar la acusación a “homicidio simple con dolo eventual” que eleva la expectativa de pena a entre 8 y 25 años de cárcel.

El pedido fue aceptado por el juez Luis Schelgel, titular del Juzgado Nacional de los Correccionales 11 de Buenos Aires, aunque luego fue apelada y finalmente ayer la Cámara Nacional de Apelaciones confirmó el pronunciamiento.

El inicio de la causa Luna y la condena de 2022

En febrero de 2020 el misionero Lotocki fue condenado a 4 años de prisión y 5 de inhabilitación por el delito de “lesiones graves” provocadas a cuatro mujeres durante distintas cirugías estéticas en las que utilizó metacrilato, una sustancia que dañó la salud de sus pacientes.

Las denunciantes en esa causa fueron las modelos Silvina Luna (recientemente fallecida), Pamela Sosa -ex pareja del acusado-, Stefanía Xipolitakis y la empresaria Gabriela Trenchi.

Todas señalaron que después de las intervenciones quirúrgicas a las que se sometieron con el misionero resultaron con graves secuelas. Luna, por ejemplo, indicó que tras la mala praxis sufrida en 2011 tuvo muy bajos niveles de calcio y eso perjudicó el funcionamiento de sus riñones. La modelo falleció el 31 de agosto.

En paralelo a las últimas resoluciones judiciales, el juez Schegel también dispuso que Lotocki no sea investigado por la muerte de Luna ya que ese hecho ya fue juzgado como “lesiones graves” y el fallo aún está en etapa de revisión.

Al misionero Lotocki además se le adjudica la muerte de Romina Vega, una joven de 20 años que en 2007 se sometió a una intervención estética en su clínica en Posadas y falleció.

En ese expediente el obereño fue beneficiado con una falta de mérito y posterior sobreseimiento.

 

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Abogado de intendente denunciado por abuso: “Estaríamos ante una fábula”

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Sergio Báez, el abogado de Mario Peyer, el intendente de Caraguatay que hoy retomó su cargo tras pedirse 30 días de licencia para ponerse a disposición de la Justicia por una denuncia por abuso sexual que pesaba en su contra, calificó el caso como una “falsa denuncia” y apuntó que la presentación en contra de su cliente consistió en una “fábula” por parte de la presunta víctima.

Las declaraciones de Báez se dieron esta mañana, en paralelo al pedido de sobreseimiento total y definitivo de Peyer solicitado por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, interviniente en el expediente abierto en febrero pasado cuando se radicó la denuncia contra el jefe comunal.

“Hoy tuvimos varias novedades. Una fue el pedido de sobreseimiento total y definitivo del intendente Mario Peyer. Lógicamente el juez (Manuel Balanda Gómez) va a correr traslado a la querella y a las otras partes, para después tomar su decisión. Al ser el fiscal el dueño de la acción pública, esto es un tema prácticamente consumado”, aseveró Báez, en diálogo con Radio República.

Sobre el desarrollo de la causa en sí, el letrado consideró que “nos encontramos con una falsa denuncia, pero hemos demostrado que el intendente es inocente” y detalló que “hoy se agregaron las pericias psicológicas que establecen que la denuncian recurre a la fabulación y a la sobreactuación de sus síntomas como estrategia defensiva y tiende a reinterpretar su vivencia”.

“Esto significa que tiene un cuadro de magnificación y fabulación instrumental. Estos indicadores están en contra de una persona que haya sufrido un trauma de abuso sexual. Es decir, estaríamos ante una fábula”, resumió.

Báez también sostuvo que, en el marco de la investigación y análisis de pruebas, del teléfono de la denunciante se recuperó una grabación donde advierten que al momento de efectuar la presentación contra Peyer sus dichos estuvieron “semidirigidos” por su abogada.

“La víctima puede ir acompañada porque se siente protegida, pero lo que no puede pasar es que esa persona que la acompaña semidirija la denuncia acotando datos y solicitando que se agregue datos. Esa otra persona es la abogada de la supuesta víctima”, precisó.

“A pesar de eso, nosotros, durante todo el proceso, como estrategia defensiva, tratamos de ofrecer todo tipo de pruebas. Testigos, lugares donde podían haber cámaras y más”, agregó y explicó que en esa labor buscaron fotografías tomadas en fechas cercanas a los hechos denunciados para “demostrar que ni la denunciante ni el intendente presentaban signos de golpes o marcas en sus cuerpos como se señaló en la primera denuncia”.

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La fiscalía pidió el sobreseimiento de Peyer, intendente denunciado por abuso

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Tras el analizar el compendio de pruebas recabadas, entre las que se sumó ayer la declaración indagatoria del propio acusado, el fiscal Héctor Simón solicitó este jueves el sobreseimiento total y definitivo de Mario Peyer, el intendente de Caraguatay que hoy mismo retomó sus funciones tras tomarse una licencia de 30 días para ponerse a disposición de la Justicia y someterse a la investigación abierta en su contra.

El pedido fue planteado ante el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, quien ahora deberá resolver la situación conforme a los elementos que obran en el expediente por abuso sexual con acceso carnal y amenazas abierto en febrero pasado, tras una denuncia radicada contra el intendente por parte de una trabajadora del concejo deliberante de Caraguatay.

En su presentación, la mujer acusó al jefe comunal por dos episodios puntuales. En uno afirmó que Peyer se sobrepasó con miramientos y tocamientos indebidos, mientras que en el segundo hecho fue sometida sexualmente.

En la indagatoria de ayer, el alcalde negó cada una de las acusaciones y en su defensa sostuvo que el día en que la muchacha afirma haber sido abusada él se encontraba en otro lugar.

Peyer retomó la intendencia de Caraguatay tras un mes de licencia

 

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Este miércoles indagan a Mario Peyer, intendente denunciado por abuso

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El Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, fijó para este miércoles la audiencia de declaración indagatoria para Mario Peyer, intendente en uso de licencia de Caraguatay, denunciado por abuso sexual en perjuicio de una trabajadora del concejo deliberante de ese mismo municipio.

La citación llega tras más de un mes de investigación, que incluyó secuestro de documentos, inspecciones oculares, pericias a dispositivos, informes médicos y toma de testimoniales por parte del juzgado que dirige el magistrado Balanda Gómez.

Al momento de comparecer ante la Justicia, Peyer tendrá la posibilidad de brindar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y sin que ese silencio le signifique presunción de culpabilidad.

La indagatoria, además, se dará un día antes del vencimiento de la licencia solicitada por el implicado como jefe comunal de Caraguatay, cargo que temporalmente quedó en menos de la concejal Norma Gularte, que obtuvo su banca por la Renovación y en diciembre se pasó a las filas de La Libertad Avanza (LLA).

Esta mañana, en diálogo con Radio Up, el letrado Sergio Rafael Báez, adelantó que Peyer aceptará declarar y ante la Justicia negará los hechos y reafirmará su inocencia, tal como lo hizo a través de sus redes sociales apenas estalló el escándalo.

Báez resaltó que desde el comienzo de la investigación el jefe comunal se puso a disposición de la Justicia y afirmó que durante el avance del expediente han presentado un “gran caudal de pruebas” para demostrar la inocencia de Peyer.

Denuncia y causa

La denuncia contra el jefe comunal fue radicada el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.

Sumado a la presentación inicial, más tarde la denunciante volvió a comparecer ante el juzgado y ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.

Ante la Justicia, la joven denunció que primer suceso ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.

El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.

En esas circunstancias -amplia la denuncia-, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.

La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.

Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.

Atento a que Peyer goza de inmunidad de arresto por su condición de alcalde, el magistrado que dirige la investigación dispuso una serie de medidas preventivas, entre ellas una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante.

Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay

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