Judiciales
Ordenaron la detención inmediata del cirujano misionero Aníbal Lotocki
Finalmente, tras la confirmación de su procesamiento por homicidio simple en el marco de la causa que investiga el fallecimiento de su paciente Cristian Zárate, registrada en 2021 en una clínica porteña, la Justicia ordenó esta mañana la inmediata detención del médico cirujano misionero Rubén Aníbal Lotocki (53).
La medida fue ordenada por la Sala VI de la Cámara Criminal y Correccional, la misma que ayer ratificó la imputación de Lotocki por homicidio simple, figura que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.
La detención del médico ahora quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (Ufecri), área de captura de prófugos de la Procuración que está a cargo del fiscal José Campagnoli, quien a su vez debe determinar qué fuerza se encargará de localizar y aprehender al cirujano oriundo de Oberá.
“En ese sentido, al monto y modo en el que inexorablemente deberá ser cumplida la pena en expectativa y las consecuencias de su eventual acumulación con la sentencia anterior, se agrega la gravedad de las imputaciones que han merecido hasta el momento un pronunciamiento en acorde a los artículos 306 y 308 del Código Procesal Penal de la Nación”, afirmaron los jueces Hernán López, Ignacio Rodríguez Varela y Julio Luciani en la resolución a la que accedió y difundió el portal de noticias Infobae.
El mismo medio agregó que en la disposición judicial los jueces agregan que “porque al reproche inicial por falsificación de documentos se ha agregado el de haber provocado la muerte de Cristian Zárate, por un obrar por demás desaprensivo, cuando intervino al nombrado quirúrgicamente sin haber adoptado los recaudos mínimos para eliminar los riesgos de comorbilidad en su paciente, así como la posterior y deliberada omisión de brindarle la atención que requería la gravedad de su cuadro clínico, sumiéndolo finalmente en agonía”.
La muerte de Zárate
El hecho por el cual Lotocki será finalmente detenido está relacionado a la muerta del paciente Christian Adolfo Zárate (50), registrado en abril de 2021.
Según se reconstruyó, Zárate ingresó a la clínica Cemeco, ubicada en el barrio porteño de Caballito, para realizarse una “dermolipoctomía programada”, intervención consistente en la remoción de tejidos en distintas partes del cuerpo.
Después de la operación, el hombre quedó en observación, pero luego se descompensó y fue intubado.
Allí “el personal de la clínica se comunicó con su obra social, desde la que enviaron una ambulancia, cuyos médicos advirtieron la complejidad del cuadro y convocaron a una segunda ambulancia, los profesionales que intervinieron señalaron que el hombre estaba “mal intubado”, consignaron en el fiscales.gob.ar.
Posteriormente, Zárate sufrió un paro cardíaco y falleció luego de que intentaran reanimarlo.
Los estudios prequirúrgicos de Zárate revelaron que había padecido COVID-19 y que era diabético. Además, se conoció que era fumador. Pese a esos signos de riesgo, el médico misionero decidió seguir adelante con la cirugía estética.
Esta causa comenzó a ser investigada como “homicidio culposo”, pero prevé hasta 5 años de prisión, pero luego de la fiscalía interviniente pidió agravar la acusación a “homicidio simple con dolo eventual” que eleva la expectativa de pena a entre 8 y 25 años de cárcel.
El pedido fue aceptado por el juez Luis Schelgel, titular del Juzgado Nacional de los Correccionales 11 de Buenos Aires, aunque luego fue apelada y finalmente ayer la Cámara Nacional de Apelaciones confirmó el pronunciamiento.
El inicio de la causa Luna y la condena de 2022
En febrero de 2020 el misionero Lotocki fue condenado a 4 años de prisión y 5 de inhabilitación por el delito de “lesiones graves” provocadas a cuatro mujeres durante distintas cirugías estéticas en las que utilizó metacrilato, una sustancia que dañó la salud de sus pacientes.
Las denunciantes en esa causa fueron las modelos Silvina Luna (recientemente fallecida), Pamela Sosa -ex pareja del acusado-, Stefanía Xipolitakis y la empresaria Gabriela Trenchi.
Todas señalaron que después de las intervenciones quirúrgicas a las que se sometieron con el misionero resultaron con graves secuelas. Luna, por ejemplo, indicó que tras la mala praxis sufrida en 2011 tuvo muy bajos niveles de calcio y eso perjudicó el funcionamiento de sus riñones. La modelo falleció el 31 de agosto.
En paralelo a las últimas resoluciones judiciales, el juez Schegel también dispuso que Lotocki no sea investigado por la muerte de Luna ya que ese hecho ya fue juzgado como “lesiones graves” y el fallo aún está en etapa de revisión.
Al misionero Lotocki además se le adjudica la muerte de Romina Vega, una joven de 20 años que en 2007 se sometió a una intervención estética en su clínica en Posadas y falleció.
En ese expediente el obereño fue beneficiado con una falta de mérito y posterior sobreseimiento.
Quince años de prisión fue la condena impuesta por el Tribunal Penal Uno de Oberá contra un hombre acusado de abusos sexuales cometidos en perjuicio de dos hijas menores de su concubina.
El imputado es oriundo de San Javier y la investigación en su contra comenzó en agosto de 2022 por una denuncia de violación contra una hijastra de 10 años.
De acuerdo a lo reconstruido, ese hecho sucedió en una vivienda del barrio Nueva Esperanza, donde el hombre residía junto a su concubina, a las dos hijas menores de ella y a otros niños que tuvieron en común.
El abuso de la niña de 10 años se habría registrado mientras su madre no se encontraba en la casa y después de ese primer hecho la otra niña reveló haber padecido lo mismo años antes en otra vivienda.
Tras la denuncia, el acusado identificado como Antonio M. fue detenido y ahora llegó a instancia de juicio oral, donde finalmente fue condenado a 15 años de prisión, pena que deberá ser cumplida en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.
El fallo fue dictado por los magistrados Horacio Paniagua como presidente y Jorge Erasmo Villaba y Teresa Hedman como vocales en carácter de subrogantes.
En representación de la fiscalía intervino David Milicich, que en su alegato solicitó la misma pena impuesta, mientras que también hubo un querellante particular que había pedido 35 años de prisión contra el acusado y la defensa requirió la absolución.
El imputado fue condenado como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia, dos hechos en concurso real”.
Un día antes de enfrentar a la Justicia desde el banquillo de los acusados en un juicio oral, Fernando Ariel Skuarek (41) decidió reconocer su responsabilidad en la causa que se le seguía desde 2017 por “suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual” contra dos adolescentes posadeñas y firmó un acuerdo de juicio abreviado por 9 años de prisión.
El debate oral en su contra debía comenzar este miércoles a la mañana en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero todo quedó suspendido en virtud de un cambio de postura en el imputado, quien decidió admitir su culpabilidad y aceptar los 9 años prisión que la fiscalía propuso como pena.
Según adelantaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, Skuarek firmó el acuerdo ayer y este miércoles el acta sumó las rúbricas de los fiscales, del abogado defensor del imputado y de los letrados que intervinieron en la causa como querellantes particulares en representación de las dos denunciantes.
Además de los 9 de años de prisión establecidos como pena, el acuerdo también contempla una reparación integral para las víctimas. Todo lo firmado deberá ser analizado por los magistrados del TOF y posteriormente homologado como sentencia.
Resta determinar si el implicado continúa internado en una clínica especializada en salud mental o cumpla su condena con prisión efectiva en una unidad carcelaria de Misiones.
La causa
La investigación contra el imputado data desde 2017, cuando los padres de una adolescente denunciaron la privación de la libertad de su hija de 17 años.
Luego se sumó otra denunciante y las acusaciones avanzaron. Los señalamientos eran que Skuarek suministraba estupefacientes a las chicas, tras lo cual las exponía a contextos de encierro, violencia y abuso sexual.
Los hechos ocurrieron en diferentes departamentos que el muchacho habitaba en el microcentro posadeño y las denunciantes narraron haber sido drogadas con cócteles de alcohol, cocaína, éxtasis y ketamina, episodios que provocaron trastornos de salud mental que hasta ahora requieren tratamiento terapéutico.
El implicado, oriundo de Aristóbulo del Valle e hijo de un contador con vínculos políticos, más tarde fue procesado con prisión preventiva en orden a los delitos de suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual en perjuicio de dos adolescentes. Todo ello configura una violación a la ley 26.364 de Trata de Personas.
De ahí en más se sucedieron presentaciones judiciales y recursos de apelación. En mayo de 2023 quedó detenido por el revocamiento de una prisión domiciliaria, aunque más tarde consiguió que le acepten su internación en una clínica, condición que ahora podría volver a cambiar.
El médico acusado de entregar certificados médicos truchos fue imputado por la Justicia y continúa detenido a la espera de que se resuelva el pedido de excarcelación presentado por su defensa.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la audiencia de declaración indagatoria al médico Manuel Ramón G. (72) se concretó ayer a la mañana, ante el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.
La información obtenida añade que el profesional decidió abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y fue formalmente imputado por hechos que van desde estafa, falsificación de documentos, ejercicio irregular de la profesión hasta asociación ilícita.
La detención del psiquiatra se efectuó el jueves a la tarde, cuando la Policía irrumpió en su departamento del microcentro posadeño a raíz de una investigación por la confección de certificados truchos que luego eran utilizados para obtener licencias médicas.
La investigación comenzó en la empresa Casino Club, tras advertir que al menos una treintena de trabajadores solicitaron licencias con certificaciones firmadas por el mismo profesional médico.
A partir de ese dato profundizaron en una pesquisa interna y mediante una cámara oculta confirmaron el ardid, tras lo cual dieron intervención a la Justicia.
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