Judiciales
Ordenaron la detención inmediata del cirujano misionero Aníbal Lotocki
Finalmente, tras la confirmación de su procesamiento por homicidio simple en el marco de la causa que investiga el fallecimiento de su paciente Cristian Zárate, registrada en 2021 en una clínica porteña, la Justicia ordenó esta mañana la inmediata detención del médico cirujano misionero Rubén Aníbal Lotocki (53).
La medida fue ordenada por la Sala VI de la Cámara Criminal y Correccional, la misma que ayer ratificó la imputación de Lotocki por homicidio simple, figura que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.
La detención del médico ahora quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (Ufecri), área de captura de prófugos de la Procuración que está a cargo del fiscal José Campagnoli, quien a su vez debe determinar qué fuerza se encargará de localizar y aprehender al cirujano oriundo de Oberá.
“En ese sentido, al monto y modo en el que inexorablemente deberá ser cumplida la pena en expectativa y las consecuencias de su eventual acumulación con la sentencia anterior, se agrega la gravedad de las imputaciones que han merecido hasta el momento un pronunciamiento en acorde a los artículos 306 y 308 del Código Procesal Penal de la Nación”, afirmaron los jueces Hernán López, Ignacio Rodríguez Varela y Julio Luciani en la resolución a la que accedió y difundió el portal de noticias Infobae.
El mismo medio agregó que en la disposición judicial los jueces agregan que “porque al reproche inicial por falsificación de documentos se ha agregado el de haber provocado la muerte de Cristian Zárate, por un obrar por demás desaprensivo, cuando intervino al nombrado quirúrgicamente sin haber adoptado los recaudos mínimos para eliminar los riesgos de comorbilidad en su paciente, así como la posterior y deliberada omisión de brindarle la atención que requería la gravedad de su cuadro clínico, sumiéndolo finalmente en agonía”.
La muerte de Zárate
El hecho por el cual Lotocki será finalmente detenido está relacionado a la muerta del paciente Christian Adolfo Zárate (50), registrado en abril de 2021.
Según se reconstruyó, Zárate ingresó a la clínica Cemeco, ubicada en el barrio porteño de Caballito, para realizarse una “dermolipoctomía programada”, intervención consistente en la remoción de tejidos en distintas partes del cuerpo.
Después de la operación, el hombre quedó en observación, pero luego se descompensó y fue intubado.
Allí “el personal de la clínica se comunicó con su obra social, desde la que enviaron una ambulancia, cuyos médicos advirtieron la complejidad del cuadro y convocaron a una segunda ambulancia, los profesionales que intervinieron señalaron que el hombre estaba “mal intubado”, consignaron en el fiscales.gob.ar.
Posteriormente, Zárate sufrió un paro cardíaco y falleció luego de que intentaran reanimarlo.
Los estudios prequirúrgicos de Zárate revelaron que había padecido COVID-19 y que era diabético. Además, se conoció que era fumador. Pese a esos signos de riesgo, el médico misionero decidió seguir adelante con la cirugía estética.
Esta causa comenzó a ser investigada como “homicidio culposo”, pero prevé hasta 5 años de prisión, pero luego de la fiscalía interviniente pidió agravar la acusación a “homicidio simple con dolo eventual” que eleva la expectativa de pena a entre 8 y 25 años de cárcel.
El pedido fue aceptado por el juez Luis Schelgel, titular del Juzgado Nacional de los Correccionales 11 de Buenos Aires, aunque luego fue apelada y finalmente ayer la Cámara Nacional de Apelaciones confirmó el pronunciamiento.
El inicio de la causa Luna y la condena de 2022
En febrero de 2020 el misionero Lotocki fue condenado a 4 años de prisión y 5 de inhabilitación por el delito de “lesiones graves” provocadas a cuatro mujeres durante distintas cirugías estéticas en las que utilizó metacrilato, una sustancia que dañó la salud de sus pacientes.
Las denunciantes en esa causa fueron las modelos Silvina Luna (recientemente fallecida), Pamela Sosa -ex pareja del acusado-, Stefanía Xipolitakis y la empresaria Gabriela Trenchi.
Todas señalaron que después de las intervenciones quirúrgicas a las que se sometieron con el misionero resultaron con graves secuelas. Luna, por ejemplo, indicó que tras la mala praxis sufrida en 2011 tuvo muy bajos niveles de calcio y eso perjudicó el funcionamiento de sus riñones. La modelo falleció el 31 de agosto.
En paralelo a las últimas resoluciones judiciales, el juez Schegel también dispuso que Lotocki no sea investigado por la muerte de Luna ya que ese hecho ya fue juzgado como “lesiones graves” y el fallo aún está en etapa de revisión.
Al misionero Lotocki además se le adjudica la muerte de Romina Vega, una joven de 20 años que en 2007 se sometió a una intervención estética en su clínica en Posadas y falleció.
En ese expediente el obereño fue beneficiado con una falta de mérito y posterior sobreseimiento.
Judiciales
La defensa pidió la absolución y hay cuarto intermedio hasta sentencia
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
Judiciales
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
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Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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