Judiciales
Ordenaron la detención inmediata del cirujano misionero Aníbal Lotocki
Finalmente, tras la confirmación de su procesamiento por homicidio simple en el marco de la causa que investiga el fallecimiento de su paciente Cristian Zárate, registrada en 2021 en una clínica porteña, la Justicia ordenó esta mañana la inmediata detención del médico cirujano misionero Rubén Aníbal Lotocki (53).
La medida fue ordenada por la Sala VI de la Cámara Criminal y Correccional, la misma que ayer ratificó la imputación de Lotocki por homicidio simple, figura que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.
La detención del médico ahora quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (Ufecri), área de captura de prófugos de la Procuración que está a cargo del fiscal José Campagnoli, quien a su vez debe determinar qué fuerza se encargará de localizar y aprehender al cirujano oriundo de Oberá.
“En ese sentido, al monto y modo en el que inexorablemente deberá ser cumplida la pena en expectativa y las consecuencias de su eventual acumulación con la sentencia anterior, se agrega la gravedad de las imputaciones que han merecido hasta el momento un pronunciamiento en acorde a los artículos 306 y 308 del Código Procesal Penal de la Nación”, afirmaron los jueces Hernán López, Ignacio Rodríguez Varela y Julio Luciani en la resolución a la que accedió y difundió el portal de noticias Infobae.
El mismo medio agregó que en la disposición judicial los jueces agregan que “porque al reproche inicial por falsificación de documentos se ha agregado el de haber provocado la muerte de Cristian Zárate, por un obrar por demás desaprensivo, cuando intervino al nombrado quirúrgicamente sin haber adoptado los recaudos mínimos para eliminar los riesgos de comorbilidad en su paciente, así como la posterior y deliberada omisión de brindarle la atención que requería la gravedad de su cuadro clínico, sumiéndolo finalmente en agonía”.
La muerte de Zárate
El hecho por el cual Lotocki será finalmente detenido está relacionado a la muerta del paciente Christian Adolfo Zárate (50), registrado en abril de 2021.
Según se reconstruyó, Zárate ingresó a la clínica Cemeco, ubicada en el barrio porteño de Caballito, para realizarse una “dermolipoctomía programada”, intervención consistente en la remoción de tejidos en distintas partes del cuerpo.
Después de la operación, el hombre quedó en observación, pero luego se descompensó y fue intubado.
Allí “el personal de la clínica se comunicó con su obra social, desde la que enviaron una ambulancia, cuyos médicos advirtieron la complejidad del cuadro y convocaron a una segunda ambulancia, los profesionales que intervinieron señalaron que el hombre estaba “mal intubado”, consignaron en el fiscales.gob.ar.
Posteriormente, Zárate sufrió un paro cardíaco y falleció luego de que intentaran reanimarlo.
Los estudios prequirúrgicos de Zárate revelaron que había padecido COVID-19 y que era diabético. Además, se conoció que era fumador. Pese a esos signos de riesgo, el médico misionero decidió seguir adelante con la cirugía estética.
Esta causa comenzó a ser investigada como “homicidio culposo”, pero prevé hasta 5 años de prisión, pero luego de la fiscalía interviniente pidió agravar la acusación a “homicidio simple con dolo eventual” que eleva la expectativa de pena a entre 8 y 25 años de cárcel.
El pedido fue aceptado por el juez Luis Schelgel, titular del Juzgado Nacional de los Correccionales 11 de Buenos Aires, aunque luego fue apelada y finalmente ayer la Cámara Nacional de Apelaciones confirmó el pronunciamiento.
El inicio de la causa Luna y la condena de 2022
En febrero de 2020 el misionero Lotocki fue condenado a 4 años de prisión y 5 de inhabilitación por el delito de “lesiones graves” provocadas a cuatro mujeres durante distintas cirugías estéticas en las que utilizó metacrilato, una sustancia que dañó la salud de sus pacientes.
Las denunciantes en esa causa fueron las modelos Silvina Luna (recientemente fallecida), Pamela Sosa -ex pareja del acusado-, Stefanía Xipolitakis y la empresaria Gabriela Trenchi.
Todas señalaron que después de las intervenciones quirúrgicas a las que se sometieron con el misionero resultaron con graves secuelas. Luna, por ejemplo, indicó que tras la mala praxis sufrida en 2011 tuvo muy bajos niveles de calcio y eso perjudicó el funcionamiento de sus riñones. La modelo falleció el 31 de agosto.
En paralelo a las últimas resoluciones judiciales, el juez Schegel también dispuso que Lotocki no sea investigado por la muerte de Luna ya que ese hecho ya fue juzgado como “lesiones graves” y el fallo aún está en etapa de revisión.
Al misionero Lotocki además se le adjudica la muerte de Romina Vega, una joven de 20 años que en 2007 se sometió a una intervención estética en su clínica en Posadas y falleció.
En ese expediente el obereño fue beneficiado con una falta de mérito y posterior sobreseimiento.
La Justicia de Misiones estableció nuevas fechas para el juicio contra los docentes y sindicalistas, Leandro Sánchez y Mónica Gurina, quienes están acusados de “desobediencia judicial” y “obstrucción del libre tránsito” por su participación en la protesta multisectorial sobre la avenida Uruguay de Posadas, entre mayo y junio de 2024.
El debate oral se realizará los días 25, 26 y 27 de noviembre, luego de que el inicio previsto para el 15 de octubre fuera suspendido a pedido de la defensa y de diversas organizaciones sociales, con el objetivo de garantizar un espacio con mayor capacidad para la asistencia del público.
La Justicia hizo lugar al pedido de la defensa, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, y dispuso que las audiencias se realicen en el Palacio de Justicia de Misiones, desde las 8.
Sánchez, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones (Utem), y Gurina, secretaria general de la CTA Misiones, son referentes del sector docente y sostienen que el proceso judicial en su contra representa un intento de “criminalizar la protesta social”.
Docentes llevados a juicio reclamarán su absolución en el Congreso
En la antesala de los alegatos que comenzarán mañana, el Tribunal Penal Dos de Posadas dispuso hoy que los seis ex policías imputados por la muerte del albañil Carlos Raúl Guirula (34) aguarden el dictado de la sentencia privados de su libertad.
A través de su presidente Gregorio Busse, el tribunal que también lo integran los jueces Fernando Verón y Miguel Mattos, comunicó que la decisión obedece a un “medida meramente administrativa para garantizar el proceso” y sostuvo que la disposición no equivale a una prisión preventiva sino a un “arresto preventivo”.
El fiscal Vladimir Glinka acompañó la postura, mientras que las defensas se opusieron e incluso el letrado Federico Tilli planteó un recurso de revocatoria que fue rechazado por el tribunal tras un breve cuarto intermedio.
De esta manera, los seis imputados fueron esposados y trasladados a unidades penitenciarias donde quedarán alojados hasta el dictado de la sentencia, resolución que podría darse este viernes.
Como paso previo se dará inicio mañana la ronda de alegatos, donde el primero en exponer será el fiscal Glinka, quien ya adelantó que tiene por probada su teoría del caso y podría solicitar duras penas para los imputados.
La causa tiene siete imputados por “tortura seguida de muerte y ocultamiento de pruebas”, figura bajo la cual pueden ser recibir prisión perpetua. Los acusados son Lourdes Beatriz Tabarez (42); Claudio Marcelo Servian; Carlos Alberto Da Silva (35); Ricardo Rafael Escobar (42); Carlos Alberto Zidorak (35); y Lucas Nahuel Saravia Allosa (37).
Todos habían llegado a esta instancia en libertad en virtud del vencimiento de sus prisiones preventivas, aunque iniciado el juicio tuvieron una consigna policial y ahora fueron arrestados preventivamente.
El hecho ocurrió el 19 de julio de 2014, cuando el albañil Guirula fue detenido por disturbios en el motel Park de Posadas y trasladado a la comisaría Decimotercera, aunque llegó muerto. La autopsia determinó que el deceso se produjo como consecuencia de una suma de lesiones como un traumatismo de cráneo y fractura de costillas que le perforaron un pulmón.
El juicio comenzó el 21 de octubre. Desde ese día hasta acá declararon más de 20 testigos y cuatro de los imputados, quienes cruzaron incriminaciones.
Los imputados Da Silva y Zidorak apuntaron contra Tabarez y Escobar por golpes, patadas y pisotones efectuados contra Guirula, que aquella madrugada del 19 de julio de 2014 llegó muerto a la comisaría Decimotercera tras ser detenido en el motel Park de Posadas.
Sobre Escobar incluso señalaron que “iba saltando” sobre el cuerpo del albañil tendido en la cajuela del patrullero Toyota Hilux en el que se realizó el traslado hacia la seccional. El apuntado también pasó frente al tribunal y admitió haber “apoyado el pie” sobre el hombre, aunque afirmó que lo hizo “sin ejercer presión” y “por motivos de seguridad”.
FOTO: Marcelo Rodríguez – El Territorio.
Caso Guirula: personalidad “psicopática” en Tabarez y sangre en el patrullero
El Tribunal Penal Uno de Eldorado rechazó el recurso de revocatoria planteado por las partes y mantuvo su decisión de suspender el juicio oral contra Pablo Schoenfisch (23) y en paralelo dispuso que el imputado continúe privado de su libertad mientras la fiscalía de instrucción investiga la autoincriminación efectuada por su padre Arnoldo (67), quien pidió ser acusado en lugar de su hijo por el crimen de su esposa Faustina Antúnez (54), registrado el 14 de mayo de 2020.
De esta manera, el debate oral que comenzó el lunes, mismo día en que el ex intendente de Santiago de Liniers lanzó la declaración que detonó el proceso, fue suspendido y todo quedó sin efecto hasta tanto la fiscalía de instrucción en turno analice el testimonio e investigue si la versión tiene asidero o no para determinar de qué manera continúa la causa que mantiene a Pablo Schoenfisch imputado por el asesinato de su madre e intento de homicidio en perjuicio de su padre.
En su resolución comunicada esta mañana, el tribunal conformado por los magistrados Andriana Andino, Atilio León y Javier Jourdan (subrogante) también dio lugar al pedido del fiscal Federico Rodríguez para que la fiscalía de instrucción investigue a Arnoldo Schoenfisch por falso testimonio.
Además, rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Pablo Schoenfisch, encabezada por los letrados Fabián De Sá y María Laura Alvarenga, ante lo cual el imputado continuará privado de su libertad, condición en la que se encuentra hace más de cinco años.
La suspensión del juicio generó un fuerte rechazo de parte del fiscal Rodríguez, quien calificó la medida como “una falta de respeto” a las partes y a la sociedad que “aguarda una resolución” del caso.
El fiscal se había opuesto desde el comienzo a la interrupción del debate oral al considerar que la autoincriminación del padre del imputado corresponde a un “esquema defensivo” y “artilugio para dilatar el proceso” que ya había sido trazado en la antesala del juicio con una declaración presentada por escribanía pero que fue desestimada por las autoridades de instancia previa.
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